La crisis venezolana parece desbordarse. El paro general, convocado por la Coordinadora Democrática, organismo que aglutina a la oposición, cumplió este lunes 9 su octavo día. El funeral de tres opositores muertos violentamente el viernes pasado se transformó en otra manifestación de repudio al presidente Hugo Chávez. La ceremonia luctuosa se convirtió en un cacerolazo nocturno que alcanzó incluso los alrededores de la sede de la empresa estatal de petróleo (PDVSA), custodiada por grupos chavistas y efectivos militares en acatamiento al llamado presidencial de pasar a la ofensiva, en defensa de su Revolución Bolivariana. Caracas es el epicentro de la guerra declarada entre chavistas y antichavistas, como se denomina grosso modo a cada bando de esta sociedad confrontada.

El cuest! ionado mandatario ha convocado a sus partidarios, civiles y militares, a ayudarlo "en las calles, todos los días y todas las noches, para impedir que cuaje el golpe petrolero". Sin embargo, también admitió que en el corto plazo habrá que prepararse para acudir a las urnas en unas elecciones que se celebrarán "cuando corresponda" y en las cuales no duda en que derrotará a sus opositores, un extraña mezcla de empresarios, sindicalistas, militares y medios de comunicación. Ahora, en su más reciente declaración de prensa, Chávez amenazó con decretar el estado de excepción si la huelga afecta la industria del petróleo, lo que podría suceder pronto, pues el paro ya afecta los envíos de crudo y el abasto interno.

Ante este enrarecido panorama, muchos analistas esperan que esta misma semana se produzca el desenlace de la crisis política, aunque nadie se anima a predecir cuál será el resultado final. Desde hace un mes, el secretario general d! e la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, busca acercar a las partes para encontrar una salida pacífica al conflicto, pero su mediación ha sido obstaculizada. La mesa de negociación, reactivada este fin de semana por Gaviria, fue suspendida tras los hechos violentos del viernes que dejaron tres muertos y 29 heridos opositores, lo que desencadenó una revancha en la que también hubo daños y heridos en las filas oficialistas. La situación podría explotar en poco tiempo y en medio de este ambiente no es fácil identificar a quienes apoyan al gobierno. ¿Cómo se llegó a este grado de confrontación, a este estado de cosas que, según diversos analistas, configuran la peor crisis social y política de la historia moderna de Venezuela?

Hugo Chávez llegó a la Presidencia en febrero de 1999 con un alto nivel de aceptación. Sus promesas de combatir la corrupción, el desempleo y la pobreza conquistaron al electorado. De hecho, se estima que la ascensión de Chávez se gestó desde mucho tiempo atrás. En 1987, una crisis financiera de grandes proporciones sorprendió al mundo provocando una brusca disminución de los precios internacionales del crudo. En Venezuela, esta situación se tradujo en un crecimiento vertiginoso de la deuda externa, una presión a la baja sobre el bolívar y graves desajustes en las cuentas públicas, lo que precipitó el agotamiento de las reservas nacionales y la quiebra del país. La pobreza, producto de la desigualdad en la distribución de la bonanza petrolera, se agudizó. Esto explica que se haya producido una gran polarización entre las clases sociales. Las personas que vivían en la miseria pasaron del 5 por ciento en 1985 al 33 por ciento en 1993, y los d! e pobreza crítica de 27 por ciento al 66 por ciento en el mismo período (según datos oficiales).

A consecuencia de esos desajustes, la pobreza alcanzó para 1995 hasta un 71 por ciento de la población.

Se culpó de este drástico deterioro a la clase política tradicional, representada por los partidos Acción Democrática y Copei y por el gremio patronal Fedecámaras, que tenían en sus manos las riendas del país desde las tres décadas anteriores y basaban su poder en el Pacto de Punto Fijo, suscrito en 1958 tras la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez. AD y Copei compartieron el poder durante más de 30 años, prácticamente sin contratiempos sociales o políticos, gracias a las fabulosas rentas petroleras. En febrero de 1989, al poco tiempo de que el socialdemócrata Carlos Andrés Pérez asumiera su segunda presidencia y pusiera en práctica un programa de "ajuste duro" siguiendo las directivas del Fondo Monetario Internacional (FMI), estalló el d! escontento social y se manifestó en el llamado caracazo.

La toma violenta de comercios por hordas populares fue reprimida por el ejército, acción que se saldó con más de 2 mil muertos.

