A comienzos y mediados de los años 90 las instituciones financieras internacionales (el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial), las instituciones financieras regionales (El Banco de Desarrollo Interamericano) y los países del 7-G (Norteamérica y Europa Occidental) alabaron el programa de liberalización argentino como un modelo económico para el Tercer Mundo(1). Entonces el presidente Menem y su ministro de economía Cavallo prometieron al pueblo argentino que pronto formarían parte del "Primer Mundo".

A continuación, pasaremos a examinar los nexos causales que relacionan las políticas neoliberales, las estructuras del poder estatal y la subordinación internacional con la desintegración de Argentina. La lógica de nuestra pesquisa nos llevará a continuación a analizar las consecuencias de la desintegración de Argentina en relación con:

1) sus antiguos patronos de las IFIs y del G-7,

El hilo conductor de nuestro estudio estará constituido por las siguientes hipótesis:
1) La economía argentina se encuentra en proceso de regresión irreversible y constante que lleva a la desintegración de la soberanía nacional, al desempleo masivo y a la depresión económica.

2) La causa principal de la recesión se halla en las estructuras neoliberales del poder y en políticas que han facilitado el saqueo de la economía, la corrupción a escala masiva y una deuda externa creciente que no halla correlato en el crecimiento de las fuerzas productivas.

3) Las fracasadas políticas neoliberales, el saqueo económico y la deuda externa exponencial hicieron de Argentina un país inatractivo para inversores extranjeros y prestamistas oficiales que procedieron a demandar mayores sacrificios al tiempo que en la práctica rechazaban conceder más financiación para reflotar el régimen y la economía.

4) Los Estados neoliberales fracasados como la Argentina se enfrentan a tres alternativas:

a) convertirse en súbditos coloniales del neoimperialismo;

b) embarcarse en un proyecto neoestructuralista;

c) emprender transformaciones de corte revolucionario.

Estas son las hipótesis que guían nuestra investigación y dirigen nuestra pesquisa sobre las causas que explican la situación de los Estados neoliberales fallidos y sobre el tipo de acción decidida que puede evitar su fracaso y reformar o revolucionar a naciones que han caído presas de la trampa neoimperial.

COLAPSO ECONÓMICO Y EMPOBRECIMIENTO MASIVO

Ningún país ha caído tan rápida y profundamente en un estado de pobreza masiva ni ha experimentado un colapso económico tan prolongado como la Argentina. Aunque la mayoría de los países latinoamericanos han aplicado políticas neoliberales, ninguno lo ha hecho de forma tan intensa y acelerada como Argentina. Además, ningún país latinoamericano estaba tan avanzado desde el punto de vista industrial y poseía una economía tan diversificada como la Argentina(2). Por último, Argentina disfrutaba del nivel de vida más alto de la región, la fuerza de trabajo más especializada y cualificada y la dirigencia política más determinada a seguir los preceptos de las IFIs y del G-7.

Argentina es un banco de pruebas de la eficacia y limitaciones de la perspectiva neoliberal bajo condiciones óptimas: un Gobierno complaciente, una infraestructura bien desarrollada, una fuerza de trabajo cualificada, antiguos vínculos con los mercados mundiales y una clase media significativa con tendencias consumistas compatibles con los patrones culturales euroamericanos.

El resultado de 27 años de neoliberalismo nos proporciona una adecuada referencia temporal para evaluar su impacto sobre la economía y la sociedad y evitar desenlaces circunstanciales o coyunturales.

EMPOBRECIMIENTO MASIVO Y DESIGUALDADES CRECIENTES

El número de argentinos que viven por debajo del umbral de pobreza ha aumentado de forma geométrica. Hace 10 años eran menos del 15%, hace 2 años eran el 30% y en junio del 2002 el porcentaje sobrepasaba el 50%(3). En Argentina, a fecha de junio del 2002, el régimen de Duhalde reconoce que sobre 18,2 millones de argentinos el 51,4% vive por debajo del umbral de pobreza. De esos, 7,7 millones son indigentes de acuerdo al SIEMPRO (Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales), una institución oficial bajo jurisdicción presidencial. La cifra de niños y adolescentes que viven en condiciones de pobreza es casi la mitad de los 8,2 millones de pobres. La depauperación está creciendo a un ritmo acelerado. Entre enero y mayo del 2002 el número de pobres creció en 3.8 millones de personas, es decir, 762.000 al mes, es decir, 25.000 al día. Entre los pobres, el índice de pobres indigentes está creciendo de forma incluso más rápida que el índice general de pobreza. Por ejemplo, en 1998 el 28,9% de los pobres eran indigentes; en junio del 2002 la proporción de indigentes era del 42,6% de la población de pobres. La masificación de la pobreza extrema se manifiesta en los elevados índices de malnutrición infantil (más del 58% de los niños están desnutridos en Matanzas, un suburbio obrero de Buenos Aires). En el interior se multiplican los informes acerca de niños que se desmayan en la escuela por falta de alimentación. Más del 60% de los recién nacidos en Misiones padecen anemia como consecuencia de los recortes que el Gobierno ha efectuado en programas de alimentación escolar para complacer las demandas del G-7 y del FMI.

Exceptuando al 10% de la población situada en la cúspide de la pirámide social y a los capitalistas extranjeros, los ingresos de todos los sectores obreros de la población y de los pensionistas han experimentado un declive medio del 67% en términos de ingresos mensuales. El descenso de los ingresos ha sido profundo, repentino e ininterrumpido. En 1997 el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PDNU) calculó que la renta per cápita anual de Argentina era de 8.950 dólares. En marzo del 2002 era de 3.197 dólares(4). Este descenso afecta a todas las regiones del país. Si utilizamos como indicadores aproximados de "clase" las diferentes regiones de la provincia de Buenos Aires podemos estimar de forma aproximada el impacto social de la crisis. La capital Buenos Aires, que podemos considerar como integrada básicamente por la clase media, vio descender los ingresos medios desde 909 dólares mensuales en diciembre del 2001 a 363 dólares en marzo del 2002. En los suburbios obreros de la ciudad de Buenos Aires los ingresos cayeron de 506 dólares a 202 dólares. En la provincia de Buenos Aires los ingresos cayeron de 626 dólares a 250 dólares(5). Si examinamos la estructura ocupacional, el mayor descenso se produce entre los trabajadores del sector informal y entre los pensionistas. En la capital los ingresos de los "informales" cayó de $643 a $257; en los suburbios obreros descendió de $334 a $134; en la provincia, de $394 a $158. Entre los pensionistas el descenso fue igualmente devastador: de $437 a $175 en la capital; de $320 a $128 en los suburbios obreros y de $360 a $144 en la provincia(6)

La situación es mucho peor en el resto de las provincias, donde los salarios son más bajos, el desempleo mayor y las demoras en el pago de los salarios y pensiones alcanzan frecuentemente entre los 3 y 6 meses.

Para la clase trabajadora y para la clase media la pérdida de empleo formal significa un severo descenso de sus ingresos. Con el desempleo duplicándose entre 1999-2002 (mayo) el número de indigentes y pobres pertenecientes a la antigua clase media/trabajadora ha aumentado de forma geométrica. Asalariados del sector privado de la capital que ganaban $904 en diciembre del 2001, tres meses más tarde (marzo del 2002), reducidos a la condición de subempleados, ganaban $257 en el sector informal. Con un incremento de precios del 30% en el mismo periodo, el poder adquisitivo real en diciembre del 2001 se redujo aún más.El descenso de los ingresos de diferentes categorías profesionales indica el descenso absoluto y relativo de la clase media, su claro proceso de proletarización: empleados de banca de la capital han visto cómo sus ingresos se reducían cerca del 60%, de $1.081 a $432 al mes, y funcionarios de la capital han experimentado una caída de $1144 a $458 mensuales(8). A fecha de abril del 2002 los ingresos medios de la antigua clase media no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas de alquiler, alimentación, transporte, educación y sanidad; de ahí la necesidad de que todos los miembros de la unidad familiar recurran al pluriempleo –algo prácticamente imposible. La movilidad descendente de la clase media se hace evidente si comparamos su salario actual con el que percibían los trabajadores asalariados con anterioridad a la devaluación. Los salarios privados de los trabajadores suburbanos antes de la devaluación eran de $550; los ingresos de la clase media posteriores a la devaluación son solamente el 75% de los antiguos salarios de la clase trabajadora.

Si tomamos la cifra de $400 como marca del umbral de pobreza y la de $250 como marca de la línea de indigencia, hallamos que todas las categorías profesionales de la clase trabajadora de los suburbios del Gran Buenos Aires se encuentran situadas por debajo de la línea de pobreza y que algunas categorías son indigentes. En la capital, el 60% de los sectores laborales se hallan por debajo de la línea de pobreza (autónomos, sector informal, trabajadores del sector privado).

Los pensionistas que dependen fundamentalmente de sus pensiones son indigentes en todos los sectores geográficos, como lo son también todos los trabajadores desempleados (25%-30% de la población laboral) que viven en los suburbios y en el Gran Buenos Aires. Incluso si aceptamos que algunos trabajadores desempleados trabajan en el sector informal, prácticamente todos ellos se hallan cercanos a, o por debajo de, la línea de indigencia. El incremento masivo del desempleo hasta el 25%- 30% a nivel nacional, hasta el 40%-60% en los suburbios obreros y hasta índices aún superiores en algunas de las antiguas ciudades industriales del interior, la movilidad descendente y el empobrecimiento de la clase obrera y media –su precipitado declive en términos de ingresos y condiciones de vida—recuerdan los peores años de la depresión estadounidense de los años treinta y de la Alemania de Weimar de los años veinte.

