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24 Octubre 2006 EL ESPECTADOR

 
 
 
Adalberto Carvajal Salcedo
 
Lorenzo Madrigal
 
Ver de esta manera escrito y de repente el nombre del abogado Carvajal, con sus dos sonoros apellidos, puede producir un cierto estremecimiento.
   
 
 

 
Ver de esta manera escrito y de repente el nombre del abogado Carvajal, con sus dos sonoros apellidos, puede producir un cierto estremecimiento. Más tratándose de un sindicalista combativo y adalid, como ha sido, de las reivindicaciones del magisterio. El abogado vive.

El célebre dirigente gremial, educador, laboralista, autor de una importante obra sobre el estatuto docente, el mismo que presidió por años Fecode, Federación de Educadores, continúa batallando por los intereses de los trabajadores. En este su oficio y mientras convertía en valores contantes las expectativas de 47 catedráticos de la Universidad del Magdalena, le ha ocurrido algo insólito.

Luego de conciliar con los directivos de Unimag las obligaciones laborales a cargo del ente educativo, le ha tocado soportar una acusación por parte de la embrujada Fiscalía, a una con el muy combatido rector de esa Alma Máter, abogado Carlos Caicedo Omar. Es un viejo pleito que se revive de manera extraña, pues había sido archivado en el 2005, por dictamen de un fiscal anticorrupción.

La inculpación es peculado (¡peculado!), endilgado a quien no es ni ha ejercido nunca como funcionario. Peculado por aminorarle a la institución su carga laboral. Sin que hubiera menoscabo patrimonial alguno –la primera providencia se pronunció en este sentido– se la ha favorecido, en cambio, en la misma cantidad en que se transó por una suma menor. El Estado tiene que hacer, por supuesto, la erogación correspondiente, como tantas otras, dentro de sus gastos de funcionamiento o inversión.

Indebido sería entonces reclamar una pensión del Estado, conminarlo a que cancele los derechos irrenunciables de los particulares que le han servido. Sería exacción indebida hacer efectivo un pago laboral, así sea, como en este caso, reducido en gran proporción. El ejercicio profesional del derecho está aquí comprometido.

Un embrujado fiscal, como dije, ha englobado a rector y abogado defensor de los docentes, pese a los intereses opuestos, en un solo paquete de acusación, sin otro motivo que la transacción referida. Toca de contera al profesional llevar una parte en la persecutoria que, según ha relatado la prensa, se viene instrumentando en contra del rector Caicedo por peligrosos intereses políticos de la región. Al rector se le ha querido sacar a escobazos, contra la voluntad de los estudiantes y contra las evidencias de su buena gestión. Podría tratarse de una penalización artificiosa para conseguir el control de la universidad.

Autoridades que tienen voz en los procesos de la justicia deben vigilar este negocio, en la etapa en que se encuentre, por la mala racha que pasa el sindicalismo en el país y porque existen en el entorno presiones políticas y peligrosas fuerzas de facto. Así lo han prevenido personalidades demócratas en Estados Unidos y autoridades de derechos humanos en las cortes internacionales.

 

 

 

 

EL HERALDO Barranquilla, Lunes 9 de Octubre 2006

Nuevo capítulo de la puja entre Rector y Gobernador
Unimag continúa sin Caicedo Omar

El suspendido rector así como el abogado Adalberto Carvajal Salcedo, apoderado de 47 docentes, argumentan que son víctimas de una persecución política..