Durante la década de los noventa, la situación fue empeorando y la desigualdad creciendo. En ese tiempo, Hugo Chávez, coronel del Ejército, comenzó a hacer política cuestionando a los partidos políticos tradicionales y cabildeando con militares y líderes sindicales. Tras el frustrado golpe de Estado que encabezó en 1992, prometió una revolución pacífica que destruyera el poder que el Pacto de Punto Fijo confirió a esos partidos y a la burocracia sindical. Propuso construir una democracia participativa en la que estaría incluido el estamento castrense. Una democracia esencialmente basada en la unidad entre pueblo y ejército, línea política maestra que dejó dibujada en vari! os discursos.

Siguiendo este criterio, en 1998 Chávez emprendió una campaña electoral atacando la pobreza y la corrupción en sus dos frentes de actuación: el externo, prometiendo declarar la moratoria de la deuda externa (por "escandalosa e ilegal") y defender el patrimonio nacional; el interno, comprometiéndose a incentivar el aparato productivo del país y eliminar la corrupción política. También prometió poner a la Asamblea Nacional como poder supremo, por encima de los tres poderes. Chávez impugnó la Constitución Nacional de 1961 por privilegiar a los partidos políticos, cuyos representantes en el Congreso tenían poderes que iban desde la nominación de jueces hasta la aprobación de promociones militares.

Con esos compromisos, el 12 de junio de 1998 Chávez fue votado por el 56.2 por ciento de los electores, derrotó a los partidos tradicionales y su partido, Movimiento por la V República, pasó a ser mayoría absoluta en el Congreso barriendo del! mapa político institucional a adecos y copeyanos.

En febrero de 1999, Chávez tomó posesión del cargo proponiendo un referéndum para elegir una Asamblea General Constituyente, encargada de redactar una nueva constitución. Provisionalmente funcionó un "Congresillo", nombre popular dado a la comisión legislativa que llenó el vacío dejado por el disuelto Congreso. También fueron sustituidos los titulares del principal órgano de Justicia del país y se cambió a quienes estaban a cargo de organismos de contraloría. Estos movimientos, obviamente, atentaron contra los intereses de la clase política ligada a la oligarquía.

Pero eso era sólo el principio. El proceso político prácticamente paralizó los mecanismos normales de gobierno, de modo que el presidente Chávez obtuvo el 22 de abril de 1999 una Ley habilitante que le facultó para ejercer durante seis meses l! as potestades legislativas por decreto.

Chávez aprovechó esta provisionalidad y desorganización del nuevo Estado venezolano para distribuir los cargos políticos ejecutivos de mayor importancia social y trascendencia política entre militares del Movimiento Revolucionario Bolivariano. De este modo, el vacío institucional fue cubierto en buena parte por correligionarios de Chávez.

A mediados de marzo de ese año, durante un mensaje a la nación, explicó su programa económico para los dos años siguientes, llamado Plan Bolívar, y anunció que durante ese período se privatizarían las empresas estatales del aluminio, distribución eléctrica e hipódromos: "Venezuela sacará a la venta parte del aluminio venezolano, manteniendo la producción de bauxita y alúmina en manos del Estado", anunció. También puso en conocimiento de la opinión pública su propósito de iniciar la privatización del sistema de generación y distribución de energía eléctrica, con excepción de la ! empresa de generación hidroeléctrica.

En este periodo empezaron a surgir las primeras muestras de inconformidad por parte de la clase alta y, a poco de ponerse en marcha el Plan Bolívar, el gobierno debió enfrentar denuncias de corrupción por apropiación indebida de algunos miles de millones de bolívares formuladas contra varios mandos militares de reciente nombramiento a cargo de los fondos asignados a ese proyecto. Para limpiar su imagen, el mandatario sacrificó a varios altos militares instalados en puestos de gobierno, con lo que se ganó el resentimiento de varios sectores castrenses.

El 25 de abril de 1999 se realizó un referéndum y la mayoría de los votantes (88 por ciento) aprobó la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para redactar un nuevo "contrato social". Esa votación significó una segunda gran derrota para los partidos del establishment: Acción Democrática, COPEI y Proyecto Venezuela, que fueron completamente ba! rridos de las instituciones de Estado venezolanas. La propuesta chavista de poner los organismos de la "democracia participativa" por encima del parlamento tradicional encendió de júbilo a millones de creyentes en la revolución bolivariana. Sin embargo, la expectativa de los grupos de poder económico y político desplazados era otra.

