El Sáhara Occidental es el escenario de un conflicto que se prolonga durante más de veinte años, desde que en 1975 España abandonara la administración colonial del territorio y la cediera a Marruecos y Mauritania. Desde entonces el pueblo saharaui, representado por el Frente Polisario, ha tratado de recuperar su territorio ocupado militarmente por Marruecos y de alcanzar la independencia.
La celebración de un referéndum de autodeterminación, previsto desde 1974 y recogido en el Plan de Paz firmado en 1991, ha sido demorada sucesivamente por el obstruccionismo del Gobierno marroquí. Rabat se niega a perder una importante área geoestratégica dotada de valiosos recursos naturales, como yacimientos de fosfatos y bancos de pesca. Mientras el proceso se halla en un periodo de estancamiento, el pueblo saharaui espera una salida a su situación desde las duras condiciones de vida del desierto.

CLAVES DEL CONFLICTO

La descolonización

Todas las dificultades que se presentaron tras la descolonización tienen su origen en problemas previos al periodo colonial.
En el Sáhara Occidental, las potencias colonizadoras dividieron en diferentes ámbitos político-administrativos las tribus que configuraban la comunidad de los nómadas saharianos. Por propia iniciativa o por la fuerza de los hechos consumados, este pueblo forma parte de varios Estados: Marruecos, Argelia, Mauritania y Mali, asumiendo como autóctona la identidad nacional correspondiente. Sin embargo, las tribus saharianas de la antigua colonia española, cuyo territorio era el centro de los itinerarios nómadas, construyeron una identidad nacional saharaui que unieron a la reivindicación territorial.
Durante la década de los sesenta, varias resoluciones de la ONU instaron al Gobierno español a iniciar los trámites dirigidos a consumar la independencia del Sáhara. Tras diversas maniobras dilatorias (entre otras la conversión de la colonia en provincia) el Gobierno aceptó en 1970 el inicio del proceso, cuyo objetivo era la autodeterminación del pueblo saharaui en un referéndum previsto para 1974 ó 1975.
Desde ese momento, Marruecos multiplicó sus declaraciones acerca de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, y la intención de anexionarlo a su territorio una vez concluida la descolonización. El conflicto diplomático se trasladó al Tribunal de La Haya, que en 1975 dictó un veredicto que, si bien reconoció la existencia de vínculos históricos entre algunas tribus nómadas y jefes marroquíes, negó a Marruecos la pretensión de extender su soberanía al territorio del Sáhara. Al mismo tiempo, recomendó la celebración del referéndum de autodeterminación tal como estaba previsto. Haciendo una lectura parcial del veredicto, el rey Hassan II lanzó la “Marcha Verde”, una invasión pacífica con el propósito de desalojar a los españoles y ocupar el territorio de la antigua colonia.
La presión de la “Marcha Verde” en un momento político muy delicado para España (agonía de Franco), unida a la existencia de intereses económicos (minas de fosfatos y pesca) y estratégicos, provocó un giro radical de la postura oficial española: de la defensa del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación se pasó al apoyo al reparto de la administración (no de la soberanía) del territorio entre los Estados de Marruecos y Mauritania.
El referéndum es, pues, la asignatura pendiente de la descolonización del Sáhara y la reivindicación básica del Frente Polisario desde el inicio de las conversaciones para llegar al Plan de Paz. Asegurar que se celebre en condiciones de igualdad e imparcialidad es el eje de todas las dificultades surgidas para su celebración.

