EL PLAN PUEBLA-PANAMÁ COMO REGULADOR DE LA MIGRACIÓN LABORAL CENTROAMERICANA Y DEL SUR-SURESTE DE MÉXICO.

Por:
Dr. Juan Manuel Sandoval Palacios

INTRODUCCIÓN.

Los acuerdos alcanzados durante la Tercera Cumbre de las Américas (que reunió a 34 jefes de Estado y excluyó al de Cuba) realizada en abril de 2001 en la Ciudad de Quebec, Canadá, para la creación de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en el año 2005, son un paso importante del proyecto hegemónico de los Estados Unidos de integración regional hemisférica, no obstante que el gobierno de este país no hubiera logrado que dicha fecha se adelantara dos años por la oposición de Brasil y el condicionamiento de Venezuela; y no obstante las importantes movilizaciones que las organizaciones de los así llamados globalifóbicos realizaran en todo el continente oponiéndose a este proyecto integrador, pero principalmente en la mencionada ciudad canadiense, donde también se llevó a cabo la Segunda Cumbre de los Pueblos de las Américas convocada por la Alianza Social Continental (conformada ésta durante abril de 1998 en la Ciudad de Santiago de Chile por organizaciones sociales y sindicales de muchos países) para discutir propuestas alternativas de integración.

El acelerado proceso de integración económica regional promovido por Estados Unidos en las décadas de los1980s y los1990s, como parte de su llamada Nueva Gran Estrategia, para crear un bloque geoeconómico bajo su hegemonía, y hacer frente a los otros dos bloques (Unión Europea encabezada por Alemania y APEC con Japón a la cabeza) en la lucha por controlar los mercados mundiales, logró crear un modelo de integración subordinada con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) puesto en vigor en enero de 1994 entre Estados Unidos, México y Canadá. En la mencionada Tercera Cumbre se dio un importante salto en la consolidación del TLCAN con la norteamericanización de los mercados de energía (mediante una carta de intención firmada entre los mandatarios Bush, Chrétien y Fox), que pone a disposición de la reserva estratégica de Estados Unidos los hidrocarburos mexicanos (petróleo y gas); y de los mercados laborales (mediante acuerdos aún de palabra, pero que ya se encuentran en negociación) disponiendo de la mano de obra mexicana para los sectores canadiense y estadounidense, mediante la ampliación de un Memorándum de entendimiento sobre trabajadores agrícolas temporales para incluir el sector de servicios; y el establecimiento de un programa de trabajadores huéspedes, respectivamente.

A partir de la creación del TLCAN, México ha sido el principal impulsor de este tipo de integración subordinada con Centroamérica estableciendo tratados de libre comercio con Costa Rica (1994), Nicaragua (1997) y más recientemente con los países del llamado Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), el cual fue aprobado por los gobiernos de estos países y ratificado por sus respectivos congresos a fines de 2000, entrando en vigor a partir del primero de enero de 2001. Estos tratados son una réplica del TLCAN, y aún se han incorporado en ellos aspectos del malogrado Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), que fue un intento de las grandes corporaciones para crear una "Constitución Mundial del Capital". Actualmente el gobierno mexicano se encuentra negociando tratados de libre comercio más con dos países centroamericanos, Belice y Panamá; y con República Dominicana en el Caribe.

Con estos tratados, que no son sólo de libre comercio sino de inversiones y de derechos de propiedad intelectual, México ha venido contribuyendo a crear un área completamente subordinada a la economía estadounidense que busca aprovecharse de las ventajas comparativas de la mano de obra barata y los recursos naturales de la misma. Para ello el Plan Puebla-Panamá (PPP) propuesto por el presidente Vicente Fox con el propósito de integrar el sur-sureste de México con Centroamérica, lo que trata es de crear las condiciones para tener acceso a los recursos energéticos y de biodiversidad que existen ahí y que las grandes corporaciones transnacionales estadounidenses buscan rentabilizar; así como regular los flujos migratorios centroamericanos y del sur-sureste de México canalizándolos como mano de obra barata para las industrias maquiladoras, los grandes proyectos de infraestructura e hidrológicos, silvícolas y el sector servicios (turismo, comercio, etc) que se impulsarán en la región; además de crear un puente entre América del Norte y América del Sur para facilitar el desarrollo de ALCA.

La exclusión de derechos laborales y aspectos ambientales en los tratados firmados por México con los países centroamericanos (aspectos que se incorporaron, aunque de manera muy débil, en sendos tratados de complementariedad laboral y ambiental al TLCAN, gracias a la lucha de diversas organizaciones, partidos políticos y congresistas de México, Estados Unidos y Canadá), obedece a los intereses de las grandes corporaciones que ven en dichos aspectos (laboral y ambiental) ventajas comparativas regionales (mano de obra barata; recursos energéticos y de biodiversidad, etc.) y por ende la posibilidad de una mayor rentabilidad de los mismos

Así, la regulación del mercado laboral en el nivel regional (América del Norte y Centroamérica) requiere de una mano de obra barata, movible hacia Estados Unidos y Canadá, o dentro de los propios territorios nacionales para ser empleada principalmente en las industrias maquiladoras que se están extendiendo por estos territorios. Pero esta regulación implica la incorporación de unos trabajadores y la exclusión de otros al mercado laboral norteamericano (léase Estados Unidos y Canadá).

Desde las negociaciones del TLCAN, la migración laboral quedó excluida del mismo, bajo el supuesto de que precisamente el libre comercio sería la solución a largo plazo de la migración mexicana, por el flujo de inversiones que generarían empleo, el establecimiento de industrias maquiladoras en todo el país, y los apoyos financieros internacionales para proyectos de desarrollo en las zonas expulsoras de migrantes. Este falso vínculo de libre comercio como solución a la migración laboral es el modelo para excluir a ésta de todo tratado comercial bilateral o multilateral en el Continente Americano. De esta manera la mano de obra migrante queda sujeta a regulaciones específicas para mantener el carácter de ventaja comparativa regional por su bajo costo. Mediante diversos mecanismos, la mano de obra migrante mexicana se ha ido incorporando a los mercados laborales estadounidense (Holguín, 2000) y canadiense (Vanegas, 2001), a cambio de que el gobierno mexicano estableciera controles estrictos en su frontera sur para excluir a la mano de obra centroamericana y de otros países.