Simultáneamente, y en relación con el empobrecimiento de la inmensa parte de las clases obrera y media, se produce la concentración de riqueza en manos de la clase dirigente, de la alta clase media y de capitalistas y banqueros extranjeros. En 1974 el 10% más rico de la población acaparaba el 28% de los ingresos nacionales; en 1992 algo más del 34% y en el 2001 más del 37%, mientras que el 10% más pobre recibía el 2,2% en 1974 y en 1992 y el 1,3% en el 2001, antes de la devaluación y del dramático aumento del desempleo(9). En 1974 el 10% más rico de los ricos ingresaba 12 veces la cantidad ingresada por el 10% más pobre. Si tomamos en cuenta el abultado y común maquillaje a la baja de los ingresos declarados por las clases acaudaladas, el departamento de estadística del Gobierno calcula que las desigualdades actuales son mucho mayores: según su estimación, el 10% más rico de la población gana 40 veces más que el 10% más pobre(10)

El conjunto de las clases altas –la case dirigente más la clase media alta—perciben el 53% del los ingresos declarados, y probablemente la proporción real está más cerca del 60-65% anterior a la devaluación. Dado que las clases altas pudieron retirar sus fondos (de 30.000 a 40.000 millones de dólares) de los bancos y sacar su dinero del país, evitando su confiscación (la de diciembre del 2001), el porcentaje de riqueza en manos de las clases altas es probablemente cercano al 80%. El impacto del neoliberalismo ha tenido un profundo y doble efecto estructural: empobrecer a la clase obrera y a la clase media y enriquecer a las clases altas. A mediados de los años 90, el desigual crecimiento de los ingresos nacionales basados en la entrada masiva de fondos especulativos, créditos extranjeros y privatización de empresas públicas aumentaron de forma artificial los ingresos medios. Sin embargo, cuando cesaron esas inyecciones de capital a corto plazo los ingresos y el empleo cayeron en picado para el 80% de los trabajadores asalariados y para los autónomos, mientras que la movilidad del capital, la elevada liquidez y las fuentes de ingresos diferentes de los salarios de los que disfrutaban los muy ricos protegían su riqueza y condujeron a un extraordinario aumento de las desigualdades.

Mientras que la depauperación y las diferencias en los ingresos aumentaron con la recesión/depresión que arrancó en 1998, la desastrosa caída de ingresos y de nivel de vida para las clases medias (el 40% de la población de la capital) se produjo al comenzar la depresión del 2001-2002, seguida por la confiscación/congelación de cuentas bancarias de diciembre del 2001 y de la consiguiente devaluación e inflación. Según estimaciones de expertos financieros, a comienzos del 2001 los argentinos tenían 86.500 millones de dólares depositados en bancos de titularidad mayoritariamente extranjera y en su gran parte en dólares(11). Durante el año 2001, y especialmente a partir del período abril-noviembre, las clases altas retiraron y sacaron del país 40.000 millones de dólares. En diciembre el Gobierno congeló las cuentas bancarias y después convirtió los fondos congelados en pesos (al 1 de junio del 2002 el cambio se sitúa en 3,3-3,5 pesos por dólar). En efecto, las cuentas se redujeron de 45.000 millones de dólares a aproximadamente 13.000 millones de dólares y continúan bajando ya que no existe indexación. El intento del régimen para convertir el capital restante en bonos del Estado amortizables en 10 años al 2% de interés devaluaría aún más los ahorros, habida cuenta del índice de inflación del 30% para el primer cuatrimestre del 2002. Esta tentativa por parte del régimen para estafar a los argentinos el resto de sus ahorros fue abortada por medio de manifestaciones masivas realizadas por la clase media empobrecida –los cacerolazos que amenazaron el Congreso y asaltaron las oficinas bancarias.

La desintegración social y la polarización tienen su raíz en el colapso de la economía argentina y en la profunda y crónica recesión industrial. Durante los tres primeros meses del 2002 la actividad industrial descendió en más del 18%(12). La recesión industrial se aceleró entre abril del 2002 y marzo del 2002: de –2% en abril del 2001, a –4% en julio del 2001, a –10% en septiembre, a –12% en noviembre y a -18% en marzo del 2002(13). La producción de automóviles cayó un 55% en marzo del 2002 comparada con el mismo periodo del año anterior, mientras que la producción textil y manufacturera cayó un 48% con respecto al año anterior. En el 2001 la industria descendió un 10%(14). El número de cierres de factorías aumentó a lo largo del período 1999-2002, alcanzando cotas sin precedentes en el último trimestre del 2001 y en la primera mitad del 2002. A principios del 2002 casi tres cuartas partes de los industriales predijeron que la crisis empeoraría(15). El nivel de la capacidad industrial no utilizada sobrepasaba el 50% en la mayoría de los sectores económicos, incluyendo el sector del metal, del textil y de los componentes de automoción.

El sistema financiero se encuentra al borde de la bancarrota, en parte debido a las transferencias financieras a gran escala realizadas a la casa madre por filiales de propiedad extranjera. La deuda externa creció de 58.700 millones de dólares en 1990 a 139.900 millones de dólares en 1998, mientras la fuga de capitales y el pago de intereses aumentó en el mismo período a 115.000 millones y 81.700 millones de dólares(16). En otras palabras, el crédito externo financió ampliamente la fuga de capitales y parte del exuberante pago de deuda, dejando un déficit neto de flujos de capital. Esto erosionó la capacidad económica para sostener el crecimiento y condujo a la recesión, a mayores recortes presupuestarios, los cuales a su vez convirtieron la recesión en depresión. La retirada masiva de fondos realizada por las élites extranjeras y nacionales –auxiliadas y toleradas por los bancos extranjeros— provocó la confiscación de los ahorros de millones de argentinos y el virtual colapso del sistema financiero. A lo largo del período 1999-2001 los préstamos del FMI solo sirvieron para pagar a bancos privados y a las IFIs, al tiempo que exacerbaron el problema de la deuda, agudizaron la recesión e hicieron descender el nivel de vida. Para conseguir créditos a corto plazo Argentina estaba pagando el 16% sobre bonos del Tesoro estadounidense hasta una fecha tan tardía como agosto del 2001(17). Cuando finalmente se produjo el colapso, ni las IFIs ni el Banco Mundial ni el G-7 estaban dispuestos a prestar más dinero, a menos que el Gobierno central aboliera su Ley de Subversión Económica (una ley cuyo objeto era perseguir las prácticas bancarias ilícitas), suprimiera las monedas provinciales que estaban manteniendo a flote las economías locales y despidiera a varios cientos de miles de funcionarios de la sanidad, educación y otros servicios públicos.

La preocupación clave de las IFIs al rechazar la Ley de Subversión Económica era que se trataba de un instrumento para perseguir a los bancos del G-7 implicados en la transferencia ilegal de más de 50.000 millones de dólares en el año 2001-2002 (en junio del 2002 la ley fue retirada por presiones del FMI). Mientras el FMI acusaba a los ahorristas argentinos de ser responsables de la crisis financiera (por haber retirado sus ahorros presa del pánico), existen datos sustanciales que demuestran que los bancos privados, en su mayoría propiedad de extranjeros, ya habían consumado una transferencia masiva de fondos al extranjero y no tenían el menor deseo de recapitalizar los bancos(18). Por otro lado, el FMI/Banco Mundial presionaron al Gobierno argentino para que se hiciera cargo de las obligaciones de los bancos privados con respecto a sus depositarios y emitiera bonos del Estado con diez años de garantía en lugar de pagar directamente a los titulares de las cuentas de ahorro. En ausencia de fondos y con la negativa de las casas matrices para recapitalizar sus sucursales argentinas, los bancos privados extranjeros y nacionales declararon hallarse al borde de la bancarrota en el momento en que los titulares legítimos de la cuentas intentaron retirar sus ahorros. La única medida capaz de impedir el colapso total fue la congelación de las retiradas de fondos.

Resumiendo, el experimento neoliberal no sólo ha empobrecido al 80% del pueblo argentino, no sólo ha arruinado sus industrias, conducido a más de un cuarto de ellas a la bancarrota o a sus aledaños y robado sus ahorros a sus clases medias, sino que ha socavado los cimientos mismos de la economía capitalista. Aparte del aumento de desigualdades descomunales, la economía neoliberal ha conducido al saqueo de la economía mediante la transferencia legal/ilegal al extranjero de decenas de miles de millones de dólares que han sido sustraídos del circuito de la economía nacional y colocados en inversiones en el extranjero, cuentas de ahorros, propiedades inmobiliarias y bonos del tesoro. Para aquellos capitalistas con capital fijo y limitados recursos de capital activo las políticas neoliberales han tenido consecuencias desastrosas debido a los desorbitados tipos de interés, a la desigual competencia derivada de la entrada en el país de importaciones baratas exentas de aranceles y por el colapso de la economía doméstica debido a los elevados índices de desempleo y al descenso en picado de las condiciones de vida de la clase media. El neoliberalismo es como "la cerda que devora a su propia progenie".

