Fronteras en el mar. Política, derecho y equidad en la delimitación de los espacios marinos

JOSÉ MANUEL LACLETA

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Instituto Elcano

Introducción

Es un hecho bien conocido que, aproximadamente, tres cuartas partes de la superficie del globo terrestre están cubiertas por el espacio marino y que, inevitablemente, una gran parte de las actividades humanas se han desarrollado en ese espacio. Actividades de diversa índole, pacíficas, comerciales y económicas, exploradoras y también guerreras. Es también muy cierto que donde hay una actividad humana es necesario que existan normas jurídicas destinadas a reglamentarla y ordenarla: ubi societas, ibi jus.  El océano y los mares han sido el escenario o el camino de grandes empresas humanas, exploración, encuentro de culturas, conquista, colonización, e inevitablemente, también de choques y conflictos. A través de los mares se han forjado los grandes imperios, en el mar ha encontrado su sustento una buena parte de la humanidad y el mar ha sido vía de comunicación para el comercio y la cultura a lo largo de la historia.  Sin embargo, en este trabajo no vamos a ocuparnos del comercio marítimo, ni de la guerra en el mar, ni siquiera, directamente, de la explotación de los recursos del mar. Pretendemos exponer algunos problemas, de gran actualidad, relativos al ejercicio de los poderes de los Estados, es decir, su soberanía y jurisdicción, en ciertas partes, cada vez más amplias, del espacio marino. En otras palabras, pretendemos analizar brevemente el problema, político y jurídico del reparto de los mares, o dicho en términos jurídicos correctos, la delimitación de los espacios marinos: las fronteras en el mar.
 

Del mar territorial de 3 millas a los fondos marinos “patrimonio común de la humanidad”

Prescindiendo deantecedentes poco precisos, podemos afirmar que durante un largo período  histórico, y como resultado de la conocida controversia entre los partidarios del mare liberum (personificados en la figura de Grocio) y los defensores del mare clausum (seguidores de Selden), solamente se diferenciaban dos espacios marítimos: de una parte, una estrecha franja de mar a lo largo de la costa sometida a la jurisdicción del Estado ribereño, lo que hoy llamamos mar territorial  -aunque en España ha sido denominado, generalmente, hasta fecha reciente, “aguas jurisdiccionales”-  y, de otra parte, el mar libre o alta mar. Este sencillo régimen jurídico ha estado vigente con suficiente claridad desde finales del siglo XVIII, hasta bien entrado el siglo XX, cuando, terminada la Segunda Guerra mundial, nuevas exigencias estratégicas y económicas, es decir, políticas, desencadenaron una profunda revisión del régimen de los espacios marinos.

Hasta ese momento, la única controversia de alcance general, no resuelta hasta fecha muy reciente, era la relativa a la anchura de esa franja de mar territorial. Las grandes potencias marítimas de la época, encabezadas obviamente por Inglaterra, y atendiendo a sus intereses estratégicos, coloniales y comerciales, sostenían una pretendida regla de alcance universal que limitaría esa anchura a tres millas náuticas y, efectivamente, la denominada “regla de las tres millas” tuvo un gran alcance en el tiempo y el espacio. Sin embargo, siempre hubo países que no la aceptaron: los países escandinavos pretendían un mar territorial de cuatro millas, mientras que España y otros países del Mediterráneo reclamaban una anchura de seis millas. Algunos otros, por ejemplo, Rusia y, posteriormente, algunos países suramericanos, proclamaban mares territoriales de doce millas. Después de la Primera Guerra mundial y, sobre todo, con la proclamación de la “ley seca” en Estados Unidos, la dificultad de la represión del contrabando realizado con lanchas rápidas, dio lugar al establecimiento de la denominada “zona contigua” de doce millas, completada con la noción de la “persecución ininterrumpida” (hot pursuit).

Todo ello debilitó la regla de las tres millas y llevó al fracaso del primer intento de codificación del derecho del mar, realizado en 1930 bajo los auspicios de la Sociedad de Naciones. Según el prestigioso internacionalista Sr. François, esa   regla fue la gran derrotada en aquella ocasión, de la que, en cambio, salió legitimada la “zona contigua” de 12 millas.  Es cierto que la autoridad reconocida al Estado costero en esa zona estaba limitada a ciertas competencias funcionales, pero era el primer paso en la carrera de extensión hacia alta mar de los poderes del Estado, que se iba a acelerar rápidamente después de la Segunda Guerra mundial, pero ya no para preservar intereses de seguridad, militares o policiales, sino esencialmente por razones económicas y llegando a distancias hasta entonces insospechadas.

Lo más interesante, desde un punto de vista político, es que fue precisamente la mayor potencia marítima de aquel momento, Estados Unidos, defensora a ultranza del límite de tres millas para el mar territorial, la que inició la carrera. Fueron las dos declaraciones del Presidente Harry S. Truman, de fecha 28 de septiembre de 1945, inmediatamente copiadas por buen número de países, las que pusieron en marcha el proceso. La que llevaba el número 2667, después de invocar la enorme necesidad mundial de nuevos yacimientos de petróleo y otros minerales, así como la opinión de expertos -según la cual esos recursos se encuentran bajo muchas partes de la plataforma continental a lo largo de las costas de Estados Unidos- proclamaba que “el Gobierno de los Estados Unidos considera que los recursos naturales del suelo y el subsuelo de la plataforma continental en el alta mar contigua a las costas de los Estados Unidos pertenecen a los Estados Unidos y están bajo su jurisdicción y control”[1].   La segunda declaración, número 2668, afirmaba que “en vista de la urgente necesidad de proteger y conservar los recursos pesqueros, el Gobierno de los Estados Unidos considera adecuado establecer zonas de conservación en aquellas zonas de mar contiguas a las costas de los Estados Unidos en las que las actividades pesqueras se han desarrollado o mantenido, o lo serán en el futuro, en una escala esencial”.

Aunque las dos proclamas presidenciales habían de tener importantes consecuencias en cuanto a la extensión de los espacios marinos sometidos a la autoridad del Estado ribereño, consideraremos en este momento solamente la primera, cuyas consecuencias se hicieron sentir inmediatamente, puesto que buen número de Estados siguieron el ejemplo. En octubre de 1946, la República Argentina declaró pertenecientes a la soberanía de la nación el “mar epicontinental” y el “zócalo continental” argentinos y, en ese mismo año, México reivindicaba toda la plataforma continental o zócalo continental adyacente a sus costas.  En los años siguientes, hasta 1958, fecha de la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, veinticinco Estados independientes y nueve territorios que aún no habían alcanzado la independencia, promulgaron normas jurídicas destinadas a proclamar su derecho exclusivo sobre sus plataformas continentales[2].