Realizada la tarea de redactar la nueva Constitución fundacional de la V República, la Asamblea Nacional Constituyente convocó otro referéndum para el 15 de diciembre. En éste, la nueva Constitución, hecha a la medida de Chávez, fue aprobada por abrumadora mayoría. El 6 de enero de 2000, Chávez y el Consejo Nacional Electoral acordaron convocar nuevas elecciones para legitimar los poderes públicos y ajustarlos al nuevo marco constitucional: no sólo se trató de un refrendo del mandato ganado en las urnas en 1998, sino de una reelección. El 30 de julio de ese año, Chávez volvió a ganar los comicios con el 59 por ciento de los votos escrutados.

En octubre siguiente se venció el plazo de la Ley Habilitante, pero el 7 de noviembre Chávez obtuvo de la Asamblea Nacional un nuevo otorgamiento de poderes especiales, esta vez durante un año, para legislar por decreto en materia social, económica y de administración pública, Habían transcurrido nueve meses desde la toma de posesión, periodo durante el cual el Movimiento por la V República, plenamente legitimado para ejercer el gobierno, se limitó a recrearse formalmente organizando cinco convocatorias electorales ganadas por Chávez. Mientras tanto, el presidente seguía despotricando contra el FMI, pero continuaba pagando puntualmente los vencimientos de la deuda externa. Sobre la economía del país pendía la amenaza de otra crisis económica inducida por el descenso brusco en los pr! ecios del petróleo, pero el Presidente no se atrevió a decretar el control de cambios para prevenir la posibilidad cierta de una nueva fuga de capitales, como la de febrero de 1983, o como la de Argentina en noviembre pasado.

Sin embargo, la salida de divisas causada por el miedo a políticas intervencionistas continuó y sólo en julio y agosto de 2000 alcanzó los 3 mil millones de dólares. Al siguiente año, 2001, la inconformidad siguió creciendo y, ante los resultados de una mayor capitalización de las rentas del petróleo durante 2000, cuyos precios aumentaron 9.5 dólares por barril respecto a 1999, el movimiento obrero comenzó a movilizarse para exigir demandas postergadas y echó por tierra el "decreto de congelación de las reclamaciones sindicales" emitido por Chávez. En enero de 2001, Caracas se convirtió en un caótico escaparate de conflictos, con incidentes o manifestaciones casi a diario en liceos y colegios públicos, recintos universitar! ios, calles y plazas congestionadas por protestas de trabajadores del metro, taxistas, vendedores ambulantes o funcionarios.

Hasta febrero, el gobierno de Chávez no había respondido a los conflictos, pero la medida de utilizar la Guardia Nacional (policía militarizada) para realizar labores de disuasión ante la ola de protestas fue síntoma de que algo había cambiado en la correlación de fuerzas entre el "gobierno revolucionario y la oposición burguesa". Cada vez más personas de la clase media, inconforme con el gobierno, salían a las calles y protestaban contra Chávez. En febrero de ese año, los asalariados de la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR) hicieron una huelga de 24 horas para reivindicar la reanudación de las negociaciones contractuales con la empresa, suspendidas en septiembre de 1999 por imperativo legal. Amenazaron con prolongar el paro indefinidamente en caso de negativa a atender sus demandas salariales.

En ese momento, el principal sind! icato petrolero, FEDEPETROL, también amenazó con realizar una protesta de alcance nacional. La huelga estalló en octubre de 2001, lo que provocó que PDVSA cediera formalmente a las demandas salariales de los trabajadores. Sin embargo, las protestas continuaron y se extendieron a otros sectores, como el hierro, el aluminio (que suman 20 mil asalariados en Guayana) y la construcción. Entonces, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), amenazó con llevar a cabo una huelga general.

El 13 de noviembre de 2001, haciendo uso de la segunda Ley habilitante aún en vigor, Chávez aprobó por decreto 49 leyes que fueron promulgadas el 10 de diciembre, entre las cuales había algunas que afectaban seriamente los intereses del stablishment económico subsistente, lo que fue considerado por los especialistas como el principio del fin del romance de Chávez con amplios sectores de la sociedad venezolana. Uno de esos decretos fue la Ley de Tierras y Desarrollo ! Agrícola, que buscaba poner fin a la concentración de la propiedad territorial: 10 por ciento de los propietarios es dueño del 70 por ciento de la tierra cultivable, pero no hacen productiva esa tierra. Se trata de una reforma agraria que deja intangible la propiedad privada de la tierra pero pretende "distribuir la riqueza eliminando el latifundio como sistema contrario a la paz social en el campo". Esta medida no sólo encolerizó a los terratenientes. La banca advirtió que la amenaza de expropiación provocó que pocos agricultores quisieran atarse a un nuevo crédito, y dado que, según esta ley, los fundos dejan de ser garantía para las instituciones bancarias, se creó una incertidumbre en la cartera crediticia, lo que imposibilitó otorgar nuevos créditos sin respaldo concreto.