La problemática de la migración centroamericana indocumentada a Estados Unidos, pasando por territorio mexicano ha sido enfocado con políticas asistencialistas y desarrollistas preventivas (que no generan empleos), pero principalmente restrictivas, para cerrarles el paso a los migrantes centroamericanos a los mercados laborales en Estados Unidos, Canadá y aun en el propio México, excepto los ya establecidos de manera temporal en los dos primeros países, o a los que laboran como jornaleros agrícolas temporales en las fincas chiapanecas, y en otros servicios e industrias (trabajo doméstico, comercio, construcción, etc) pero en niveles muy locales, sin que esto signifique que estas políticas hayan logrado detener completamente los flujos migratorios, pero si los han hecho más difíciles para los migrantes que tienen que recurrir a las redes de traficantes de personas, actualmente vinculadas a las del narcotráfico, tráfico de armas y otros.

Durante su campaña Vicente Fox planteó que daría prioridad a la problemática de la migración indocumentada para encontrarle soluciones. Y en una gira de tres días por Centroamérica en septiembre de 2000, el entonces presidente electo Vicente Fox planteó que no permitiría más abusos contra los migrantes de esa región, para lo cual designaría un zar para la frontera sur. En febrero de 2001 durante su encuentro con el presidente estadounidense George Bush, ambos mandatarios acordaron establecer mecanismos para negociar un nuevo acuerdo sobre migración. Y a principios de abril se iniciaron las negociaciones sobre tales acuerdos, proponiendo las autoridades mexicanas establecer mayores controles sobre la migración centroamericana a cambio de una mayor apertura para legalizar la mano de obra mexicana que va a Estados Unidos o que ya se encuentra en ese país.

Como se puede observar, de lo que se trata es de impulsar mecanismos para regular el mercado laboral de América del Norte utilizando la mano de obra barata de los mexicanos como ventaja comparativa en el nivel regional (Canadá, Estados Unidos y México principalmente vía las industrias maquiladoras éste último), a cambio de establecer controles en la frontera sur para regular el mercado laboral centroamericano de mano de obra barata que sería empleada principalmente en las industrias maquiladoras y otros proyectos productivos del Plan Puebla-Panamá .

En este ensayo se trata de mostrar que la política migratoria seguida por el actual régimen foxista, es una continuación de la que llevó a cabo el presidente Carlos Salinas de Gortari, bajo el supuesto de que el libre comercio sería la solución a largo plazo de la misma, y dejando que Estados Unidos reforzara y aún militarizara su frontera para impedir el paso de los indocumentados, estableciendo medidas similares en nuestra frontera sur. Esta política fue continuada por el presidente Ernesto Zedillo para adecuar las regulaciones migratorias de nuestro país a las estipuladas por el gobierno estadounidense, constriñendo, por un lado el paso de migrantes centroamericanos y de otros países por la frontera sur mexicana y penalizando el tráfico de indocumentados en ambas fronteras; y, por otro lado, facilitando aún más la entrada de personas calificadas de acuerdo con el artículo XVI del TLCAN. Además se muestran los esfuerzos, encabezados por el gobierno zedillista, de regionalizar las políticas estadounidenses de inmigración a través de un foro que se ha venido institucionalizando desde 1996 en la región de América del Norte, Centroamérica y el Caribe, la Conferencia Regional de Migración; y las negociaciones iniciadas en secreto para establecer un programa de trabajadores huéspedes entre ambos países, lo cual ha sido retomado por la administración foxista como uno de sus principales instrumentos para legalizar la entrada de los migrantes mexicanos que quieren ir a trabajar a la Unión Americana, o de los que ya se encuentran ahí de manera indocumentada.

2. LAS MIGRACIÓNES LABORALES Y EL LIBRE COMERCIO.

El gobierno mexicano, con Salinas de Gortari a la cabeza, apostó, junto con el estadounidense, a que el problema migratorio se solucionaría a largo plazo por los beneficios que traería el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). De hecho, esta cuestión se definió desde antes de las negociaciones del mismo, a partir de la aprobación en 1986 del Acta de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA 86) también conocida como Ley Simpson- Rodino, por parte del Congreso estadounidense, en la cual se estableció la creación de la Comisión para el Estudio de la Migración Internacional y el Desarrollo Económico Cooperativo. Esta Comisión, conformada por 12 miembros que fueron nombrados por los líderes del Congreso en julio de 1987, debería, en consulta con los gobiernos de México y otros países expulsores de mano de obra en el Hemisferio Occidental, examinar las condiciones que contribuyeran a la inmigración no autorizada a los Estados Unidos y debería explorar programas de inversión y comercio recíproco mutuamente benéficos para aliviar tales condiciones (véase, Section 601 of the Immigration Reform and Control Act, 1986. Public Law 99-603, November 6, 1986).

La Comisión se enfocó geográficamente en México, Centroamérica y el Caribe -áreas de donde salen la mayor cantidad de migrantes hacia Estados Unidos. Delegaciones de esta Comisión visitaron México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Venezuela, la República Dominicana, Haití, Barbados, Trinidad y Tobago, Canadá, Perú y Puerto Rico donde se reunieron directamente con los jefes de Estado y con altos funcionarios responsables para el desarrollo económico y la migración; así como con responsables de organizaciones académicas, empresariales, sindicales, religiosas y otros grupos relevantes. Se establecieron actividades de vinculación gubernamental de alto nivel.

La Comisión llevó a cabo entre los años de 1988 y 1990 una serie de audiencias públicas en las cuales presentaron testimonio decenas de funcionarios de gobierno, académicos, religiosos, activistas de los derechos humanos de los inmigrantes y refugiados, líderes comunitarios, y otros. Al mismo tiempo se llevaron a cabo diversas investigaciones por parte de especialistas de Estados Unidos, México, Centroamérica y el Caribe, enfocados a responder a dos cuestiones planteadas como objetivo de dicha comisión: a) las condiciones que contribuyeron a la migración no autorizada de países del hemisferio occidental a Estados Unidos; y, b) las iniciativas de desarrollo económico que podrían ser tomadas de manera cooperativa para aliviar las presiones que causan la emigración en los países expulsores (Commission for the Study of International Migration and Cooperative Economic Development, 1990a, b y c).