No es necesario proceder ahora a un estudio detallado de esas disposiciones que ofrecían grandes diferencias, tanto en cuanto al alcance de la autoridad que se afirmaba, como respecto de la zona concernida. Mientras algunos países pretendían ejercer “soberanía”, otros sólo pretenden “jurisdicción” y “control”. Y mientras algunas normas sólo se refieren a la “plataforma continental”, sin más caracterización, unas pocas establecen el límite exterior en la isóbata de los 200 metros (p. ej. Portugal), otras lo fijan en la de 50 metros (p. ej. Camboya), algunas introducen como límite el de la máxima profundidad a la que sea posible la  explotación de  los recursos naturales (Honduras, Venezuela, India e Israel) y un buen número de declaraciones afirman la extensión de la plataforma continental hasta 200 millas de distancia desde la costa, especialmente en el caso de los países de la costa occidental de América del Sur en la que, en realidad, no existe plataforma continental geográfica o, para ser más exactos, geomorfológica. 

Parece necesario aclarar desde ahora que la proclama estadounidense de 1945 no dice nada sobre el límite exterior de “la plataforma continental en el alta mar contigua a las costas de los Estados Unidos”.  El texto parece dar por sentado que la plataforma continental es un concepto conocido y, por consiguiente, debemos suponer que la propia noción de “plataforma continental” conlleva su propia delimitación respecto del conjunto de los fondos marinos.  Esta afirmación es exacta en el terreno de la ciencia geográfica, en cuanto entidad física, en realidad geomorfológica y también geológica.  En breve veremos que no lo es en el campo de las conductas políticas y en el del Derecho Internacional, instrumento de aquéllas, donde la noción jurídica se ha ido disociando de la física.

En cuanto entidad física, la plataforma continental no es más que la zona aplacerada que bordea los continentes (o las islas) y que se extiende desde la línea de la bajamar escorada (cero hidrográfico) hasta el lugar en el que se produce un aumento sensible del declive del fondo marino. A partir de ese aumento del declive (borde exterior de la plataforma), nos encontramos en el “talud continental”, que normalmente continúa hasta otra zona donde la pendiente disminuye con un cambio apreciable del gradiente; ahí se inicia una nueva zona denominada  “emersión continental” (en inglés rise) que continúa hasta llegar a los fondos abisales  –la llanura abisal-  de estructura geológica diferente y caracterizada, normalmente, por la desaparición de formaciones sedimentarias de origen terrígeno que, en cambio, constituyen, con espesor considerable, la plataforma y el talud así como la emersión.  A su vez, todo ese conjunto: plataforma, talud y emersión, integran el denominado “margen continental”.

A pesar de las muchas irregularidades que el margen continental puede presentar en diferentes costas, los rasgos generales señalados constituyen una característica muy extendida. Más difícil es el intento de dar un criterio general sobre la distancia desde la costa o la profundidad en el mar donde se presenta el cambio de gradiente que constituye el borde exterior de la plataforma continental geomórfica. En cuanto a la distancia, sólo es posible afirmar una media aproximada en torno a 40 ó 50 millas, pero la distribución es muy irregular y mientras en algunas costas puede alcanzar una anchura de varios cientos de kilómetros, en otros lugares puede no tener más que uno o dos e incluso faltar por completo.  Aunque las variaciones no sean tan grandes, tampoco el criterio batimétrico, tan utilizado, de los 200 metros, puede adoptarse como una definición general, ya que la profundidad a la que se encuentra el borde de la plataforma puede estar comprendida entre unos 50 y más de 400 metros; en ocasiones, es posible encontrar dos escalones a distintas profundidades y, en otras, la transición de la plataforma al talud es muy difícil o, incluso, imposible de precisar[3].

Estas largas explicaciones no son ociosas en el contexto del presente estudio porque, como veremos más adelante, las nociones geomorfológicas de la plataforma y del margen continental han desempeñado un papel importante en ciertas consideraciones jurisprudenciales relativas a la delimitación, entre los Estados, de los espacios marinos, y ello a pesar de que la noción jurídica no coincide en absoluto con la puramente geográfica. Son, sobre todo, las declaraciones formuladas en los últimos años cuarenta y primeros cincuenta, reclamando “plataformas continentales” de 200 millas de anchura o hasta donde fuera posible la explotación de los recursos, las que producen  la disociación del concepto jurídico respecto del geográfico, que será aceptada por la Convención sobre la Plataforma Continental aprobada al terminar la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, celebrada en Ginebra en abril de 1958.

Esa Conferencia había de abordar como problemas principales, en un intento de codificar el “Derecho del Mar”, los de la anchura del mar territorial y la zona contigua, así como los de la plataforma continental, proclamada ya por un buen número de países, y el de la pesca en alta mar, poniendo límites – digamos la verdad - a las pretensiones de los países que intentaban extender su autoridad en materia pesquera más allá del mar territorial o, incluso, en las aguas sobre sus plataformas continentales.  Las discusiones en el seno de la Conferencia giraron en torno a una importante serie de textos preparados por la Comisión de Derecho Internacional (en lo sucesivo C.D.I.), órgano subsidiario de la Asamblea General de Naciones Unidas, integrado por juristas elegidos a título personal por la Asamblea y encargado, según la Carta, de la codificación y el desarrollo del Derecho Internacional. Al examinar la cuestión del límite exterior de la plataforma continental, teniendo presente la práctica de los Estados, la C.D.I. adoptó, en su primer proyecto, de 1951, el criterio de la explotabilidad puesto que, en aquel entonces, ese límite coincidía con la profundidad donde, en general, termina la plataforma en sentido geomorfológico, es decir, los 200 metros. Sin embargo, algunos miembros de la Comisión pensaban que ese límite podría ser insuficiente cuando el progreso tecnológico permitiese la explotación del lecho y el subsuelo marino  a mayores profundidades.  No obstante, en su reunión de 1953, la Comisión cambió de opinión y optó por el criterio batimétrico estricto: 200 m. de profundidad, teniendo en cuenta las observaciones de algunos gobiernos criticando la falta de precisión del criterio basado en la explotabilidad y señalando que el criterio batimétrico “respondía en aquel momento, y sin duda incluso durante mucho tiempo, a todas las necesidades prácticas”. No era, por cierto, una previsión brillante.

No es de extrañar que en su período de sesiones de 1956 la C.D.I. se viera de nuevo asaltada por las dudas: el criterio batimétrico había sido muy duramente criticado por el gobierno de Chile insistiendo en que no es necesario vincular la existencia de derechos del Estado ribereño a la existencia de una plataforma submarina tal y como la entienden la geografía y la geología. Invocando la igualdad de los Estados, Chile (carente de plataforma continental geomórfica) abogaba por la separación de los conceptos jurídico y geológico-geofísico de la plataforma continental, tesis que fue recogida por la Conferencia Especializada Latinoamericana reunida en Ciudad Trujillo, en 1956, al aprobar una resolución favorable al criterio de la explotabilidad.  En sus textos propuestos ese mismo año, la C.D.I. cita esa conclusión al explicar la necesidad de modificar nuevamente su criterio. La modificación fue muy sencilla y consistió en la yuxtaposición de los dos criterios: “Para los efectos de estos artículos -decía la Comisión– la expresión “plataforma continental” designa el lecho del mar y el subsuelo de las zonas submarinas adyacentes a las costas, pero situadas fuera del mar territorial, hasta una profundidad de doscientos metros (aproximadamente cien brazas) o más allá de este límite hasta donde la profundidad de las aguas suprayacentes permita la explotación de los recursos naturales de dichas zonas”[4]. 