CAUSAS DEL COLAPSO

La causa inmediata del colapso del capitalismo argentino ha sido el papel jugado por los bancos extranjeros y las IFIs dirigidas por el FMI en la tarea de vaciar el sistema financiero argentino. Las causas a más largo plazo son los cambios estructurales regresivos (privatizaciones / SAP / apertura de mercados) y la casi criminal `desregularización' de la economía, que causó no solamente el colapso de la producción doméstica sino también el saqueo sistemático de la economía y, más tarde, de millones de cuentas de ahorro.

Los expertos económicos y otros apologetas de la élite financiera arguyen que los causantes de la crisis bancaria fueron los ahorristas, que retiraron sus depósitos y los sacaron del circuito del sistema financiero(19) Mientras que las retiradas de fondos realizadas por los ahorristas fue un factor que contribuyó a la crisis, no fue sin embargo la causa principal o determinante que la desencadenó. Durante el período que culminó en la crisis (febrero 2001– noviembre 2001), los activos financieros (préstamos y otros créditos) del sistema financiero argentino disminuyeron en 44.800 millones de dólares, de los cuales 37.300 millones provenían del sector privado (83,4%), de los cuales 26.500 millones de dólares (59,1%) provenían de los diez principales bancos privados(20). En otras palabras, en los meses que condujeron a la crisis, los diez principales bancos sacaron aproximadamente 27.000 millones de dólares del sistema financiero argentino. Esto es evidente si analizamos los activos y pasivos de los bancos. "Otros créditos de intermediarios financieros" en el capítulo de activos y "Otras obligaciones de intermediarios financieros" en el capítulo de pasivos(21). La existencia de estas categorías revela el hecho de que el sistema financiero argentino operó en dos niveles: por un lado, existía un sistema formal de depósitos y créditos y, por otro, funcionaba un "sector informal" en el que las mega-cuentas operaron sobre todo para lavar fondos y desarrollar todo tipo de actividades especulativas en el sector financiero. Las "otras" categorías" en febrero del 2001 representaban una cifra de 56.900 millones de dólares en activos y 60.000 millones de dólares en obligaciones(22). Para noviembre, el total de los "otros" descendió a 25.000 millones de dólares para los activos y 35.000 millones para las obligaciones. Un análisis más detenido revela que del descenso de 25.000 millones de dólares de activos más del 74% tuvo lugar entre los diez bancos más importantes(23). Los créditos del FMI a Argentina sirvieron para cubrir la creciente sangría de recursos del sistema financiero causada por las élites financieras, al tiempo que se imponían recortes más drásticos en el gasto público y en las inversiones. El triple fenómeno de creciente depresión económica, fuga de capitales y creciente endeudamiento fue causado por la alianza de las IFIs, los grandes financieros locales y extranjeros y los bancos extranjeros. Los pequeños y medianos ahorristas argentinos fueron las víctimas de una estafa financiera encubierta, no sus perpetradores, como pretenden los expertos económicos. Su desesperado y tardío intento de retirar sus ahorros fue una reacción a la estafa financiera ejecutada por las élites financieras. La mayoría de los pequeños y medianos ahorristas, sin embargo, no tuvieron éxito. Los pasivos de los bancos después de la fuga de las grandes cuentas y del agotamiento de los créditos externos sobrepasaba ampliamente el montante de sus activos; con la crisis económica, muchos de sus extraordinarios créditos eran delictivos y no había forma humana para que las casas matrices inyectaran fondos para cubrir la demanda de los ahorristas. El Gobierno intervino para "salvar a los bancos" congelando efectivamente todos los depósitos e impidiendo de esa forma que los impositores recuperaran sus ahorros. El escandaloso sesgo clasista del plan de rescate financiero ideado por el Gobierno provocó la cólera de las clases bajas y medias. La ulterior devaluación del peso les robó de hecho dos tercios del valor nominal de sus ahorros congelados y rebajó sus ingresos, mientras que la clase media-alta y la clase dirigente, que habían sacado su dinero del sistema financiero, vieron abaratados los precios que afectaban a su nivel de vida, producción y consumo en un 65%.El colapso financiero y la depresión económica tienen su raíz en las políticas neoliberales y en el contexto en el que fueron aplicadas. Sin embargo, más fundamentales aún son la naturaleza y la estructura de las clases dirigentes y gobernantes que impusieron el modelo neoliberal que ha destruido la economía argentina. A diferencia de la mayoría del resto de los países de América Latina, Argentina era un país altamente industrializado que a mediados de la década de los 70 contaba con uno de los más elevados porcentajes del mundo de fuerza laboral empleada en el sector manufacturero. Aún a finales de la década de los 80 Argentina era proporcionalmente el país más industrializado de la región. Con una fuerza de trabajo altamente especializada y relativamente mejor pagada que en el resto de América Latina y con un sistema de cobertura social para los trabajadores sindicados comparable al de Europa, existía en Argentina un sustancial mercado interno. Argentina poseía algunos de los suelos cultivados más ricos y extensos del mundo y un sector de agro-exportación muy competitivo, así como multitud de fuentes de energía (petróleo, gas natural, energía hidráulica). En una palabra, Argentina poseía un mercado atractivo para los exportadores, recursos rentables para los inversores y sustanciales depósitos bancarios para la banca extranjera. La rápida y extensiva liberalización de la economía produjo un efecto devastador sobre este país fuertemente industrializado. La industria argentina sufrió por un lado la presión de las importación de mercancías baratas provenientes de áreas de bajos salarios (Asia) y, por otro, del impacto de las importaciones a gran escala de las fuertemente subsidiadas manufacturas de alta tecnología americanas y europeas. El argumento liberal de que la "competencia" haría que las empresas argentinas fueran más "eficientes" era falso: pocas compañías argentinas tenían las dimensiones necesarias para competir con las mayores multinacionales estadounidenses y europeas y ni siquiera los trabajadores argentinos peor pagados podían competir con los trabajadores chinos cuyo salario es de un dólar al día. La rápida desaparición de las barreras arancelarias impidió a su vez cualquier posibilidad de preparse adecuadamente para afrontar la competencia y la ausencia de reciprocidad en la reducción de subsidios y la eliminación de los aranceles en los USA y Europa impidió a las empresas argentinas competitivas conquistar mercados extranjeros.

La experiencia histórica y contemporánea de las políticas de liberalización en los USA y en los países de la Unión Europea demuestra que en esos países el proceso de liberalización ha sido un proceso gradual de liberalización selectiva, al menos en comparación con la experiencia argentina. La libre convertibilidad no se aplicó en Europa hasta que las economías no se encarrilaron en una senda de expansión constante, cosa que en algunos casos no ocurrió hasta bien entrados los años 60. Barreras comerciales, incluidas cuotas, tarifas y limitaciones no tradicionales (barreras sanitarias, injustas reglas comerciales y antidumping) son aún utilizadas de forma frecuente y extensa para proteger a sectores no competitivos. Masivos subsidios públicos y déficits fiscales son usados para promover exportaciones y estimular el crecimiento doméstico.

En Argentina las barreras comerciales se desmoronaron. La vinculación del peso con el dólar limitaba las posibilidades de acometer políticas monetarias expansivas orientadas a estimular la economía. Se recortaron los subsidios y se antepuso el pago de la deuda a las inversiones productivas. Se obtuvieron créditos mediante estrategias privatizadoras que afectaron a sectores lucrativos de la economía, socavando los ingresos públicos, aumentando los costes de producción y, por consiguiente, erosionando la competitividad. La privatización provocó severos recortes en el transporte que unía a las diferentes economías provinciales, perjudicando sus transacciones industriales y comerciales. Mientras que en economías basadas en la exportación de minerales y materias primas como Chile la liberalización abrió el país a la inversión extranjera en los sectores de exportación consolidados que eran competitivos y complementarios con la economía industrial capitalista, en la economía argentina, mucho más desarrollada y diversificada, la industria resultó perjudicada. La avalancha de importaciones y el declive de las industrias nacionales provocó bancarrotas y desempleo, la transformación de manufactureros en importadores y comerciantes y, en las provincias, la inflación del sector público como último recurso del patrono. Vastas sumas de inversiones se desplazaron desde la arriesgada actividad productiva hacia instrumentos financieros de elevada rentabilidad(24).

El régimen Menem dio la imagen de ser un "régimen opulento" basado en créditos elevados y en un incremento extraordinario de los ingresos derivados de la venta de bienes públicos. La mayor parte de las entradas de capital incrementaron el consumo de la clase alta y facilitaron le corrupción masiva de la totalidad de la clase política y de su entorno de funcionarios, jueces, aduaneros, policía y militares(25). Los banqueros internacionales estaban dispuestos a conceder créditos porque los tipos de interés eran entre 10 y 20 puntos superiores a los tipos europeos y estadounidenses y la liquidez era sencilla debido a la convertibilidad libre y a que la dolarización de facto de la economía garantizaba la estabilidad monetaria. Así, cada paso del proceso de liberalización iba debilitando los fundamentos de la economía: la economía doméstica se retrajo, los empresarios huyeron a las aparentemente lucrativas actividades financiero-especulativas, se disparó el pago de la deuda, las transacciones de créditos a cambio de acuerdos de privatización llegaron a su punto límite y se aceleró la fuga de capitales a medida que las clases altas fueron sintiendo que el edificio liberal estaba condenado al colapso y que en breve no habría ni sistema productivo ni recursos monetarios para reconstruirlo.