En México, de donde proviene el 75% de los migrantes indocumentados, la Comisión trabajó muy estrechamente con el Consejo Nacional de Población (CONAPO) -entidad intersecretarial-, el cual fue designado por Miguel De La Madrid para ser la contraparte oficial de los estudios realizados conjuntamente en México, incluyendo la selección de investigadores calificados (Consejo Nacional de Población, 1992). La investigación en otros países fue realizada por académicos centroamericanos y del Caribe. También participaron cuatro grandes centros universitarios estadounidenses.

La Comisión Ascencio, llamada así también por el apellido de su presidente, se reunió con los presidentes Joaquín Balaguer de la República Dominicana y con Carlos Salinas de Gortari de México el 18 de abril y el 9 de mayo de 1990, respectivamente, para discutir algunos de sus principales resultados. Esta Comisión presentó su informe final el 6 de julio de 1990, en el cual establece algunas recomendaciones que, según Diego Ascencio, fueron bien recibidas por los gobiernos de los países involucrados. Según este informe, después de las audiencias domésticas y de las investigaciones se confirmaron dos conclusiones fundamentales:

"1. Aunque hay otros factores importantes, la búsqueda de oportunidades económicas es la motivación primaria de la mayor parte de la migración no autorizada a Estados Unidos.
2. Mientras que el crecimiento económico para la creación de empleos es la solución última para la reducción de estas presiones migratorias, el proceso del desarrollo económico mismo tiende a estimular la emigración, a corto y mediano plazos, al levantar expectativas y facilitar la capacidad de la gente para emigrar. El desarrollo y la disponibilidad de nuevos y mejores trabajos en su país, sin embargo, es la única manera para disminuir las presiones migratorias con el tiempo" (Commission for the Study of International Migration and Cooperative Economic Development, 1990a).

Estas conclusiones llevaron a la Comisión, según Ascencio, a enfocarse en las medidas que los Estados Unidos y los países expulsores podrían tomar cooperativamente para proveer empleos en sus países de origen a los crecientes números de potenciales migrantes no autorizados. El informe plantea recomendaciones que "cuando sean tomadas conjuntamente por los Estados Unidos y los países expulsores, contribuyan al crecimiento económico mutuamente benéfico, disminuyendo por tanto el flujo migratorio indocumentado con el tiempo". En este sentido, "La Comisión está convencida que -al estimular el crecimiento económico- un comercio expandido entre los países expulsores y los Estados Unidos es el único remedio más efectivo para el problema que le fue asignado estudiar." (ibid, p. 2)

Las recomendaciones de la Comisión se refieren fundamentalmente a "impulsar una mayor integración económica de los países expulsores a Estados Unidos a través del libre comercio", ya que "lo más pronto que los países expulsores de migrantes puedan mejorar sus economías, más corta será la duración de las presiones para emigrar a los Estados Unidos". Por lo tanto, "la política económica estadounidense debería promover un sistema de comercio abierto". Para ello, el informe de la Comisión sugiere la integración económica regional, ya que

"el acceso mejorado a los mercados estadounidense y de otros países desarrollados es la llave para el futuro económico del área. Los Estados Unidos reconocieron esto en 1983 cuando fue establecida la Iniciativa de la Cuenca del Caribe; en 1987, cuando se negoció el Acuerdo Marco sobre Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y México; y, en una escala mayor, en 1989, cuando entró en vigor el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá. México es un importante competidor en el mercado mundial. Las economías más pequeñas de países centroamericanos y caribeñas no tienen ese potencial. La Comisión aboga fuertemente por su integración -y la de México- en áreas más grandes de libre comercio." (Ibid) .

Aquí es donde se establece el puente entre libre comercio y migración, éste como problema, aquél como solución. En esta perspectiva, las recomendaciones apuntan sus baterías a una mayor apertura económica y comercial, formalizándola por medio de tratados:

"Los Estados Unidos deberían acelerar el desarrollo de un área de libre comercio México-Estados Unidos, y alentar la incorporación con Canadá a un área de libre comercio norteamericana..
Estados Unidos debería examinar el efecto del libre comercio norteamericano sobre el comercio de otros países del Hemisferio Occidental para minimizar cualquier daño. Debería también apoyar un libre comercio más amplio dentro del Hemisferio, pero debería permitir que la iniciativa viniera de los países interesados" (Ibid).

Se sugería ya, de esta manera, la urgente necesidad de crear el Área de Libre Comercio de América del Norte (ALCAN), y continuar con el resto del continente para impulsar la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). De hecho, ya para entonces, y como resultado de una reunión entre los presidentes George Bush y Carlos Salinas de Gortari en junio de 1990 (un mes antes de la presentación del informe Ascencio), el gobierno mexicano hizo claro su deseo de negociar un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, y se comenzaron los preparativos para su negociación, a la que se incorporó poco después el gobierno de Canadá. Cuatro años después, y a casi un año de entrado en vigor el TLCAN, durante la llamada Cumbre de las Américas realizada en Miami, Florida, el gobierno estadounidense propuso a 33 jefes de Estado del continente (con excepción de Cuba), y éstos la aceptaron, la creación de ALCA para el año de 2005.

En esta perspectiva, resulta claro que al apostarle todo al TLCAN el gobierno mexicano aceptó tácitamente las reglas del juego impuestas unilateralmente por Estados Unidos en lo que respecta a la migración, entre muchos otros factores. Ambos gobiernos consideran que la liberalización económica y comercial de nuestro país fijará, a largo plazo, a la mano de obra migratoria en su propio territorio.

