|
|
Continuación...
EL PLAN PUEBLA-PANAMÁ COMO REGULADOR DE LA MIGRACIÓN LABORAL
CENTROAMERICANA Y DEL SUR-SURESTE DE MÉXICO.
Por:
Dr. Juan Manuel Sandoval Palacios
4. EL PLAN PUEBLA PANAMÁ COMO REGULADOR DE LA FUERZA LABORAL
MIGRATORIA CENTROAMERICANA Y DEL SUR SURESTE DE MÉXICO.
El actual presidente Vicente Fox manifestó durante su campaña
electoral que asumiría una defensa más proactiva de los
derechos de los migrantes. Y después de su victoria del 2 de
julio del 2000, y antes de su visita a Estados Unidos y Canadá
en el mes de agosto de 2000, dijo que confiaba en que dentro de 5
o diez años se instituya el libre tránsito de mexicanos por
estos países de Norteamérica. Esta postura de abrir mas la
frontera fue criticada por funcionarios de Estados Unidos y de
México. Durante una gira de tres días por Centroamérica en
septiembre de 2000, Fox planteó que no permitiría más abusos
contra los migrantes de esa región, para lo cual designaría un
zar para la frontera sur mexicana (de igual forma que para la
frontera norte). Y para el caso de los mexicanos en Estados
Unidos, Fox incorporó, en la nueva estructura de gobierno y de
gabinete, una Comisión de Protección de los Migrantes en la
Oficina de la Presidencia, bajo la coordinación directa del
Consejo de Seguridad Nacional, en manos de Adolfo Aguilar
Zinser..
Durante la visita que el presidente de Estados Unidos, George
Bush Jr. hiciera a Fox el 16 de febrero de 2001, ambos acordaron
negociar una nueva política en materia de migración. Estas
negociaciones se iniciaron a principios de abril en una plática
de alto nivel realizada en Washington, D.C. entre el Canciller
Jorge Castañeda y el Secretario de Gobernación Santiago Creel
por México y el Secretario de Estado Collin Powell y el
Procurador General John D. Ashcroft por Estados Unidos. En una
conferencia de prensa llevada a cabo el 5 de ese mes después de
las conversaciones con Powell y Ashcroft, Creel planteó que
"a cambio de más avenidas legales para que los mexicanos
trabajen en Estados Unidos, su gobierno estaba preparado para
aumentar sus intentos de detener a los extranjeros de cruzar su
país en su ruta hacia la frontera estadounidense." Creel
dijo que "gobierno mexicano está preparado para quebrar el
creciente flujo de extranjeros que utilizan el país como un
punto de tránsito en sus esfuerzos para entrar a Estados
Unidos". Dijo que la oferta representa un cambio en
política del gobierno de oposición que llegó al poder en
diciembre pasado, finalizando siete décadas de gobierno de un
solo partido. "Por primera vez, el gobierno mexicano está
reconociendo que tenemos una responsabilidad respecto de los
flujos migratorios" hacia los Estados Unidos. Creel
mencionó que los pasos específicos que México podría tomar
para parar a los inmigrantes de entrar a Estados Unidos
ilegalmente vía México incluyen un reforzamiento más estrecho
de la frontera de México con Guatemala; requerir a más
ciudadanos extranjeros la obtención de visas para visitas a
México; y atacar a los corruptos guardias fronterizos mexicanos
que trabajan con bandas internacionales de traficantes de
personas. (Sheridan, 2001)
Jorge Castañeda, por su parte, dijo que los funcionarios
estadounidenses fueron "muy receptivos" a las
propuestas de la delegación para un nuevo acuerdo, que
incluiría un programa de trabajadores huéspedes, un creciente
número de visas permanentes, mayores protecciones para los
trabajadores ilegales y un sistema aún no definido para
"regularizar" a los inmigrantes "ilegales"
mexicanos que se cree que suman más de la mitad de los 6
millones de residentes ilegales estimados en los Estados Unidos.
Ambas partes han planteado que están dispuestas a aceptar un
nuevo acuerdo, el cual probablemente requerirá la aprobación de
los congresos de ambos países. Los funcionarios de la
administración Bush, sin embargo se oponen a una amnistía total
para los inmigrantes indocumentados.
Podemos decir, entonces, que la estrategia foxista para enfrentar
el fenómeno migratorio, se enmarca en su proyecto para
profundizar la integración regional de México a América del
Norte, eliminando las fronteras (propuesta como candidato, la
cual no fue considerada como algo factible por los gobiernos de
Canadá y Estados Unidos). Como uno de los pasos para avanzar en
esa mayor integración, Fox ha propuesto la creación de una
región energética norteamericana, lo cual ha sido ya aceptado
por Bush y Chrétien. Y, por el lado de la migración. Fox ofrece
la mano de obra barata mexicana como ventaja comparativa en
América del Norte, estableciendo un programa temporal de
trabajadores huéspedes con Estados Unidos y ampliando el que
existe entre Canadá y México (que más que programa es un
acuerdo de palabra que existe entre ambos gobiernos desde 1974 el
cual ha sido renovado en diversas ocasiones, y en el cual
participaron aproximadamente 9 200 trabajadores en el período
agrícola del año 2000 y casi 11, 500 en el 2001), hasta 25, 000
trabajadores que vayan no sólo a la agricultura sino a otros
sectores productivos (Venegas, 2001).
Como se puede observar, de lo que se trata es de regular el
mercado laboral de América del Norte utilizando la mano de obra
barata de los mexicanos como ventaja comparativa en el nivel
regional (Canadá, Estados Unidos y México principalmente vía
las industrias maquiladoras éste último), a cambio de
establecer controles en la frontera sur para regular el mercado
laboral centroamericano de mano de obra barata que sería
empleada principalmente en las industrias maquiladoras y otros
grandes proyectos productivos del denominado Plan Puebla-Panamá
(PPP). Este plan había sido propuesto por Vicente Fox, siendo ya
presidente electo durante su gira a Centroamérica en septiembre
del año 2000, planteado la idea de promover un plan regional de
integración del sur y sureste de México con los países
centroamericanos, cuyos gobernantes recibieron bien la propuesta.
En el mes de marzo, la Presidencia de la República da a conocer
oficialmente el "Plan Puebla-Panamá", cuyo objetivo
fundamental "es mejorar la calidad de vida de los habitantes
de la región territorial comprendida en la región Sur Sureste
de México y los países de Centroamérica". Este objetivo
contiene ocho objetivos básicos, el logro de los cuales tendría
como consecuencia el global:
- Elevar el nivel de desarrollo humano y social de la población;
- Lograr una mayor participación de la sociedad civil en el
desarrollo;
- Lograr un cambio estructural en la dinámica económica;
- Aprovechar cabalmente las vocaciones y ventajas comparativas;
- Promover inversiones productivas que amplíen la oferta de
empleos bien remunerados;
- Alcanzar un manejo sustentable de los recursos naturales y el
ambiente;
- Promover la concertación de planes y estrategias conjuntas de
desarrollo entre la región Sur-Sureste de México y los países
de Centroamérica;
- Modernizar y fortalecer la capacidad de las instituciones de la
región".
