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| 24 Octubre 2006 EL ESPECTADOR |
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Adalberto Carvajal Salcedo |
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Lorenzo Madrigal |
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Ver de esta manera escrito y de repente el nombre del abogado
Carvajal, con sus dos sonoros apellidos, puede producir un cierto
estremecimiento. |
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Ver de esta manera escrito y de repente el nombre del
abogado Carvajal, con sus dos sonoros apellidos, puede
producir un cierto estremecimiento. Más tratándose de un
sindicalista combativo y adalid, como ha sido, de las
reivindicaciones del magisterio. El abogado vive.El
célebre dirigente gremial, educador, laboralista, autor
de una importante obra sobre el estatuto docente, el
mismo que presidió por años Fecode, Federación de
Educadores, continúa batallando por los intereses de los
trabajadores. En este su oficio y mientras convertía en
valores contantes las expectativas de 47 catedráticos de
la Universidad del Magdalena, le ha ocurrido algo
insólito.
Luego de conciliar con los directivos de Unimag las
obligaciones laborales a cargo del ente educativo, le ha
tocado soportar una acusación por parte de la embrujada
Fiscalía, a una con el muy combatido rector de esa Alma
Máter, abogado Carlos Caicedo Omar. Es un viejo pleito
que se revive de manera extraña, pues había sido
archivado en el 2005, por dictamen de un fiscal
anticorrupción.
La inculpación es peculado (¡peculado!), endilgado a
quien no es ni ha ejercido nunca como funcionario.
Peculado por aminorarle a la institución su carga
laboral. Sin que hubiera menoscabo patrimonial alguno
–la primera providencia se pronunció en este sentido– se
la ha favorecido, en cambio, en la misma cantidad en que
se transó por una suma menor. El Estado tiene que hacer,
por supuesto, la erogación correspondiente, como tantas
otras, dentro de sus gastos de funcionamiento o
inversión.
Indebido sería entonces reclamar una pensión del
Estado, conminarlo a que cancele los derechos
irrenunciables de los particulares que le han servido.
Sería exacción indebida hacer efectivo un pago laboral,
así sea, como en este caso, reducido en gran proporción.
El ejercicio profesional del derecho está aquí
comprometido.
Un embrujado fiscal, como dije, ha englobado a rector
y abogado defensor de los docentes, pese a los intereses
opuestos, en un solo paquete de acusación, sin otro
motivo que la transacción referida. Toca de contera al
profesional llevar una parte en la persecutoria que,
según ha relatado la prensa, se viene instrumentando en
contra del rector Caicedo por peligrosos intereses
políticos de la región. Al rector se le ha querido sacar
a escobazos, contra la voluntad de los estudiantes y
contra las evidencias de su buena gestión. Podría
tratarse de una penalización artificiosa para conseguir
el control de la universidad.
Autoridades que tienen voz en los procesos de la
justicia deben vigilar este negocio, en la etapa en que
se encuentre, por la mala racha que pasa el sindicalismo
en el país y porque existen en el entorno presiones
políticas y peligrosas fuerzas de facto. Así lo han
prevenido personalidades demócratas en Estados Unidos y
autoridades de derechos humanos en las cortes
internacionales.
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EL
HERALDO Barranquilla, Lunes 9 de Octubre 2006
Nuevo
capítulo de la puja entre Rector y Gobernador
Unimag continúa sin Caicedo Omar
El
suspendido rector así como el abogado Adalberto Carvajal Salcedo,
apoderado de 47 docentes, argumentan que son víctimas de una persecución
política..
Por
TATIANA VELÁSQUEZ
Santa Marta
Desde el pasado 18 de agosto, la Universidad del Magdalena está llena de
retratos a gran escala del rector titular de esa institución educativa,
Carlos Eduardo Caicedo Omar. En cada tela, los estudiantes denuncian
arbitrariedades en el proceso que se le adelanta al líder educativo por
presunto peculado por apropiación.
Caicedo Omar habría incurrido en delito al pagarle a un grupo de docentes,
representado por Adalberto Carvajal Salcedo, casi dos mil millones de
pesos más por concepto de cesantías. Aún no se tienen noticias del
abogado, quien se encuentra desaparecido desde el pronunciamiento de la
Fiscalía.
El Rector estuvo inicialmente detenido en las instalaciones del CTI en
Santa Marta, pero tras el preinfarto que sufrió el pasado 28 de agosto, la
Fiscalía le profirió detención domiciliaria hasta tanto su estado de salud
mejore.
Caicedo Omar se encuentra a la espera del dictamen de Medicina Legal para
saber si continuará en su casa o si será trasladado a un centro de
reclusión.
Con la detención, se reviven las fricciones que desde hace tres años
sostiene la Universidad con la Gobernación, desde que asumió Trino Luna
Correa.