Se observa claramente cómo el proceso de integración regional y el manejo de la problemática migratoria hoy en día por parte de los regímenes gubernamentales de Estados Unidos y México en estos países y en su entorno regional inmediato (Centroamérica y El Caribe), se apegan estrechamente a las recomendaciones de la Comisión Ascencio, cuyo informe muestra que se trataba más bien de un plan del gobierno estadounidense para impulsar su estrategia de integración regional, por lo cual los países expulsores tendrían que avanzar más rápidamente en los procesos de ajuste estructural, pasando completamente de un modelo económico dominado por el Estado al modelo en el cual el mercado juega el papel principal. En este sentido, el informe planteaba que:

"Estados Unidos debería condicionar la ayuda bilateral a los países expulsores para que éstos tomen los pasos necesarios hacia el ajuste estructural. Similarmente, el apoyo estadounidense para préstamos por parte de las instituciones financieras internacionales debería estar basado sobre la instrumentación de programas de ajuste satisfactorios. Se deberían hacer esfuerzos para facilitar los costos de transición en el sufrimiento humano.
Las políticas estadounidenses deberían complementar y no frustrar los mecanismos de ajuste en los países expulsores de migrantes. En términos prácticos esto significa, por ejemplo, que un movimiento hacia la promoción de la exportación no debería ser negado por barreras estadounidenses a las importaciones." (ibid)

Y para avanzar más en esta transición sin posibilidades de dar marcha atrás, el informe planteaba: "Los países expulsores de migrantes deberían impulsar la modernización tecnológica fortaleciendo y asegurando la protección de la propiedad intelectual y removiendo los impedimentos existentes para la inversión" (Ibid).

En este esquema, la fuerza laboral migratoria sería la reserva laboral que necesitaría ser regulada para ser empleada en cualquier parte donde el capital la requiriera, para lo cual sería importante que mantuviera su carácter de ventaja comparativa regional por su bajo costo tanto para la producción como para su reproducción. Para aprovechar esta fuerza laboral en los países expulsores, se proponía que: .

"Los Estados Unidos deberían apoyar las solicitudes de fondos presentadas por México a las instituciones financieras internacionales para mejorar la infraestructura en locaciones del interior capaces de albergar actividades de las maquiladoras.
La Comisión urge a los dos gobiernos, y a los gobiernos de otros países expulsores de migrantes, a estar vigilantes de la protección de los derechos de los trabajadores y de los estándares laborales en las maquiladoras y otras plantas ensambladoras. (Esto debido al "éxito" que las maquiladoras han tenido en México y la República Dominicana. Para las economías más pequeñas centroamericanas y caribeñas, las maquiladoras "ofrecen la oportunidad de un crecimiento acelerado y el incremento de empleo").
Las instituciones financieras internacionales deberían dar prioridad a proyectos de desarrollo que se enfoquen en el crecimiento descentralizado en las regiones más pobres de México.
(Debido a que las pequeñas empresas en los sectores formal e informal son una gran fuerza en las economías de México, Centroamérica y el Caribe) los organismos nacionales e internacionales para el desarrollo deberían trabajar con los gobiernos de los países expulsores para reducir los impedimentos burocráticos y legales para el desarrollo de las pequeñas empresas.
Los sectores empresariales privados locales e internacionales deberían incrementar el apoyo para los programas de asistencia para las pequeñas empresas. Se deberían buscar las vías para una mayor participación de los bancos comerciales privados en el financiamiento de pequeñas empresas, incluyendo aquellos que son propiedad de las familias de los migrantes
Las inversiones individuales de los migrantes deberían ser complementadas por otros recursos financieros de instituciones oficiales y privadas, y vinculadas a programas de apoyos al sector de pequeñas empresas. La AID debería tomar el liderazgo en apoyar los mecanismos de cooperación para llevar a cabo este objetivo" (Ibid).

Pero también era importante procurar que la población de estos países disminuyera para evitar que siguieran fluyendo grandes cantidades de migrantes hacia Estados Unidos. Para ello: "La Comisión respalda el financiamiento continuo de los esfuerzos voluntarios de planificación, incluyendo aquellos que promueven la planificación familiar natural (…)".

Asimismo, se tendrían que promover mecanismos de control y penalización de la migración indocumentada. Para ello:

"La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) debería jugar un mayor papel en las discusiones sobre migración en el Hemisferio Occidental organizando reuniones y seminarios con la participación de alto nivel de los gobiernos de Estados Unidos y de América latina.
Los Estados Unidos deberían dar la más alta prioridad a la cuestión de la migración no autorizada y buscar una mayor cooperación de parte de los países expulsores respecto a ciertas medidas de aplicación de la ley (por ejemplo, restringir los círculos de tráfico de personas o las actividades con documentos fraudulentos)." (Ibid)

En el caso específico de Centroamérica, si bien se proponían medidas para la integración regional, como la revitalización del Mercado Común Centroamericano (formado durante 1958-1963 por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y que fue la iniciativa de integración regional más exitosa en América Latina en esa época), así como la integración de estos países, y México, en áreas más grandes de comercio, dicha región fue considerada por el informe de la Comisión Ascencio como excepción para otorgarle asistencia financiera directa: "Excepto para Centroamérica -donde más de dos millones de personas fueron desarraigadas por los conflictos de los 1980s- no proponemos directamente asistencia financiera." (Ibid)

En este sentido el informe plantea:

"De los dos millones de personas en Centroamérica que fueron desarraigados por el conflicto y la inestabilidad, casi un tercio son desplazados dentro de su propio país. Los otros han cruzado en países vecinos. Otros 500 000 a un millón han emigrado a los Estados Unidos. La difícil situación de estos migrantes y personas desplazadas posee uno de los desafíos más difíciles que enfrentan los gobiernos centroamericanos y es uno de los problemas políticos más volátiles relacionados al proceso de paz. Estas personas han sido identificadas por los gobiernos centroamericanos y la comunidad internacional como un grupo prioritario para recibir asistencia.
Existe un creciente consenso internacional que programas orientados al desarrollo, más que la asistencia humanitaria a corto plazo, puede ofrecer un mejor tratamiento a las necesidades de los refugiados y las personas desplazadas en Centroamérica. Este es un cambio de enfoque necesario y bienvenido. Porque para tener éxito, es esencial una mayor cooperación de los Estados Unidos y otros donantes. " (Ibid)

Y como resoluciones el informe de la Comisión propone:

"-Estados Unidos debería apoyar el proceso adoptado por la Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos patrocinado por las Naciones Unidas en Guatemala en mayo de 1989 y canalizar más fondos a través del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PDUN) y otras organizaciones internacionales relevantes que tratan con la migración y el desarrollo.
-De manera más importante, Estados Unidos, y ACNUR deberían enfocar más atención y recursos a los esfuerzos de repatriación y reintegración voluntarias, incluyendo la asesoría y el establecimiento de mecanismos apropiados para monitorear el bienestar y la seguridad de los retornados." (Ibid)

Se buscaba, y se sigue buscando, que los centroamericanos dejaran de fluir hacia Estados Unidos en las cantidades que lo hicieron durante la segunda mitad de la década de los 1980s, y que generó una "crisis" que los estadounidenses no estaban dispuestos a que se repitiera.