Los remedios de Chávez, aunque bien intencionados, salieron peor que la enfermedad. Ya a fines de 2000, la actividad económica había entrado en declive para caer abruptamente a partir de agosto-septiembre de 2001. A fines de 2001 el PIB cayó cuatro puntos, contra un crecimiento de 2,7 previsto por el gobierno para ese año. Esta depresión respondió al descenso de un 21.65 por ciento en los precios del petróleo que, de 25,91 dólares en 2000, bajaron a 20,30 por barril en 2001, con lo que la balanza comercial descendió de 13 mil 111 millones de dólares en 2000, a 4 mil 395 millones al cierre de 2001. Las reservas internacionales del país bajaron 21,65 por ciento, de 15 mil 685 millones a 12 mil 289 millones de dólares en el mismo período. Este desaceleramiento de la actividad económica se tradujo naturalmente en un aumento significativo del desempleo que, de poco más del 10 por ciento en 1999, pasó al 15 por ciento en febrero de 2000.

Los analistas estimaron que, por razones de estabilidad de los sectores externo y fiscal, el Banco Central debió haber revisado su política cambiaria y establecer ! un sistema de libre flotación del bolívar. Sin embargo, Chávez se negó a devaluar calificando de "nefasta" la opción de abandonar el sistema de bandas cambiarias introducido en 1997 como un arma contra la inflación.

La promulgación de las 49 leyes en momentos de dificultades económicas tan graves generó una fuerte ofensiva patronal liderada por Fedecámarás, que, con el apoyo de la burocracia sindical adscrita al partido Acción Democrática, tuvo capacidad para sumar, además del descontento de la pequeña burguesía, el de buena parte de los asalariados. Al exitoso paro cívico del 10 de diciembre de 2001 le siguió una multitudinaria marcha pacífica contra la ley de tierras, el 23 de enero de 2002, que igualó y por momentos superó a una manifestación oficialista simultánea encabezada por 200 mil campesinos.

A partir de este momento, se exacerbó la confrontación entre seguidores de Chávez, provenientes de las clases populares urbanas y del sector agra! rio, y la clase media, junto con representantes de las Fuerzas Armadas. El 7 de febrero de 2002, el coronel en activo de la Aviación, Pedro Soto, pidió públicamente la renuncia de Chávez. Tras él, una serie de militares, también con mando de tropa, se unieron a la exigencia de Soto protagonizando una rebelión que en un principio pareció extenderse a todo el ejército, pero se desinfló a fines de ese mes.

El 14 de febrero, tras haber amenazado con nacionalizar la banca, el presidente Chávez respondió a la ofensiva patronal y decretó la libre flotación del bolívar, medida que se enmarcó en un doble plan de estabilización con recortes fiscales destinados a reducir de cuatro a dos por ciento el déficit fiscal, para paliar los desajustes causados en el presupuesto por el descenso de los precios del petróleo y relanzar las exportaciones, todo ello inspirado en la directivas del FMI.

Paralelamente, el 25 de febrero, Chávez designó a un nuevo presidente y a ci! nco miembros de la junta directiva de PDVSA, lo que provocó la insurrección de los ejecutivos destituidos y más de 3 mil seguidores entre los empleados de la estatal petrolera, quienes decidieron no reconocer a la junta directiva designada por el gobierno. Denunciaron que los nuevos directivos fueron nombrados por criterios puramente políticos al margen de sus méritos profesionales. El 4 de marzo, los trabajadores petroleros solidarizados con sus directivos plantearon un ultimátum al gobierno para que destituyera la junta nombrada por él.

Un día antes, siempre en la línea política del FMI, Chávez anunció que durante todo el año 2002 no habría aumento de sueldos para nadie.El 6 de marzo Acción Democrática y COPEI, junto a la Confederación de Trabajadores Venezolanos (CTV), se hicieron visibles en alianza con los grandes medios noticiosos, Globovisión y el periódico El Nacional, los directivos de la cámara de comercio (Fedecámaras) y los jerarcas de la Ig! lesia católica, para formular las "Bases para un Acuerdo Democrático", proyecto encaminado a sacar a Chávez del poder. El nuevo acuerdo declaró que el Estado debe respetar la autonomía de las instituciones económicas y civiles (en clara referencia a PDVSA), la prensa corporativa y la Iglesia católica.