El Rector detenido dijo ser blanco de una persecución política liderada
por el mandatario departamental, quien, a través de su representante Pablo
Beltrán, se defendió y acusó a Caicedo Omar de malos manejos en el centro
educativo.
“He terminado siendo víctima de la clase política del departamento del
Magdalena, orientada por Luna Correa. Ellos estuvieron haciendo un lobby
que resultó en esta medida de aseguramiento”, argumentó, una vez más, el
suspendido Rector.
Entre tanto, la comunidad universitaria se ha manifestado de manera
pacífica para apoyar al líder educativo, a través de dos marchas que han
aglomerado a unas 17 mil personas.
¿EN QUÉ CONSISTE EL PROCESO?
En la resolución de acusación de la Fiscalía 12 de la Unidad
Anticorrupción de Delitos contra la Administración Pública reza que la
investigación a Caicedo Omar se inició por los resultados de una auditoría
realizada, entre 1999 y 2003, por las contralorías General de la República
y General del Magdalena, en la Universidad.
De acuerdo con la investigación interna desarrollada por los órganos de
control, el 30 de diciembre de 2002 Carlos Caicedo habría pagado a 47
docentes representados por Adalberto Carvajal Salcedo $3.625.500.000 por
concepto de cesantías, indexación e intereses a las cesantías y mora.
Renglón seguido se lee que sólo debía cancelarles a los poderdantes de
Carvajal Salcedo $458.500.000.
Dichos pagos debían ser asumidos en un 80% por la Nación; 9.89%, por el
Departamento, y 10.11% restante, por la Universidad.
Edgardo José Barrios Martínez, quien inicialmente representó a la
Universidad para conciliar los pagos con los docentes, aseguró, en su
declaración jurada ante la Fiscalía, que el Rector le encomendó el manejo
de las reclamaciones realizadas por 52 docentes no demandantes, 44
apoderados por Oswaldo Gil García y 48 asistidos por Carvajal Salcedo.
“Con los dos primeros grupos se negoció el pago del 10.11% y con el de
Carvajal se adelantó un proceso de acercamiento que se estabilizó en
ofertas de $1.794.860.203 por parte de la Universidad, y de $2.761.476.572
por parte del abogado Carvajal”, se lee en el documento emitido por la
Fiscalía.
La diferencia de $966.616.369, según está consignado en otro párrafo,
habría quedado solucionada el 1 de octubre de 2002 cuando se reunieron el
rector Caicedo y el abogado Carvajal para acordar los más de
$3.600.000.000 como pago. Por no estar de acuerdo con esta transacción, el
abogado Barrios Martínez dio por terminada su relación profesional con la
Universidad.
El fiscal Gabriel Ramón Jaimes Durán enunció a través de resolución:
“tales falencias evidencian que el Rector incurrió en serias
irregularidades al consolidar, en extrañas circunstancias, un acuerdo de
espaldas a la Ley que reconoció y pagó del peculio de la Universidad”.
Por su parte, Caicedo Omar se pregunta por qué si ha habido apropiación de
dinero no han vinculado a los profesores que se han beneficiado de éste.
“No se debió haber dictado –continuó el Rector– una medida de
aseguramiento. Esta investigación la generaron por un informe borrador que
trasladó el contralor, hoy detenido por corrupción y quien fuera asesor
jurídico de Trino Luna, a la Fiscalía y Procuraduría, a mediados de 2004”.
En uno de los recientes comunicados emitidos por el alma máter
aparecieron, además, los siguientes argumentos: “un grupo de docentes
decidió conciliar con la institución, otro grupo representado por el
abogado Oswaldo Gil determinó demandar a la Universidad y al Departamento
por separado, quedando como responsable la Universidad del 10.1% y el
Departamento del 9.89% del total de las cesantías, y finalmente un tercer
grupo de docentes, cuyo apoderado fue el abogado Adalberto Carvajal
Salcedo, demandó por el 20% del total de las cesantías exclusivamente a la
Universidad. De allí la diferencia en el valor pagado a cada uno de los
grupos de docentes”.
En el mismo documento difundido a la opinión pública se señala que el
grupo de docentes representados por Carvajal Salcedo demandó a la
Universidad por un monto inicial de $17.000.000.000, y que durante el pe-
ríodo de negociación la suma logró rebajarse, aproximadamente, a los
$3.600.000.000. “Sin embargo, el fiscal de la causa se basa en un oficio
enviado por Carvajal, en el que habría fijado el monto de sus pretensiones
en $2.600.000.000, que fue aclarado con posterioridad por el mismo
Carvajal”.
LA U SIN CAICEDO
Suspendido el Rector titular, el Consejo Superior encargó, el pasado 25 de
agosto, la rectoría a Carmen Yadira Romero Ávila, quien se venía
desempeñando como vicerrectora de docencia.