Un factor decisivo para el colapso de la burbuja económica lo constituyó la conducta de la gran burguesía argentina(26). Cómodamente instalada en el régimen Menem, fue la beneficiaria inicial del proceso de privatización y de los créditos extranjeros(27). Fue también el grupo que dictó la política económica. El principal punto de referencia del régimen Menem para el desarrollo de la agenda liberal fueron las clases dominantes argentinas que disponían de inversiones en el extranjero y que estaban estrechamente ligadas a los bancos extranjeros a través de inversiones conjuntas en bancos privatizados y de créditos extranjeros que demandaban un peso fácilmente convertible a dólares. La liberalización a ultranza permitió a esta burguesía argentina "transnacional" adquirir bancos y empresas públicas a precio de saldo y venderlas posteriormente al capital extranjero(28). La desregularización bancaria abrió la vía a masivas transferencias de fondos al exterior del país y al lavado de ganancias ilícitas. Importaciones baratas, créditos fáciles y masiva fuga de capitales fueron los tres conceptos sobre los que las élites argentinas definieron el proceso de liberalización.

Por razones evidentes los países del G-7 y las IFIs se mostraron entusiasmados: se hicieron con el control de bancos y depósitos, de lucrativas redes de telecomunicaciones, de compañías aéreas, industrias petrolíferas y numerosas otras empresas públicas altamente rentables. Y animaron al régimen a que avanzara a toda máquina con temeraria despreocupación.

Mientras que la economía doméstica se desmoronaba, especialmente en las provincias, los gobiernos provinciales se endeudaron de forma desmesurada, en parte para financiar la corrupta maquinaria política que mantenía al Gobierno nacional y en parte para evitar revueltas populares a nivel provincial. A diferencia de Corea del sur, China y Japón, la corrupción a escala masiva no alcanzó a engrasar las ruedas de la producción nacional: los sobornos untaban las manos de quienes vendían lucrativas empresas públicas a inversores extranjeros que absorbían los activos y reducían la producción local a favor de la especulación a gran escala. Se estableció una relación inversamente proporcional: a medida que aumentaba la corrupción, declinaba la industria, los ingresos fiscales se reducían y la competitividad se transformaba en un slogan vacío.

La propiedad extranjera que los abogados de la liberalización describían como una fuerza dinámica de crecimiento sostenido resultó no serlo tanto. La experiencia argentina describe la típica parábola viciosa: al aumento inicial de inversión extranjera que animó al régimen Menem a embarcarse en un proceso exuberante (o delirante) de privatización que causó una entrada masiva de capitales --de cartera y directos— le siguió un drástico declive a medida que los sectores lucrativos eran acaparados, los trabajadores eran despedidos, los mercados locales se contraían y la fuga de capitales a gran escala se ponía en marcha. El resultado fue una efímera eclosión de crecimiento a comienzos y mediados de los 90, seguida de declive y colapso. La secuencia era enteramente predecible dado que los inversores extranjeros inicialmente se aprovecharon de las ventas a precio de saldo de las empresas públicas con beneficios casi garantizados (en mercados monopolizados) y con tipos de interés desorbitados y, después, de forma silenciosa pero rápida, retiraron sus fondos dejando a la economía sin activos y con un futuro extremadamente incierto. Las IFIs actuaron como maestros y discípulos de la parábola: condicionaron la concesión de créditos públicos a una mayor liberalización durante el periodo inicial para favorecer a los inversores extranjeros y, más tarde, cuando la economía comenzó a decaer y crecían las deudas y el descontento social, impusieron condiciones aún más duras para continuar aportando financiación.

El proceso mismo de negociaciones entre el régimen y las IFIs se modificó con el tiempo. Al principio, cuando muchos recursos, mercados y oportunidades estaban a disposición de los inversores extranjeros, las IFIs extendieron un cheque en blanco al régimen, prestándole miles de millones de dólares y dando luz verde a banqueros privados e inversores extranjeros para que con extraordinarios beneficios explotaran el "mercado emergente". El resultado fue la adquisición de más bancos lucrativos, más empresas de telecomunicaciones y de petróleo por parte de bancos españoles y multinacionales e inversores estadounidenses. Mientras tanto, los inversores extranjeros se introdujeron en los sectores de la agroindustria, del comercio (grandes superficies), de la propiedad inmobiliaria y de la hostelería, en asociación con un pequeño núcleo de la élite económica argentina y con algunos sectores de la cleptocracia política encabezada por la familia extensa Menem y su entorno político.

El primer efecto adverso fue el despido de empleados en el proceso de preparación de las empresas públicas para su privatización. El Estado despidió a cientos de miles de trabajadores de los sectores de telefonía, ferrocarril y agua, asumiendo los costes económicos y la responsabilidad de reprimir las protestas consiguientes. Muchas ciudades del interior, como por ejemplo la ciudad petrolífera de Neuquen, pasaron de ser prósperas ciudades a convertirse en ciudades fantasma con índices de desempleo cercanos al 30-40%. Las promesas de "empleo alternativo" nunca fueron cumplidas, pues los funcionarios provinciales y municipales vinculados al Gobierno central, o bien robaban directamente los fondos, o bien los utilizaban para financiar sus maquinarias políticas fomentando la creación de empleos "administrativos" improductivos.

El segundo efecto negativo fue la reducción de los servicios y del transporte, lo que aisló a las regiones argentinas de los mercados y proveedores regionales, nacionales e incluso internacionales. Los balances de las compañías privatizadas se basaban en beneficios empresariales, no en los rendimientos y rentas de la multitud de industrias y granjas que dependían de las redes de electricidad, energía, telecomunicaciones y transportes. De ese modo, mientras que los balances de las compañías privadas en manos extranjeras arrojaban saldos positivos, los resultados de las economías periféricas aparecían en caracteres rojos y dependían de forma cada vez mayor de subsidios del Gobierno central. Por otro lado, el coste público de la infraestructura necesaria para mantener a flote a las empresas privatizadas aumentaba, mientras que los ingresos a las arcas del Estado disminuían debido a exenciones fiscales y subsidios a gran escala. El resultado final fue el aumento del gasto público y el intervencionismo para promover la privatización –mientras los ingresos descendían—y la necesidad de mayores recortes en gastos sociales y mayores préstamos de capital extranjero con tasas de interés cada vez más elevadas dado que la deuda externa se duplicó y los pagos de intereses aumentaron 2.5 veces entre 1992-1998. La privatización privó a la Argentina de aportaciones de bajo coste para la industria, hizo que subieran los costes del transporte y sobrevaluó el peso haciendo que los productos argentinos con alto valor añadido resultaran demasiado caros para ser vendidos en los mercados internacionales e incluso en los nacionales. La liberalización, lejos de aumentar la competitividad de la industria argentina, la condujo por la pendiente de la bancarrota y de la descapitalización de la investigación y el desarrollo (I+D). El apoyo a la industria y a la innovación sufrió un recorte drástico ya que la financiación pública a centros universitarios y de investigación disminuyó y los fondos privados se orientaron de forma cada vez mayor hacia el inflado y altamente rentable sector financiero.

La unilateral reducción de barreras aduaneras llevada a cabo por el Gobierno Menem debilitó a las empresas locales sin recompensar adecuadamente a los productores eficientes, ya que el régimen no supo garantizar acuerdos recíprocos con los USA y Europa para que también estos países redujeran sus barreras comerciales. El resultado final de todo esto fue que la Argentina compitió con dos juegos de reglas diferentes: por un lado seguía los rígidos preceptos del liberalismo en relación con su economía y, por otro, aceptaba las flexibles reglas "liberal-proteccionistas" que aplicaban la mayoría de sus socios comerciales.

La continuación y profundización de las políticas de liberalización durante la década de los 90 –la bomba de relojería a punto de estallar—se basó en las estructuras del poder estatal. El régimen Menem era un régimen altamente autoritario que ignoraba al Congreso o sobornaba a los legisladores, que acaparaba los tribunales para asegurarse mayorías afectas, que centralizaba el poder en funcionarios no electos y que organizaba y generalmente financiaba a una poderosa maquinaria de partido que inhibía el desarrollo de una oposición organizada y aislada en los vecindarios más pobres --hasta que llegó el colapso de finales de los 90. Además, el gangsterismo selectivo del partido estatal organizado por las agencias de inteligencia logró silenciar por medio de amenazas y, ocasionalmente, de asesinatos selectivos, a las voces críticas que se expresaban a través de los medios de comunicación.

La "centralización" de los poderes Legislativo y Ejecutivo en la Presidencia –en su propia persona—y los métodos dictatoriales utilizados por Menem para legislar (la mayoría de los bancos e industrias fueron privatizados via decreto presidencial) facilitaron la liberalización rápida y extensiva. La concentración y centralización del capital argentino fue simultáneamente causa y consecuencia de la liberalización y creció paralela a la centralización del poder Ejecutivo. El punto de referencia político y la perspectiva estratégica del régimen Menem estaban profundamente influidos por los vínculos estructurales con los grandes grupos económicos que emergieron durante la la dictadura y después(29).