El conflicto con PDVSA, que comenzó el 8 de marzo, se prolongó durante todo ese mes, con varias paralizaciones parciales de la empresa durante la última semana y primeros días de abril, lo cual produjo trastornos considerables en la producción, exportación y refinación del crudo. El 18, el gobierno amenazó con militarizar la empresa. El 24 los trabajadores dieron plazo Chávez hasta el 1 de abril para sustituir a los directivos nombrados. A finales de marzo, el gobierno contestó ratificando a la directiva cuestionada que procedió a aprobar las jubilaciones supuestamente forzadas del consultor jurídico y del titular de relaciones públicas de la empresa, lo cual fue ! interpretado por los empleados como una represalia y una provocación. Esta acción del gobierno desbordó el conflicto, que incluyó el inicio de la paralización de actividades en cuatro refinerías y la suspensión de las labores de los camiones cisterna que abastecen los puestos públicos de venta de gasolina, así como la suspensión de labores administrativas.

El 9 de abril, en apoyo de los funcionarios de la empresa petrolera, la CTV y Fedecámaras, fue convocado un paro general, con una adhesión significativamente inferior a la huelga del 10 de diciembre anterior. El 10 de abril, el presidente de la CTV, Carlos Ortega, y el de Fedecámaras, Pedro Carmona, llamaron a la huelga indefinida y a la desobediencia civil pacífica. Mientras hacían este llamado, las manifestaciones de ambos bandos, chavistas y antichavistas, degeneraron en enfrentamientos armados. El 11 de abril, la marcha antichavista hacia el Palacio de Miraflores, sede de gobierno, tuvo un cruento desenlace en ! el que murieron 12 personas y hubo decenas de heridos, en su mayoría víctimas de disparos durante una poco esclarecida escaramuza en las inmediaciones de la sede del gobierno. ¿Hubo provocadores de la oposición, francotiradores o fue una represión ordenada por Chávez? Todavía no se sabe. Esta situación fue aprovechada por una fracción inconforme del Ejército para echarle la culpa al gobierno. El jefe del Estado Mayor de la Armada, vicealmirante Héctor Ramírez, subrayó que un gran grupo de militares estaba "convencido de que Chávez no debía continuar como jefe del Estado, porque se había puesto a dirigir una revolución que nunca nos explicó". Por su parte, el comandante del Ejército, general de división Efraín Vásquez Velasco, se declaró en contra del gobierno, al tiempo que acordó con el Frente Institucional Militar echar a Chávez, con la promesa de no romper la continuidad "democrática".

La fracción rebelde de las fuerzas armadas, e! ncabezada por el General Vásquez Velasco, abrió las puertas a la destitución de Chávez anunciando su renuncia la noche del 11 de abril, para que no pareciera un ataque contra la institucionalidad de la V República democráticamente electa. Entonces, Chávez fue detenido y llevado a un cuartel del interior del país.

Sin embargo, cuando el nuevo presidente de facto, Pedro Carmona, decretó la disolución de la Asamblea Nacional y de todo el entramado institucional del Estado democrático bolivariano, la correlación de fuerzas volvió a cambiar porque el poder militar pasó nuevamente a manos de los chavistas, que sumó sus fuerzas al sector institucionalista y el presidente Chávez, cuya carta de renuncia firmada nunca apareció, volvió al palacio presidencial de Miraflores.Tras el golpe que lo alejó del poder momentáneamente, el presidente Chávez prometió aclarar lo hechos del 11 de abril, sobre todo respecto a las muertes de civiles, y anunció un proyecto de reconciliación nac! ional. Sin embargo, poco a poco, las aguas volvieron a agitarse y el conflicto prosiguió exactamente donde se había quedado antes del golpe. La Coordinadora Democrática volvió a las calles, se sumaron más militares a la rebelión y PDVSA fue utilizado como punta de lanza en la ofensiva opositora.

Los analistas estiman que, dado el panorama, no hay certezas de que Chávez termine su gestión. Los acontecimientos están sucediendo vertiginosamente y, otra vez, como en abril pasado, el caos amenaza con desbordarse.