Desde su designación, Romero Ávila ha manifestado que ha asumido como
miembro del equipo académico de Caicedo Omar. “Tenemos que seguir
impulsando el apoyo institucional al Rector porque golpeado nuestro líder
golpeada la Universidad”.
Algunos estudiantes consultados por EL HERALDO se mostraron de acuerdo con
la gestión de Caicedo Omar y aseguraron mantenerse en asamblea permanente
para estar al tanto de su situación jurídica y manifestarle su continuo
apoyo.
“Con relación a la detención es claro que ha habido un abuso de autoridad,
que se han seguido conductos de manera irregular y que es un tipo de
persecución política. Quienes han hecho parte civil de esta demanda han
estado siempre deteniendo cada uno de los procesos de la U”, aseguró el
representante de los estudiantes al Consejo Superior, Adolfo Del Portillo.
LA REFUNDACIÓN
Cuando Carlos Caicedo asumió hace nueve años emprendió un proceso de
refundación para sacar la U de la crisis económica en la que se encontraba
y lograr calidad académica en cada uno de sus programas. En ese entonces
la población estudiantil sólo ascendía a dos mil matriculados, y hoy la
cifra llega a casi nueve mil. La Universidad tiene 34 grupos de
investigación avalados y clasificados por Conciencias; de 12 programas de
pregrado pasó a 28; oferta 11 maestrías en convenio con la Universidad
Nacional y cuatro maestrías propias, a demás de varias especializaciones;
logró acreditación de alta calidad de dos pregrados, y mejoramiento de la
infraestructura de su sede.
Caicedo Omar, quien logró sanear las deudas de la institución, aseguró
haberla recibido con pasivos que ascendían a los 26 mil millones “producto
de las corrupciones que internamente se daban, del tráfico de influencias
y del clientelismo que se impuso desde la clase política”.
Pablo Beltrán, representante del Gobernador ante el Consejo Superior, dijo
que nada tienen que ver los resultados logrados por el Rector, porque era
apenas necesario que se dieran los progresos, con la investigación que se
le sigue por el mal manejo de los dineros.
Si bien Beltrán no desconoce los méritos de la actual administración,
manifestó que la academia debería ser más consecuente con las necesidades
de la región. “Nuestra Universidad ha tenido progresos, nadie lo niega,
pero la investigación no es pertinente y el presupuesto no está destinado
en su mayoría a esta labor sino a la publicación de folletos. El Rector
tiene contratados a casi 12 periodistas en su Departamento de
Comunicaciones para hacer relaciones públicas. A diario se gastan
$3.700.000 en publicidad”.
Entre tanto, la comunidad académica sigue esperando a su Rector. Su silla
permanece vacía y sólo será ocupada por él, cuando esté una vez más en su
despacho como representante titular del centro de estudios.
“Persecución
política”
Amigos,
familiares y colegas del abogado Adalberto Carvajal Salcedo manifestaron,
a través de un comunicado, que el jurista es un reconocido profesional
gracias a su impecable labor de más de 40 años en defensa de los derechos
de los trabajadores. Sostienen que el abogado afronta una difícil
situación laboral, familiar, económica, social y moral a raíz de lo que
señalan como “una injusta decisión” de la Fiscalía Doce Delegada
Especializada en Delitos contra la Administración Pública que dictó
resolución de acusación (18 de agosto) y medida de aseguramiento de
detención preventiva por el delito de peculado por apropiación en el que
habría incurrido cuando celebró con el rector de la Universidad del
Magdalena un acuerdo transaccional que permitió el pago a de 47 docentes
de la institución de $3.625.500.000 por concepto de cesantías, indexación
e intereses a las cesantías y mora.
“La única explicación que encontramos para esta injustificada persecución
es que nuestro querido compañero esté siendo utilizado como instrumento
político en la lucha por el poder que se vive en el departamento del
Magdalena” y en otra carta, agregan: “Desconoció el señor Fiscal
investigador, que el acuerdo fue aprobado por el Tribunal Administrativo
del Magdalena, previo traslado tanto al Departamento como a la
Procuraduría Regional”.
A las voces de protesta que ha desencadenado la medida en diversos
sectores de la ciudad de Santa Marta, se unieron la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT), la Asociación de Abogados Laboralistas, la Federación
Colombiana de Educadores (Fecode), la Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres y la bancada parlamentaria del Polo
Democrático.
“Nuestra voz de confianza, apoyo y solidaridad al compañero Adalberto
Carvajal Salcedo, en la seguridad de su actuación profesional a favor de
los intereses de profesores de la Universidad de Magdalena se ajustaron
con rigor jurídico a los procedimientos legales establecidos en los
estatutos que rigen esta materia”, anotó el Polo Democrático.
