Ya en el reinado de Carlos III apareció la crítica a la amortización de bienes raíces, tanto eclesiásticos como vinculados de la nobleza o comunales de los ayuntamientos. Los ilustrados la consideraban como la principal causa del estancamiento agrario, y proponían detener la amortización e incluso suprimirla. Pero la Corona se opuso con los mismos argumentos políticos y religiosos que utilizaban la nobleza y la Iglesia.
Fue a partir de 1795, con Godoy, cuando la política belicista del gobierno y el consiguiente crecimiento brutal de la deuda pública obligaron al ministro a iniciar la desamortización. En 1798 el gobierno declaró en venta, como ya vimos, los bienes de una serie de institutos eclesiásticos, y destinó los fondos obtenidos a amortizar la deuda e indemnizar a la Iglesia con el 3% anual del producto de las ventas. Entre 1798 y 1805 se vendieron tierras por valor de 1.600 millones de reales, en total la sexta parte del patrimonio de la Iglesia, pero en vez de destinar el dinero a su fin inicial, se gastó en nuevas campañas militares. El resultado es que en 1808 la deuda ascendía a 7.000 millones, mientras que se había eliminado la asistencia social a enfermos, ancianos y marginados sociales, asistencia que la Iglesia financiaba con las rentas de esas tierras y que el Estado no cubría, lo que condenó a esos colectivos a la miseria.
Durante la Guerra de la Independencia tanto el gobierno bonapartista como las Cortes de Cádiz realizaron una legislación paralela de supresión de conventos y órdenes religiosas y de puesta en venta de sus propiedades, destinando el producto a amortizar la deuda del Estado. la restauración del absolutismo en 1814 significó la anulación de las exclaustraciones y la devolución de los bienes vendidos a los frailes.
En el Trienio volvieron a entrar en vigor las decisiones de las Cortes de Cádiz: se aprobó el Decreto de supresión de monacales de octubre de 1820 y se emprendió la desamortización de bienes de propios y baldíos. Una buena parte de los bienes de los conventos fue vendida, principalmente, a inversores burgueses. Pero en 1823 retornó el régimen absolutista, y Fernando VII obligó a restituir los bienes vendidos, lo que provocó la indignación de los compradores, que desde entonces pasaron a apoyar al liberalismo y a enfrentarse al Rey.
A
partir de 1833 el proceso de desamortización se precipitó por varias causas.
En primer lugar, la guerra obligaba al Estado a obtener recursos, en un
momento en que las arcas estaban vacías y el crédito exterior se había
hundido. En segundo lugar, se difundió en el país un clima anticlerical, a
causa del apoyo del clero al bando carlista: los asaltos a conventos, los
incendios, profanaciones y matanzas fueron frecuentes en los años 1834 a
1836. El Cura y el fraile reaccionario se convirtieron en los chivos expiatorios
de las protestas populares provocadas por la escasez, debida a la guerra, y
por las epidemias. En tercer lugar, los antiguos compradores de bienes
desamortizados en el Trienio, expropiados en 1823, presionaban al gobierno
para que les devolviera sus bienes. Hombres ricos, formaban un grupo poderoso e
influyente, esencial para el bando cristino. Por eso no es extraño que los
gobiernos liberales fueran poco a poco avanzando hacia la desamortización:
confiscación de bienes de los conventos destruidos (1834), reintegro de sus
bienes a los compradores del Trienio (1835) y decreto de exclaustración
general (1836), que no hizo sino legaliza lo que ya se había producido: el
abandono masivo de los conventos, ante el miedo de los frailes a los asaltos
populares. El resultado es que sólo subsistieron 300 de los2 000 conventos
existentes.
- -En esta situación se publicó la primera de las dos grandes leyes de desamortización de la revolución liberal, la de Mendizábal, la desamortización del clero: en febrero de 1836 se declaraban en venta todos los bienes pertenecientes al clero regular, y se destinaban los fondos obtenidos a la amortización de la deuda pública. El Decreto formaba parte de un programa que perseguía ganar la guerra allegando fondos y tropas, restaurar la confianza en el crédito del Estado y, a largo plazo, permitir una reforma de la Hacienda. Mendizábal, en el preámbulo, exponía otros objetivos básicos de la desamortización: sanear la Hacienda reduciendo la deuda, conseguir el acceso a la propiedad de sectores burgueses, que mejorarían la prcoducción y la revalorizarían, y crear un sector social de nuevos propietarios vinculados al régimen y al bando cristino.
