Programas de atención a drogodependientes con problemas jurídico-penales
Para dar una visión de esta realidad, se ha analizado la situación del consumo de drogas, en tres momentos de un mismo itinerario jurídico-penal: en los detenidos, en los sujetos sometidos a cumplimientos alternativos al ingreso en prisión, y en la población penitenciaria. Conviene indicar que los métodos de medida con los que se cuenta son las estadísticas oficiales y los autoinformes, si bien estos métodos no garantizan una medición muy exhaustiva del consumo de drogas asociado a la delincuencia.
Servicios de atención al detenido
De la revisión de los datos de 1997 presentados por las Memorias de los Servicios de Atención al Detenido en Juzgados de distintas Comunidades Autónomas, (Andalucía, Baleares, Cataluña, Castilla y León, Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana), se puede decir que:
La media de edad del detenido se encuentra en el intervalo de 26-35 años.
De sexo varón. Entre el 72-96% de los usuarios de estos servicios.
La mayoría de los usuarios de estos servicios presentaban problemática judicial. El tipo de delito más frecuentemente imputado estaba dentro del capítulo de los delitos contra el patrimonio. La situación judicial de más del 60% de los usuarios atendidos era la de libertad provisional.
Un porcentaje significativo de los usuarios de estos servicios eran consumidores de sustancias psicoactivas, en el momento de ser atendidos. El 69,98% de los casos atendidos por el servicio de la Comunidad Valenciana, el 47,6% de los casos atendidos en Baleares, y el 27,5% de los casos atendidos en Andalucía.
La vía de administración utilizada varía según la Comunidad Autónoma donde esté ubicado el servicio, pero un porcentaje significativo sigue utilizando la vía parenteral. Así en Castilla y León y Murcia, más del 50% de los usuarios utilizaban preferentemente la vía intravenosa; en Madrid, el 56% de los casos atendidos utilizaban la vía fumada.
La mayoría de los usuarios, más del 60%, no estaban en tratamiento en el momento de la detención.
De los servicios que recogían variables sanitarias, un porcentaje significativo de la población atendida era VIH+ (Murcia 27% VIH+ y Valencia 22,3% VIH+).
La situación laboral en un alto porcentaje de los usuarios era la de parado.
Además, en distintos servicios, Baleares, Cataluña y Madrid, se ha paralizado la tendencia al incremento en el número de usuarios respecto a años anteriores, en correspondencia con el descenso de personas adictas a sustancias psicoactivas que realizan actos delictivos. Uno de los motivos, entre otros, de este descenso podría ser, como apunta el Equipo Social Asesor de los Fiscales en materia de Drogodependencias de Barcelona, la introducción de programas de tratamiento con metadona y de programas de intercambio de jeringuillas, que han supuesto una mejora de las condiciones de consumo y una reducción de daños que incluye el descenso de la criminalidad.
También hay que destacar la consolidación de la tendencia al envejecimiento de la población, y el cambio en la vía de consumo intravenosa hacia la fumada.
Al comparar este perfil con el del usuario atendido en la red asistencial de drogodependencias durante 1997, se observa que presentan unas características comunes: de sexo varón, con una edad entre 26 y 35 años, droga principal de consumo la heroína, y un porcentaje significativo de estos usuarios presentaban problemática judicial. Ciertamente, distintos estudios muestran una asociación entre el consumo de heroína con el VIH y antecedentes judiciales. La presentación de ambas problemáticas justifica una intervención sociosanitaria dentro de un contexto judicial.
Por otra parte, la Encuesta a consumidores de heroína en tratamiento, 1996-1997 refleja el siguiente perfil de usuario: varón (81,8%), el 27,7% ha obtenido la mayor parte de sus ingresos a través de actividades ilegales (15,1% robos o venta de cosas robadas; 12,6% venta de drogas), el 73,1% ha estado alguna vez detenido con una media de edad de la detención de 20.6 años y la del primer consumo de heroína de 20 años, el 40,3% ha estado alguna vez en prisión y la media de edad del primer ingreso fue de 22 años con una media de estancia en prisión de 10 meses. Alrededor del 23% eran seropositivos a la infección por VIH.
Sujetos sometidos a tratamiento alternativo al ingreso en prisión
Sobre el número de cumplimientos alternativos que se conceden en nuestro país no contamos con datos, ya que en la mayoría de los juzgados no se registran los cumplimientos alternativos para drogodependientes de forma separada del resto de las ejecuciones de sentencia. Ante esta realidad, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas en 1997 subvencionó el estudio Utilidad de los tratamientos alternativos a la prisión como facilitadores de la reinserción social en drogodependientes delincuentes, presentado por SIAD. El estudio ha analizado los cumplimientos alternativos al ingreso en prisión concedidos durante el período comprendido entre el 1 de julio de 1996 y el 30 de junio de 1997. Además de los cumplimientos decretados en las sentencias dictadas en ese período (227), se facilita información relativa a las 812 personas que se encontraban acogidas a tratamientos alternativos en virtud de sentencias dictadas con anterioridad al 01.07.96. Los datos más destacados de este estudio se reseñan en la tabla 1.