Por TATIANA VELÁSQUEZ
Santa Marta


Desde el pasado 18 de agosto, la Universidad del Magdalena está llena de retratos a gran escala del rector titular de esa institución educativa, Carlos Eduardo Caicedo Omar. En cada tela, los estudiantes denuncian arbitrariedades en el proceso que se le adelanta al líder educativo por presunto peculado por apropiación.
Caicedo Omar habría incurrido en delito al pagarle a un grupo de docentes, representado por Adalberto Carvajal Salcedo, casi dos mil millones de pesos más por concepto de cesantías. Aún no se tienen noticias del abogado, quien se encuentra desaparecido desde el pronunciamiento de la Fiscalía.
El Rector estuvo inicialmente detenido en las instalaciones del CTI en Santa Marta, pero tras el preinfarto que sufrió el pasado 28 de agosto, la Fiscalía le profirió detención domiciliaria hasta tanto su estado de salud mejore.
Caicedo Omar se encuentra a la espera del dictamen de Medicina Legal para saber si continuará en su casa o si será trasladado a un centro de reclusión.
Con la detención, se reviven las fricciones que desde hace tres años sostiene la Universidad con la Gobernación, desde que asumió Trino Luna Correa.
El Rector detenido dijo ser blanco de una persecución política liderada por el mandatario departamental, quien, a través de su representante Pablo Beltrán, se defendió y acusó a Caicedo Omar de malos manejos en el centro educativo.
“He terminado siendo víctima de la clase política del departamento del Magdalena, orientada por Luna Correa. Ellos estuvieron haciendo un lobby que resultó en esta medida de aseguramiento”, argumentó, una vez más, el suspendido Rector.
Entre tanto, la comunidad universitaria se ha manifestado de manera pacífica para apoyar al líder educativo, a través de dos marchas que han aglomerado a unas 17 mil personas.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROCESO?

En la resolución de acusación de la Fiscalía 12 de la Unidad Anticorrupción de Delitos contra la Administración Pública reza que la investigación a Caicedo Omar se inició por los resultados de una auditoría realizada, entre 1999 y 2003, por las contralorías General de la República y General del Magdalena, en la Universidad.
De acuerdo con la investigación interna desarrollada por los órganos de control, el 30 de diciembre de 2002 Carlos Caicedo habría pagado a 47 docentes representados por Adalberto Carvajal Salcedo $3.625.500.000 por concepto de cesantías, indexación e intereses a las cesantías y mora. Renglón seguido se lee que sólo debía cancelarles a los poderdantes de Carvajal Salcedo $458.500.000.
Dichos pagos debían ser asumidos en un 80% por la Nación; 9.89%, por el Departamento, y 10.11% restante, por la Universidad.
Edgardo José Barrios Martínez, quien inicialmente representó a la Universidad para conciliar los pagos con los docentes, aseguró, en su declaración jurada ante la Fiscalía, que el Rector le encomendó el manejo de las reclamaciones realizadas por 52 docentes no demandantes, 44 apoderados por Oswaldo Gil García y 48 asistidos por Carvajal Salcedo.
“Con los dos primeros grupos se negoció el pago del 10.11% y con el de Carvajal se adelantó un proceso de acercamiento que se estabilizó en ofertas de $1.794.860.203 por parte de la Universidad, y de $2.761.476.572 por parte del abogado Carvajal”, se lee en el documento emitido por la Fiscalía.
La diferencia de $966.616.369, según está consignado en otro párrafo, habría quedado solucionada el 1 de octubre de 2002 cuando se reunieron el rector Caicedo y el abogado Carvajal para acordar los más de $3.600.000.000 como pago. Por no estar de acuerdo con esta transacción, el abogado Barrios Martínez dio por terminada su relación profesional con la Universidad.
El fiscal Gabriel Ramón Jaimes Durán enunció a través de resolución: “tales falencias evidencian que el Rector incurrió en serias irregularidades al consolidar, en extrañas circunstancias, un acuerdo de espaldas a la Ley que reconoció y pagó del peculio de la Universidad”.
Por su parte, Caicedo Omar se pregunta por qué si ha habido apropiación de dinero no han vinculado a los profesores que se han beneficiado de éste.
“No se debió haber dictado –continuó el Rector– una medida de aseguramiento. Esta investigación la generaron por un informe borrador que trasladó el contralor, hoy detenido por corrupción y quien fuera asesor jurídico de Trino Luna, a la Fiscalía y Procuraduría, a mediados de 2004”.
En uno de los recientes comunicados emitidos por el alma máter aparecieron, además, los siguientes argumentos: “un grupo de docentes decidió conciliar con la institución, otro grupo representado por el abogado Oswaldo Gil determinó demandar a la Universidad y al Departamento por separado, quedando como responsable la Universidad del 10.1% y el Departamento del 9.89% del total de las cesantías, y finalmente un tercer grupo de docentes, cuyo apoderado fue el abogado Adalberto Carvajal Salcedo, demandó por el 20% del total de las cesantías exclusivamente a la Universidad. De allí la diferencia en el valor pagado a cada uno de los grupos de docentes”.
En el mismo documento difundido a la opinión pública se señala que el grupo de docentes representados por Carvajal Salcedo demandó a la Universidad por un monto inicial de $17.000.000.000, y que durante el pe- ríodo de negociación la suma logró rebajarse, aproximadamente, a los $3.600.000.000. “Sin embargo, el fiscal de la causa se basa en un oficio enviado por Carvajal, en el que habría fijado el monto de sus pretensiones en $2.600.000.000, que fue aclarado con posterioridad por el mismo Carvajal”.