Se plantea que para promover la captación de inversiones,
"el Plan incluye acciones de promoción nacional e
internacional a partir de la identificación de proyectos de
inversión que garanticen rentabilidad en el mediano y largo
plazo, y una participación directa en una estrategia de
desarrollo multisectorial." Y dentro de estos proyectos se
impulsaría el establecimiento de maquiladoras para diferentes
sectores productivos.
"El Plan promoverá en particular la captación de
inversiones en áreas de servicios e infraestructura regionales,
tales como transportes, energía, telecomunicaciones e
infraestructura hidroagrícola; áreas estratégicas para la
planeación del territorio, como son desarrollo territorial y
sustentatibilidad ambiental; así como en nichos regionales que
impulsarán la dinámica económica regional: agricultura,
agroindustria y biotecnología; textil; partes electrónicas;
autopartes,; petroquímica y, en particular, turismo
sustentable." (Ibid, p. 27).
El aprovechamiento cabal de las vocaciones y ventajas
comparativas se refiere fundamentalmente a la explotación de los
recursos naturales y a la mano de obra barata de la región:
"(…) el Plan considera importante y urgente
instrumentar acciones que promuevan un ordenamiento territorial
conducente a una explotación eficiente y sustentable de los
recursos naturales y acciones que ayuden a frenar y revertir el
proceso de dispersión y migración poblacional de los estados de
la región, impulsando el desarrollo local y el mejoramiento de
los servicios básicos y de las condiciones de vida de la
población. Así, entre otros, el Plan propone construir una red
de centros de integración rural, cuyo objetivo será impulsar
regiones o zonas con infraestructura y servicios básicos para ir
concentrando en ellos a las comunidades dispersas, logrando una
más eficiente organización territorial y una relación más
equitativa de su entorno. Estos centros asumirían el rol de
espacios de atracción de la población rural para contener los
procesos de emigración y de dispersión poblacional; así, se
constituirán también en factores de desarrollo productivo y
sustentable de la región propiciando una mayor integración
regional y de servicios. " (Ibid, pp 32-33)
Por supuesto que esto se extendería a toda la región del Istmo
centroamericano, para lo cual se plantea:
"Establecer una agenda internacional de coordinación de
inversiones y políticas de desarrollo con los países de
Centroamérica.
Promover la integración productiva, comercial y de servicios con
los países del istmo centroamericano.
Armonizar los marcos regulatorios y reestructurar los esquemas de
tarifas y subsidios en toda la región Puebla Panamá.
Promover entre los países participantes la adopción de
políticas públicas que incentiven el libre mercado y
competencia en la región." (Ibid, p. 34.
Ya a principios de 2001, Fox había demandado a la Secretaría de
hacienda y Crédito Público, la utilización de recursos
fiscales para el apoyo de diversas acciones para el desarrollo
del "Programa La Marcha hacia el Sur-Sureste",
correspondiente a la parte mexicana del PPP. De acuerdo con la
Exposición de Motivos e Iniciativa de Decreto de este programa,
"(…) la presente administración pondrá especial
énfasis en la política de desarrollo regional mediante la
instrumentación de proyectos estratégicos y de cambio que
permitan que florezca la diversidad y la riqueza regional, y
superar el enorme rezago y desigualdad que tanto lastima a
nuestro país y que son incompatibles con el proceso de
consolidación democrática".
En esta perspectiva, el objetivo de la política de desarrollo
regional oficial,
"(…) debe enfocarse a sentar las bases para que cada
región aproveche al máximo su potencial productivo, e impulsar
el desarrollo de oportunidades regionales y de industria local
para asegurar que los frutos de la globalización se distribuyan
más equitativamente. La región sur-sureste del país, que
comprende los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo,
Yucatán, Campeche, Tabasco y Veracruz, merece especial
atención". (Ibid)
En una primera etapa, plantea el programa, la estrategia para el
desarrollo del sur-sureste, tiene cuatro vertientes: inversiones
en infraestructura de Transporte; inversiones en Infraestructura
Hidroagrícola; Promoción del Empleo; y Promoción del Turismo.
En particular,
"La tercera vertiente propone complementar los esfuerzos de
inversión con las acciones de impulso a la micro, pequeña y
mediana empresa que llevará a cabo la nueva Secretaría de
Economía a través del Fondo que se creará para estos
propósitos. Estas acciones se complementarán con el inicio del
nuevo Programa Marcha hacia el Sur-Sureste (…), que tiene
por objeto reducir, por única vez, el costo de instalación de
las empresas en la región para promover que la industria
maquiladora que ha tenido gran éxito en la región norte del
país, se extienda al sur-sureste. (...)" (Ibid)
Pero este programa para la integración del sur-sureste retoma
los planteamientos hechos por Enrique Dávila, Georgina Kessel y
Santiago Levy, éste último Subsecretario de Egresos de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno de
Ernesto Zedillo, en un ensayo aparecido en julio de 2000 e
intitulado: "El sur también existe: Un ensayo sobre el
desarrollo regional de México", y que se inscribía en los
planteamientos del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 de
Ernesto Zedillo. Es decir, esta propuesta se había elaborado
para dar continuidad a la política de desarrollo regional
neoliberal durante el nuevo gobierno (2000-2006). Y, en efecto,
esta estrategia se incluye en el Plan Nacional de Desarrollo
2001-2006 del gobierno de Vicente Fox. En el mencionado ensayo,
los autores plantean que:
"(…) el atraso del sureste es el resultado de un largo
proceso y que, más allá del necesario aumento del gasto social,
se requiere un replanteamiento profundo de la política de
desarrollo regional del país. Este replanteamiento debe, en
primera instancia, ubicar la problemática de Chiapas y del
sureste en un contexto regional y nacional; en segunda instancia,
debe resolver los problemas estructurales que han impedido que el
sureste logre un desarrollo económico autosostenido, a través
de cambios de fondo en la orientación de las políticas
públicas. Lo anterior resulta de suma importancia por dos
razones: primero, porque las profundas diferencias entre el
sureste y el resto del país son incompatibles con el desarrollo
armónico de un país democrático; y segundo, porque la apertura
comercial y, en particular el TLCAN, están ampliando la brecha
de desarrollo entre un norte industrializado y un sureste
confinado a las actividades primarias. Así, de no tomarse
medidas estructurales en breve plazo, se corre el riesgo de
ahondar los desequilibrios regionales del país".
.