3. DE LA "CRISIS DE LOS CENTROAMERICANOS" EN LA FRONTERA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS, AL "SELLAMIENTO" DE LA FRONTERA MÉXICO-CENTROAMÉRICA.

La problemática de la migración laboral y de refugiados centroamericanos a México y Estados Unidos tuvo sus antecedentes a mediados de los 1980s. A principios de los 1980s, la política militarista del presidente Ronald Reagan en Centroamérica obligó a cientos de miles de personas a buscar refugio en México y Estados Unidos, además de otros tantos a desplazarse a otros países centroamericanos o a las zonas montañosas de sus propios países. (Sandoval, 1993; The U.S.Committee for Refugees, 1991.)

Ante la eventualidad de una acción militar directa en Centroamérica, en 1984 el gobierno de Reagan estuvo a punto de poner en acción un plan elaborado en 1982 para suspender la Constitución estadounidense y poner al país bajo la ley marcial en caso de que se produjera una crisis nacional. Este plan preveía la movilización de la Agencia Federal para Emergencias (FEMA) y las unidades de defensa estatal (Guardia Nacional) para localizar y arrestar a cerca de 400 mil indocumentados centroamericanos en la Unión Americana. Fort Huachuca, en Arizona, sería utilizado como punto de partida de esta operación y habría 10 centros de detención donde serían confinados los refugiados.

Esta intervención, sin embargo, no fue necesaria ya que en su lugar se incrementó la ayuda militar a las fuerzas armadas de esos países y a la Contra nicaragüense, lo que llevó a un escalamiento en el flujo de migrantes que alcanzó su zenit cuando el Procurador General Edwin Meese invitó a los nicaragüenses a solicitar asilo político y a obtener permisos de trabajo en 1987.

El hecho de que más de un millón de centroamericanos haya huido al "Norte" en la década mencionada, es pues resultado de la política económica (principalmente por el endeudamiento excesivo) y de la política militarista e intervencionista estadounidense. De acuerdo con cifras del censo de ese país, para 1979 sólo 50, 000 salvadoreños indocumentados se encontraban en esa nación. Para principios de la siguiente década había ya un millón de ellos y centenas de miles de guatemaltecos, nicaragüenses, hondureños y panameños. La pobreza no puede explicar por sí sola el éxodo masivo, porque ésta ha sido endémica y consistente en las décadas anteriores. Sólo la violencia y la creciente represión conectada directamente con la ayuda militar a la región, así como la crítica situación económica provocada por la política estadounidense, explican el inmenso flujo de refugiados.

Sólo que este inmenso flujo provocó una respuesta de alarma estadounidense ante un fenómeno que consideraron como de riesgo a su seguridad nacional, y que esa misma nación ayudó a crear, la llamada "Crisis de los Centroamericanos". Esta respuesta fue provocada principalmente debido a que la política inmigratoria del vecino país del norte, combina, quizá más que nunca, el prejuicio racial y étnico, la explotación laboral, la alarma de la seguridad nacional y el intervencionismo económico y militar, debido a diversos factores, entre los que destacan: los mayores flujos de inmigrantes proceden actualmente de países subdesarrollados, de gente "de color" (principalmente de América Latina y del Sureste Asiático); y, esta población está creciendo a una tasa más alta (por una combinación de los índices de natalidad y de inmigración) que la población blanca, anglosajona, la cual está envejeciendo y ve dicho crecimiento como una amenaza a la cohesión cultural y social del país, así como a la distribución actual del poder político. Estos aspectos, entre otros más, han provocado en diversos sectores de la población estadounidense actitudes racistas y xenofóbicas que se expresan, en no pocos casos, en hostigamiento, violencia física y asesinatos de los inmigrantes (principalmente de los indocumentados y los refugiados), por considerarlos culpables de diversos problemas económicos, sociales y de otra índole que afectan a ese país.

Para enfrentar la "Crisis de los Centroamericanos" en su frontera sur, el gobierno estadounidense estableció un plan específico de contingencia denominado Plan de Intensificación para la Frontera Sur (Enhancement Plan for the Southern Border) (Immigration and Naturalization Service, 1989), el cual tenía su justificación en un plan anterior, elaborado en 1986 por el Servicio de Inmigración y Naturalización a solicitud del Departamento de Justicia, y que se denominó Plan de Contingencia contra Terroristas e Indeseables Extranjeros (Alien Terrorists and Undesirables: A Contingency Plan) (Immigration and Naturalization Service, 1986). A principios de 1989, con la utilización de grandes centros de detención (verdaderos campos de concentración) para la ubicación forzada de miles de refugiados centroamericanos en el sur de Texas (lugar por donde entraron a Estados Unidos la mayoría de éstos), se inició este plan en contra de los refugiados, quienes solicitaban asilo político en un intento desesperado por legalizar su situación migratoria, aprovechando el resquicio abierto en 1987 para dar asilo a los nicaragüenses que "huían" de los sandinistas.

Se establecieron mecanismos expeditos de rechazo y deportación inmediata -con muy pocas excepciones, sobretodo entre los nicaragüenses-; y se reforzaron las medidas para impedir la entrada a más refugiados, incrementando los números de agentes de la Patrulla Fronteriza. De hecho, los refugiados se enfrentaban, ya de entrada, con un grave problema al solicitar el asilo político, puesto que el gobierno estadounidense sostenía que la mayoría de los haitianos, centroamericanos y otros grupos nacionales en Estados Unidos no son refugiados. El Departamento de Justicia, del cual depende el Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN), planteaban que aquellos no eran personas que huían de la devastación social y económica resultado de la guerra y la persecución política, sino que simplemente eran personas que buscaban un beneficio económico. Los refugiados eran "trabajadores indocumentados" en la perspectiva estadounidense, y como tales estaban sujetos a los efectos de las leyes de inmigración de ese país como los otros indocumentados.

