Martirio de Monseñor
Angelelli
En febrero de 1976 fueron detenidos en Mendoza el Vicario General de la
Diócesis riojana, Mons. Esteban Inestal junto a dos dirigentes del Movimiento Rural,
Rafael Sifre y Carlos Di Marco. Luego del golpe de estado del 24 de marzo se intensificó
el control y seguimiento a los miembros de la iglesia, en el marco de la represión
desatada por la dictadura militar. Mons. Angelelli levantó su voz para denunciar las
violaciones a los derechos humanos e hizo conocer al episcopado la persecución de que era
objeto la iglesia en La Rioja. Hizo gestiones ante las autoridades militares, incluso ante
el Comandante del III Cuerpo de Ejército, Luciano B. Menéndez. "El que se tiene que
cuidar es usted", amenazó el militar. Ante la inseguridad, Angelelli
aconsejó a
sacerdotes, religiosos y laicos abandonar la Diócesis para protegerlos, pero no aceptó
la invitación de Obispos latinoamericanos para un encuentro en Quito, Ecuador.
"Tengo miedo, pero no se puede esconder el Evangelio debajo de la cama",
confesó a sus familiares que vislumbraban el trágico final. La represión se agudizó.
Fueron detenidos el P. Eduardo Ruíz, de Olta y el P. Gervasio Mecca, de Aimogasta. El 18
de julio fueron secuestrados, torturados y asesinados los padres Gabriel Longueville y
Carlos Murias, de Chamical. El 26 de julio ametrallaron en la puerta de su casa al laico
campesino Wenceslao Pedernera, en Sañogasta. Y cuando el 4 de agosto, Mons. Angelelli,
junto al P. Arturo Pinto, retornaba a la Capital riojana, luego del novenario a los
sacerdotes asesinados en Chamical, a la altura de Punta de los Llanos, su camioneta fue
embestida por un auto "Peugeot 504", que le provocó el vuelco. El cuerpo del
Obispo fue sacado y su nuca golpeada contra el asfalto, quedando su corpulenta figura
extendida con los brazos abiertos sobre la ruta. Aunque se intentó ocultar el crimen,
como un "accidente automovilístico" y la investigación judicial iniciada fue
enseguida archivada, en 1983, con el retorno de la democracia, la causa se reabrió. En
1986 el juez Aldo F. Morales dictaminó que la muerte de Mons. Angelelli fue un
"homicidio fríamente premeditado", debiéndose identificar los autores. En 1989,
los altos jerarcas de las Fuerzas Armadas implicados en el crimen fueron beneficiados por
la Leyes de Obediencia Debida y Punto Final que consagraron la impunidad en las
violaciones a los derechos humanos.
El pueblo creyente, que desde el mismo 4 de agosto tuvo el convencimiento de que se había
tratado de un asesinato, todavía espera que el episcopado argentino reivindique el
martirio de Mons. Angelelli, rompiendo el silencio de 25 años. |