Intereses geopolíticos

El súbito cambio de la postura oficial del Gobierno español se explica más fácilmente si se consideran los intereses estratégicos occidentales y el contexto internacional dominado por la guerra fría. La independencia del Sáhara liderada por el Frente Polisario, cuya vinculación con el Frente de Liberación Nacional de Argelia era manifiesta, hubiera convertido el Norte de África en una plataforma de influencia soviética inadmisible para el bloque occidental.
Cuando el Gobierno español entendió que la independencia del Sáhara, lejos de atraer al país bajo su influencia, situaría un Estado revolucionario a pocos kilómetros de las Islas Canarias, inició un acercamiento secreto a las posturas marroquíes, mientras que oficialmente siguió defendiendo la autodeterminación del pueblo saharaui. De este modo, la “Marcha Verde” proporcionó a las autoridades españolas una excusa para modificar radicalmente su postura y plegarse a las exigencias marroquíes.
En el contexto actual, una vez superado el enfrentamiento de bloques, Marruecos representa para Occidente una cierta garantía para contener la amenaza del integrismo islámico. Hassan II, simultáneamente líder político y religioso, ha obtenido notables beneficios de esa posición. Su habilidad diplomática ha sabido vincular la eventual pérdida del Sáhara con su retirada del poder y el inicio de una oleada de inestabilidad que afectaría a todo el Magreb y, por tanto, al Mediterráneo y Europa.
Desde 1975 hasta la actualidad, EE UU y la Unión Europea (principalmente Francia y España) han optado por apoyar a Marruecos como agente prooccidental en la zona, pasando por alto las frecuentes denuncias de Amnistía Internacional sobre la violación de los derechos humanos (en Marruecos y en las zonas ocupadas) y el caso omiso que el reino marroquí hace de las resoluciones de la ONU sobre el Sáhara Occidental.
No obstante, el hundimiento del bloque soviético y la nueva correlación de fuerzas aportan un nuevo escenario a África (los casos de Ruanda, Somalia y Zaire son bastante representativos en cuanto a la transformación de los apoyos internacionales), en el que las diferencias entre Francia y EE UU por controlar sus respectivas áreas de influencia se manifiestan cada vez con mayor nitidez.

Militarismo, rearme y ausencia de democracia

El papel de España

La implicación de España en el desarrollo de este conflicto ha evolucionado desde el protagonismo absoluto, hasta el intento de eludir las responsabilidades adquiridas como antigua potencia colonial.
El Acuerdo Tripartito de Madrid, que repartía la colonia entre Marruecos y Mauritania, se firmó el 14 de noviembre de 1975, pocos días antes de la muerte de Franco. A lo largo de la transición, los partidos progresistas asumieron como propia la causa del pueblo saharaui. Reconocieron como su legítimo representante al Frente Polisario, promovieron la denuncia del Acuerdo de Madrid y recordaron a Marruecos que la cesión del territorio afectaba únicamente a la administración y no a la soberanía, la cual tendrían que decidirla los saharauis en un proceso de autodeterminación.
La llegada del PSOE al poder en 1982, saludada por el Frente Polisario como una gran oportunidad para resolver un conflicto cada vez más enconado, derivó rápidamente en la decepción: se reanudó la venta de armas a Marruecos (bloqueada por el Gobierno de UCD) y, con motivo de un confuso incidente pesquero, se rompieron las relaciones con el Frente Polisario y se expulsó a sus delegados de España.
En la práctica, los años de Gobierno socialista contribuyeron a afianzar las posiciones marroquíes, tanto en política interior como exterior. Marruecos se ha convertido en uno de los principales beneficiarios de la Ayuda Oficial al Desarrollo concedida por la Administración española. En algunos casos, los créditos FAD (Fondos de Ayuda al Desarrollo) se han destinado a subsidiar la exportación de armas a Marruecos.
En cuanto a la postura del Partido Popular, tradicionalmente no alineado con la causa saharaui, defiende la nula responsabilidad española en el conflicto y el vago deseo de que las partes encuentren rápidamente vías de solución.
La política española hacia Marruecos en relación al conflicto está muy condicionada por sus intereses en los caladeros de pesca del banco sahariano (una de las zonas pesqueras más ricas del mundo) y por el contencioso de Ceuta y Melilla. El control de la pesca proporciona a Marruecos una importante baza para presionar a España. A cambio de las autorizaciones para pescar en aguas saharauis, el régimen marroquí obtiene de la Unión Europea notables contrapartidas, no sólo económicas, sino también de apoyo a sus posiciones políticas en la ONU y otros foros internacionales. En cuanto a Ceuta y Melilla, las autoridades marroquíes han dejado claro que un cambio de la postura oficial española en el asunto del Sáhara provocaría un fortalecimiento de la reivindicación de ambas ciudades, cuya principal consecuencia sería el aumento de la inestabilidad en la zona del estrecho.
Al margen de la postura oficial, una gran parte de la sociedad española, representada en parlamentos autónomos, ayuntamientos y, sobre todo, en ONG de amistad y solidaridad con el pueblo saharaui, respalda al Frente Polisario en su propósito de lograr un referéndum justo y limpio que dé paso a la independencia.
Periódicamente, diversas asociaciones e instituciones organizan caravanas de solidaridad con los campamentos de refugiados, vacaciones de verano para niños y campañas informativas que contribuyen a difundir el problema de una guerra inacabada, que dura ya más de veinte años.