En su trato a los refugiados indocumentados, el gobierno estadounidense violaba sus propias leyes y el Protocolo de las Naciones Unidas para los Refugiados. El Acta de Refugiados de 1980 no se ha aplicado a los haitianos y a los centroamericanos. Estos no fueron definidos colectivamente como refugiados y debido a ello, su única posibilidad de socorro en el marco de la legislación estadounidense de esa época era bajo la forma de Asilo Político. Pero el asilo político era una vía muy estrecha y cara para el alivio de los refugiados indocumentados. Entonces, era casi imposible para los haitianos y centroamericanos conseguir una estadía legal, y debían permanecer en ese país de manera clandestina al igual que otros centroamericanos indocumentados que siguen arribando a ese país, cruzando por México.

Las leyes establecidas en 1991 para la protección temporal a salvadoreños y guatemaltecos en los Estados Unidos (Temporal Protection to Salvadoreans -TPS, y ABC para los guatemaltecos, logradas por la lucha de organizaciones que defienden los derechos de los refugiados en ese país) resolvieron de manera perentoria un grave problema (Grossman, 1993), el cual vuelve a agudizarse al término de su período, ya que la mayoría de los que se acogieron a dichas leyes están expuestos a la deportación en cualquier momento. Aunque recientemente, el gobierno estadounidense otorgó más TPS para los salvadoreños después de los sismos de principios de 2001 que afectaron a El Salvador.

Por otro lado, la parte más importante del plan de contingencia puesto a funcionar en febrero de 1989 contra los refugiados centroamericanos, (y que aún sigue en marcha, inmerso en las nuevas leyes de inmigración y en contra del terrorismo aprobadas por el Congreso de ese país en 1996), se refiere a

"(…) e) incrementar los esfuerzos de 'inteligencia' para determinar las fuentes de flujo 'ilegal', aislar los puntos de estrangulamiento que puedan ser encontrados e identificar a contrabandistas (de seres humanos) y facilitadores fraudulentos que alientan la migración 'ilegal' a Estados Unidos". (Ibid)

En esta perspectiva se consideró importante recolectar información de 'inteligencia' en los países de donde provenían los inmigrantes, actuando de manera conjunta con funcionarios de diversas dependencias locales. Para ello, se enviaron equipos de agentes del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) y otras dependencias estadounidenses a las ciudades de Guatemala y Tecún Umán en el sur, y se pusieron en acción a otros agentes ya ubicados en las ciudades de México y Monterrey, para "determinarlas fuentes y rutas de migración, para que los agentes de la Patrulla Fronteriza" pudieran ser colocados apropiadamente. Los equipos de información de "inteligencia" en Guatemala, Distrito Federal y Monterrey, Nuevo león, deberían mantener esta actividad para asegurar que el corredor móvil de la Patrulla Fronteriza y de los recursos anti-contrabando fuera más efectivo.

Para "identificar los incentivos en los puntos de origen que alientan la migración a Estados Unidos, incluyendo la disponibilidad de visas de salida y fácil transportación a lo largo de México", los equipos asignados deberían también recolectar información de "inteligencia" en apoyo a este objetivo. Además, la Oficina Distrital del SIN en la Ciudad de México debería continuar el vínculo ya establecido con la nueva directora de Servicios Migratorios de la Secretaría de Gobernación de México, para manejar la cuestión de nacionales de terceros países en tránsito por México hacia los Estados Unidos.

Se trataba de "identificar a traficantes, facilitadores fraudulentos y otras fuentes de corrupción que 'abusen' del sistema"; "incapacitar a los violadores de la ley de migración por medio de su detención y arresto"; e "identificar las condiciones crónicas en los países fuentes, que contribuyen a la emigración hacia el norte". Para esto último, el Programa de Inteligencia del SIN continuaría su vinculación con otras agencias estadounidenses, particularmente la CIA, la DEA y el Departamento de Estado, para monitorear los cambios en aquellas condiciones que impactan mayormente en la emigración de los países expulsores.

Y aunque las autoridades mexicanas afirmaron que era falso que México colaborara con el SIN para detener el flujo de indocumentados, en tres memoranda fechados el 22 y 23 de febrero de 1989, el Director Distrital del SIN en la Ciudad de México, E.M. Trominsky, informaba a la Oficina de Operaciones Exteriores del mismo SIN en Washington, D.C., acerca de las actividades de sus equipos de "inteligencia" en diversas ciudades en nuestro país y en Guatemala, con la colaboración de los delegados de Servicios Migratorios de la Secretaría de Gobernación de México, y con el conocimiento de la directora general de esta dependencia en ese entonces, Susana Torres Hernández, con la cual funcionarios del SIN se entrevistaron en diversas ocasiones (Memoranda SIN-DF 22 y 23 II 89).

Además de la colaboración de estas autoridades migratorias en dicho programa, otras fuerzas policiacas, particularmente la Policía Judicial Federal y una sección especial de ésta en la lucha antinarcóticos, comenzaron a participar en esta estrategia, y actualmente lo hace también la militarizada Policía Federal Preventiva, el Ejército y la Armada. Desde entonces data la colaboración de las autoridades mexicanas con las estadounidenses para detectar, detener y deportar a miles de migrantes y refugiados centroamericanos y de otros países que cruzan la frontera sur de México, en donde se aplican medidas "MADE IN U.S.A." (Sandoval, 1996ª). Cientos de miles de migrantes han sido detenidos y deportados de territorio mexicano antes de llegar a puertos de entrada a los Estados Unidos.

Y aún esta colaboración se da ya también en los propios países centroamericanos. Por ejemplo, durante los meses de septiembre y octubre de 2000, la Dirección General de Migración de Guatemala instrumentó un proyecto piloto denominado plan "Coyote 2000", cuyos objetivos eran: 1) capturar y deportar a extranjeros indocumentados que permanecían sin documentos en ese país; y 2) terminar con las bandas de traficantes de seres humanos en el país y en la región, para lo cual se requería de acciones coordinadas con los gobiernos cercanos. De acuerdo con el director de Migración de Guatemala, Luis Mendizábal, el plan operativo contó con el apoyo de los gobiernos de El Salvador, Honduras, Panamá y México, pero el "principal soporte" del programa provino de la embajada de Estados Unidos, la cual cubrió los fondos económicos de dicho plan.