LA U SIN CAICEDO

Suspendido el Rector titular, el Consejo Superior encargó, el pasado 25 de agosto, la rectoría a Carmen Yadira Romero Ávila, quien se venía desempeñando como vicerrectora de docencia.
Desde su designación, Romero Ávila ha manifestado que ha asumido como miembro del equipo académico de Caicedo Omar. “Tenemos que seguir impulsando el apoyo institucional al Rector porque golpeado nuestro líder golpeada la Universidad”.
Algunos estudiantes consultados por EL HERALDO se mostraron de acuerdo con la gestión de Caicedo Omar y aseguraron mantenerse en asamblea permanente para estar al tanto de su situación jurídica y manifestarle su continuo apoyo.
“Con relación a la detención es claro que ha habido un abuso de autoridad, que se han seguido conductos de manera irregular y que es un tipo de persecución política. Quienes han hecho parte civil de esta demanda han estado siempre deteniendo cada uno de los procesos de la U”, aseguró el representante de los estudiantes al Consejo Superior, Adolfo Del Portillo.

LA REFUNDACIÓN

Cuando Carlos Caicedo asumió hace nueve años emprendió un proceso de refundación para sacar la U de la crisis económica en la que se encontraba y lograr calidad académica en cada uno de sus programas. En ese entonces la población estudiantil sólo ascendía a dos mil matriculados, y hoy la cifra llega a casi nueve mil. La Universidad tiene 34 grupos de investigación avalados y clasificados por Conciencias; de 12 programas de pregrado pasó a 28; oferta 11 maestrías en convenio con la Universidad Nacional y cuatro maestrías propias, a demás de varias especializaciones; logró acreditación de alta calidad de dos pregrados, y mejoramiento de la infraestructura de su sede.
Caicedo Omar, quien logró sanear las deudas de la institución, aseguró haberla recibido con pasivos que ascendían a los 26 mil millones “producto de las corrupciones que internamente se daban, del tráfico de influencias y del clientelismo que se impuso desde la clase política”.
Pablo Beltrán, representante del Gobernador ante el Consejo Superior, dijo que nada tienen que ver los resultados logrados por el Rector, porque era apenas necesario que se dieran los progresos, con la investigación que se le sigue por el mal manejo de los dineros.
Si bien Beltrán no desconoce los méritos de la actual administración, manifestó que la academia debería ser más consecuente con las necesidades de la región. “Nuestra Universidad ha tenido progresos, nadie lo niega, pero la investigación no es pertinente y el presupuesto no está destinado en su mayoría a esta labor sino a la publicación de folletos. El Rector tiene contratados a casi 12 periodistas en su Departamento de Comunicaciones para hacer relaciones públicas. A diario se gastan $3.700.000 en publicidad”.
Entre tanto, la comunidad académica sigue esperando a su Rector. Su silla permanece vacía y sólo será ocupada por él, cuando esté una vez más en su despacho como representante titular del centro de estudios.