EL PLAN DE PAZ: UNA OPORTUNIDAD PERDIDA

El Plan de Paz de la ONU, que se inició con la entrada en vigor de una tregua en septiembre de 1991, preveía la celebración de un referéndum en 1992, en el que el pueblo saharaui decidiría libremente entre la independencia o la anexión a Marruecos.
Las constantes obstrucciones y dificultades al proceso ejercidas por el régimen marroquí han ido aplazando el referéndum hasta hacerlo inviable. El propósito explícito de Hassan II es permanecer en el Sahara Occidental con o sin referéndum o, lo que es lo mismo, celebrar una consulta popular que sólo sería vinculante en el caso de que confirmara, sin lugar a dudas, la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara.
Formalmente, la principal dificultad radica en la pretensión marroquí de modificar el censo de población elaborado por la Administración española en 1974, aceptado inicialmente por las partes como base del padrón para el referéndum. Según este censo, la población estaba comprendida por cerca de 74.000 habitantes. La intención de Marruecos es ampliarlo a fin de incorporar casi 200.000 colonos marroquíes, supuestos habitantes del Sáhara Occidental, huidos del territorio en la época de dominio español.
Las maniobras de Marruecos, documentadas y denunciadas en la ONU por los observadores internacionales destacados en la zona, han logrado su objetivo: paralizar el proceso de paz y a la vez detener una guerra gravosa para la economía marroquí e impopular para la población. Como resultado, en estos años de tregua Marruecos ha consolidado su posición en el territorio y sus apoyos internacionales.
En 1994, en plena incertidumbre sobre la celebración del referéndum, el Centro de Investigación para la Paz (CIP) de Madrid, y el Seminario de Investigación para la Paz (SIP) de Zaragoza, adelantaban en un documento tres posibles hipótesis sobre la evolución del conflicto:
El referéndum no se celebra. El Frente Polisario acepta, tras intensas presiones externas, la integración del Sáhara Occidental en Marruecos, con un elevado grado de autonomía.
Se lleva a cabo el referéndum sobre un censo no aceptado por el Polisario y el resultado es favorable a la anexión con Marruecos.
Se celebra el referéndum a partir de un censo acordado por ambas partes. En caso de resultado favorable a la independencia, se proclama oficialmente la República Saharaui. En caso de que resulte la anexión, se integra plenamente el territorio en el Reino de Marruecos.
Tres años después de estas formulaciones, el conflicto no ha evolucionado hacia ninguna de las posibilidades enunciadas. Objetivamente, el único elemento positivo es el mantenimiento del alto el fuego y la ausencia de víctimas. En el plano diplomático, sólo el reciente cambio de Secretario General de la ONU (Kofi Annan ha relevado a Boutros Gali en 1996) y la mayor implicación de EE UU en el conflicto dejan abierta la posibilidad de una solución negociada.

CONCLUSIÓN

La necesidad de presionar a ambas partes para que acepten resolver sus diferencias, reiterada en numerosas ocasiones por las resoluciones de la ONU y las declaraciones institucionales de gobiernos y políticos, adquiere un matiz de burla en el conflicto del Sáhara Occidental.
Extender la presión a ambas partes supone repartir al 50% la responsabilidad del incumplimiento de las condiciones del Plan de Paz, cuyo objetivo era que el pueblo saharaui decidiera libremente entre la independencia y la anexión a Marruecos. El logro de esta finalidad nunca ha entrado en los planes de Hassan II, que pretende anexionar el Sáhara, concediendo formalmente un cierto grado de autonomía.
Los propios informes y resoluciones de la ONU que reiteran tal requerimiento, recogen u omiten significativamente las maniobras obstruccionistas de Marruecos contra la letra y el espíritu del Plan de Paz, aceptado por ambos en 1991.
En ese contexto, la posibilidad de una vuelta a las armas es cada vez más probable. Sin embargo, la reanudación de contactos diplomáticos enfocados desde nuevos puntos de vista (cambio de Secretario General de la ONU; el nombramiento de James Baker como enviado especial en la zona) permite albergar alguna esperanza hacia una salida negociada.

CRONOLOGÍA

Educación en los campamentos refugiados