Los autores planteaban que esta problemática puede enfocarse
desde dos puntos de vista: "centrar la atención en sus
condiciones de pobreza y marginación, o examinar los factores
que inciden sobre la distribución geográfica de la producción
y del empleo dentro del territorio nacional".. Y mencionan
que la conexión entre estos enfoques, "aunque estrecha,
dista de ser total, debido al papel de los flujos migratorios en
la distribución geográfica de las familias." Así,
"si emigran quienes no encuentran oportunidades adecuadas de
ingreso en una zona, ésta puede tener escaso desarrollo y no
presentar problemas severos de pobreza. Así, la pobreza extrema
rural de regiones rezagadas se convierte en pobreza moderada
urbana en zonas con rápido desarrollo". Por el contrario,
dicen los autores,
"la creación de un polo de desarrollo en una región
atrasada no resuelve necesariamente sus problemas de pobreza,
debido a que se convierte en un foco de atracción migratoria
para la población de todo el país y, ante la competencia en el
mercado laboral, la población local puede no tener acceso a los
empleos creados o sólo aspirar a los de menor
calificación".
El primer caso sería, por ejemplo, el de trabajadores del estado
de Michoacán que emigran a diversas ciudades de la frontera
norte para trabajar en la industria maquiladora. Y el segundo
sería, por ejemplo, el caso de Cancún , Quintana Roo, en donde,
de acuerdo con el censo de población de 1990 la población
estaba compuesta de un 25% de la población nacida en el estado,
37.8% nacida fuera de la Península de Yucatán y la población
proveniente del D.F. representaba el 9.7%. Por lo tanto, decían
los autores, "el diseño de políticas públicas para el
sureste debe separar los objetivos de combate a la pobreza con
los de desarrollo regional, debido a que los instrumentos a
utilizar en cada caso no son los mismos, al menos en el corto
plazo."
La tesis central de este estudio, según los autores, es que
"las políticas instrumentadas por el gobierno Federal en
las últimas cinco o seis décadas implícitamente han
desalentado el desarrollo económico de Chiapas y la región
sureste en general." Y argumentaban que "es factible, y
deseable, complementar las acciones de política social que se
están llevando a cabo con una corrección de los factores que
han reprimido el aprovechamiento de las ventajas comparativas
naturales del sureste, lo que se traduciría en un desarrollo
autosostenido de la región". Así, dicen, "no
proponemos políticas que artificialmente eleven la rentabilidad
de la actividad económica en la región a través de incentivos
fiscales o créditos subsidiados, sino medidas para corregir las
distorsiones creadas por las políticas públicas seguidas en el
pasado."
En la parte quinta de su ensayo, "Una propuesta para el
desarrollo del sureste", los autores plantean "existe
un amplio espacio para diseñar una política que libere el
potencial productivo de la región, sin alterar costosa y
artificialmente el patrón de ventajas comparativas a través de
subsidios crediticios o fiscales a favor de los
particulares" (p. 38). En términos generales, dicen los
autores, "la estrategia propuesta busca complementar las
acciones de desarrollo social que ya están siendo implementadas
(sic), con una política de desarrollo de la región e impulse su
potencial agropecuario, forestal, manufacturero y
turístico" (p. 40). Esta estrategia consta de dos grandes
líneas: "inversiones públicas en infraestructura de
transporte e hidroagrícola; y cambios institucionales,
regulatorios y de las políticas de precios, tarifas y
subsidios." (pp. 40-41)
En el caso de las inversiones en infraestructura de transporte,
dicen los autores, éstas "tienen, en general, más impacto
cuando se canalizan a las regiones con mayor potencial productivo
en le corto plazo. En México, esto implica canalizar inversiones
en las zonas de influencia de los puertos y a lo largo de ejes
conectados con un cruce fronterizo importante". Sin embargo,
apuntan, "en virtud de la importancia de la conectividad,
las inversiones requeridas para impulsar el desarrollo del
sureste pueden ubicarse fuera de los límites de la
región." En este sentido, los autores argumentan a favor de
una política de inversiones en infraestructura "que
permitan que el sureste se beneficie, de manera muy importante,
de las inversiones en el norte del país y en los puertos con
mayor potencial exportador. En la medida en que estas inversiones
se conecten con aquéllas que puedan dar salida a las
exportaciones del sureste u ofrecerles acceso a insumos más
baratos". (pp. 42-43)
Los autores proponen ampliar la capacidad de manejo de carga y
mejorar la calidad de la infraestructura de:
- "el eje
Matamoros-Tampico-Veracruz-Villahermosa-Campeche-Mérida;
- el eje Tapachula-Arriaga-Salina Cruz-Acapulco-Lázaro
Cárdenas;
- el enlace de Tuxtla Gutiérrez con Cárdenas, Tabasco; y,
- los puertos de Progreso, Salina Cruz y Coatzacoalcos". (p.
43)
El aumento de la conectividad del sistema de transporte en
beneficio del sureste, dicen los autores, "potenciaría las
oportunidades de empleo formal en la región y, adicionalmente,
fortalecería el papel de sus ciudades como mercados
locales". Así, "(t)odo ello generaría una atracción
migratoria a las ciudades medias de la zona y, aún cuando parte
de la migración pueda provenir de otras entidades federativas,
es de esperar un efecto de urbanización y de reducción de la
dispersión poblacional en el medio rural que caracteriza a la
región". (p. 46)
Los autores proponen invertir, para el período 2001-2006,
"aproximadamente un total de 36.4 mil millones de pesos a
precios del 2000, para construir 2, 485 kilómetros de
carreteras, 694 mil hectáreas de riego y temporal tecnificado, y
mejorar 2 puertos y 6 carreteras, además de la modernización
del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. La infraestructura
desarrollada permitiría conectar al sureste con los mercados
internacionales como lo muestra la gráfica 5.3"
(principalmente hacia los Estados Unidos y Asia) (p. 47)
Como se mencionaba más arriba, este ensayo sirvió de base para
el "Programa la Marcha hacia el Sur-Sureste", en cuyo
proyecto de presupuesto se plantea que "las obras de
infraestructura carretera e hidroagrícola (básicamente las
mismas que proponen los autores mencionados) que se planean
iniciar en el año 2001, forman parte del programa de inversiones
que la presente Administración ha diseñado para el desarrollo
productivo de la región y su integración con los países
centroamericannos y el resto de los mercados mundiales".(p.
6). Dentro de la tercera vertiente de este programa,
"Promoción del Empleo", se plantea que "los
estados de la región se verán beneficiados con un programa de
fomento al establecimiento de empresas maquiladoras mediante la
integración de apoyos fiscales y económicos, oferta de capital
humano capacitado e infraestructura para la instalación de
proyectos altamente generadores de empleo." Para este
programa se tienen considerados "recursos por un monto de
200.0 millones de pesos. Estos recursos permitirán generar 37
mil empleos permanentes y bien remunerados, mediante la
instalación de 92 nuevas empresas maquiladoras". (p.7)
Como podemos observar, lo que se busca con esta estrategia es el
aprovechamiento de las ventajas comparativas naturales del
sur-sureste de México, y por extensión de la región
centroamericana, es decir, recursos naturales y mano de obra
barata.