Mientras que la composición interna de los grandes grupos variaba, externamente su política era consistentemente liberal y orientada a ensanchar y profundizar sus lazos con las redes financieras europeas y estadounidenses. Para el presidente Menem y su zar económico Cavallo, estos grandes grupos económicos y sus circuitos internacionales y asociados constituían la realidad económica: el objetivo del Estado era velar por sus intereses, consolidar sus estructuras y expandir sus oportunidades. La neoliberalización significaba el desarrollo de políticas que facilitaran la adquisición de empresas públicas por parte de los grandes grupos económicos, la fácil transferencia de capitales al exterior, el acceso ventajoso a créditos extranjeros y la socialización por parte del Estado de las pérdidas privadas.

Bajo Menem el Estado se involucró en la tarea de financiar la consolidación de los imperios económicos privados, más que en financiar inversiones productivas mediante el apoyo a los empresarios pequeños y medianos. Su liberalización comercial permitió a los grandes grupos económicos centrar sus actividades en las finanzas, la inmobiliaria y el comercio, descuidando las inversiones para aumentar la productividad del sector manufacturero. El neoliberalismo significó que el régimen se especializaba en vender recursos públicos sin aumentar la producción ni la productividad. A su vez, los grandes grupos económicos argentinos adquirieron empresas públicas no para transformarlas en eficientes unidades productivas o de servicios, sino para revenderlas con beneficios al capital extranjero(30). El enorme influjo de capital estadounidense y europeo cambió la configuración del Estado argentino: pasó de ser un Estado liberal a ser un Estado neocolonial liberal, donde el Estado, a falta de ingresos domésticos, dependía cada vez más de los créditos extranjeros y de los ingresos derivados de los ingresos por exportación generados por empresas de titularidad extranjera.La transición de una economía mixta a una economía liberal primero y neocolonial liberal después acompañó el ascenso y caída de la "parábola viciosa" de la economía argentina. Una secuencia que podría ser descrita como una tragedia griega en la que el orgullo desmedido de los protagonistas presagió el colapso final de una relación viciada en su misma base. La analogía, sin embargo, es deficiente en la medida en que los protagonistas –los Menems, los banqueros, las IFIs—no son quienes al final sufren la ruina. La figuras trágicas son la nación argentina y el 80% de su población.

Las asambleas populares comenzaron a descansar cada vez más en las comisiones de trabajo para implementar cambios de políticas a medida que las sectas marxistas comenzaban a penetrar, debatir, discutir acerca de las tácticas, los programas y toda la cháchara partidaria, alienando a muchos y logrando reclutar a unos pocos.(59) Hubo un retroceso temporal con respecto al clímax alcanzado en diciembre de 2001.

El movimiento cacerolero ha demostrado su capacidad para vetar las nominaciones y decretos presidenciales. Sin embargo, su falta de un enfoque claramente político y su estructura organizativa difusa debilitaron su capacidad de consolidar un poderoso movimiento nacional. La guerra interna entre las sectas de izquierda minó el atractivo de las asambleas para muchos participantes. A pesar de las debilidades que se iban poniendo de manifiesto, la experiencia política y la sensación de poder han mantenido a una corriente de opinión cada vez más radical y creciente entre la clase media empobrecida. Los sondeos de opinión acerca de los candidatos presidenciales afines de mayo de 2002 favorecían a un marxista, Zamora, por encima de todos y cada uno de los de los grandes partidos.

La Revuelta en las Provincias

El 17 de abril, los trabajadores portuarios de La Ensenada (Provincia de Buenos Aires) tomaron por asalto la mansión del gobernador demandando el pago de los salarios del mes anterior. A ellos se les sumaron empleados públicos con su sindicato (ATE) y maestros con su sindicato (SUTEBA). (60) Ese mismo día, miles de maestros en huelga en Córdoba marchaban hacia el gobierno provincial, al tiempo que miles de sindicalistas y piqueteros manifestaban en apoyo a los desocupados que las oficinas del Ministerio del Trabajo demandando trabajos públicos.(61) Por toda la provincia de Chubut, miles de desempleados y sindicalistas marchaban en las principales ciudades por trabajo y contra los recortes presupuestarios, mientras que en Catamarca, los trabajadores se encontraban en el segundo día de una huelga provincial en demanda del pago de sus salarios atrasados desde marzo.(62) En San Juan, los empleados públicos tomaron el parlamento provincial, enfrentándose con la policía, demandando sus salarios atrasados. El 18 de abril, los empleados públicos y los desocupados de las provincias de Chubut y Jujuy se enfrentaban a la policía al tiempo que se abrían paso hacia el parlamento provincial.(63) Entre los manifestantes había trabajadores bancarios, maestros, empleados públicos que demandaban pagos atrasados mientras que los desempleados pedían trabajo. En Jujuy, además de atacar y parcialmente destruir la asamblea legislativa, saquearon un supermercado, atacaron los cuarteles generales de los grandes partidos y las casas de dos políticos del régimen.(64)

Las "provincias están en llamas" y el gobierno se está armando. El Secretario de Seguridad del régimen le pidió a la policía estatal (la Gendarmería) que diseñara un programa de entrenamiento policial provincial para reprimir los conflictos sociales y solicitó ayuda "técnica" internacional (incluyendo armas y asesores). (65)

La rebelión en las provincias está profundamente enraizada en las políticas liberales del último cuarto de siglo, que han desindustrializado las economías provinciales. Hoy sólo quedan unas pocas empacadoras de carne en la tercera ciudad de Argentina, Rosario. Donde los padres estaban empleados como cortadores de carne, sus hijos están desocupados. Su única experiencia de cortar carne es la de algún viaje en un camión descubierto que lleva ganado al mercado, la única carne en su dieta durante muchos meses, si no en años.(66) La desindustrialización es un resultado de la privatización, de la bajada de las barreras comerciales, y de la entrada en masa de importaciones baratas, así como de las barreras comerciales hacia la carne y los productos agrícolas en Europa y los EEUU. El incremento en los costos de transporte y energía y la falta de inversiones del gobierno para el mejoramiento de las industrias y la promoción de nuevas empresas también han contribuido a la desaparición de la industria.

Los despidos masivos y las altas tasas de desempleo que afectan al Buenos Aires de fines de los 90s hasta el presente, comenzaron una década antes en Rosario, Tucumán y otras ciudades del interior. El libre mercado ha minado a los productores locales en las provincias, mientras que los beneficiarios a corto plazo en Buenos Aires disfrutaban de bienes de consumo importados baratos. Las industrias alimentaria, textil y de bienes de consumo declinaron y el sector de agroexportación sufrió de los subsidios y el proteccionismo de los productores europeos de estadounidenses. Más aún, los enclaves exportadores en las provincias (el petróleo, la minería, la agricultura) hacían un uso intensivo de capital. Absorbían pocos trabajadores. La privatización barrió con decenas de miles de puestos de trabajo, particularmente en la industria petrolera, a medida que los nuevos dueños extranjeros cerraban sus operaciones en las provincias, convirtiendo los pocos enclaves en provincias como Neuquén en centros de desempleo y estallidos sociales. La promesa del régimen de crear empleos alternativos para los trabajadores desplazados por las empresas privatizadas nunca se materializó.

El ingreso individual declinó a medida que se multiplicaban las bancarrotas de los comercios. El comercio interprovincial declinó debido a las reducciones en el transporte de las aerolíneas y vías férreas privatizadas, mientras que los costos del transporte por carreteras se elevaron debido al alza de los peajes por parte de los dueños privados.

Los ingresos en el presupuesto de los gobiernos provinciales cayeron estrepitosamente, mientras que sus costos fijos se elevaban debido a la crisis social. Para cubrir el déficit cada vez mayor y evitar estallidos sociales, los gobiernos provinciales recurrieron crecientemente al financiamiento federal y a imprimir monedas locales. El sector público provincial expandía sus servicios no-productivos al tiempo que el sector productivo declinaba. El sector público se convirtió en el empleador de primera y última instancia. Los partidos políticos dominantes y los jefes partidarios provinciales se robaban decenas de millones de pesos del gobierno local y regional, desviaban ganancias de empresas provinciales y financiaban grandes maquinarias electorales, perpetuándose en el poder por medio de trabajos para algunos, al tiempo que arruinaban la economía y empobrecían a las mayorías excluidas de los despojos del estado.

Las principales IFIs (Banco Mundial, FMI, BID) no se quejaban mientras los jefes políticos corruptos respaldaban al Presidente Menem y su agenda liberal al tiempo que imponían e implementaban el proceso de privatizaciones en sus propias provincias. Vivir de las dádivas del gobierno federal, que reforzaban las desigualdades sociales y regionales, era una forma de contra-insurgencia. Cuando las rebeliones populares se intensificaron, los gobernadores provinciales y legisladores corruptos se aseguraban un préstamo o un paquete de ayuda del gobierno federal para pagar salarios atrasados o crear puestos de trabajo ficticios.