Parece sorprendente el éxito de ese texto, que sería aprobado por la Conferencia de 1958 y pasó, prácticamente sin modificaciones, a ser el art. 1 del Convenio sobre la Plataforma Continental de 29 de abril de 1958. Y decimos sorprendente, porque este texto estuvo en el origen de los acontecimientos que llevaron a la convocatoria de la III Conferencia de la ONU sobre el Derecho del Mar, ante la necesidad de poner un límite definitivo a la expansión de los espacios marinos sometidos a la autoridad, en este caso “soberanía funcional”, de los Estados ribereños. Un límite vinculado a la posibilidad de explotar recursos avanzaría constantemente hacia alta mar al compás de los avances de la técnica de los países más desarrollados. Políticamente  -y económicamente– esa situación no era deseable. 

Fue la República de Malta la que manifestó más claramente la inaceptabilidad de la situación creada por el art. 6 de la Convención sobre la Plataforma Continental de 1958. En un famoso discurso, pronunciado en la Asamblea General de la ONU en 1967, su Embajador, Arvid Pardo, al presentar el tema “Examen de la cuestión de la reserva exclusiva para fines pacíficos de los fondos marinos y oceánicos y de su subsuelo en alta mar fuera de los límites de la jurisdicción nacional actual, y del empleo de sus recursos en beneficio de la humanidad”, hizo notar que los avances de la técnica permitían ya la exploración y explotación de los recursos a profundidades insospechadas pocos años antes y, por consiguiente, las grandes potencias podían iniciar ya una competición de tipo colonial para apoderarse de todos los recursos de los fondos marinos.  Para evitarlo y conseguir que esos recursos se destinasen a favorecer el desarrollo de todos los pueblos, era necesario crear un organismo internacional encargado de la administración de tales recursos, que no serían apropiables por ningún Estado fuera de los límites de su jurisdicción nacional.  Evidentemente, ello exigía establecer un límite preciso a la extensión de esa jurisdicción nacional y Malta proponía, inicialmente, la adopción del límite geográfico de la plataforma continental, es decir, los 200 metros de profundidad. Más allá de ese límite, los fondos marinos serían “patrimonio común de la humanidad”.

Para discutir esta cuestión era necesaria una nueva Conferencia en la que también podrían abordarse otras cuestiones no resueltas, como la de la anchura del mar territorial o la de la reglamentación de la pesca.  La propuesta de esa nueva Conferencia no fue grata a las grandes potencias que, por razones esencialmente políticas y estratégicas, deseaban asegurar que solamente se discutieran los temas de la anchura del mar territorial, el paso por los estrechos (previendo ya que aquella anchura se fijaría en 12 millas) y la cuestión de las zonas de pesca. Sin embargo, durante los trabajos de la Comisión preparatoria (denominada Comisión de Fondos Marinos) las potencias marítimas hubieron de admitir la ampliación del temario, el replanteamiento de todos los temas relativos al derecho del mar, así como la revisión de las convenciones de 1958[5].

Evidentemente no es objeto del presente trabajo el estudio de las largas negociaciones que tuvieron lugar durante los nueve años que duraron las reuniones de la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1973 – 1982). En este momento, nos limitaremos a indicar cuáles son, en la actualidad, los límites exteriores de los diversos espacios marinos en los que el Estado ribereño puede ejercer jurisdicción y que han de ser delimitados respecto de los espacios marinos correspondientes a otros Estados ribereños trazando fronteras en el mar. Comenzando por la línea de bajamar de la costa, o las líneas de base recta del mar territorial, cuando éstas hayan sido trazadas por el Estado costero, los espacios marinos son los siguientes[6]:

a) Mar territorial. Espacio en el que el Estado ribereño ejerce soberanía territorial con la servidumbre del derecho de paso inocente de los buques extranjeros. Su anchura máxima es de 12 millas.

b) Zona contigua. Espacio en el que el Estado ribereño ejerce competencias funcionales en materia de inmigración, sanidad, fiscalidad y aduanas. Su anchura máxima es de 24 millas desde la costa; su anchura efectiva dependerá de la que el Estado ribereño fije para su mar territorial.

c) Zona Económica Exclusiva. Espacio en el que el Estado ribereño ejerce una soberanía funcional y jurisdicción para lo relativo a exploración y explotación de los recursos naturales, vivos y no vivos, de las aguas, el lecho y el subsuelo del mar. Su anchura máxima es de 200 millas desde la costa; su anchura efectiva dependerá de la que el Estado ribereño fije para su mar territorial.

d) Plataforma continental. Espacio marino en el que el Estado ribereño ejerce una soberanía funcional a los fines de la exploración y explotación de los recursos naturales del lecho y el subsuelo del mar. Su anchura alcanza a 200 millas desde la costa cualquiera que sea la configuración geomórfica de los fondos marinos (coincide con los fondos marinos de la zona económica exclusiva). Su anchura máxima puede llegar hasta el borde exterior del margen continental geomórfico, cuando éste se encuentre a más de 200 millas de la costa, hasta un máximo de  350 millas,  medidas  desde la costa, o de 100 millas medidas desde la isóbata de 2.500 metros. En todos los casos, su anchura efectiva dependerá de la que el Estado ribereño fije para su mar territorial. Más allá de las 200 millas, las aguas sobre la plataforma continental jurídica (margen continental geográfico) pertenecen a la alta mar.

Vemos que el poder, especialmente la jurisdicción, de los Estados puede extenderse a gran distancia de la costa. El problema no es el mismo que era cuando ese poder no llegaba más que a unas pocas millas de la costa y se justificaba por las necesidades de defensa y seguridad o las de la vigilancia de su costa, especialmente para impedir el contrabando marítimo. Hoy, esos grandes espacios marinos, sea para la pesca, sea para la explotación de recursos minerales, especialmente hidrocarburos y gas natural, tienen una gran importancia económica y, por tanto, política. El problema político, a resolver entre los Estados, no es tanto el de los límites exteriores sino el de los límites internacionales, es decir, entre los Estados vecinos, sea que estén situados frente a frente, sea que sus costas sean adyacentes. Es la cuestión que examinamos a continuación.

Las fronteras en el mar
Mientras solo se trató de establecer la continuación en el mar de la frontera terrestre por una pocas millas de mar territorial, los problemas no fueron graves: se trazaba cartográficamente una línea en el mar que seguía la dirección general de la frontera terrestre, o ésta era continuada por una perpendicular a la dirección de la costa o, en muchos casos, se trazaba una línea equidistante de los puntos más próximos en las costas de los dos Estados que habían de delimitar su mar territorial.  En cuanto a las costas situadas frente a frente  y pertenecientes a Estados distintos, el recurso a una línea media equidistante parecía tanto más evidente.