5. A MANERA DE CONCLUSIONES.
El Plan Puebla Panamá es la estrategia del régimen foxista,
para integrar a la región sur-sureste de México y el istmo
centroamericano en la dinámica del neoliberalismo, para
aprovechar los recursos naturales y energéticos, así como la
mano de obra barata de la región, y construir un puente entre
América del Norte y América del Sur para facilitar la creación
del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Para ello,
se busca aprovechar las ventajas de integración subordinada
logradas por México respecto de los países centroamericanos con
los cuales nuestro país ha establecido, a partir de 1995,
tratados de libre comercio (Costa Rica, Nicaragua, el llamado
Triángulo del Norte conformado por Guatemala, El Salvador y
Honduras) y con la pronta firma con los países que faltan
(Belice y Panamá).
Pero esta estrategia también trata de impulsar la regulación
del mercado laboral regional de Centroamérica y del sur-sureste
de México, estableciendo, en primera instancia, estrictos
controles de los flujos migratorios en el sur para que no lleguen
a la frontera entre México y Estados Unidos, a cambio de que
esta última nación abra más sus puertas a los trabajadores
migrantes mexicanos para laborar en territorio norteamericano.
Con ello esta estrategia busca también consolidar la regulación
de la fuerza laboral migratoria mexicana para el mercado laboral
norteamericano. Pero la puesta en marcha del PPP no se ve fácil
y posiblemente tenga que remontar todavía algunos obstáculos
difíciles antes de que los proyectos productivos generen los
empleos previstos para la población del sur-sureste y de
Centroamérica, la cual seguirá emigrando en grandes cantidades
en busca de un empleo.
Ante esta situación y para evitar que los flujos de estos
migrantes sigan creciendo, a partir del 1º de julio de este
año, el gobierno mexicano dio inicio a un programa denominado
"Plan Sur" para reducir la porosidad de las líneas
divisorias entre nuestro país y Guatemala y Belice, mediante el
incremento de la presencia policiaca y militar. Este plan se
inscribe en el marco del compromiso adquirido ante Washington por
la administración de Fox en el sentido de reducir el flujo de
inmigrantes indocumentados que llegan a la frontera común. Y que
se complementa con el "Plan de Acción para la Cooperación
sobre Seguridad Fronteriza", acordado en una reunión de
alto nivel sostenida el 22 de junio en San Diego, California, por
autoridades de ambas naciones, el cual incluye declarar zonas de
alto riesgo vastas extensiones en la región limítrofe entre
México y Estados Unidos; un nuevo programa de reconocimiento
aéreo en las áreas desérticas; prevé un proyecto piloto para
que la Patrulla Fronteriza reemplace el armamento letal por otro
no letal y disuasivo; revisión de los operativos Salvaguarda,
Guardián, Bloqueo y Río Grande; incremento hasta en 40% del
número de integrantes del Grupo Beta; el fortalecimiento de
medidas para prevenir el acceso a cruces en zonas de alta
peligrosidad; prohibir el paso de personas hasta 3 kilómetros al
sur de la frontera; y efectuar operativos conjuntos de
"disuasión" de la migración entre la Patrulla
Fronteriza y los Grupos Beta, e intercambiar información entre
la Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de
Inmigración y Naturalización (SIN) para combatir a bandas de
polleros. (Cornejo, 2001; Saldierna, 2001a). De hecho, el
gobierno de Baja California ya instrumentó este plan, impidiendo
el acercamiento a la línea divisoria o "bordo" de los
que intentan cruzar sin documentos, lo que ha elevado la protesta
de grupos en pro de los derechos de los migrantes.
Este plan de acción conjunta es el resultado de las
negociaciones entre los gobiernos de los dos países, luego que
los presidentes Bush y Fox acordaron la búsqueda de mecanismos
que permitan "una migración segura, legal, ordenada y con
respeto a los derechos humanos". La primera reunión del
grupo de alto nivel sobre migración para iniciar tales
negociaciones se realizó el 4 de abril en Washington, D.C. y en
la agenda se incluyeron los temas de seguridad fronteriza, el
régimen de visas temporales, la regularización de los mexicanos
indocumentados que se encuentran en Estados Unidos, posibles
alternativas para nuevos programas de trabajadores temporales e
impulso al desarrollo económico regional. Otros encuentros se
efectuaron el 6 de junio en San Antonio, Texas y el 8 del mismo
mes en Washington, D.C. Como resultado de estas reuniones se
convino intensificar los esfuerzos existentes para fortalecer la
seguridad en la frontera y comenzar una revisión integral de las
respectivas políticas fronterizas, con el fin de reducir los
riesgos y eliminar la muerte de los migrantes a lo largo de la
línea divisoria.
En lo que respecta al "Plan Sur", a partir del 1º de
julio el gobierno mexicano reforzaría la presencia militar,
policiaca y de agentes migratorios en su frontera sur, con el
objetivo de contener el flujo creciente de indocumentados
centroamericanos, droga y armas por esa zona. Este plan lo dio a
conocer el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda el
18 de junio en una entrevista concedida al diario The Washington
Post, en la cual el funcionario consideró que en el pasado
prácticamente no había acciones concertadas para enfrentar el
tráfico ilícito de personas y droga en la frontera con
Guatemala y Belice. Creel dijo que: "El plan, que no ha sido
hecho público, es un esfuerzo sin precedente para cortar los
flujos de inmigrantes, drogas y armas al país desde
Centroamérica". En la nota publicada en primera plana,
Creel Miranda anunció que se canalizarían importantes recursos
a la modernización e incremento de los puntos de revisión
migratoria en el sur de México, y dijo que otro de los aspectos
destacados en el proyecto de reforzamiento de la frontera sur es
el despliegue de "grupos de elite" de militares y
policías en los puntos más críticos, que abarcaría hasta el
Istmo de Tehuantepec. Consideró que si se concentran esfuerzos
para el control de flujos migratorios ilegales en el sur del
país, las acciones podrían ser más eficaces de los que hasta
ahora han sido. Reconoció que en el pasado los controles
policiacos para enfrentar el flujo de migrantes, armas y drogas
no fueron lo suficientemente efectivos: "En el pasado, la
policía no fue efectiva en todo. No había plan. Ahora nosotros
vamos a trabajar con objetivos claros". Finalmente, Creel
Miranda mencionó que se había iniciado una reestructuración
del desempeño del Instituto Nacional de Migración,
orientándose principalmente a investigar aquellos casos de
corrupción que faciliten las operaciones de tráfico de
indocumentados. Paralelamente, confió en que las negociaciones
que realizan los gobiernos de México y Estados Unidos para
autorizar la entrada legal de trabajadores mexicanos y
regularizar la presencia de los que ya están laborando en el sur
del país vecino, pueda lograrse próximamente. (La Jornada, 19
de junio de 2001, p.5).