El tiempo
9-10-2006
Reflexión / El
inolvidable Adalberto Carvajal
Por Carlos Orlando Pardo
El reconocido tolimense Adalberto Carvajal, un líder inolvidable de
los maestros colombianos que ya no pertenece a la historia sino a la
leyenda de las luchas sindicales en el país, hace ya 40 años, en 1966,
lideró durante 33 días la avanzada de los maestros en una legendaria
marcha a pie desde Santa Marta a Bogotá para hacerse oír en el palacio
de San Carlos. Todo comenzó cuando los maestros del Magdalena
llevaban seis meses sin recibir sueldo y no eran escuchados. Desde la
iglesia de San Pedro, Adalberto Carvajal, en zapatos tenis, dio el
primer paso y con 76 maestros más, la mayoría mujeres, lo siguieron
hasta Bogotá. Al lado de este perdurable presidente de Fecode por más
de una década, una anciana de 65 años, la maestra Carmen Leyva, lo
acompañó hasta el final.
Al llegar al despacho de Carlos Lleras Restrepo, ninguno de los
caminantes se quitó el sombrero al saludar ni durante las catorce
horas que duró la negociación. Y resultó triunfante. Se adoptó la
doble jornada escolar dentro de un plan de emergencia educativa y se
crearon los Fondos Educativos Regionales. Jalonar trascendentales
cambios para la educación en el país lo convirtieron en el único
caudillo que ha tenido el magisterio nacional a lo largo de su
tradición.
Este proverbial profesor, dirigente incomparable, prestigioso
abogado laboralista y consagrado autor de libros sobre derecho del
trabajo, logró, con un carácter recio e incorruptible, que más de 160
huelgas pacíficas organizadas por él cambiaran a la fuerza el rostro y
el destino de los maestros de su patria sin disparar un solo tiro. 33
años como educador, desde maestro rural, escuelas de poblados y de la
capital, la universidad y centros de postgrado, le dieron la
experiencia necesaria para conocer en carne propia los problemas.
Quien naciera en Roncesvalles el 20 de marzo de 1936 y que ya raya la
cima de sus 70 años, cumple un proceso unificador, puntualiza los
problemas y reivindicaciones del magisterio y en agotadoras pero
fructíferas jornadas logra conquistas importantes de manera eficaz.
Las detenciones a Carvajal caían como la lluvia. Despertar la
conciencia nacional en torno al problema de la educación, darle un
salto cualitativo a la organización, conseguir la ampliación de
cobertura y partidas presupuestales hasta el punto que el primer
magistrado de la nación declara el Plan de Emergencia Educativa
justificando las protestas, fueron puntos del parte de victoria.
Y lo curioso ahora es que se encuentra con orden de captura por
defender a profesores en la Universidad del Magdalena porque el rector
pagó sus derechos cambiando la destinación de una partida para caer en
un sonado peculado. No hay que temerle a la ley sino a quienes
caprichosamente deciden aplicarla. Él no tiene como el fiscal general
brujo de cabecera sino la desnuda razón legal que han decidido
vestirla con infamias. Soñamos despiertos con que termine al fin su
pesadilla y se haga justicia a esa injusticia.
Desde varios lugares del país se hará otra marcha inolvidable donde
estaremos protestando todos los que sabemos de su integridad a toda
prueba. Él está ahora como en los viejos tiempos sufriendo la
persecución y el desafuero Ahora uno recuerda a Monstesquieu cuando
afirma que una injusticia hecha a uno solo es una amenaza para todos.
Por Carlos Orlando Pardo, escritor.
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El Informador
15-9-2006 |
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Por deterioro de su estado
de salud |
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Suspenden
aseguramiento contra el rector Carlos Caicedo
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El deterioro progresivo en la salud del rector de la Universidad del
Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar, obligó a que el Fiscal 12
Delegado de la Unidad Nacional Anticorrupción, Gabriel Ramón Jaimes
Durán, suspendiera la medida de aseguramiento.
La suspensión de la privación de la libertad la comunicó el fiscal
Jaimes Durán, mediante el oficio número 109 del pasado martes 5 de
septiembre del 2006.
En el documento el Fiscal 12 Delegado de la Unidad Nacional
Anticorrupción explica que la medida se toma mientras se mantengan
las necesidades de atención médica especializada sólo atendibles
mediante el manejo intrahospitalario, normativa fundamentada en el
artículo 362- 3 del Código de Procedimiento Penal y Ley 600 del
2000.
Caicedo Omar había sido cobijado con dicha medida sin beneficio de
excarcelación por el presunto delito de peculado por apropiación.
Sin embargo, a pesar del levantamiento de la medida el proceso
sigue.