Cuando en los primeros años cincuenta del siglo XX, la Comisión de Derecho Internacional preparaba su proyecto de artículos para la I Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la aceptación del principio de equidistancia para la delimitación del mar territorial no ofreció grandes dificultados. No obstante, ya se hizo notar entonces que, en ciertas condiciones geográficas, especialmente en estuarios de ríos, determinadas ensenadas o pasajes estrechos, las exigencias de la navegación o de la pesca, o la existencia de derechos históricos, podrían hacer necesaria una desviación de la línea equidistante trazada por métodos geométricos. Habían nacido las “circunstancias especiales” que, como veremos después, nunca fueron definidas con precisión, pero que aconsejaban la modificación de la equidistancia a fin de lograr un resultado equitativo, esencialmente en materia de navegación o pesca.

La Convención sobre el Mar Territorial, adoptada por la I Conferencia en 1958, no tuvo dificultades para acoger este sistema. Es más, también lo adoptó la Convención sobre la Plataforma Continental aprobada en esa misma Conferencia, aunque en este caso el principio de equidistancia no era impuesto en términos tan enérgicos como en el caso del  mar territorial.  Pero, y esto es lo más importante, en ninguno de los casos se definía cuáles eran las circunstancias especiales, y siempre se entendió que se trataba de particularidades menores de la costa que hacían injusta o, si se prefiere, poco equitativa la línea equidistante. Por supuesto, la existencia de circunstancias especiales era siempre más probable en la delimitación lateral de la plataforma continental puesto que, en la construcción geométrica de una línea lateral equidistante, el efecto de algunas particularidades menores de la costa  - como, por ejemplo, la existencia de un pequeño islote, incluso no muy alejado de la costa – podía desviar considerablemente la línea y alterar en gran medida la superficie marítima correspondiente a uno u otro Estado.  Este efecto era tanto más importante en cuanto la extensión de la  plataforma continental era factor determinante de su importancia económica y política: recordemos que el petróleo era y sigue siendo el recurso mineral más importante en la plataforma continental.

A pesar de este problema, la aceptación del principio de equidistancia para la delimitación de espacios marinos en las Convenciones de 1958, no ofreció dificultades y al votarse los artículos correspondientes no hubo ningún voto en contra y muy pocas abstenciones. Ningún participante en la Conferencia, ni siquiera la influyente delegación de Estados Unidos, consideró necesario recordar que en la primera declaración pública de un Estado relativa a la plataforma continental, la Declaración Truman de 1945, a la que ya hemos hecho referencia, se había afirmado que  “en los casos en que la plataforma continental llegue hasta las costas de otro Estado o sea compartida por un Estado adyacente, los límites serán determinados... de acuerdo con principios equitativos”.

En los años que siguieron, desde 1958 hasta 1973, fecha de  iniciación de la III Conferencia de la ONU sobre el Derecho del Mar, la mayoría de los tratados que establecieron delimitaciones internacionales de mar territorial o de plataforma continental, utilizaban el principio de equidistancia, tanto para la delimitación frontal como para la lateral.  Muchos se refieren a las Convenciones de 1958, otros invocan explícitamente la equidistancia o la línea media, otros no mencionan reglas ni principios pero puede apreciarse, consultando los mapas correspondientes, que la línea adoptada es, bien rigurosamente equidistante (aplicación del método), bien una línea simplificada compuesta por segmentos rectos que unen puntos equidistantes. A veces una línea equidistante es modificada para resolver problemas concretos debidos a la presencia de pequeñas islas en la parte central de la zona a delimitar.  Son muy pocos los tratados de delimitación de ese período en los que la equidistancia no es tenida de alguna forma en cuenta.

La práctica de los Estados parecía confirmar que el principio de equidistancia, combinado con el factor de flexibilización de las circunstancias especiales, era capaz de resolver todos los problemas de delimitación marítima y, por tanto, parecía ser aceptado  como un principio general o, incluso, como una norma consuetudinaria. Esta situación fue alterada radicalmente a consecuencia de la famosa sentencia del Tribunal Internacional de Justicia dictada en el asunto de “La plataforma continental en el Mar del Norte”, litigio que enfrentaba a la República Federal Alemana, de un lado, y Holanda y Dinamarca, que hacían causa común, de otro. De esa sentencia deriva la dura controversia que se desarrolló durante la III Conferencia del Derecho del Mar sobre la cuestión de la delimitación de la plataforma continental y la zona económica exclusiva, en la que se enfrentaron dos posiciones: equidistancia más circunstancias especiales, de un lado, principios equitativos y circunstancias relevantes, de otro. Esa sentencia fue pivote central en la aparente eliminación de la equidistancia como principio o regla jurídica aplicable en la delimitación de espacios marinos y sus consecuencias aún no han sido completamente superadas. Veamos lo que ocurrió. 
 

¿Fronteras naturales en el mar?

En los años 1965 y 1966, cuando ya era conocida la importancia de los yacimientos de petróleo en el Mar del Norte, una serie de tratados bilaterales entre los países ribereños, con la excepción de la República Federal Alemana, habían delimitado la plataforma continental ateniéndose al principio de equidistancia. La República Federal había delimitado con sus vecinas, Holanda y Dinamarca, solamente las zonas próximas a la costa, trazando unas cortas líneas equidistantes, pero no había sido posible el acuerdo sobre la plataforma continental. En esa situación, y ante la urgencia de tener seguridad para la concesión de permisos petroleros, los tres países acudieron al Tribunal Internacional de Justicia para resolver la controversia: Holanda y Dinamarca pretendían que la regla aplicable fuera la de la equidistancia, que consideraban pertenecía ya al derecho consuetudinario y completaban su argumentación afirmando que no existían circunstancias especiales que justificaran otra delimitación.

La República Federal negaba la vigencia de aquella regla y pretendía que cada Estado debía obtener una parte “justa y equitativa” de plataforma continental, proporcional a la longitud de su costa. Como pretensión subsidiaria, para el caso de que el Tribunal admitiera la aplicación del principio de equidistancia, la República Federal alegaba la existencia de circunstancias especiales, esencialmente la concavidad de la costa. El mapa núm. 1[7] que reproducimos a continuación, aclara mejor que muchas explicaciones verbales la situación: las líneas de trazo grueso muestran las delimitaciones realizadas, en los años que se indican, entre Gran Bretaña, de una parte, y Holanda, Dinamarca y Noruega, de otra,  así como entre Dinamarca y Noruega.  La línea de trazos B-F-D, la pretendida por Alemania y la línea de puntos B-E-D, la resultante de la equidistancia para Dinamarca y Holanda, respecto de Alemania. Por último,  la línea E-F, es  la frontera en el mar entre Dinamarca y Holanda, que surgiría por aplicación de la equidistancia. 