Aunque el gobierno cayó en mayo, en octubre Mendizábal se convirtió en ministro de Hacienda bajo el gobierno progresista de Calatrava. y a partir de ahí las subastas se reanudaron. En 1838 se aceleraron, y sobre todo desde 1840, cuando la victoria cristina hizo irreversibles las ventas. Además, desde agosto de 1841, bajo la regencia de Espartero, se desamortizaron también los bienes del clero secular. Fue finalmente con la vuelta de los moderados, en 1844, cuando se suspendieron las subastas, aunque el gobierno del general Narváez garantizó las ventas ya realizadas. En total, entre 1836 y 1844 se habían vendido propiedades por valor de 3.274 millones de reales, quedando aún por vender bienes expropiados por valor de 910 millones, de los que tres cuartas partes pertenecían al clero secular. Se había desamortizado el 62% de las propiedades de la Iglesia. Las fincas fueron tasadas por peritos de Hacienda y subastadas después, alcanzando una puja media del 220% sobre el precio de salida. Dado el distinto tamaño de los lotes, eran en teoria asequibles para grupos sociales de bajos ingresos, pero en la práctica los propietarios y los inversores burgueses acapararon las compras, puesto que eran los únicos que tenían liquidez, sabían pujar y podían controlar fácilmente las subastas. Además, comprar era un excelente negocio: sólo se abonaba el 20% al contado, el resto se pagaba aplazado, y se admitían para el pago los títulos de deuda por su valor nominal. Como estaban muy desvalorizados en el mercado, adquirirlos en bolsa y pagar con ellos era una ganga para el comprador.
Un proceso tan perjudicial para los intereses del Estado no era consecuencia de un error de cálculo. Mendizábal sabía que la admisión para el pago de títulos por su valor nominal produciría esa situación. Es cierto que podría haberse llevado adelante la desamortizaclon con más rendimiento para el Estado, e incluso que podría haberse aprovechado para repartir la tierra entre los campesinos, iniciando así un proceso de reforma agraria. Así lo sugirió, en parte, el diputado Flórez Estrada en un artículo de prensa editado a los pocos días de publicarse el decreto. En él proponía que el Estado arrendara las tierras a los campesinos y dedicara la renta a pagar la Deuda, lo que garantizaría los pagos, satisfaría las peticiones campesinas y serviría para crear la masa adicta a Isabel II que propugnaba Mendizábal. Lo que ocurre es que el ministro no buscaba ni un reparto de las tierras ni una reforma agraria, sino beneficiar a quienes, como él mismo, pertenecían a la elite financiera y comercial. y buscaban consolidar su prosperidad económica con la compra de bienes inmuebles. El resultado es que, sumando lo vendido en el Trienio y en el periodo 1836-1851 (año en que aún se cobraron plazos), el Estado recaudó unos 4.500 millones de reales, de los que sólo 500 lo fueron en dinero, cuando la deuda ascendía ya por entonces a unos 14.000 millones.
Las consecuencias de la desamortización de Mendizabal fueron muy variadas.
1-El desmantelamiento casi completo de la propiedad de la Iglesia y de sus fuentes de riqueza, toda vez que el diezmo, su otra alternativa, fue igualmente suprimido en 1837. Sólo en 1845 se establecería una Contribución de culto y clero. Para entonces la Iglesia había dejado de ser el estamento privilegiado, aunque conservaba su enorme influencia en las mentalidades y en la educación, que casi monopolizaba.
2-La desamortización no resolvió el problema de la deuda, pero sí contribuyó a atenuarlo. Se consiguió rescatar 5.000 millones de reales de los 14.000 acumulados y se pusieron a tributar una enorme cantidad de propiedades que hasta entonces habían permanecido exentas, aumentando así los ingresos de la Hacienda. Sólo desde los años cincuenta, con la segunda desamortización y el desarrollo económico, se disminuiría de forma drástica la deuda del Estado, aunque siempre quedará una parte de ella consolidada hasta el siglo XX.