Así mismo, el rector de la Universidad del Magdalena, ayer por la
tarde fue dado de alta luego que los médicos que lo asisten
clínicamente dictaminaran una notable mejoría de la afección
cardiaca que conllevó a su reclusión en la Clínica La Milagrosa de
Santa Marta la semana anterior.
Carlos Caicedo a la salida del centro asistencial fue recibido en
medio de aplausos y con palabras de solidaridad por familiares,
amigos y estudiantes del centro de educación superior que llegaron
para darle apoyo.
“Confío en Dios y confío en que la lucha de la comunidad porque la
verdad prevalezca y será superior a la injusticia, y al mal corazón.
Es un atropello que se está cometiendo contra un demócrata y contra
un proyecto que pretende demostrar que no solamente lo público, lo
eficiente, lo eficaz y con calidad es posible, sino también un
proyecto transformador para construir del hombre en esta ciudad y en
esta región, desafortunadamente a veces hay personas que son
sacrificadas en el camino”.
Caicedo Omar fue detenido desde el pasado viernes 18 de agosto en
momentos en que se iba a reunir con los periodistas locales para
socializar el ‘Plan Estratégico - Santa Marta 2025’.
Desde esa fecha se encontraba recluido en las instalaciones del
Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de Santa Marta, mientras la
Fiscalía resolvía el lugar de su reclusión.
El pasado lunes 28 del mismo mes, el rector de la Universidad
presentó serios quebrantos de salud. Según el dictamen de los
médicos que lo atendieron, registraba un dolor torácico sugestivo de
angina de pecho (preinfarto) que obligaron su traslado de inmediato
a la sala de urgencias de la Clínica La Milagrosa de esta capital.
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El Tiempo 28 Agosto
Disputa con el Gobernador habría provocado
captura de rector de la Universidad de Magdalena

Los simpatizantes del rector Carlos
Caicedo piden que no sea trasladado de Santa Marta a la cárcel de
Sanabalarga (Atlántico).
Carlos Caicedo
fue detenido por presuntas irregularidades, administrativas, tras una
denuncia elevada por un funcionario cercano al gobernador Trino Luna.
Estudiantes,
profesores y trabajadores se movilizaron ayer hasta el CTI de la
Fiscalía, donde está recluido Caicedo desde el 18 de agosto pasado,
acusado de irregularidades administrativas, para impedir su traslado a
la cárcel de funcionarios públicos en Sabanalarga (Atlántico).
Fue la tercera manifestación a favor del rector. El martes, una marcha
de 15.000 personas hizo esa petición. El viernes, cientos de
estudiantes, velas en mano, se agolparon en las afueras del claustro
San Juan Nepomuceno mientras el Consejo Superior se reunió para elegir
al rector encargado.
Al final la escogida fue la vicerrectora académica, Carmen Yadira
Romero, allegada a Caicedo, lo que calmó los ánimos. Pero la situación
mantiene semiparalizada a la institución.
En la ciudad, el tema también genera tensión pues revive la disputa
que sostienen desde hace tres años el gobernador y el rector por el
manejo de la universidad.
El mandatario ha acusado a Caicedo de corrupción, de invertir
millonarios recursos en obras faraónicas que encarecen las matrículas
y de no permitir la fiscalización de su tarea.
Caicedo responde que Luna y un grupo de políticos lo que quieren es
violar la autonomía universitaria y saciar apetitos burocráticos.
También señaló un presunto plan para asesinarlo.
Para completar, Luna nombró hace un año como presidente del Consejo
Superior de la Unimag, a Pablo Beltrán, uno de los autores de la
denuncia que tiene ahora en prisión al rector.
En el lío han terciado hasta periodistas. "Responsabilizamos
públicamente a él, y nadie más que al señor Carlos Eduardo Caicedo
Ómar si algo le llega a ocurrir al director de este periódico o a las
instalaciones físicas de la empresa", dice en su editorial el
periódico Hoy, Diario del Magdalena.
Aciertos y fallos en la rectoría de
Caicedo
En los nueve años que Caicedo lleva en la Universidad los cambios han
sido notables, dicen distintos sectores. Se acabaron los paros y se
terminó una convención laboral que contemplaba salarios de dos
millones de pesos para celadores y permitía primas triples a
profesores, que subcontrataban para no asistir a clases.
Hoy, la universidad tiene más de 8.000 estudiantes, 28 grupos de
investigación reconocidos por Colciencias (cinco en categoría A), una
maestría propia y siete en convenio con la Universidad Nacional,
además de 24 programas de pregrado.
El presupuesto de la Nación pasó de 6.000 a 21.000 millones de pesos y
los recursos propios suman 10.000 millones. Y se han construido 70.000
metros cuadrados del proyecto 'Ciudad Universitaria'.