La reducida plataforma continental alemana, que resultaba de la aplicación de la equidistancia, era debida a que toda, repitámoslo, toda su costa sobre el mar del Norte quedaba dentro de la concavidad que va desde la costa de Jutlandia hasta las islas holandesas de Frisia y la predominancia, en la construcción geométrica, de los puntos más salientes en los extremos geográficos de la concavidad.  El croquis ilustrativo[8] que acompañaba a la sentencia, y que también reproducimos, explica con toda claridad ese efecto. Las partes en el litigio no habían pedido al Tribunal que trazase las líneas de delimitación, sino que indicara cuáles eran las reglas y principios de Derecho internacional aplicables a esa delimitación. El Tribunal dictó su sentencia en 1969 y, al esforzarse en negar todas las tesis de las partes en litigio  - cosa frecuente en la jurisprudencia internacional en materia de delimitación marítima -  esa sentencia ha tenido, dicho sea desde el gran respeto que debemos al Tribunal, consecuencias muy perturbadoras en la evolución del derecho relativo a la delimitación de los espacios marinos.  Ante todo porque la sentencia de 1969 está en el origen de la larga controversia que se desarrolló durante la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en lo que concierne a la delimitación de la zona económica exclusiva y la plataforma continental.

Esas consecuencias hubieran sido evitadas si el Tribunal, aceptando la petición subsidiaria de la República Federal, hubiera dado otra consideración a las circunstancias geográficas del caso y hubiera estimado que una costa situada enteramente dentro de una amplia concavidad constituía una “circunstancia especial”. Ésta era la pretensión alemana, pero el Tribunal, probablemente llevado por el deseo de adoptar una solución no vinculada a las tesis avanzadas por las partes, prefirió negar todo valor al principio de equidistancia, olvidar las circunstancias especiales y buscar nuevas orientaciones en la Proclama Truman de 1945 con su referencia al “acuerdo” y los “principios equitativos” que, a diferencia de la proclama, el Tribunal tiene que explicitar.

Puesto a ello, el Tribunal da una gran importancia a la noción de plataforma continental como continuación bajo el mar del territorio del Estado costero, sobre la que éste tiene un derecho originario, natural y exclusivo. Ya en esa línea, el Tribunal, después de afirmar que el método -subrayemos esa palabra, método- de delimitación basado en la equidistancia no era obligatorio para las partes en litigio, enunciaba los principios y las reglas aplicables con  palabras que evocan la existencia de fronteras naturales en el espacio marino. La  primera regla  era ésta: “La delimitación debe realizarse mediante acuerdo de conformidad con principios equitativos y teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes, de manera que se atribuya a cada Parte, en toda la medida de lo posible, la totalidad de las zonas de la plataforma continental que constituyen la prolongación natural de su territorio bajo el mar y no inciden en la prolongación natural del territorio de la otra”[9].

Pero era evidente que, en el caso de especie, no era posible delimitar de esa manera, puesto que se trataba de una sola y la misma plataforma continental la que había de ser dividida. Por tanto, el Tribunal añadía: “Si, en aplicación del párrafo precedente, la delimitación atribuye a las Partes zonas que se superpongan, éstas deberán ser divididas entre las Partes por vía de acuerdo o, en su defecto, en partes iguales, a menos que las Partes establezcan un régimen de jurisdicción, de utilización o de explotación en común para todas o algunas de las zonas de superposición”. Vemos aquí la anticipación evidente de que, al menos en las delimitaciones entre Estados adyacentes, es decir, en las delimitaciones  laterales, el Tribunal ya adivinaba que no era de esperar que existieran “fronteras naturales” en la plataforma continental. La realidad ha confirmado sobradamente este hecho. 

Previendo esas dificultades, el Tribunal añadía en su sentencia la enumeración de los “factores” –ahora no habla de principios-  que habrían de ser tenidos en cuenta por las Partes en sus negociaciones; a saber, la configuración general de las costas, la existencia de características especiales (que no define), la estructura física y geológica (insiste en la idea de frontera natural), así como los recursos naturales de las zonas a delimitar, en la medida en que fueran conocidos, así como (y aquí el Tribunal recogía la cuestión más importante en las alegaciones de la República Federal) -aunque reduciendo su importancia a la de un mero “factor de comprobación”- la relación razonable que una delimitación “realizada de conformidad con principios equitativos debe mostrar entre la extensión de las zonas de plataforma continental dependientes de un Estado ribereño y la longitud de su litoral medida siguiendo la dirección general de éste”.  No es éste lugar adecuado para desarrollar la crítica de la sentencia de 1969, pero sí debemos recordar que en aquel momento la noción de la plataforma continental, también en sentido jurídico  - y por consiguiente, político – se fundaba en consideraciones geográficas, geomorfológicas y técnicas: continuidad del territorio, profundidad de las aguas y posibilidad de explotación de los recursos.  Retengamos ahora tan sólo la idea de que el Tribunal pensó en la posibilidad de encontrar fronteras naturales en los fondos marinos; puesto que el título jurídico del Estado sobre su plataforma continental estaba vinculado a la prolongación, la continuidad sumergida de su territorio: donde ésta se interrumpiera, terminaría su derecho.

La III Conferencia del Derecho del Mar y la Zona Económica Exclusiva

No es posible ahora, ni es el objeto de este trabajo, considerar todas las cuestiones que fueron abordadas durante los nueve años de esfuerzos que llevaron a adoptar “casi” por consenso, los 320 artículo que integran, junto con nueve anexos, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Sólo nos referiremos a las cuestiones esenciales concernientes a los límites internacionales, es decir, las fronteras en el mar entre Estados, relativas a lo que había sido la plataforma continental.  Y decimos lo que había sido, porque la Conferencia y la Convención aceptaron una nueva definición de la plataforma continental que, ahora, quedaba subsumida en la noción de zona económica exclusiva que incluía no sólo las aguas, sino también el lecho y el subsuelo marinos hasta el límite de las 200 millas, medidas desde la costa.

En esta nueva concepción, las consideraciones geomorfológicas y geológicas carecen de valor.  A nadie puede extrañar que los países de la costa suramericana del Pacífico, vinieran propugnando la existencia de derechos exclusivos para la explotación de los fondos marinos en una zona definida por la distancia desde la costa, puesto que en aquella costa no existe prácticamente una plataforma continental en sentido geográfico o geomorfológico.  Sería –argumentaban, con razón– sumamente injusto que las características de ese tipo de los fondos marinos, les privaran de su derecho a explotar sus recursos por no ser una prolongación sumergida de la masa continental, cuando los medios técnicos ya permitieran esa explotación. Con el triunfo de esa tesis, desaparece el título basado en la geografía, la geomorfología o la geología: el título jurídico deriva simplemente de la distancia desde la costa y no cabe hablar de fronteras naturales en el mar debidas a las particularidades geográficas de los fondos marinos.