Población penitenciaria
Esta población mantiene unas conductas de riesgo que hace que la infección VIH/SIDA en la población penitenciaria presente unas características epidemiológicas y clínicas que la diferencia de las que aparecen en el resto de la población: el 54% de la población reclusa es drogodependiente; en las personas que ingresan por primera vez en prisión sigue siendo de un 21,9%. También cabe destacar que la frecuencia del consumo de drogas es muy alta, ya que más de un tercio de los usuarios las consumen con una frecuencia mayor o igual a una vez al día. A su vez, un porcentaje significativo seguían utilizando la vía inyectada para el consumo de sustancias psicoactivas (Figuras1 y 2). Además, un 36% de las personas que utilizan la vía inyectada dicen compartir o haber compartido jeringuillas con otras personas.
Los datos ofrecidos por los registros de Sanidad Penitenciaria, indican las siguientes prevalencias y tasas de enfermedades transmisibles de alta incidencia en Instituciones Penitenciarias:
De los 4.243 casos de sida diagnosticados desde 1989 hasta el 31 de diciembre de 1997 en el Registro de Instituciones Penitenciarias, han fallecido 1.743 (41,1%), porcentaje subestimado dado que con frecuencia se pierde información cuando el interno en el momento del fallecimiento no está en prisión.
En 1997 se han notificado 392 nuevos casos de sida (10,5/1000 internos), con una disminución de casi la mitad de los casos (41%) en relación con 1996, en el que se notificaron 660 nuevos casos. Se observa el aumento progresivo de la proporción de casos entre las mujeres respecto a los varones, presentando ambos sexos en 1997 unas tasas de incidencia muy similares.
La distribución por grupos etarios muestra que el 78,2% de los casos de sida en prisión se concentran entre los 25 y 39 años de edad, ya que además de ser éste el grupo etario más abundante en prisión, es también donde se concentra la mayoría de los usuarios de drogas por vía parenteral (UDVP) que son los más afectados por la enfermedad.
En 1997, al igual que en años anteriores, los UDVP están mayoritariamente representados entre los casos de sida declarados en prisión, suponiendo el 90,3% de todos los casos diagnosticados ese año, igual que en 1996 (89,5%). En el perfil de los nuevos casos de sida diagnosticados en 1997 en la población general, los UDVP representan el 62,1% del total.
La prevalencia total de personas infectadas por VIH ingresadas en prisión muestra una tendencia decreciente, en 1997 era del 20%.
La prevalencia de internos en tratamiento con antirretrovirales muestra una tendencia creciente, a 15 de enero de 1997 era del 4,9%. A 31 de diciembre de 1997, 2.471 internos estaban en tratamiento con antirretrovirales, el 6,6% del total de la población ingresada en los centros.
Las tasas de incidencia por mil internos de TBC respiratoria, de hepatitis B y de hepatitis C durante 1997 han sido respectivamente de: 8,4, 1,4 y 44,6 por mil internos, y de otras tuberculosis de 2,1 por mil internos (Figura 3). Los factores de riesgo que con mayor frecuencia se asocian a la tuberculosis, y a la hepatitis B, en la población penitenciaria, son la infección por el VIH (77,6% de los casos infectados por este virus), y el uso de drogas por vía parenteral (el 72,3% de los enfermos eran usuarios de drogas por vía parenteral), gran prevalencia de ambos factores de riesgo (se dan en el 63,9% de los casos). El grupo de edad más afectado es el de 30-34 años, con una tasa de 21,9/1000.
"La realidad es que el estrato social de la marginación, del que provienen la mayoría de los reclusos, determina en los centros penitenciarios unas peculiares condiciones de precariedad y de deterioro, con una incidencia de enfermedades carenciales e infecciosas más alta que en el resto de la población, a lo que se une, que, en muchas ocasiones, el primer contacto de estas personas con el sistema sanitario se produce a su ingreso a prisión" (Situación penitenciaria y depósitos municipales de detenidos 1988-1996, Informe del Defensor del Pueblo).
Consecuentemente las instituciones penitenciarias constituyen, como estableció la OMS en sus Declaraciones de 1987 y 1993, un eslabón fundamental en la prevención, control y seguimiento de los pacientes.
Respuestas sociosanitarias
Las Comunidades y Ciudades Autónomas han realizado a lo largo de 1997 un conjunto de intervenciones preventivo-asistenciales con diferentes tipologías de programas, merced a la colaboración entre la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, los Planes Autonómicos de Drogodependencias, y diversas ONGs, Ayuntamientos y otras instituciones que se han corresponsabilizado de los mencionados programas.