El caso que
tiene a Caicedo tras las reja nació en una denuncia que interpuso hace
dos años el delegado del gobernador, Pablo Beltrán, y el entonces
contralor del departamento, Luis Sanjuán, por presuntas
irregularidades en la conciliación del pago de más de 3.000 millones
de pesos por las cesantías de 47 docentes.
El 16 de marzo de 2005, el Fiscal Delegado de la Unidad Nacional
Anticorrupción, Germán Enrique Zamudio, había precluido el proceso a
favor de Caicedo y Adalberto Carvajal Salcedo, abogado de la
conciliación, hoy desaparecido. La providencia dice que no hubo
menoscabo patrimonial.
Pero el enredo se revivió el 18 de agosto cuando el fiscal 12, Gabriel
Jaimes Durán, ordenó la captura de Caicedo y Carvajal por peculado por
apropiación. Nadie precisa los argumentos de la medida, pero en Santa
Marta no deja de correr la voz de que es otro lance de una vieja
disputa.
Caicedo completó
nueve años al frente de la Universidad
Carlos Caicedo es un abogado samario
y militó en la corriente de Renovación Socialista. Asumió el cargo de
rector el 12 de junio de 1997, luego de la renuncia de Alfredo Correa
de Andreis y justo cuando la universidad estaba en una profunda crisis
financiera y académica.
El gobernador departamental en ese
momento era Jorge Caballero Caballero. Hoy, la universidad presenta
importantes logros, especialmente en eficiencia, que la ubican como
una de las mejores de la Costa.
El Universal 20 Agosto 2006
En cumplimiento de una orden de captura
proferida por un Fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción, 15 miembros
del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, capturaron en la noche del
viernes al rector de la Universidad del Magdalena, Carlos Caicedo Omar.
De acuerdo con las primeras
informaciones entregadas por la Fiscalía General de la Nación, la captura
del Rector obedeció a la decisión de un Fiscal Anticorrupción de Bogotá,
quien definió su situación jurídica dictándole, además, medida de
aseguramiento sin el beneficio de excarcelación.
El rector Caicedo Omar, fue trasladado
hasta las instalaciones del CTI en Santa Marta y luego por razones de
seguridad conducido hasta el Batallón de Infantería Mecanizado No. 5 “José
María Córdova”, donde quedó bajo custodia de los agentes del CTI que
llegaron especialmente desde Bogotá para adelantar la diligencia judicial.
La captura del Rector de la Universidad
del Magdalena se produjo momentos antes de una reunión que el funcionario
tenía previsto realizar con representantes de los medios de comunicación.
La aprehensión de Carlos Caicedo se
produjo después de que en numerosas oportunidades debiera rendir
indagatoria ante la Fiscalía General de la Nación, por una serie de
denuncias instauradas en su contra por situaciones relacionadas con el
desempeño de su función al frente de la universidad.
Algunas de las denuncias se relacionan
con presuntos malos manejos de los recursos al interior de la Universidad
del Magdalena, razón por la cual fueron iniciados varios procesos penales
en su contra.
La captura de Caicedo Omar se produjo en
atención al proceso número 1402 que adelanta la Fiscalía 12 de la Unidad
Nacional Anticorrupción, cuyo despacho le resolvió la situación jurídica
profiriéndole medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación,
según lo informó desde Bogotá la Oficina de Prensa de la Fiscalía General
de la Nación.
LAS DENUNCIAS
Los procesos que cursan en varios
despachos judiciales contra Caicedo Omar se relacionan con las denuncias
formuladas por el representante del Gobernador ante el Consejo Superior de
la Universidad, Pablo Beltrán, sobre el manejo de los recursos que
amparados bajo la figura de la autonomía universitaria, no tuvieron una
adecuada vigilancia por parte de los organismos de control.
Por todas esas denuncias se realizó un
control excepcional por parte de la Contraloría General de la República,
que arrojó los siguientes resultados:
Que los recursos millonarios que
ingresan a la Universidad del Magdalena son utilizados hasta para
financiar “fiestas y parrandas vallenatas”.
El informe final que dio a conocer en
esa oportunidad el organismo de control bajo la responsabilidad de Soraya
Vargas Pulido, contralora delegada para el Sector Social, determinó abrir
12 investigaciones para establecer responsabilidad fiscal y el presunto
detrimento en los recursos de la Universidad del Magdalena, en varios
contratos suscritos por el rector Carlos Caicedo Omar.
Así mismo, en los contratos que se
refieren a las transacciones para el pago de $3.600 millones de cesantías
a docentes, en unas conciliaciones realizadas con el abogado Adalberto
Carvajal.
También son objeto de investigaciones el
despido de funcionarios con fuero y su posterior reintegro y la
celebración y ejecución de un contrato de arrendamiento para el Instituto
de Postrados.