Por lo demás, la realidad de las fronteras naturales en el territorio terrestre deriva del hecho de que los accidentes naturales que las constituyen (montañas, ríos, desiertos) suponen un obstáculo para el desarrollo de la actividad humana y para la expansión de los poderes y actividades, militares, económicas, transportes y comunicaciones de los núcleos de poder que son los Estados cuyas fronteras han de delimitarse. Pero en el mar las características de sus fondos  no  suponen obstáculo ninguno puesto que la actividad humana en ellos se realiza en la superficie o, mejor dicho, desde la superficie, donde no existen tales fronteras naturales.  Esta afirmación viene confirmada por el hecho de que, con una sola excepción (la Fosa de Timor, entre Australia e Indonesia), ni uno solo de los numerosos acuerdos de delimitación de plataforma continental o zona económica exclusiva, ni sentencia judicial o laudo arbitral internacionales alguno, han establecido como límite una particularidad geomórfica de los fondos marinos. Volveremos sobre este punto al referirnos a la delimitación de esos espacios, puesto que esa cuestión fue una de las más debatidas entre todas las suscitadas durante la III Conferencia.

En efecto, a pesar del cambio esencial en cuanto al título jurídico, fundamento del derecho de los Estados a su plataforma continental como lecho y subsuelo de su zona económica exclusiva, basado ahora en la distancia, la cuestión de la delimitación, es decir, del trazado de las fronteras en el mar, fue objeto de una larga y dura  negociación entre los partidarios de la equidistancia, como principio fundamental, corregido en su aplicación cuando existieran circunstancias especiales (circunstancias que nunca pudieron ser definidas ni precisadas) y los que se proclamaban partidarios de la aplicación de principios equitativos que, ciertamente, tampoco pudieron ser definidos ni precisados. Los primeros se apoyaban en la práctica de los Estados y la consagración de la distancia en superficie como título. Los segundos ampararon su posición en las primeras palabras de la parte dispositiva de la sentencia de 1969: “La delimitación debe realizarse mediante acuerdo de conformidad con principios equitativos y teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes”[10].

El resultado final, como tantas veces, no dio satisfacción a ninguno de los dos grupos. El enconado punto muerto que subsistía al llegar la III Conferencia a su fase final, sólo pudo ser superado mediante la adopción de un texto, bien conocido, en el que se afirma que “la delimitación....se efectuará por acuerdo....sobre la base del derecho internacional... a fin de llegar a una solución equitativa”[11].   Es cierto que los partidarios de los principios equitativos hubieron de aceptar que “sus” principios, nunca explicitados, no fueran ni siquiera aludidos, pero tampoco aparece mencionada la equidistancia. Sin embargo, la existencia en el Derecho Internacional de reglas y principios objetivos relativos a la delimitación de esos espacios marinos,  era admitida, junto con la confesión de que no habían podido ser formulados: para unos serían los principios equitativos no identificados, para otros, la regla de la equidistancia más circunstancias especiales, que tampoco habían sido precisadas. ¿Dónde es posible encontrar hoy esas reglas o principios de Derecho Internacional, esenciales para el trazado de fronteras en el mar?

En un interesante artículo, publicado en la Revista Española de Derecho Internacional en 1990, el juez Bedjaoui, quien poco después sería Presidente del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, recordaba la descripción de los principios equitativos que había hecho Keith Highet: “una paradoja, envuelta en un misterio, en el interior de un enigma”. Y decía el ilustre internacionalista argelino: “Los principios equitativos, implícitamente presentes en el artículo 6 de la Convención de 1958 sobre la plataforma continental, exhumados y valorados por la jurisprudencia de 1969 del Tribunal, han desaparecido oficialmente de la ‘norma fundamental’ adoptada por la Convención de Montego Bay en 1982.... La Conferencia ha firmado su certificado de defunción convencional.... Pero la muerte no existía más que en el papel.... La jurisprudencia y la doctrina posteriores han declarado que los principios equitativos pertenecen al derecho consuetudinario”[12]. En cierto modo estamos de acuerdo con esas afirmaciones y llegaríamos a estarlo plenamente si añadimos una precisión: en la III Conferencia  también murió  -al menos sobre el papel-  la equidistancia, cierto que tras larga batalla y quizá porque sus enemigos la quisieron ver siempre bajo el prisma engañoso de un simple método geométrico y sus defensores no pudieron acreditar que en realidad se trata, también, de un principio, según el cual “la tierra domina el mar”, aunque sí es cierto que su aplicación geométrica, en ciertas circunstancias, esencialmente geográficas,  puede producir efectos no equitativos, desproporcionados, que han de ser corregidos para lograr un resultado equitativo.

Partiendo de esta observación podríamos llegar a decir que los partidarios de los principios  equitativos tenían razón, pero que también la equidistancia es uno de los principios que murieron en el papel en 1982. ¿Ha resurgido la equidistancia en la jurisprudencia posterior a 1982?  Es precisamente en esa jurisprudencia donde podemos encontrar la respuesta a las preguntas que nos planteamos.

Según sostiene el juez Bedjaoui, en el artículo al que nos referimos, los principios equitativos han experimentado una “resurrección milagrosa” que él sitúa en la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia en el asunto de la delimitación de la plataforma continental entre Libia y Malta, dictada en 1985. Las sentencias anteriores, en los asuntos Túnez – Libia (1982) y Golfo de Maine (1984) son desdeñadas por el juez argelino, a nuestro juicio con toda razón. En ellas no resurgió ningún principio identificable con valor general y las dos han sido abundantemente criticadas por su carácter, "intuitivo y arbitrario"[13], pareciendo estar basadas en la aplicación pura y simple de la equidad ultra legem, o en la idea de que todo caso de delimitación es un unicum, siendo imposible aplicar principios generales.

Sin embargo, por nuestra parte, queremos señalar que en ambos casos fueron avanzadas por las partes pretensiones basadas en la noción de “frontera natural”. Libia pretendía encontrar un límite creado por las estructuras geológicas de los fondos marinos, mientras Túnez invocaba la continuidad geográfica y geomorfológica, y también Canadá argumentaba sobre la base de la adyacencia y continuidad de su territorio bajo el mar.  Todas estas alegaciones, inspiradas por el primer principio enunciado por el Tribunal en 1969, fueron rechazadas, aunque quizá todavía no por la buena razón, sino porque el Tribunal no encontró que, en esos casos, se pudiera identificar con claridad una línea de delimitación en virtud de las características de los fondos marinos.

En el asunto Libia – Malta, el Tribunal también rechazó las argumentaciones de Libia basadas en la prolongación natural de su territorio y en las características geomorfológicas del lecho y el subsuelo marinos. Pero en esta ocasión el Tribunal afirmó que el criterio de la distancia debe aplicarse tanto a la plataforma continental como a la zona económica exclusiva por lo que, donde el margen continental no llega más allá de 200 millas, la noción de plataforma continental que, a pesar de sus orígenes físicos, se ha convertido en un concepto complejo y jurídico, es definida en parte por su distancia desde la orilla y, añade, que, en consecuencia, el título jurídico sobre aquello que ha de ser delimitado no puede dejar de ser pertinente a los fines de la delimitación.  Con ello es evidente que el Tribunal tiene en cuenta la nueva definición de la plataforma continental y la zona económica adoptada en la Convención de Montego Bay y que el principio, enunciado en la sentencia de 1969, de la prolongación natural y, con él, las características geomorfológicas o geológicas de los fondos marinos, son dejadas de lado con carácter general y no sólo para el caso de especie.