3- La desamortización no produjo un aumento de la producción agraria, contra lo que pretendían sus promotores. Los nuevos propietarios, en general, no emprendieron mejoras, sino que se limitaron a seguir cobrando las rentas y las incrementaron, al sustituir el pago de los derechos señoriales y diezmos por nuevos contratos de arrendamiento. Además, las nuevas tierras que se pusieron en cultivo eran marginales, de baja calidad, por lo que la productividad media descendió. Muchos de los nuevos propietarios vivían en las ciudades, completamente ajenos a los problemas agrícolas.
4- Hay que señalar que la desamortización trajo consigo un proceso de deforestación, pese a las prohibiciones del gobierno en ese sentido.
5- La desamortización provocó un reforzamiento de la estructura de la propiedad de la tierra: acentuó el latifundismo en Andalucía y Extremadura y el minifundismo en el Norte. Las tierras y las fincas urbanas fueron a parar a los antiguos terratenientes locales, a nuevos inversores de la burguesía financiera, industrial o profesional (sobre todo abogados), a especuladores e intermediarios, que traficaron con las tierras o con los títulos de deuda que suministraban a los compradores. Unos y otros, amigos de políticos, caciques o viejos señores, constituirán la nueva elite terrateniente que detentará el poder durante el reinado de Isabel II ya sea en el partido moderado o en el progresista, y por tanto plenamente identificados con el régimen liberal, tal y como había previsto Mendizábal.
6-Los que desde luego no compraron, en general, fueron los campesinos: o no recibían información de las subastas, o no sabían pujar, o no tenían dinero para hacerlo. Cuando lo intentaron se encontraron con lotes demasiado grandes, pujas muy altas o subastas amañadas por los potentados locales, frecuentemente en connivencia con quienes presidían las subastas
7-En las ciudades ocurrió lo mismo. Como la mayoría de los inmuebles estaba en el centro urbano, la desamortización contribuyó a un urbanismo discriminador. la alta burguesía acaparó los mejores edificios del centro, excluyendo a las clases medias, confinadas en las viejas viviendas, y dejando para los obreros los arrabales de la periferia
Era uno de los puntos programáticos del bienio . Establecia la venta en subasta pública de toda clase de propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, a la Iglesia, los propios y baldíos de los Municipios y, en general, todos los bienes que permanecieran amortizados. Se trataba, por tanto, de completar y terminar el proceso de desamortización iniciado por Mendizábal en 1836. A diferencia de éste, la Ley Madoz se desarrolló a gran velocidad. Entre 1855 y 1856 se subastaron más de 43.000 fincas rústicas y unas 9.000 urbanas, por un valor cercano a los 8.000 millones de reales, mediante el pago de un 10% de entrada y el resto aplazado, y admitiéndose sólo el abono en efectivo. El volumen (el dinero acumulado fue, como se ve, casi el doble que en 1845. y se destinó a amortizar la deuda y a cubrir las necesidades de la Hacienda tras la abolición del impuesto de consumos, decretada en los días del golpe militar de 1854.
Las consecuencias de esta segunda desamortización fueron la eliminación de la propiedad comunal y de lo que
quedaba de la eclesiástica. lo que provoco, en el primer caso, un agravamiento considerable de la situación económica del campesinado, y en el segundo, una ruptura de las relaciones con la Iglesia, ante la flagrante violación del Concordato. En conjunto, si se suman ambos procesos de desamortización, entre 1836 y 1856 se transfirió la propiedad de 10 millones de hectáreas, el 20% de la superficie nacional. En realidad, la desamortización de Madoz estuvo en vigor hasta 1895, año en que fue derogada, pero desde 1856 apenas ya hubo subastas, ya que poco quedaba por vender. Si continuó habiendo importantes partidas de ingresos hacia una sociedad burguesa. Significó el traspaso de una enorme masa de tierras a los nuevos propietarios y la fusión de la antigua aristocracia feudal con la burguesía urbana para crear la nueva elite terrateniente.