De acuerdo con el Comisionado del Instituto Nacional de
Migración, Felipe Jesús Preciado Coronado, el Plan Sur consiste
en sellar el istmo de Tehuantepec para enfrentar uno de los
mayores problemas del país: el tráfico ilegal de extranjeros y
las organizaciones criminales que lo operan. La prioridad es ser
muy eficaces en el control de estos flujos migratorios que
arriban sin documentos al país, para evitar los problemas que
genera su presencia. Para ello hay que aprovechar el cuello de
botella del Istmo, cerrarlo. El plan consiste "en tener ahí
a nuestro mejores operadores, a nuestros mejores elementos. Se
trata de una estrategia de mucha coordinación con los demás
elementos de las corporaciones en todo el sur, principalmente
aprovechando las condiciones geográficas del istmo -una franja
de terreno bastante accesible que podemos cuidar muy bien-, ya
que por ahí van a pasar todos, los que se nos hayan pelado por
allá abajo en la frontera finalmente van a pasar por ahí"
(Gómez, 2001, pp. 41-42).
Ante diversos cuestionamientos hechos al Plan Sur en diversos
medios políticos y sociales, el subsecretario de Población,
Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de
Gobernación, Javier Moctezuma Barragán planteó que el gobierno
mexicano no pretende militarizar la frontera sur para enfrentar
el cruce de indocumentados centroamericanos y el tráfico de
drogas y armas, y precisó que dicho programa busca una
coordinación con otras dependencias policiacas y militares para
el reordenamiento de la frontera sur. Sostuvo que la
participación de la Secretaría de la Defensa y la Armada de
México serán sus funciones de lucha contra el tráfico de
estupefacientes y de vigilancia. En este contexto, Moctezuma
Barragán rechazó que con dicho plan el gobierno mexicano
pretenda realizar el "trabajo sucio" a Estados Unidos,
y puntualizó que su aplicación está desvinculada de las
negociaciones que se realizan entre ambos gobiernos para ampliar
el número de trabajadores que puedan ingresar al país del norte
con permisos especiales para laborar. Precisó que en su reciente
viaje a Centroamérica, el presidente Fox dejó en claro que uno
de los asuntos fundamentales que se tiene en el marco del Plan
Puebla-Panamá es el problema migratorio, "porque la manera
para combatir un flujo desordenado e intenso de personas es
mediante la inversión" (Urrutia, 2001, p. 3)
Por su parte, el comisionado del Instituto Nacional de Migración
(INM), Felipe de Jesús Preciado, dijo que definitivamente el
objetivo del plan Frontera Sur no tiene ninguna pretensión de
incrementar la presencia de militares en el sureste. Sin embargo,
reconoció la importancia de la coordinación con el Ejército y
con la Armada de México, y citó el ejemplo de que en el mes de
mayo de 2001, la participación de militares y su coordinación
con el INM permitieron el rescate de 249 centroamericanos en el
desierto de Chihuahua, quienes estaban a punto de morir
deshidratados. También dijo que, de acuerdo con las tendencias,
durante los primeros meses del año el gobierno mexicano prevé
incrementar 100% el número de deportaciones de centroamericanos
indocumentados, lo que al final de 2001 podrían alcanzar 250
mil. Dio las cifras de las deportaciones en el país: en 2000
fueron 150 mil los centroamericanos que fueron devueltos por
haber incursionado ilegalmente ea México. Para 2001 se ha
incrementado sustancialmente, pues, tan sólo en el bimestre
abril mayo se devolvió a sus países de origen a más de 60 mil.
A partir de esta cifra, la previsión es que hacia el final del
año pudieran superarse las 250 mil deportaciones,
independientemente de los resultados que traería la aplicación
del plan Frontera Sur (Urrutia, y Pérez, 2001, p. 9).
El Plan incluye un convenio con el gobierno de Guatemala, para
que éste envíe a sus países de origen a los indocumentados que
actualmente son llevados a territorio guatemalteco, pero de
inmediato buscan cruzar otra vez hacia México. No obstante, el
presidente de Guatemala, Alfredo Portillo, dijo a periodistas de
Washington el 3 de julio que considera muy difícil sellar por
completo una frontera, al comentar la propuesta de México de
instalar un cordón policial y militar entre ambos países para
controlar el tráfico de personas y drogas. "Para empezar,
creo que es muy difícil hablar de sellar una frontera. La
experiencia es que por muchos controles que se pongan, los
ciudadanos -tanto de manera ilegal como criminal- pasan las
fronteras". Pero agregó que: "Sin embargo, creo que el
esfuerzo por intentar regular el tránsito por las fronteras es
muy importante para todos los estados" (La Jornada, 4 de
julio de 2001, p.15).
Existe claridad en los medios oficiales de que el Plan
Puebla-Panamá no podrá avanzar si no se resuelve el tema
migratorio y de seguridad en la frontera sur, como admitió el
comisionado del INM, Felipe de Jesús Preciado a fines de junio
del 2001. (Dávalos, 2001, p. 13). Pero también que Estados
Unidos está interesado en la instrumentación del "Plan
Sur". Así, en una audiencia en el Senado mexicano a
mediados de julio, el coordinador del Plan Puebla Panamá,
Florencio Salazar Adame, reconoció que por medio de ese
proyecto, Estados Unidos pretende influir para evitar los flujos
migratorios del sur-sureste y así disminuir la presión de los
indocumentados centroamericanos que tratan de cruzar a su
territorio a través de la frontera con México (Becerril, 2001,
p. 8).