Cuando la recesión y luego la depresión golpearon al país, particularmente a Buenos Aires y al gobierno central, los fondos de las provincias disminuyeron. Los gobernadores locales convertibles y reconocidas sólo dentro de su jurisdicción, limitando las transacciones interprovinciales, el transporte, la movilidad y los viajes. Con el fin de los recursos públicos privatizables en orden de asegurarse nuevos financiamientos de las IFIs, el gobierno federal se vio obligado a aceptar drásticos recortes de la ayuda a los gobiernos provinciales. Con el default, las IFIs demandaron que el gobierno federal impusiera fuertes trabas fiscales sobre los gobiernos provinciales ya casi en la bancarrota y la eliminación de las monedas provinciales, provocando así despidos masivos, quiebras y un enorme crecimiento de la pobreza.

Las provincias se rebelaron. Como lo notaba el Financial Times, "Con niveles de pobreza que aumentan día a día y gobiernos provinciales cortos de dinero, incapaces de pagar a los trabajadores y ofreciendo limosnas a los pobres, hay temores de una nueva ola de violencia."(67) Una semana después entraba en efecto una masiva huelga general de 24 horas. El conflicto político de clases se intensificó durante todo 2002. El resultado final de la lógica de privatizaciones y liberalización de los mercados fue una rebelión política generalizada que se extendía de provincia en provincia, moviéndose hacia el centro de Buenos Aires y hasta la sede del poder político y financiero.

Las rebeliones provinciales son muy similares a los levantamientos populares en el sentido de que incorporan una amplia variedad de estratos sociales en las mismas movilizaciones de masas: empleados públicos, maestros de escuela, trabajadores desempleados, obreros industriales a los que no se les ha pagado el sueldo. La línea clara y definida entre los sindicatos conducidos burocráticamente, las asambleas populares y el MTD (trabajadores desempleados) que opera en la capital, se desdibuja en las provincias. Allí, por lo general, los sindicatos de la ATE y de los maestros se involucran en acciones conjuntas con los trabajadores desempleados apoyando las demandas de pagos atrasados. La distancia social entre los dirigentes y los miembros de base de las centrales sindicales de las provincias se ha acortado. Muchas familias tienen miembros que son empleados del estado y otros que son desempleados. La lucha de clases es principalmente contra el estado, el estado neoliberal, a pesar de las demandas de alternativas son difusas. Muchas rebeliones han terminado con el retorno del patronazgo estatal, pagando unos salarios atrasados por aquí y creando unos pocos empleos por allá. Sin embargo, ya en 2002 la capacidad del "patronazgo estatal" de terminar temporalmente con las rebeliones es extremadamente limitada, justo al tiempo que el ingreso cae y el desempleo llega al 30-40% en las ciudades y al 60-70% en las villas.

El resultado de esto fueron las "puebladas" – levantamientos de ciudades enteras que se rebelan, tomando edificios públicos, bloqueando carreteras y tomando legisladores como rehenes. El ciclo de acción radical seguido por la elección de políticos conservadores está cambiando. El período de movilizaciones populares se está extendiendo y los niveles de acción se están intensificando al tiempo que los políticos electorales, despropósitos de patronos, están totalmente desacreditados. La acción colectiva en las calles es más representativa de los intereses y actitudes de la gente que los gobernadores y legisladores en funciones. Las puebladas crean una especie de "poder dual" en funciones que, sin embargo, no ha encontrado la forma de institucionalizarse.

La crisis cada vez más profunda ha homogeneizado a vastos sectores de la población: los profesionales han visto caer su ingreso en dos tercios, los empleados públicos no han recibido sus salarios desde hace meses (salarios reducidos en un 70%), y sus ahorros han sido confiscados. Las puebladas son una clara expresión de la creciente homogeneización de las clases sociales, de su situación social común. La acción conjunta y la solidaridad entre empleados, profesionales y desempleados personifican este declive de las distinciones socioeconómicas.

Aunque las rebeliones sociales se hacen cada vez más frecuentes, intensas e incluyentes, y aún cuando tienen lugar en al mismo tiempo, no están coordinadas y no tienen una dirigencia interprovincial generalmente aceptada, ni un programa económico alternativo. La táctica es "ofensiva", las demandas son "defensivas". Sólo en unas pocas instancias la clase obrera ha tomado la iniciativa o creado patrones alternativos de propiedad y de relaciones sociales.

Las Tomas de los Trabajadores: Brukmann y Zanón

El poderoso movimiento piquetero de los desempleados, las tan extendidas asambleas barriales, el levantamiento del 19 y el 20 de diciembre de 2001 y la huelga general del 29 de mayo de 2002 apuntan hacia una oposición masiva a los regímenes neoliberales, sus políticas y sus dirigentes. Lo que es igualmente importante, esas acciones colectivas de masas demandan cambios profundos en la política económica nacional e internacional y en las relaciones con los bancos extranjeros, las IFIs, Washington y el G-7. No ha habido una definición clara de una alternativa político-económica radical a nivel nacional. Sin embargo, a nivel local dos ejemplos indican la alternativa revolucionaria – una transformación de la propiedad y las relaciones sociales: las ocupaciones y puesta en operación de varias fábricas por los trabajadores. Las más conocidas de estas ocupaciones tuvieron lugar en Neuquén, en la planta de cerámica Zanón, y en Buenos Aires, en la fábrica de textiles Brukmann. Esas dos fábricas bajo control de los trabajadores apuntan hacia una alternativa a los cierres de fábricas, los planes cosméticos de trabajo del estado y las ollas populares.

Durante la primera mitad del año 2002, los cierres de plantas se multiplicaron y los despidos de trabajadores se aceleraron: en enero, 1000 trabajadores al día; en febrero, 2000 al día; en marzo, más de 65.000 estaban en la calle.(68) Varias fábricas amenazadas por cierres, fueron ocupadas por los trabajadores para evitar más despidos y la venta de la maquinaria. Los propietarios, con la ayuda de burócratas sindicales colaboracionistas, procedieron a obtener órdenes legales de evacuación de los locales y enviaron a la policía para desalojar a los trabajadores. Las ocupaciones de los trabajadores siguieron una secuencia específica.(69) Primero, los trabajadores en las fábricas votaron para reemplazar a los delegados de fábrica en deuda con la burocracia sindical, con representantes combativos electos que respondían ante las asambleas de fábrica. Luego, procedieron a destituir por medio de votaciones a los cargos ocupados por los colaboradores en el sindicato local. Con una nueva dirigencia y las decisiones en manos de las asambleas de fábrica, los trabajadores votaron a favor de hacer resistencia contra los cierres de las plantas, ocupando y operando ellos mismos las fábricas. Las fábricas operadas por los trabajadores y los nuevos sindicatos se aseguraron el poyo de las asambleas populares en la ciudad, de activistas sindicales a nivel local, de estudiantes universitarios, sobre todo, del MTD. Enfrentados con amenazas de desalojo, las asambleas sindicales llamaron a sus aliados en las asambleas barriales y en el MTD para hacerle frente a la policía. Enfrentados con una resistencia masiva de un amplio y decidió espectro de organizaciones, la policía se tuvo que retirar.

Las fábricas operadas por los trabajadores se han asegurado el apoyo técnico de las universidades y el personal administrativo de las propias fábricas. Pero la principal innovación organizativa ha sido el establecimiento de comisiones encargadas de los insumos y de las ventas, la salud y la solidaridad, así como otras áreas a medida que van surgiendo nuevos retos. En la fábrica de cerámicas Zanón, los antiguos dueños presionaron a los proveedores para que recortasen la venta de insumos, reduciendo así la producción de un 80 a un 25% entre febrero y marzo de 2002.(70) Desde entonces, la comisión de los trabajadores se ha movido para restablecer las redes de abastecimiento.

Los trabajadores de Zanón y Brukmann no ven la ocupación de fábricas aisladas como la solución, dada la crisis general, así como el alto nivel de desempleo. Ellos apoyan una ofensiva generalizada de los trabajadores para ocupar las fábricas y demandar la propiedad pública bajo el control de los trabajadores, o sea el socialismo. Las experiencias de Brukmann y Zanón han recibido la atención nacional y se han convertido en puntos de referencia para otros trabajadores que enfrentan cierres de fábricas. Pero el primer paso hacia cualquier transformación social reside en el establecimiento de representantes de fábrica y dirigentes sindicales democráticamente electos a base de asambleas que respondan a las asambleas de fábrica. En todas las luchas para impedir los cierres de fábricas, las confederaciones sindicales nacionales y sus representantes locales han sido los grandes obstáculos para las ocupaciones. Los ejemplos de Zanón y Brukmann indican que la destitución de las actuales elites burocráticas es el primer paso en la confrontación exitosa con los dueños de las fábricas y el estado. Las ocupaciones de fábricas son vistas por la nueva dirigencia democrática como el primer paso hacia una transformación nacional, de ahí su apoyo a la demanda del MTD "por un empleo de verdad" por unos salarios de los que se pueda vivir en actividades productivas socialmente necesarias (construyendo escuelas, hospitales, viviendas de bajo costo, artículos de consumo popular). Las fábricas bajo control de los trabajadores están basadas en la organización clasista en el lugar de trabajo de y por los mismos trabajadores; el éxito de su perspectiva de lucha de clases se encuentra en agudo contraste con el enfoque colaboracionista de los burócratas a nivel nacional que han fracasado en contener los despidos masivos y que han entrado en acuerdos implícitos y explícitos con el régimen con la esperanza de asegurarse puestos de trabajo cosméticos para los desempleados, o simplemente para mantener sus salarios e incentivos.