Pero aún resaltando la importancia de la distancia, el Tribunal tampoco acogió, en este caso, la tesis de Malta, basada en la equidistancia. Cierto que, al rechazar la tesis maltesa, el Tribunal no se refiere a la equidistancia como principio, sino como método y puede apoyarse en la jurisprudencia anterior para negar que ese método sea el único aplicable, mientras enumera una serie de principios que denomina equitativos y a los que parece otorgar un valor normativo general, a saber, el de que la delimitación no debe tratar de reformar la naturaleza, el de que ha de evitarse la intromisión de una parte en zonas que corresponden a la otra, el del respeto de todas las circunstancias pertinentes, el de que la equidad no implica necesariamente la igualdad y el de que la delimitación no es un acto de justicia distributiva.

Ahora bien, cuando el Tribunal inicia la tarea de trazar la línea de delimitación, la frontera en el mar, lo hace recordando que el título jurídico de un Estado sobre su plataforma continental a una distancia inferior a 200 millas, se basa en la distancia y, “sin albergar ninguna duda sobre lo que debe hacer”[14] traza una línea equidistante como punto (mejor dicho, línea) de partida.  Cierto que esa línea es corregida, primero para eliminar la influencia desproporcionada del islote de Filfla y luego, corrección mucho más importante, desplazando la línea hacia Malta para tener en cuenta la desproporción entre las longitudes de las costas determinantes de la superposición de pretensiones, que estima de 192 millas en Libia y sólo de 24 en Malta. La corrección, que se puede apreciar en el mapa núm. 2, no se efectúa mediante cálculos matemáticos[15]: el Tribunal  la estima equitativa y no cree que exista una “manifiesta desproporción entre las áreas” atribuidas a cada una de las Partes, que, por lo demás, no calcula debido a ciertas dificultades técnicas.

Volviendo ahora al artículo del juez Bedjaoui, al que nos hemos referido antes[16], parece extraño que, al enunciar los principios equitativos que resurgieron en la sentencia de 1985, no mencione la equidistancia ni la proporcionalidad, que fueron los realmente utilizados por el Tribunal.  Cierto que los retenidos por el internacionalista argelino son mencionados en aquella sentencia y, como no podía ser menos, son compatibles, mejor dicho, complementarios de la equidistancia, incluso el que se refiere a la necesidad de evitar la intromisión de una parte en la zona que corresponde a la otra. Como lo demuestra el razonamiento del Tribunal para trazar la línea de delimitación entre Malta y Libia, esta “no-intromisión” (non-empiètement en el texto francés de la sentencia) no puede referirse, como ocurría en 1969, a los factores geomórficos, es decir, a la continuidad del territorio sumergido, sino a la proyección en superficie del espacio marino generado por la costa. De otro modo la sentencia sería incongruente. Evidentemente el principio de que la delimitación no puede reconstruir completamente la geografía, ni rectificar las desigualdades de la naturaleza, es perfectamente compatible, si no refuerza, la aplicación del principio de equidistancia. Y el respeto de todas las circunstancias pertinentes no es sino otra denominación de la noción de “circunstancias especiales”, íntimamente unido al principio de  equidistancia.  No hay duda de que los dos últimos principios enunciados por el Tribunal en la sentencia de 1985 son plenamente compatibles con el de equidistancia: equidad no implica igualdad, ni obliga a igualar lo que la naturaleza ha hecho desigual y la delimitación no es un problema de justicia distributiva.

Pero el juez Bedjaoui escribía en 1990, cuando todavía imperaba en las interpretaciones doctrinales y en no pocos medios políticos la idea de que la Convención de Montego Bay había orientado la solución de los problemas de la delimitación marítima más allá del mar territorial a favor de “principios equitativos” para lograr una solución equitativa, y había descartado la tesis de la equidistancia. La palabra equidad es un constante ritornello y la equidistancia parece un mero método geométrico y no un principio. Nos interesa ahora, 23 años después, comprobar si la jurisprudencia del Tribunal Internacional de Justicia ha seguido la línea iniciada en 1985, descartando la idea de las fronteras naturales, geomórficas o geológicas, y partiendo del principio, subrayémoslo mil veces,  principio, de equidistancia.

En este período de tiempo, el Tribunal de La Haya ha dictado tres nuevas sentencias en materia de delimitación marítima: entre Noruega y Dinamarca  (delimitación entre la isla de Jan Mayen y Groenlandia), en 1993; entre Qatar y Bahrein (delimitación marítima y cuestiones territoriales), en 2001, y la recientísima sobre la frontera terrestre y marítima entre Camerún y Nigeria, en 2002.  En todas ellas, el Tribunal ha descartado por completo la noción de “frontera natural” en el mar y ha utilizado fundamentalmente  -si se prefiere, primariamente, puesto que siempre ha sido el punto (línea) de partida -  la noción – nosotros diríamos, el principio – de equidistancia, adaptando, en ocasiones, la línea resultante del método, a ciertas circunstancias.

Veamos, brevemente, la sentencia de 1993. El mapa núm. 3 la describe gráficamente. La línea de trazo fino (B – A), la más próxima a Jan Mayen, constituía la pretensión danesa; la otra línea fina (D – A) era la pretensión noruega, que era la línea equidistante.  La línea de trazo grueso (M – A) fue la establecida por la sentencia. El Tribunal, en la exposición de sus motivos, parte de la línea equidistante pero, inmediatamente, se pregunta por la existencia de circunstancias especiales y da relevancia a dos: de una parte la disparidad entre las longitudes costeras relevantes, que estima favorece a Dinamarca en una proporción de, nada menos, 9 a 1; en segundo lugar, considera la importancia de los recursos pesqueros en el área meridional de superposición de pretensiones y precisamente en el lado noruego de la línea equidistante. Por todo ello, la línea de delimitación es desplazada hacia Jan Mayen de manera que divida en partes iguales la zona de interés pesquero (zona 1, en el mapa), mientras que hacia el Norte la corrección, justificada por la desproporción, va disminuyendo progresivamente hasta llegar al punto A, que es equidistante. Nuevamente la corrección por la desproporción no es, ni mucho menos, determinada por cálculos matemáticos[17].  El Tribunal se limita a decir, en cuanto a la disparidad de las longitudes costeras que “una división en partes iguales de toda la zona de superposición de reivindicaciones, daría un peso excesivo a esa circunstancia”[18].