Mendizábal señaló que debido a la posición geográfica de Guatemala, los traficantes ven a este país como ideal para introducir a los indocumentados, quienes deben luego viajar a México y de ahí tratar de penetrar en territorio estadounidense. Señaló que hasta ese momento fueron detectadas cinco bandas de traficantes, de las cuales dos operan en la zona fronteriza con México y las otras en la parte norte de México. Explicó que la zona fronteriza de Guatemala con México, en especial Tecún Umán, ha experimentado un fuerte repunte de violencia delincuencial y prostitución debido a que esa ciudad llega la mayoría de extranjeros que son deportados desde México. En dos semanas de acciones del Plan Coyote se capturó a más de 1000 indocumentados, los cuales fueron deportados a sus respectivos países. La mayoría eran salvadoreños, hondureños, peruanos, ecuatorianos, nicaragüenses, colombianos e incluso paquistaníes. (Shetemul, 2000).

Este plan se inscribe en las estrategias de lucha contra el tráfico de personas que son parte de los acuerdos de la Conferencia Regional de Migración, que se instauró en marzo de 1996 cuando, a instancias del gobierno mexicano, se llevó a cabo la primera Conferencia en la Ciudad de Puebla, México, con la participación de 10 países que incluyen Canadá, Estados Unidos, México y las naciones de Centroamérica. Los gobiernos participantes emitieron un COMUNICADO CONJUNTO, en el cual entre otras cuestiones se planteaba que:

"(...) Los gobiernos reconocieron que los orígenes, manifestaciones y efectos de la migración incluyendo refugiados, son temas importantes en la agenda de la comunidad internacional. En términos generales la migración es un fenómeno benéfico con ventajas potenciales tanto para los países de origen como para los países de destino; sin embargo, y para que estos beneficios se concreten, es esencial que la migración sea ordenada.
(...) los gobiernos destacaron la necesidad de cooperar recíprocamente para promover el crecimiento económico y el empleo, con el fin de reducir los niveles de pobreza.
(...) reconocieron la necesidad de promover la cooperación regional dirigida a atenuar aquellos factores estructurales que motivan la migración en la región, sin prejuicio de los programas de cooperación bilateral.
Los gobiernos reconocieron el derecho soberano e interés legítimo de cada país para salvaguardar sus fronteras y aplicar sus leyes migratorias, observando siempre un estricto respeto a los derechos humanos de los migrantes, tal como se definen en la Declaración Universal sobre Derechos Humanos de 1948, y otros instrumentos internacionales pertinentes, independientemente de su nacionalidad, raza, edad, religión, sexo o condición migratoria".

Y, entre los acuerdos, se planteaba:

"1.- Impulsar el desarrollo y adopción de un enfoque integral, objetivo y de largo plazo sobre el fenómeno migratorio, que atienda de manera efectiva tanto a sus causas como sus manifestaciones.
(...) 3.- Promover el desarrollo económico y social de la región mediante el fomento al comercio y a las inversiones productivas, así como la instrumentación de políticas económicas y sociales como elementos que, a la par de la cooperación internacional, puedan contribuir a la atención de algunas de las causas de la migración.
4.- Reconocer que la migración puede hacer una contribución económica y cultural positiva tanto a los países de origen como de destino.
(…) 9.- Alentar a los Estados de la región, y en particular aquellos con fronteras comunes, a promover mecanismos de consulta sobre asuntos migratorios y de protección de los derechos humanos de los migrantes (...)
10.- Promover en los foros apropiados el intercambio de información y experiencias en asuntos laborales de la migración.
(…) 12.- Establecer un intercambio de legislaciones y procedimientos migratorios como recursos para el uso de los países de la región en el análisis, revisión y mejoramiento de leyes y procedimientos migratorios.
(…) 14.- Con pleno respeto a la soberanía nacional y jurisdicción territorial de cada país, y en el marco de los arreglos jurídicos establecidos con otros Estados coordinar esfuerzos para combatir a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de migrantes. Con este fin, los gobiernos se comprometen al intercambio de información oportuna de manera que se brinde a los países de la región la posibilidad de adoptar acciones apropiadas para combatir las redes y conexiones de traficantes de migrantes; e intercambiar datos adicionales para la prevención y detención de estas organizaciones delictivas.
15.- Promover el establecimiento en las legislaciones nacionales de los Estados que no la tienen, la tipificación penal de la actividad de traficar con migrantes, con el fin de contribuir a la erradicación de las organizaciones de traficantes que operan en la región.
(...) 17.- Ampliar la cooperación regional en materia de asistencia técnica y capacitación para perfeccionar los sistemas nacionales de investigación, manejo de pruebas y enjuiciamiento de los traficantes de migrantes.
18.- Fomentar el intercambio de experiencias sobre el fenómeno migratorio en los foros multilaterales adecuados y, cuando sea apropiado, impulsar las consultas con los organismos internacionales pertinentes.
19.- Celebrar consultas periódicas entre los países de la región con el fin de impulsar la cooperación respecto a temas específicos relacionados con la migración. En este sentido, entre otros, propiciar reuniones de Directores de Migración, tomando como experiencia la labor realizada por la Comisión Centroamericana de Directores de Migración (OCAM), así como otras instancias regionales de coordinación.
20.- Promover el intercambio de información y cooperación regional orientada a la asistencia técnica y capacitación de recursos humanos, para controlar los flujos de migrantes indocumentados extraregionales.
21.- Impulsar mecanismos más eficaces para la luchar contra la falsificación y adulteración de documentos migratorios. (...)" (Conferencia Regional de Migración, 1996).

La Conferencia Regional de Migración se ha institucionalizado, llevándose a cabo anualmente en diferentes países, al mismo tiempo que se realizan reuniones y seminarios específicos para analizar, discutir e instrumentar mecanismos de regulación de los flujos migratorios en los países expulsores, y mecanismos de colaboración para atacar el tráfico de indocumentados en la región. En realidad, lo que hace la Conferencia Regional de Migración es, por la vía de los hechos, regionalizar las políticas de inmigración estadounidenses en toda el área, como una extensión de las actuales leyes estadounidenses de inmigración y contra el terrorismo, aprobadas por el Congreso estadounidense en 1996, y que incluyen y amplían las cuestiones consideradas en el ya mencionado Plan de Contingencia para Intensificar la Frontera Sur de Estados Unidos en 1989. Dichas leyes intentan regionalizar estas políticas al considerar entre otros aspectos la instalación de puestos de "pre-inspección" en aeropuertos de países expulsores de migrantes. (Kesselbrenner, 1996; Sandoval, 1998).