Entre las prioridades del Plan Nacional sobre Drogas, que vienen marcadas en el Plan de Medidas para Luchar contra las Drogas, aprobado por el Gobierno en la sesión del Consejo de Ministros del 24 de enero de 1997, figuran las directrices a desarrollar en los programas para drogodependientes con problemas jurídico-penales. Estas directrices son :
Impulsar los cumplimientos alternativos a la pena privativa de libertad (suspensión de ejecución de la pena y aplicación de medidas de seguridad), de acuerdo con las recomendaciones de diferentes Organismos Internacionales. Así el Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia, en la reunión celebrada en Ginebra en 1992, consideró que en interés de la salud es más conveniente dirigir a los toxicómanos con problemas penales hacia programas de tratamiento comunitarios.
Estos programas necesitan un mecanismo de coordinación con organismos de la Administración Central y con las Comunidades Autónomas. Desde el Plan Nacional sobre Drogas se están realizando las siguientes actuaciones:
Coordinación de las Administraciones de Justicia y Penitenciaria con los servicios sociosanitarios comunitarios, con las asociaciones privadas y entidades que trabajan en la solución de este problema.
Concienciación e información a los órganos judiciales. Se dispone de un censo de recursos y centros homologados por el Plan Nacional sobre Drogas, recientemente actualizado. Son recursos a los que puede acudir el Tribunal para la adopción de la medida, dado que el Código Penal exige centros debidamente acreditados y homologados.
Extensión de programas de atención al detenido drogodependiente. Durante 1997, se han creado nuevos servicios en: Castilla y León (Valladolid), Servicio de Atención al Detenido Drogodependiente en los Juzgados, subvencionado por el Plan Autonómico sobre Drogas; en Galicia, los Programas de Atención Jurídico-Social de Ayuda al Drogodependiente, programas subvencionados por el Plan Autonómico sobre Drogas y la Ley del Fondo de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
Con estas acciones, se trata de avanzar en las medidas alternativas a la pena privativa de libertad, lo cual supone un compromiso civil, promoviendo un empleo menor de la cárcel y más justicia penal para convivir.
Extender las estrategias de reducción del daño a todos los centros penitenciarios.
Desde la Administración Penitenciaria y el Plan Nacional sobre Drogas se establecen dos pautas de intervención:
Tratamiento intrapenitenciario. Incorporar dispositivos comunitarios y profesionales extrapenitenciarios a la prisión.
Tratamiento extrapenitenciario. Potenciar la derivación de los reclusos drogodependientes a dispositivos comunitarios de tratamiento, tanto en régimen ambulatorio como de internado.
Durante 1997, las actividades más significativas en este ámbito han sido:
La extensión de los programas de tratamiento con metadona prácticamente a todos los centros. Durante ese período 10.577 internos han estado incluidos en este tipo de modalidad terapéutica. A 31 de diciembre de 1997, 3.192 reclusos estaban en tratamiento con metadona, lo que supone, el 8,65% de la población penitenciaria.
La implantación del programa de intercambio de jeringuillas en Basauri.
En el apartado Actividades en el ámbito penitenciario del Ministerio del Interior, correspondiente al capítulo 3 de esta Memoria se ofrece información más detallada sobre este punto.
Desarrollar una experiencia piloto de un programa de intervención global en drogodependencias, que incluya una unidad terapéutica, en un centro penitenciario.
En 1997 la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, Proyecto Hombre y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas llevaron a cabo el diseño y la implementación de este programa en el centro penitenciario de Soto del Real.
Este proyecto se compone de varios programas, entre los que hay que destacar la implementación de una comunidad terapéutica mixta intrapenitenciaria, en la que la Junta de Tratamiento asume las funciones no sólo terapéuticas sino también las atribuidas al Consejo de Dirección y a la Comisión Disciplinaria del centro. En dicha Junta participa personal de Proyecto Hombre, entidad que lleva la dirección terapéutica de la comunidad, al formar parte del equipo técnico de intervención.
Durante 1997, se han llevado a cabo acciones informativas y formativas dirigidas al personal del centro.
En el apartado Actividades de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, correspondiente al capítulo 3 de esta Memoria se ofrece información más detallada sobre este punto.
Desde estas directrices
se pretende que el contacto de los drogodependientes con la Administración de
Justicia suponga una oportunidad para su inserción. Este objetivo requiere
desarrollar todas aquellas medidas de política social orientadas a detectar y
combatir las causas individuales y sociales de la delincuencia. El último nivel
de estas medidas sería el ámbito penal abierto hacia una proyección social y
humanitaria. Un Estado Social de Derecho trae como consecuencia la necesidad de
vinculación social entre los portadores del control jurídico-penal y la
comunidad y, por ello, el requerimiento de asumir, por parte de éstos, labores
de asistencia social a todos los niveles.