El prestigio del Gobierno yace en el fondo del mar con el Prestige. Incluso partidarios y militantes del Partido Popular admiten cabizbajos que sacarlos a flote será difícil o imposible, y sólo cabe limitarse a sospechar cuánto veneno brotará de ese lecho oscuro y remoto. Uno comprende que barcos y políticos se hundan, pero ¿cómo interpretar este naufragio simultáneo? Mi tesis es que la ideología intervencionista predominante ni contempla accidentes ni disculpa imperfecciones.

Las grandes alarmas públicas, como las guerras o las catástrofes, son llamaradas hobbesianas: todos pedimos al poderoso que haga honor al contrato primigenio que supuestamente firmamos para cederle nuestra libertad y nuestros bienes a cambio de protección, paz y seguridad. Anhelos de tal suerte se han registrado en estos días, y ríos de tinta corrieron en torno a la política: que si Fraga caza o no, que si Aznar va o no va a Galicia, que quién manda aquí, que cuándo llega el Ejército, que dónde está el Gobierno.

En principio, este escenario de desazón debería ser idílico para las autoridades: todos los focos las alumbran, todas las ansias las aguardan. Sólo deben ponerse al frente de la manifestación, organizar a un pueblo que sólo desea ser organizado, desfacer el entuerto y recoger después una copiosa cosecha de réditos políticos y electorales.

El principal obstáculo que se alza frente a tal desiderátum es el propio pensamiento único que los políticos y la opinión pública y publicada comparten y propugnan. Se supone que no hay órdenes espontáneos, o no debe haberlos: la sociedad está estructurada por las autoridades, irreemplazables e inmejorables en su eficiente, barata y abnegada dedicación a resolver los problemas de los ciudadanos; al mismo tiempo, todo lo que sucede es provocado o en cualquier caso cabe atribuir siempre responsabilidades a alguien.

De repente, el Prestige. La lógica del pensamiento único se impone, y es inevitable concluir que el Gobierno, haga lo que haga -en especial si, misteriosamente humano, duda-, no lo ha resuelto bien y sobre todo, dadas sus destrezas, por qué no lo ha previsto. Este desasosiego afecta a los mandatarios mismos, y se nota. Surge una gran mancha conspirativa que ahoga la mera sospecha de que quizá los políticos no son imprescindibles, quizá la sociedad podría organizarse de modo más libre, eficaz y barato -como han hecho tantos voluntarios-, quizá este ministerio o aquél no deberían existir, quizá estos políticos o aquéllos no sólo no resuelven ningún problema, sino que los crean.

En este proceso de largar tinta como el calamar, y hablando de animales útiles, se vuelve a comprobar que el mejor amigo del hombre no es el perro sino el chivo expiatorio. No hay accidentes sino culpables, pero no pueden ser los políticos, que siempre aportan la solución. Se abre la veda, y normalmente sobre las mismas piezas: los empresarios, malditos codiciosos que nos chupan la sangre, y además la ensucian; Gibraltar, cueva de piratas -por cierto, el Prestige no lo tenía como destino final-, pero aquí nadie pidió excusas, igual que nadie dice que los barcos repostan en Gibraltar por razones políticas, es decir, porque los políticos con sus impuestos hacen que sea mucho más caro acudir, por ejemplo, a Algeciras. En su inopia habitual, algunos ecologistas le echaron la culpa ¡al petróleo!

El único bicho inocente es la política, y refulgen héroes como Loyola de Palacio, que cuando selecciona a los culpables con lenguaje entre justiciero y arrabalero parece como si la política pudiera hacer en cualquier momento cualquier cosa, gratis y sin consecuencias. Cuando habla parece como si la inmediata supresión de los petroleros de un solo casco fuera factible y careciera de costes, o como si no hubiera habido nunca vertidos en buques tanque de doble casco. Incluso parece como si los accidentes con petroleros fueran frecuentes y en aumento, cuando la verdad, aquí también, es justo la contraria.

La propia industria se ha ido adelantando a las normas y mejorando los barcos, y trabajando con las autoridades en aspectos que se pueden corregir, como el aclarar cuándo se ofrece y niega puerto a un barco en emergencia, o los mecanismos de inspección; todo, por cierto, se podría hacer sin reglamentaciones públicas excesivas, pero eso es difícil de aceptar cuando, como es la norma, nadie presta atención al funcionamiento habitual de las empresas y los incentivos virtuosos y viciosos que los políticos les inoculan. Las empresas son, como siempre, culpables hasta que se demuestre lo contrario. Y a veces, aunque se lo demuestre.

Producido el mal, la reacción habitual es exagerarlo en dos sentidos. La oposición (al principio, toda ella), los ecologistas, los que van a cobrar ayudas y los periodistas lo exageran siempre al alza: es lamentable la demagogia en todos estos frentes, hablando por ejemplo de daños irreversibles al ecosistema, algo seguramente tan alarmista como falso. En este circo del intervencionismo UGT y CC OO exigieron a las autoridades que nunca más se produzca una calamidad así. No dijeron, claro, cómo. Pero aquí todo es provocado, con lo que todo puede ser impedido.

Desde la perspectiva del Gobierno la tendencia es a exagerar primero a la baja, pero después al alza, no sólo para cobrar ayudas internacionales sino también, críticamente, para disolver su responsabilidad en un caos olímpico que incluso a los semidioses supera.