Un ejemplo claro de ello es la Ley de Población de México y 20 programas de trabajo instrumentados por el Instituto Nacional de Migración, elaborados en 1996 y derivadas de las mencionadas leyes estadounidenses de inmigración y antiterrorismo y de la Conferencia Regional de Migración. Según el entonces Subsecretario de Población y Servicios Migratorios de la Secretaría de Gobernación, César Bécker, "la política migratoria del gobierno mexicano se formula y aplica a partir del reconocimiento de que somos un país de origen, destino y tránsito de importantes flujos migratorios". En este sentido, apunta Bécker (1996: 17-18), esta política se propuso tres objetivos centrales:

"Primero, definir y actualizar de manera permanente normas, criterios y procedimientos en la materia que contribuyan al desarrollo nacional en todos los ámbitos: económico, social, cultural, científico y tecnológico, mediante el otorgamiento de facilidades a los flujos que se consideren benéficos para el país.
Segundo, ejercer las facultades de vigilancia migratoria en el territorio nacional, con estricto apego a la ley y pleno respeto a los derechos humanos de los migrantes.
Tercero, elevar la calidad de los servicios migratorios mediante la simplificación de trámites, el desarrollo del personal, la modernización tecnológica, el fortalecimiento de la eficiencia administrativa, la colaboración interinstitucional, la precisión del ejercicio de la facultad discrecional y el fomento de una cultura y honestidad"

Los 20 programas de trabajo instrumentados por el Instituto Nacional de Migración dentro de estos objetivos y el marco jurídico establecido para tales aspectos, mediante la iniciativa de reformas a la Nueva Ley General de Población enviada por el presidente Ernesto Zedillo al Congreso, apuntaban principalmente, por un lado, a ejercer un mayor control sobre los flujos migratorios, tanto de mexicanos hacia Estados Unidos, como de otros países, principalmente centroamericanos a México; y a establecer mayores sanciones al tráfico de indocumentados, todo ello bajo la bandera de "salvaguardar los derechos humanos en el país" para dar cumplimiento a "los compromisos internacionales adquiridos en la materia, particularmente con nuestros vecinos países de Centroamérica" y para "dar congruencia a las acciones de política exterior y contar con la autoridad moral para defender los derechos de nuestros connacionales en EUA" (Instituto Nacional de Migración, 1996)

Para contar con esa autoridad moral, Zedillo había manifestado que en nuestro país también se violaban los derechos de los migrantes centroamericanos, como lo había dado a conocer la oficial Comisión Nacional de Derechos Humanos en un Informe Sobre Violaciones a los Derechos Humanos de los Inmigrantes en la Frontera Sur, publicado en 1995 y reimpreso en 1996. Entre las sugerencias que hace la Comisión en este informe, además de las de proponer reformas legislativas que limiten las facultades discrecionales de las autoridades en materia migratoria, promover y defender los derechos humanos de estos migrantes, realizar registros confiables sobre los flujos migratorios en la región y en todo el país, se plantean otras acordes a la nueva política restrictiva:

"I. A la Secretaría de Gobernación
(…) 2) Se le sugiere analizar la posibilidad de presentar una propuesta de iniciativa de reformas a la ley correspondiente, a fin de aumentar las sanciones que se aplican a quien por sí o por medio de otros y sin permiso de la autoridad competente, pretenda introducir o introduzca de manera indocumentada, a uno o varios extranjeros, los albergue o transporte por el territorio nacional con el propósito de ocultarlos para evadir la revisión migratoria. Al aumentar la sanción, se pretende que esto sirva como un disuasivo para quienes cometan este tipo de ilícitos.
(…) 4) Se sugiere a la Secretaría de Gobernación que promueva la construcción de más estaciones migratorias en la zona, debidamente acondicionadas en cuanto a instalaciones y servicios, con objeto de albergar ahí a quienes violaron las disposiciones en materia migratoria y se encuentren en espera de ser expulsados o de que se regularice su permanencia en territorio nacional." (Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1996, pp.165-166)

Estas medidas fueron promovidas por Zedillo en la Nueva Ley General de Población y en los 20 programas de trabajo instrumentados por el Instituto Nacional de Migración en ese año. Además, 10 de abril de 1996 se establecieron dos Grupos Beta Sur, uno en Tapachula y el otro en Comitán, similares a los que ya funcionaban a lo largo de la frontera norte, compuestos por policías municipales, estatales, federales y/o agentes migratorios para, según el Instituto Nacional de Migración, "proteger a la población migrante de actos de violencia de delincuentes comunes y traficantes de indocumentados y de los abusos de las autoridades". En septiembre de 1997 se crea otro Grupo Beta Sur en Tenosique, Tabasco, donde un par de años después, un agente del mismo, involucrado en las redes del narcotráfico y el tráfico de indocumentados, asesina al Jefe de los Grupos Beta Sur, quien ya andaba sobre las pistas de estas redes.

En 1998 el huracán Mitch provocó un flujo masivo de centroamericanos hacia el norte, y para evitar que éste de desbordara, los gobiernos de Estados Unidos y México intervinieron enviando ayuda material y económica para paliar los efectos del mismo. Pero al mismo tiempo se incrementaron los mecanismos regulatorios de los flujos migratorios en el marco de los acuerdos de la Conferencia Regional de Migración. Por ejemplo, el gobierno de Guatemala impuso serias restricciones a la movilización de personas del llamado C4 (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua) para llegar hasta su frontera con México cruzando por territorio de ese país, y en el año 2000 llevó a cabo el mencionado proyecto piloto "Plan Coyote 2000". Los devastadores sismos ocurridos a principios de 2001 en El Salvador y Guatemala también produjeron un flujo masivo de migrantes.

Todo esto ha llevado al nuevo gobierno de Fox a buscar reforzar el control de esta región, para lo cual "sellará" la frontera sur del país con efectivos del Ejército y de la militarizada Policía Federal Preventiva (PFP), lo cual se inscribe dentro de los acuerdos sobre materia de migración que negocian actualmente los gobiernos de Fox y de Bush.