En el asunto Qatar – Bahrein, la sentencia, de fecha 16 de marzo de 2001, se expresa con gran rotundidad al afirmar que los derechos sobre el mar derivan de la soberanía del Estado ribereño sobre la tierra “principio que puede ser resumido así: ‘la tierra domina el mar´. Es por tanto la situación territorial terrestre la que ha de ser retenida como punto de partida a fin de determinar los derechos de un Estado costero en el mar”[19]. Recordemos que ese principio es el que fundamenta el de equidistancia. Partiendo de esa base, el Tribunal no iba a tener en cuenta la posibilidad de que existieran fronteras naturales en los fondos marinos. Lejos de considerar esa cuestión, el Tribunal recordó, como precedentes, los asuntos Malta – Libia y Jan Mayen, anunciando que trazaría una línea equidistante y, a continuación, examinaría si existían circunstancias (que se abstuvo de calificar) que debieran conducir a la modificación de esa línea.  Finalmente consideró que no existían tales circunstancias y que la disparidad de las longitudes costeras “no puede ser considerada de tal entidad como para imponer un ajuste de la línea de equidistancia”[20]. La única modificación que el Tribunal introdujo en la línea estrictamente equidistante adoptada fue la de no dar efecto a un bajo fondo, lejos de la costa de Bahrein, del que sólo una ínfima parte emergía en marea alta.

En el contexto de este estudio, no es posible dedicar toda la atención que merece a la última sentencia dictada por el Tribunal de La Haya en materia de delimitación marítima, la de fecha 10 de octubre de 2002, que resolvió el litigio entre Camerún y Nigeria. Nos limitaremos a señalar que el Tribunal no se ocupa en absoluto de la eventual existencia de “fronteras naturales” en los fondos marinos. Todo el razonamiento del Tribunal, con continuas referencias a su jurisprudencia anterior, se basa en la afirmación de que ya ha precisado en varias ocasiones cuáles son los criterios, principios y reglas de delimitación aplicables a una línea única de delimitación, es decir, a una frontera marítima, que, afirma el tribunal, encuentran su expresión en el método llamado de los principios equitativos / circunstancias pertinentes. Este método, asegura el Tribunal, “muy próximo al de la equidistancia / circunstancias especiales, aplicable al mar territorial, consiste en trazar de entrada una línea  de equidistancia y examinar, después, si existen factores que exijan un ajuste.... a fin de llegar a un resultado equitativo”[21].  Por tanto, el Tribunal, en esta ocasión, también traza una línea equidistante y a continuación se pregunta si existen circunstancias que justifiquen su modificación. Pero antes dice: “El Tribunal debe insistir a este respecto, en que delimitar con la preocupación de llegar a un resultado equitativo, como lo requiere el Derecho internacional en vigor, no equivale a delimitar en equidad. La jurisprudencia del Tribunal muestra, en efecto, que, en los diferendos sobre delimitación marítima, la equidad no constituye un método de delimitación, sino únicamente un objetivo que conviene tener presente al efectuarla”[22].  No es posible encontrar otra afirmación del Tribunal, en su jurisprudencia delimitadora, más clara y rotunda, ni ignorar que con ella descarta muchas, quizás la mayoría de las invocaciones de pretendidos “principios equitativos” y, desde luego, cualquier interpretación del “principio de equidad” orientada en el sentido de la decisión ex aequo et bono o de la equidad ultra legem.

En armonía con esas explicaciones, la sentencia de 2002 hace otras afirmaciones importantes en el párrafo 294: La configuración geográfica es un dato. El Tribunal no puede modificarla..., es un hecho” y reitera lo que había sostenido desde el asunto del Mar del Norte, en 1969: “la equidad no implica necesariamente la igualdad” y “no se trata de rehacer totalmente la geografía en no importa qué situación de hecho sino, en presencia de una situación geográfica de casi igualdad entre varios Estados, de remediar una particularidad no esencial de la que podría resultar una injustificable diferencia de tratamiento, nunca de rehacer la naturaleza”[23] y aclara que, si ciertas particularidades geográficas pueden ser tenidas en cuenta, es “solamente a título de circunstancias pertinentes al fin, en su caso, de ajustar o desplazar la línea provisional” (subrayado nuestro) que, recordémoslo, desde el asunto Malta – Libia, pasando por Jan Mayen y Qatar – Bahrein, es la resultante de aplicar, no ya el principio, sino el método de la equidistancia entre las costas. ¿Dónde han quedado las posibles “fronteras naturales” que parecía propugnar como principio fundamental la sentencia de 1969? Responderemos a esa pregunta al formular las siguientes conclusiones:
 

Conclusiones

1.-  En ninguna de las sentencias,   judiciales o arbitrales,  relativas a delimitación  marítima, sea de la plataforma continental o de la zona económica exclusiva (que incluye los fondos marinos)  se ha  trazado una línea de delimitación que tuviera en cuenta los accidentes geográficos, geomorfológicos o geológicos de los fondos marinos.

Entre  los ya casi 200 tratados internacionales delimitando espacios marinos, sólo uno ha tenido en cuenta una particularidad de los fondos marinos que, por analogía, podríamos denominar “frontera natural”[24].

2.- Las sentencias del Tribunal Internacional de Justicia, desde la correspondiente al litigio entre Libia y Malta, de 1985, nos permiten obtener una conclusión casi sorprendente: el círculo iniciado en 1958 con los artículos 12 de la Convención sobre el Mar Territorial y 6 de la Convención sobre la plataforma continental, que establecían la regla “equidistancia más circunstancias especiales, pasando por las complicaciones introducidas por la sentencia de 1969, la nueva definición de los espacios marinos y su delimitación en la III Conferencia del Derecho del Mar y la Convención de Montego Bay, las “equitativas” sentencias en los casos Libia-Túnez y Golfo de Maine, se ha cerrado, volviendo al punto de partida.  La mención del Derecho internacional, necesariamente consuetudinario, en los artículos 74 y 83 de esa Convención, es interpretada  por el Tribunal en sus sentencias recientes, desde 1985, dándole un sentido claro: el principio de equidistancia y, por tanto, la línea media o equidistante, es el punto de partida para el trazado de fronteras en el mar, y esa línea sólo es modificada cuando circunstancias pertinentes, fundamentalmente geográficas, ocasionalmente económicas pero reales y objetivas, originan desigualdad cuando en las costas -  no en los fondos – existe cierta igualdad,  pero no cuando en las costas y sus fondos marinos, la naturaleza ha establecido una desigualdad que es, jurídicamente, irremediable.

3.- No existen fronteras naturales en el mar. Los accidentes que en los fondos marinos puedan asimilarse a los que en tierra han llegado a formar esas fronteras, carecen de relevancia puesto que en el espacio marino, la actividad humana se desarrolla en la superficie e incluso la exploración y explotación de los recursos del lecho y el subsuelo marinos se realiza desde la superficie. Es la distancia desde la costa la que constituye el criterio fundamental, susceptible de ser corregido, en ciertas situaciones, para el trazado de fronteras en el mar.  En ese sentido podríamos llegar a decir que la equidistancia entre dos costas, como reflejo del principio “la tierra domina el mar”,  es la única frontera natural posible, no negociada, en el espacio marino. 


Notas:

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