Los objetivos de la auditoría
consistieron en examinar los aspectos relacionados con el comportamiento y
manejo presupuestal de los años comprendidos entre 1999 a 2003, haciendo
énfasis en los gastos de las tres últimas vigencias y en determinar los
niveles de eficiencia, equidad y eficacia alcanzados en el desarrollo de
la gestión del periodo 1997-2003.
Se evaluaron, además, la contratación
administrativa adelantada entre los años 1999 y 2003, las quejas
relacionadas con la gestión y el manejo de recursos por parte de la actual
administración.
SEMANA.COM Agosto 2006

El miércoles en Santa Marta más de 15.000 personas, entre estudiantes,
docentes y ciudadanos participaron en una marcha de respaldo al rector,
Carlos Caicedo Omar, quien se encuentra detenido en las instalaciones del
CTI de la Fiscalía acusado del delito de peculado por apropiación.
Indignación en Santa Marta por la detención del rector de la
Universidad del Magdalena. Denuncian maniobras políticas del Gobernador.
Usualmente, poner de acuerdo a decenas de profesores y miles de
estudiantes es una proeza. Pero así ocurre en la Universidad de Magdalena,
gracias a la gestión de su rector, Carlos Caicedo Omar. Durante sus nueve
años al frente de la institución educativa, ha liderado una transformación
sin precedentes. Por eso causó estupor el arresto de Caicedo por orden de
la Fiscalía 12 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública.
Es acusado de haber conciliado y pagado irregularmente unas cesantías a 47
empleados que sus antecesores habían dejado en el aire. Para varios
sectores sociales y académicos, la medida es una retaliación de los
políticos, que están molestos porque Caicedo no les ha dejado meter las
manos en la universidad.
Cuando Caicedo asumió el cargo, en 1997, la universidad tenía las puertas
cerradas. Era el fondo de la crisis tras décadas de desgreño. Era tan
pesada la carga y tan oscuro el camino, que el Icfes aconsejó que a cada
estudiante le dieran tres millones de pesos y la cerraran definitivamente.
Pero Caicedo se la jugó toda para acabar con un déficit de 27.000 millones
de pesos y hacer viable financieramente la institución educativa. Propuso
sanearla reduciendo la planta de personal a la mitad y con el reto de
volverla atractiva académicamente. Redujo la nómina y denunció las
convenciones colectivas. Entre estas cayó la de los barrenderos, que les
permitía sólo barrer máximo 12 metros diarios. En poco tiempo se vieron
los resultados de la reestructuración: la universidad comenzó a pagar los
salarios y en 2003 el déficit había desaparecido; la población estudiantil
había pasado de 2.400 a más de 9.000 estudiantes, de nueve programas pasó
a 27, y de un presupuesto de 6.000 millones pasó a cerca de 40.000
millones de pesos anuales.
A pesar de haber arrancado con pie derecho, quedaban cosas por resolver.
En 1998 comenzó un proceso de conciliación para pagar las cesantías a un
grupo de 47 empleados que reclamaban 17.000 millones de pesos. Después de
cuatro años de negociaciones, el rector logró disminuir las pretensiones a
3.600 millones. Los términos de la conciliación fueron revisados y
aprobados por la Procuraduría y el Tribunal Contencioso y los pagos fueron
depositados en los fondos de pensiones.
Pero en 2003 la situación cambió en la campaña para la Gobernación de
Magdalena. El candidato único, Trino Luna Correa, manifestó que su primer
acto de gobierno sería sacar de la rectoría a Caicedo. Aunque Caicedo
quiso renunciar un mes antes de las elecciones, estudiantes, profesores y
funcionarios se dieron a la tarea de recoger más de 11.000 firmas para que
no lo hiciera, y así evitaron su retiro.
En 2004, una vez posesionado Luna, la Gobernación y la Contraloría
Departamental denunciaron a Caicedo por el tema de los cesantías ante la
Procuraduría y la Fiscalía. La Procuraduría no encontró mérito para
sancionarlo y el fiscal que inicialmente calificó el proceso no sólo no
encontró irregularidades, sino que dijo que había una persecución contra
el rector que calificó de "politiquera y rastrera".
Sin embargo, el fiscal fue trasladado y su reemplazo reabrió el proceso y
dijo que Caicedo había pagado de manera irregular las cesantías . Y ordenó
su detención.
Estudiantes y docentes consultados por SEMANA creen que lo ocurrido contra
el rector tiene un claro tinte político. "Imagínese, dice un estudiante,
en el año 1997 cada político tenía un cupo de recomendados". Otros
estudiantes creen que se trata de una estrategia del Gobernador y sienten
amenazada la universidad, porque en reiterados actos Luna se ha
manifestado en contra del bienestar que hoy disfrutan. Como prueba de su
respaldo al rector, el miércoles pasado 15.000 personas marcharon para
exigir la libertad de Caicedo. Un hecho sin precedentes en la historia
reciente de Santa Marta
Unimag miércoles, 23 agosto 2006

Autor:
Universidad del Magdalena
El Vicepresidente de la República, los líderes cívicos y la comunidad
universitaria expresaron sus manifestaciones de solidaridad con el rector
de la Universidad del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar, retenido
desde el viernes por la noche en atención a un requerimiento de la
Fiscalía.