Aunque el alcance del movimiento de tomas de fábricas por los trabajadores sea limitado y pequeño en número de participantes en comparación con otras formas de movilización de masas, ciertamente es el más significativo en lo que respecta a una poderosa alternativa de sistema social, y una alternativa democrática al sistema electoral elitista y corrupto que ha llevado a la Argentina por el camino de la desintegración.

Alternativas: Plan Fénix o Plan Prometeo

A la luz del colapso total y completo del modelo neoliberal argentino han emergido varios modelos de desarrollo alternativo. Uno de ellos, el Plan Fénix (PF), propuesto por 100 economistas y cientistas políticos, es el que ha circulado más ampliamente y de mayor influencia en círculos intelectuales.(71) El otro, que podemos llamar Plan Prometeo, está articulado al interior de las organizaciones democráticas revolucionarias emergentes.

El PF es tanto un diagnóstico crítico de las políticas neoliberales y una prescripción de cambio y desarrollo. El diagnóstico crítico cubre un amplio espectro de áreas de política económica, desde políticas fiscales, de gasto público, ALCA y MERCOSUR, hasta las privatizaciones y las políticas tecnológicas.(72) Mientras que la mayoría de los analistas son críticos hacia las políticas neoliberales, algunos lo son más que otros. Azpiazu y Basualdo, por ejemplo, son más críticos hacia las estructuras de poder que Katz y Stumpo, que son liberales bastante ortodoxos.(73) Las virtudes principales del PF se encuentran en su crítica de la total desregulación de la economía, la apertura indiscriminada al mercado mundial, la reducción unilateral y radical de las barreras tarifarias (sin reciprocidad), la pérdida de control sobre la política monetaria a través de la dolarización de facto, el desmantelamiento del estado como instrumento de la política económica, la gran concentración del poder económico y la falta de transparencia en la privatización de las empresas públicas. El rechazo por parte del PF de los argumentos de los ideólogos de la globalización de que el estado- nación ya no es un instrumento viable para la definición de políticas es parte de un nuevo proyecto para revitalizar el rol del estado en la búsqueda de una política industrial que priorice el desarrollo del mercado interno y de la competitividad a nivel internacional.(74)

En el área de reformas, el PF se concentra en asegurar reducciones en los pagos de la deuda a través de una moratoria o una reducción de los mismos – el documento es contradictorio. En todo caso, sus moderadas propuestas han sido sobrepasadas por los eventos ulteriores, dado que tres meses después de la publicación del PF el gobierno entró en default. El PF favorece un incremento de los impuestos a los ricos, los grupos financieros y otros sectores "no-productivos", y la eliminación de los subsidios para las clases privilegiadas. Los ingresos así obtenidos serían canalizados hacia las inversiones generadoras de empleo en áreas socialmente útiles (escuelas, viviendas de bajo costo, centros de cuidado infantil), así como en programas de capacitación para los trabajadores. La premisa básica del documento del PF es que una coalición de partidos políticos, sectores privados productivos, y la sociedad civil serían las bases políticas para un nuevo régimen regulador.(75) El estado dirigiría al capital financiero para financiar el capitalismo productivo, al capital financiero para reinvertir sus ganancias en la economía nacional, y al capital productivo para invertir capital en actividades socialmente útiles. La prioridad del PF sería la de desarrollar un plan nacional de desarrollo para reactivar la economía, fijar prioridades sociales, proteger selectivamente a los productores locales, buscar fuentes de financiamiento doméstico y luego negociar con las IFIs, incluyendo al FMI.(76) El énfasis estaría concentrado en la transformación interna y en el rol del estado nacional, no en acuerdos externos con las IFIs.

El PF propone "reprogramar los pagos de la deuda" para asegurar un "período de gracia" a través de la negociación con las IFIs y asegurar créditos del G-7 para desarrollar un estado de bienestar, basado en una economía privada regulada por el estado. Citando ejemplos de Europa Occidental en los 60s e inicios de los 70s, el PF creía que el estado de bienestar y el capitalismo eran compatibles. La coalición para llevar adelante sus políticas se asemeja a los componentes de la alianza "nacional- popular" de los 40s y los 50s.(77)

El PF contiene una crítica informada de diversos sectores de la economía con una concepción totalmente desfasada de las realidades sociopolíticas y económicas, particularmente el comportamiento, intereses y orientación de las clases sociales, los partidos políticos, la banca extranjera y las IFIs.

Como uno de los contribuyentes al PF, Alfredo García señalaba, "En el marco político, cualquier propuesta económica sólo tiene validez si hay una fuerza social capaz de instrumentalizarla."(78)

El PF es básicamente un plan neo-estructuralista que acepta el proceso de privatizaciones, la distribución de la propiedad y las relaciones sociales de producción existentes.(79) Los dueños realmente existentes de los bancos, las fábricas, las telecomunicaciones, las propiedades, la tierra y los minerales para nada son cuestionados. La reforma básica es la de insertar al estado para que regule su comportamiento, reduzca los excesos del mercado, aumente los impuestos y les convenza de que aumentes sus inversiones en el sector industrial, en el consumo doméstico y en el bienestar social.

Hay varios problemas con las políticas reguladoras. Las clases dominantes políticas y financieras han esquivado y resistido todos los intentos por "reorientarlas" porque están atadas a los circuitos internacionales. Los intentos anteriores de regulación han llevado a fugas de capitales en masa – tal y como se vio cuando se publicó el PF – aunque ambos eventos no estuviesen directamente conectados. La regulación parte de que existe una economía viable, que no es el caso de la Argentina, en este momento. El PF es publicado en un momento de depresión. Cuando la economía está retrocediendo un –15% al año y el ingreso cae en un 60%, el proponer "regular" en un contexto de unas tasas de quiebras en alza no tiene sentido. La cuestión de la intervención estatal implica grandes inversiones públicas directas en un sector público, lo que sólo puede tener lugar por medio de la re-socialización y nacionalización de los sectores económicos estratégicos.

Las medidas de bienestar social e inversiones públicas no pueden ser financiadas por medio de impuestos adicionales cuando los inversores han mandado sus ahorros al extranjero o caen las ganancias. Cuando el régimen de Duhalde intentó "retener" las ganancias del sector agroexportador, éste organizó un boicot productivo que hizo retroceder al régimen.

Las propuestas adelantadas por el PF subestiman totalmente la amplitud y profundidad de la crisis argentina – la desintegración de la economía y de la sociedad. El proponer políticas paliativas en un momento todo el sistema productivo-financiero-distributivo se está rompiendo es totalmente inadecuado para relanzar la economía.

Los supuestos del PF de que las IFIs y los bancos privados van a cooperar reduciendo sus ganancias (a través de impuestos) y bajar sus trasferencias hacia sus sedes centrales, se estrella contra las realidades prácticas. Los bancos privados retiraron enormes sumas de sus ganancias y de los depósitos de los ahorristas y se han resistido a refinanciar a sus subsidiarias durante todo el período 2000-2002, un comportamiento difícilmente compatible con el pagar mayores impuestos, reinvertir sus ganancias en la Argentina y expandir el bienestar social. Sobre este último punto, la reestructuración propuesta por la banca extranjera incluye echarle al estado el fardo de sus pasivos de depósitos, despidiendo hasta 2/3 de la fuerza de trabajo, reduciendo el número de subsidiarias y, en algunos casos, cerrando y yéndose del país, como fue el caso del Banco de Escocia y varios otros.

El rechazo de las IFIs para conceder o extender el crédito a la Argentina por no hacer ésta más concesiones liberales o recortes difícilmente se puede entender como un signo de que éstas "negociarían nuevos créditos y refinanciamientos" a un régimen que implemente impuestos a las transacciones de la banca extranjera, que limite el movimiento de las ganancias y "oriente" a los bancos a prestar dinero a los sectores productivos de la Argentina que produzcan para el mercado doméstico, tal y como lo propone el PF.

El PF subestima los lazos entre las IFIs y el capital extranjero en el contexto de los 1990s. Su extrapolación del estado de bienestar de los años 60s, cuando los sindicatos eran fuertes, el comunismo era una alternativa, el capitalismo se encontraba en expansión y el capital financiero estaba subordinado al capital industrial, es una clara falta de comprensión del contexto global y nacional actual. El capital está vinculado a los mercados internacionales y es profundamente hostil al estado de bienestar en su conjunto – en todas partes. Las burocracias sindicales tienen poca influencia y los partidos políticos nacionalistas/populares ya no existen.

La extrapolación del PF no logra darse cuenta de que hoy en día el capitalismo euroestadounidense no puede ser "regulado" – desinvierte, se retira de los países, hace resistencia; desestabiliza para evitar la regulación, el bienestar social y los impuestos progresivos. La cuestión es nacionalizar el capital en función de regularlo – cambiar el carácter de las relaciones de propiedad en función de realojar las inversiones, invertir en la economía doméstica, y financiar el bienestar social y la infraestructura.