En esta perspectiva, es claro que esta problemática es una
cuestión de seguridad nacional para Estados Unidos, y el
gobierno mexicano instrumenta dicho plan con ese enfoque, como lo
apunta el Comisionado del INM, Felipe de Jesús Preciado:
"El gobierno de México no le hará "el trabajo
sucio" al de Estados Unidos con el Plan Sur, a través del
cual se repatriará a inmigrantes ilegales de
Centroamérica". El plan, dijo Preciado, se aplicará por
cuestiones de seguridad nacional, y si de ahí se deriva un
beneficio para Estados Unidos, "será una buena tarde"
para Washington, pero se llevará a cabo independientemente de lo
que opine la administración Bush. (Méndez, 2001, p. 15)
Pero también el Plan Puebla Panamá se convertirá en uno mas de
los mecanismos de regionalización de las políticas
estadounidenses de inmigración, como lo son sus leyes de
inmigración, antiterrorismo y seguridad social aprobadas por el
Congreso en 1996, y la Conferencia Regional de Migración que
establece mecanismos de regulación de las migraciones en sus
países miembros en función de los intereses estadounidenses. En
este marco se puede inscribir, por ejemplo, el Operativo
Encrucijada Internacional (Crossroad Internacional) llevado a
cabo por Estados Unidos en 12 países (Canadá, Estados unidos,
México, así como naciones de Centroamérica y el Caribe) del 4
al 20 de junio, y en el cual fueron detenidos cerca de 8 mil
migrantes indocumentados que pretendían llegar a territorio de
Estados Unidos. En México se interceptaron el mayor número de
migrantes (5 mil 626), seguido de Guatemala con 809; El Salvador
con 573, Costa Rica 126, Honduras 392, Jamaica 90, Panamá 72,
República Dominicana 90, Ecuador 37, Haití 36, Perú 28 y
Colombia 12. En total fueron arrestados 7 mil 891 indocumentados,
de los cuales 5 mil 500 fueron repatriados. La mayoría, 2 mil
531 eran hondureños, 2 mil 183 salvadoreños, mil 962
guatemaltecos, 378 nicaragüenses, 234 ecuatorianos, 120
peruanos, 112 dominicanos, 62 mexicanos y el resto provenía de
otros países latinoamericanos, asiáticos y africanos
Hipólito M. Acosta, director para América Latina y el Caribe
del Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos
informó que la Operación Crossroads International también
sirvió para asegurar 270 libras de cocaína, mariguana y algunas
armas. Entre los arrestados se encontraban 75 personas
relacionadas con actividades criminales, de las cuales 38 se
dedicaban al tráfico de seres humanos y 14 a la falsificación
de documentos. Además fueron detenidos 7 ciudadanos
estadounidenses que violaron las leyes migratorias de su país.
Acosta detalló que la colaboración entre los gobiernos
consistió principalmente en el intercambio de información, pues
el arresto de los migrantes fue realizado por los agentes de cada
país. Por parte de Estados Unidos participaron el Servicio de
Inmigración y Naturalización, en algunos casos, el FBI y el
Servicio de Aduanas. También hubo cooperación de Canadá, país
que figuraba como meta de algunos indocumentados. De acuerdo con
el funcionario estadounidense éste no es el primer operativo
internacional; el año pasado se realizó uno similar, pero sólo
participaron 6 países y se logró la detención de 3 mil 947
personas. También dijo que no hay ninguna relación entre el
programa mexicano para reforzar la vigilancia en la frontera con
Guatemala y Belice, y el Crossroads International. Destacó que
antes que entrara en vigor el segundo operativo, el gobierno de
Fox ya había planteado la puesta en marcha del primero.
(Saldierna, 2001b, p. 46).
Sin embargo, treinta y dos horas después de conocerse, el
gobierno mexicano desmintió su participación en el operativo
Encrucijada Internacional, en un comunicado conjunto que
emitieron, a las 22 horas del 28 de junio, las secretarías de
Gobernación y Relaciones Exteriores:
"En relación con el supuesto operativo migratorio
Encrucijada Internacional, las secretarías de Gobernación y de
Relaciones Exteriores puntualizan lo siguiente: Las autoridades
migratorias mexicanas no participaron, ni recibieron solicitud
alguna para colaborar en una acción de esa naturaleza. Los
aseguramientos de migrantes indocumentados que en los últimos
días se han registrado en territorio nacional forman parte de
las actividades de rutina que realiza el Instituto Nacional de
Migración. Los centroamericanos recientemente asegurados por
autoridades migratorias de México fueron entregados a la
Dirección general de Migración en Guatemala para su posterior
repatriación a sus lugares de origen." (La Jornada, 29 de
junio de 2001, p. 16).
En ese sentido, el comisionado del INM, Felipe de Jesús
Preciado, insistió en la versión de que ninguna instancia
mexicana participó en el Operativo Encrucijada, llevado a cabo
por Estados Unidos en 12 países, y precisó que la cifra
presentada por ese gobierno, de que "arrestó" y
deportó a más de 7 mil indocumentados, es errónea, porque
incluyó a más de 5 mil 600 personas que detuvo el INM durante
los 15 días de esa acción. Aclaró que la intervención de la
Policía Federal Preventiva fue exclusivamente para el arresto
"de algunos polleros, cuestión que celebro", pero
tampoco formó parte del operativo estadounidense. (Méndez, op.
cit.).
Como hemos mencionado en otra parte del texto, el gobierno
mexicano ha acostumbrado desmentir su participación en este tipo
de actividades llevadas a cabo de manera conjunta, pero bajo la
batuta de autoridades estadounidenses.
En suma, el "Plan Sur" que implica el
"sellamiento" de la frontera sur, militarizará no
sólo el control de la región fronteriza entre México y
Centroamérica para "evitar" el paso a migrantes
centroamericanos y de otros países, el paso de drogas y de
armas; sino que este control se extenderá hasta el Istmo de
Tehuantepec, aprovechando su situación de "cuello de
botella", para cerrarlo y atrapar ahí a los que logren
colarse. De acuerdo con el Comisionado del INM, Felipe de Jesús
Preciado, el plan se aplica por cuestiones de "seguridad
nacional". Con ello, el gobierno mexicano reproduce el
modelo de control de la frontera norte por parte del gobierno
esatadounidense, y la cual se ha venido militarizando desde el
régimen de Ronald Reagan a principios de los 1980s, quien para
"recuperar el control de las fronteras", por cuestiones
de seguridad nacional, ordenó establecer mecanismos de mayor
control contra la migración indocumentada, el narcotráfico y el
terrorismo. Y aún llegó a vincular la inmigración
indocumentada con el tráfico de drogas.
Lo cierto es que esto fue el pretexto para controlar una región
geoeconómica, de carácter geoestratégico para el proyecto de
integración regional hegemónica de Estados unidos, ya que e
esta región conocida como "Sun Belt" y que abarca
desde la Florida hasta California en el suroeste, pasando por
Texas, Nuevo México y Arizona, se ubica una gran parte de la
industria de punta (electrónica, aeroespacial, biotecnológica,
etc.), de la industria automotriz y la metalúrgica, minería
(incluyendo plata, oro, y uranio) en ambos lados de la línea
divisoria (principalmente en la forma de maquiladoras del lado
mexicano); además de ubicarse los principales centros de
investigación nuclear, bases militares (terrestres y marinas), y
de la reserva petrolera estratégica en la Unión Americana
(Sandoval, 1996 a y b). Lo mismo sucederá con el Istmo de
Tehuantepec, al ubicarse ahí uno de los megaproyectos más
importantes de integración regional del denominado Plan Puebla
Panamá. El Istmo de Tehuantepec se considera una alternativa al
Canal de Panamá para el transporte terrestre de mercancías en
grandes contenedores por medio de una vía multimodal
transístmica, la cual irá acompañada de corredores
maquiladores a lo largo de la ruta, y de proyectos de
explotación de la biodiversidad.