La Vicepresidencia de la República reconoce la buena labor desarrollada
por el doctor Carlos Eduardo Caicedo Omar al frente de la Universidad del
Magdalena. Según el abogado de la defensa las autoridades debieron
respetar su investidura de servidor público.
El acto censurado por quienes desde cerca conocen la gestión adelantada
por el doctor Caicedo Omar al frente de la principal institución de
educación superior del Magdalena, despertó la solidaridad de todos quienes
además de deplorar esta afrenta solicitan su libertad de inmediato para
que siga consolidando su proceso de Refundación de la Universidad del
Magdalena.
“Lamento inmensamente lo que le ha ocurrido al doctor Caicedo, espero que
las cosas le salgan bien. Él ha hecho una labor fantástica en la
Universidad , revivió un muerto y hoy la tiene como una de las mejores
universidades públicas del país y sobretodo, es la mejor universidad
pública de la región Caribe colombiana”, dijo el vicepresidente de la
República, Francisco Santos Calderón.
El Vicepresidente como la comunidad universitaria y demás personas que
creen en el proceso de Refundación de la Universidad , esperan que este
escollo sea resuelto de la manera más favorable posible. “Eso ya está en
manos de la justicia y ella lo sabrá resolver”, sostuvieron.
“Soy solidario con el señor Rector por que conozco su obra en la
Universidad y he visto como logró lo que pocos han podido, que es revivir
un muerto. Entiendo perfectamente ese dolor, por que no es fácil lo que
está pasando”, precisó el vicepresidente Santos Calderón.
Por su parte el alcalde de Santa Marta, José Francisco Zúñiga Riascos,
consideró que la Universidad es un apoyo para las administraciones, máxime
ahora cuando conjuntamente con los gremios y la comunidad ha iniciado un
proceso para consolidar el desarrollo integral de la ciudad contemplado en
‘El Plan Estratégico, Santa Marta 2025.
“Lamentable lo que viene sucediendo, le deseo la mejor de la suerte. El
rector Caicedo Omar, es una persona que le ha servido mucho a la
Universidad , que ha hecho una gran labor al frente de ella. Estoy seguro
que el rector sabrá demostrar que es inocente de lo que se le está
imputando”, expresó.
A su turno la representante a la Cámara por el Magdalena, Karely Lara
Vence, dijo que es preocupante lo ocurrido con la retención preventiva del
rector de la Universidad del Magdalena, “el doctor Caicedo Omar, es una
persona que ha hecho las cosas de una u otra manera; la Universidad está
ahí, la estamos viendo” .
El dirigente comunal y padre de familia Carlos Forero, no sólo deploró el
hecho sino que solicitó de las autoridades colombianas actuar conforme a
los mandatos judiciales porque de la manera como actuó se violaron todos
los preceptos de ley.
“Conozco la trayectoria de la Universidad desde cuando llegue a Santa
Marta. Esto era un muladar así como la conocí en su peor momento, ahora la
veo en su cumbre. Vengo a decirle a los padres de familias que nosotros
somos lo dueños de esta universidad porque somos los que pagamos”,
conceptuó y solicitó a la comunidad universitaria salir a las calles, a
las emisoras y denunciar que se trata de un problema político y no
judicial.
Acto Ilegal
El abogado Pablo Elías González, consideró que la medida de la Fiscalía 12
de la Unidad Nacional de Delitos contra la Administración Pública , es
ilegal por cuanto el rector es un servidor público y primero de acuerdo
con el Código de Procedimiento Penal debieron solicitar su suspensión del
cargo para hacer efectiva la medida.
Reconoció que el proceso había precluido con el cierre de la investigación
y el viernes por la noche, después de haberse cerrado el despacho
judicial, en forma intempestiva y sin dar a conocer a la defensa que ha
estado pendiente de la decisión, toman la determinación de dictarle medida
de aseguramiento y resolución de acusación.
”Sacan la medida por fuera de la hora judicial y sin dar oportunidad a que
la defensa se entere y pueda solicitar los recursos por la medida
correspondiente. También lo hicieron un fin de semana para evitar que se
tuviera la posibilidad de recurrir a las medidas de defensa que
normalmente se pueda utilizar como el habeas corpus porque en este caso
siendo él un servidor público no podía la Fiscalía tomar la determinación
de privarlo de la libertad, sin antes solicitar la suspensión del cargo”,
sostuvo el jurista.
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