Sin embargo, el fallo más grande del documento del PF reside en su total dependencia del estado para estimular, colaborar con y alentar a los "agentes privados": subsidiar al sector privado (para crear puestos de trabajo), trabajar con el capital extranjero para reinvertir las ganancias, regular el comportamiento de las empresas privatizadas para corregir las tarifas excesivas y el mal servicio, etc. La crítica al ALCA sigue la misma línea: El ALCA es criticado por las barreras tarifarias y subsidios de los EEUU, más que por las desigualdades estructurales entre las CMNs [Corporaciones Multinacionales, N. Del T.] gigantes del Norte y los sectores industriales de la Argentina. La crítica del PF, aún si fuese aceptada por los EEUU (algo extremadamente poco probable, dado que la administración Bush aumentó sus subsidios a la agricultura), podría aumentar ciertas exportaciones agrícolas, pero continuaría perjudicando a la industria local y a algunos productores de IT. Igualmente problemático es el tipo de estado que propone el PF. El problema no son sólo la incompetencia, el nepotismo y la corrupción – que ciertamente son serios problemas, como Oszlak correctamente lo señala,(80) sino la composición política del estado y aún más, de toda la clase política.

Luego del colapso de la economía argentina, toda la clase política ha sido desacreditada, inclusive todos los partidos que el PF propone como componentes de su "nueva coalición social". La "coalición de fuerzas productivas" propuesta por el PF carece de realismo – los empleadores están despidiendo trabajadores, reduciendo jornadas laborales, bajando los salarios, empleando trabajadores temporales, cerrando fábricas y mudándose a otros lugares (dentro y fuera del país), transfiriendo su capital a otros sectores o al extranjero. Los trabajadores están ocupando fábricas, los desempleados están cortando rutas y tomándose edificios municipales, y hasta se levantan para derrocar presidentes. Esta realidad hace no-viable a la "coalición social" propuesta – los niveles e intensidad del conflicto social, la fiera competencia sobre los escasos recursos, han rotos todos los lazos entre el capital y el trabajo. Los "productores nacionales" no han mostrado propensión alguna para financiar programas de bienestar – excepto para su propia sobrevivencia y fuga.

Las bases policlasistas para una economía mixta de bienestar social no se han materializado durante los últimos 20 años de políticas electorales. Por el contrario, cada coalición electoral victoriosa (Alfonsín, Ménem, La Alianza) durante las últimas dos décadas se ha basado en una coalición nacional-popular que al llegar al poder implementó duras medidas neoliberales, siguiendo el rumbo marcado por los grupos empresariales y financieros dirigentes.

Los pequeños y medianos productores del interior y de Buenos Aires pueden jugar un papel, pero ciertamente que no en términos de exportaciones, financiamiento y creación de empleo en gran escala y a largo plazo en el contexto actual.(81) Las tasas más altas de quiebras se encuentran precisamente en este sector, y éste paga los salarios más bajos y provee la cobertura social más baja para los trabajadores. Las PYMES difícilmente son empleadores modelo desde el punto de vista de los trabajadores.

El peligro del PF es que no logra comprender o siquiera menciona los problemas de la confrontación con el imperialismo de los EEUU. (82) El default es hoy una realidad, y el Tesoro de los EEUU y el G-7 han lanzado un ultimátum: pagar, recortar, despedir trabajadores y acabar con los déficits de las provincias, o de lo contrario habrá un bloqueo financiero/crediticio. No hay una estrategia ni un acuerdo en el documento del PF acerca de cómo hacer frente a una confrontación política global. Sin prestar atención a una agresión económica (y militar) de los EEUU/Europa, los autores actúan como si fuese una cuestión de hacer reformas a nivel nacional y negociar a nivel internacional. Pero son precisamente las reformas a nivel nacional – aún los cambios graduales -- las que no son aceptables para los EEUU y Europa, por miedo ante el efecto de contagio que unas reformas exitosas podrían tener en los países vecinos.

El documento del PF está disociado de los poderosos movimientos sociales y de los levantamientos políticos que han tenido lugar. Éstos ni siquiera son mencionados de pasada. Los desempleados organizados, las asambleas populares, los movimientos de tomas de fábricas, las rebeliones en las provincias, todos aquellos que tienen un interés directo por las metas de bienestar, desarrollo y empleo del PF son ignorados. En lugar de esto, el PF mira hacia los desacreditados burócratas sindicales de las confederaciones, los partidos políticos y los dirigentes que han sido la principal causa del desastre para que vuelvan a poner en escena una nueva coalición popular-nacional con capital extranjero y créditos de las IFIs.

El seguir la lógica política y social del PF significa que cualquier régimen que emerja será presionado por sus propios agentes económicos privados para descartar las disposiciones de bienestar social y las regulaciones nacionales para asegurarse un mínimo de cooperación para la producción. La hegemonía interna se revertiría hacia los "agentes privados" y los programas de bienestar social serían subordinados a la maximización de las ganancias a corto plazo.

Si, por otro lado, las "fuerzas sociales" de la coalición ganan ascendencia, los "agentes económicos privados" probablemente se aliarían con el capital extranjero y el G-7 para desestabilizar al régimen y provocar una intensificación del conflicto social tendiente a crear una inestabilidad política favorable a la derecha.

Dada la inviabilidad del programa de reforma regulatoria del PF en el contexto argentino y global actual, la alternativa es un retroceso hacia la política neoliberal en bancarrota o un cambio revolucionario que incorpore las reformas sociales del PF en una estructura económica realista, socializada con el apoyo de sus principales beneficiarios.

El Plan Prometeo: La Alternativa Revolucionaria

Antes que nada está la necesidad de una nueva coalición social del 80% de los argentinos que sufren un severo deterioro de sus niveles de vida, incluyendo al 55% que se encuentra por debajo del nivel de pobreza. Sólo los trabajadores desempleados y subempleados llegan a cerca del 50% y la clase media empobrecida incluye otro 20- 30%. Esta es una coalición de bases amplias, que no está vinculada a los bancos extranjeros. Éstos son sus enemigos jurados por haber confiscado sus ahorros. Esto le da al estado socialista la base social para renacionalizar la banca y el sistema financiero y provee una base política para resistir las presiones de los banqueros del G-7. La nacionalización del comercio exterior le daría al estado un mecanismo para reorientar el intercambio con el exterior para financiar la inversión pública y la industrialización del país. La renacionalización del petróleo le daría al estado ingresos y beneficios para estimular la capacitación, la infraestructura y los proyectos sociales generadores de empleo. Los impuestos progresivos y la recolección de impuestos pueden ser ejecutados bajo amenazas de expropiar las propiedades de los evasores y delincuentes fiscales.

Las reformas estatales propuestas por el documento del PF deberían de articularse con nuevas formas asamblearias de representación popular y la incorporación de los nuevos movimientos sociales (los piqueteros) en los gobiernos locales y municipales. Las asambleas populares deberían ejercer un control directo sobre las asignaciones de los presupuestos y los gastos, una forma avanzada de presupuesto participativo. La propiedad de los sectores estratégicos de la economía es esencial para mantener las políticas redistributivas, tal y como lo atestiguan las décadas recientes. Con las privatizaciones aumentaron las desigualdades, el poder de decisión de las políticas macroeconómicas fue monopolizado por poderosos grupos económicos.

La crisis económica ha bajado el ingreso per cápita en dos tercios. Dados los escasos recursos y la desintegración de la base productiva, sólo la propiedad pública bajo el control de los trabajadores puede expandir la base material y generar una mayor igualdad. Una mayor igualdad depende de que el control social del ingreso sea distribuido. La propiedad social está en el centro del Plan Prometeo. Combina los impuestos y los gastos del PF pero dentro de sector de propiedad social vastamente más amplio, democráticamente controlado por los productores directos y administrado por una administración pública meritocrática. Es prometeico porque involucra la reconstrucción total de una economía en vías de desintegración con un tejido social despedazado frente a los poderosos adversarios imperiales de EEUU y Europa. Sin embargo, el tener control sobre los sectores básicos de la economía significa el retorno y la reinversión de las ganancias en la Argentina. El default significa el ahorro de más del 50% de los ingresos de las exportaciones. La diversificación de la producción y la reactivación de la economía significan que se puede hacer un uso óptimo de la capacidad no utilizada existente. El MERCOSUR, la China, los países árabes y sectores de la UE y Rusia ofrecen mercados alternativos ante cualquier boicot organizado por las IFIs. Las inversiones públicas en la innovación, la tecnología, la investigación y el desarrollo pueden incorporar a la fuerza de trabajo argentina, altamente capacitada pero actualmente subutilizada. La reactivación de los mercados internos y la protección selectiva de los productores de las provincias pueden expandir los mercados. Las inversiones públicas en infraestructura pueden emplear a los desempleados y facilitar el comercio entre las provincias y a lo interno del MERCOSUR.

El Plan Prometeo incorpora las críticas del Plan Fénix y las amplía, de modificar el comportamiento de actores privados a transformar su posición estructural. Prometeo incorpora algunas de las reformas sociales específicas del PF, pero las ubica en un marco de propiedad político-económica más realista que evita las trabas y amenazas de la no-cooperación privada y/o extranjera. Prometeo reemplaza la coalición nacional-popular propuesta por el PF con una coalición popular más realista enraizada en los movimientos sociales realmente existentes y sus intereses.