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS, HEMEROGRÁFICAS Y DOCUMENTALES.
- Commission for the Study of International Migration and
Cooperative Economic Development, 1990a. Unauthorized Migration:
An Economic Development Response. Report (July). Washington, D.C.
- Commission for the Study of International Migration and
Cooperative Economic Development, 1990b. Unauthorized Migration:
Addressing the Root Cause. Hearings before the Commission for the
Study of International Migration and Cooperative Economic
Development. 1987-1990. To Accompany the Final Report of the
Comission. Pp. 1071.
- Commission for the Study of International Migration and
Cooperative Economic Development, 1990c. Unauthorized Migration:
Addressing the Root Causes. Research Addendum, sponsored by the
Commission for the Study of International Migration and
Cooperative Development. 1987-1990. To Accompany the Final Report
of the Commission. Volume I, pp.1-624.
- Dunn, Timothy, 1996. The Militarization of the U.S.-Mexico
Border, 1978-1992. Low Intensity Conflict Doctrine Comes Home.
The University of Texas at Austin.
- Grossman, Eliot, 1993. "La Ley Estadounidense de
Protección Temporal a los Salvadoreños (TPS) ¿Regalo o
Trampa?". En, Las Fronteras Nacionales en el Umbral de Dos
Siglos, Juan Manuel Sandoval (Comp.). Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Colección Científica.
Holguín, Carlos, 2000. "U.S. Immigration Policies, U.S.
Labor, and the Role of Immigrants in the U.S. Labor Market."
Center for Human Rights and Constitutional Law; Los Angeles,
California. January.
- Jiménez, María, 1997. "Enforcement: A Tool to Control
the Flow of Labor at the U.S.-Mexico Border." Network News
(Quaterly Newsletter of the National Network for Immigrant and
Refugee Rights). Spring, pp. 3,6.
- Kesselbrenner, Dan, 1996, "The Antiterrorism Law: New
Threat to Immigrants". Network News (Quaterly Newsletter of
the National Network of Immigrant and Refugge Rights). Fall, p.
7.
- Palafox, José, 1996. "Militarizing the Border."
CovertAction Quaterly, Number 56, Spring, pp.14-19.
- Palafox, José, 1997. "'War on Drugs' Heightens Attacks on
Immigrants at Border." Network News (Quaterly Newsletter of
the National Network for Immigrant and Refugee Rights). Spring,
p.7. Volume II, pp.625-1257; Supplement, pp. 298.
- Sandoval, Juan Manuel, 1992. "Los refugiados
centroamericanos en la frontera México-Estados Unidos: ¿Un
problema de seguridad nacional o de derechos humanos?". En,
Una Década de Refugio en México. Los Derechos Humanos de los
Guatemaltecos. Aída Hernández y Marcela Freyemut (Comp.).
CIESAS, Academia Mexicana de Derechos Humanos e Instituto
Chiapaneco de Cultura.
- Sandoval, Juan Manuel, 1993. "La Frontera México-Estados
Unidos en la Perspectiva de la 'Seguridad Binacional'". En,
Las fronteras nacionales en el umbral de dos siglos. Juan Manuel
Sandoval (Coordinador) Instituto Nacional de Antropología e
Historia; México. Colección Científica Nº. 267. Pp. 65-84.
- Sandoval, Juan Manuel, 1995. "Los Trabajadores Migratorios
y el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos. Primer
Anuario de la Dirección de Etnología y Antropología Social,
Isabel Lagarriga (Coordinadora). Instituto Nacional de
Antropología e Historia; México, D.F., pp. 409-436).
- Sandoval, Juan Manuel, 1996a. "Integración Económica y
Militarización de la Frontera México-Estados Unidos". El
Cotidiano, Nº 77, junio.
- Sandoval, Juan Manuel, 1996b. "Las fronteras de México en
el marco de la integración económica regional norteamericana.
Una perspectiva geopolítica". En, Las regiones ante la
globalidad. Miguel Angel Vázquez (Coordinador), Programa de
Investigación de la División de Ciencias Económicas y
Administrativas, Universidad de Sonora y Gobierno del Estado de
Sonora. Pp. 41-66.
-
- Sandoval, Juan Manuel, 1997. "La Migración Laboral
México-Estados Unidos en el Marco del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN) y de la creación del Area de Libre
Comercio de las Américas (ALCA)". Ponencia presentada en el
"Foro Internacional en Defensa de los Derechos Plenos de los
Trabajadores Migrantes y sus Familias", realizado en la
Universidad Obrera de México. Cd. de México, 7 y 8 de junio.
- Sandoval, Juan Manuel, 1997. "La Región Fronteriza Sur de
México en el Marco de la Seguridad Nacional
Estadounidense." En, Las fronteras del Istmo. Fronteras y
sociedades entre el sur de México y América Central Philippe
Bovin (Coordinador). Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social (CIESAS), y Centro Francés de
Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA). México, D.F. Pp.
155-161.
- Sandoval, Juan Manuel y Guerrero Francisco Javier, 1997,
"La Actitud del Gobierno Mexicano ante la actual Ola
Anti-inmigrante Estadounidense". Revista del Senado de la
República. Volumen 3, N° 7, abril-junio, pp. 184-203. México,
D.F.
- Sandoval, Juan Manuel, 1998. "La regionalización de las
políticas de inmigración de Estados Unidos en México y
Centroamérica". Ponencia presentada en el Coloquio
Internacional sobre Migraciones, Frontera y Sociedad, realizado
los días 4 y 5 de septiembre en la Ciudad de Huehuetenango,
Guatemala, C.A.
- The U.S.Committee for Refugees, 1991. Running the Gauntlet: The
Central American Journey Through Mexico. American Council for
Nationalities Service; Washington, D.C. Issue Paper (January).
- Timoner, Rachel, 1996. "Welfare Repeal--The New Era of
'States Rights'". Network News. (Quaterly Newsletter of the
National Network for Immigrant and Refugee Rights). Fall, p. 13.
- Vanegas, Rosa María, 2001. "Incremento de la fuerza
laboral mexicana agrícola en los campos canadienses: análisis y
perspectivas." Ponencia preparada para la Mesa Anual de la
Sociedad Mexicana de Antropología a celebrarse en la Ciudad de
Zacatecas del 29 de julio al 4 de agosto.
- Weintraub, Sidney, 1989. "Implications of Mexican
Demographic Developments for the United States". In, Mexican
and Central American Population and U.S. Immigration Policy.
Edited by Frank D. Bean; Jurgen Schmandt and Sidney Weintraub.
The Center for Mexican American Studies, The University of Texas
at Austin.
HEMEROGRAFÍA:
- "Anuncia Creel Miranda un proyecto para reforzar la
vigilancia en la frontera sur. Se busca contener el creciente
flujo de indocumentados de CA, así como armas y droga. Incluye
mayor presencia militar, policiaca y de agentes
migratorios". La Jornada, 19 de junio de 2001, p.5
- Becerril, Andrea, 2001. "Busca EU que el PPP frene a
indocumentados. Pretende influir en el proyecto, acepta Florencio
Salazar Adame en el Senado. No podemos esperar a que lleguen
transnacionales a extraer la riqueza, dicen legisladores."
La Jornada, 18 de julio, p. 8.
- Cornejo, Jorge Alberto, 2001. "Policías impedirán
acercarse a la frontera. Acuerdo de autoridades mexicanas y
estadunidenses para aminorar riesgos a migrantes. El grupo Beta
autorizado para evitar el paso a la malla ciclónica entre
Mexicali y Caléxico. Es anticonstitucional y agravará el
problema: procurador de derechos humanos". La Jornada, 23 de
junio, p. 7.
- Dávalos, Renato, 2001. "La frontera sur no se
militarizará, según Felipe Preciado. El tema migratorio, clave
para el avance del Plan Puebla-Panamá, señala." La
Jornada, 27 de junio, p. 13.
- "Difícil, sellar por completo la frontera sur: Alfredo
Portillo." La Jornada, 4 de julio de 2001, p.15.
- Gómez, María Idalia, 2001. "El Plan Sur: Sellar el Istmo
de Tehuantepec. Entrevista con Felipe Jesús Preciado Coronado,
Comisionado del Instituto Nacional de Migración". Milenio
Semanal, Nº 196, junio 18, pp. 41-42.
- "Los Ocho Más Poderosos, Contra la Migración Ilegal.
Acuerdan Cooperación Antiterrorismo." El Financiero
(Sección Internacional), Domingo 22 de junio de 1997.
- Mendez, Enrique, 2001. "México no le hará el trabajo
sucio a EU: Preciado. El Plan Sur se aplicará por cuestiones de
seguridad nacional, señala titular del INM. Firma convenio para
que la Cruz Roja dé capacitación a integrantes del grupo
Beta." La Jornada, 4 de julio, p. 15.
- "Niega México que haya participado en Operativo". La
Jornada, 29 de junio de 2001, p. 16.
- Saldierna, Georgina, 2001a. "Utilizará la Patrulla
Fronteriza métodos disuasivos. Autoridades mexicanas anunciaron
programa bilateral para reforzar la seguridad." La Jornada,
23 de junio, p. 7.
- Saldierna, Georgina, 2001b. "Operativo internacional
logró el arresto de casi 8 mil ilegales. En la Acción
participaron México, Estados Unidos y 11 países de
Latinoamérica y el Caribe. Cayeron 75 delincuentes. Las
detenciones se realizaron entre el 4 y el 20 de junio." La
Jornada, jueves 28 de junio, p. 46.
- Sheridan, Mary Beth, 2001. "Mexico Proposes Immigration
Pact To Cut Down Third-Country Passage". The Washington
Post, National News. Thursday, April 5. P. A3.
- Shetemul, Haroldo, 2000. "Con la ayuda de EU Captura y
Deporta Guatemala a Mil Extranjeros Ilegales". Excelsior, 10
de octubre.
- Urrutia, Alonso, 2001. "Rechaza la Secretaría de
Gobernación que se pretenda militarizar la frontera sur. Lo que
se busca es un reordenamiento, señala Javier Moctezuma". La
Jornada, 20 de junio, p. 3.
- Urrutia, Alonso y Pérez, Ciro, 2001. "Prevé México
deportar 250 mil centroamericanos en 2001. Se pretende convertir
al país en la Border Patrol de EU, advierten diputados
priístas." La Jornada, 21 de junio, p. 9.
DOCUMENTOS:
- Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1996. Informe sobre
violaciones a los derechos humanos de los inmigrantes. Frontera
Sur. México. Primera reimpresión.
- Consejo Nacional de Población y Gobierno del Estado de
Zacatecas. "Seminario sobre la migración internacional y el
desarrollo económico de México". 27 y 28 de febrero y 1 de
marzo de 1991. Zacatecas, Zacatecas.
- Conferencia Regional sobre Migración, COMUNICADO CONJUNTO de
las delegaciones gubernamentales de Belice, Canadá, Costa Rica,
El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua y Panamá. Puebla, Puebla, 14 de marzo de 1996.
- II Cumbre de las Américas. DECLARACIÓN DE SANTIAGO Y PLAN DE
ACCIÓN. Santiago de Chile. 19 de abril de 1998.
- Dávila, Enrique; Kessel, Goergina y Levy, Santiago*, 2000.
"El Sur también existe: Un ensayo sobre el desarrollo
regional de México". * Subsecretaría de Egresos,
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; las opiniones
vertidas en este documento no necesariamente reflejan las de la
institución donde los autores trabajan. Pp. 66.
- "DECLARACIÓN CONJUNTA ADOPTADA POR EL PRESIDENTE DE
MÉXICO Y EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS SOBRE
MIGRACIÓN". El Universal, 9 de mayo de 1997.
- Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act of
1996 (IIRIRA). Public Law, U.S., Government Priting Office;
Washington, D.C., September.
- Immigration Reform and Control Act, Public Law 99-603, November
6, 1986. U.S. Printing Office, Washington, D.C.
- Palabras del Lic. César Bécker Cuellar, Subsecretario de
Población y Servicios Migratorios de la Secretaría de
Gobernación. Memoria del Foro de Análisis de la Política
Migratoria en México, Comisión de Asuntos Migratorios, Senado
de la República, LVI Legislatura, 25 de septiembre de 1996, pp.
17-18.
- Presidencia de la República, 2001. "Plan Puebla
Panamá". Síntesis del proyecto del Plan Puebla-Panamá, el
cual será sometido a un proceso de consulta y enriquecimiento en
los próximos meses. Pp. 36.
- "Programa la Marcha hacia el Sur-Sureste". Elementos
del programa Indicados en el: Proyecto de Presupuesto de Egresos
de la Federación para el año fiscal 2001.
http://gaceta.cddhcu.gob.mx/
- Secretaría de Gobernación, Subsecretaría de Población y de
Servicios Migratorios, Instituto Nacional de Migración. El
entorno migratorio y las funciones, Misión, objetivos, y
programas del Instituto Nacional de Migración. Reunión con la
Comisión de Asuntos Migratorios del Senado de la República, 18
de septiembre de 1996.
- "Summit of the Americas. Declaration of Principles".
Business America (The Magazine of International Trade.
International Trade Administration, U.S. Deparment of Commerce),
Vol. 115, Number 12, December 1994. pp. 5-7.
- U.S. Department of Justice, Immigration and Naturalization
Service, 1986. Alien Terrorists and Undesirables: A Contingency
Plan.
- U.S. Department of Justice, Immigration and Naturalization
Service, 1989. Plan for the Enhancement of the Southern Border.