“Persecución política”

Amigos, familiares y colegas del abogado Adalberto Carvajal Salcedo manifestaron, a través de un comunicado, que el jurista es un reconocido profesional gracias a su impecable labor de más de 40 años en defensa de los derechos de los trabajadores. Sostienen que el abogado afronta una difícil situación laboral, familiar, económica, social y moral a raíz de lo que señalan como “una injusta decisión” de la Fiscalía Doce Delegada Especializada en Delitos contra la Administración Pública que dictó resolución de acusación (18 de agosto) y medida de aseguramiento de detención preventiva por el delito de peculado por apropiación en el que habría incurrido cuando celebró con el rector de la Universidad del Magdalena un acuerdo transaccional que permitió el pago a de 47 docentes de la institución de $3.625.500.000 por concepto de cesantías, indexación e intereses a las cesantías y mora.
“La única explicación que encontramos para esta injustificada persecución es que nuestro querido compañero esté siendo utilizado como instrumento político en la lucha por el poder que se vive en el departamento del Magdalena” y en otra carta, agregan: “Desconoció el señor Fiscal investigador, que el acuerdo fue aprobado por el Tribunal Administrativo del Magdalena, previo traslado tanto al Departamento como a la Procuraduría Regional”.
A las voces de protesta que ha desencadenado la medida en diversos sectores de la ciudad de Santa Marta, se unieron la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Asociación de Abogados Laboralistas, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres y la bancada parlamentaria del Polo Democrático.
“Nuestra voz de confianza, apoyo y solidaridad al compañero Adalberto Carvajal Salcedo, en la seguridad de su actuación profesional a favor de los intereses de profesores de la Universidad de Magdalena se ajustaron con rigor jurídico a los procedimientos legales establecidos en los estatutos que rigen esta materia”, anotó el Polo Democrático.

 

 

El tiempo  9-10-2006

Reflexión / El inolvidable Adalberto Carvajal

Por Carlos Orlando Pardo

El reconocido tolimense Adalberto Carvajal, un líder inolvidable de los maestros colombianos que ya no pertenece a la historia sino a la leyenda de las luchas sindicales en el país, hace ya 40 años, en 1966, lideró durante 33 días la avanzada de los maestros en una legendaria marcha a pie desde Santa Marta a Bogotá para hacerse oír en el palacio de San Carlos.

Todo comenzó cuando los maestros del Magdalena llevaban seis meses sin recibir sueldo y no eran escuchados. Desde la iglesia de San Pedro, Adalberto Carvajal, en zapatos tenis, dio el primer paso y con 76 maestros más, la mayoría mujeres, lo siguieron hasta Bogotá. Al lado de este perdurable presidente de Fecode por más de una década, una anciana de 65 años, la maestra Carmen Leyva, lo acompañó hasta el final.

Al llegar al despacho de Carlos Lleras Restrepo, ninguno de los caminantes se quitó el sombrero al saludar ni durante las catorce horas que duró la negociación. Y resultó triunfante. Se adoptó la doble jornada escolar dentro de un plan de emergencia educativa y se crearon los Fondos Educativos Regionales. Jalonar trascendentales cambios para la educación en el país lo convirtieron en el único caudillo que ha tenido el magisterio nacional a lo largo de su tradición.

Este proverbial profesor, dirigente incomparable, prestigioso abogado laboralista y consagrado autor de libros sobre derecho del trabajo, logró, con un carácter recio e incorruptible, que más de 160 huelgas pacíficas organizadas por él cambiaran a la fuerza el rostro y el destino de los maestros de su patria sin disparar un solo tiro. 33 años como educador, desde maestro rural, escuelas de poblados y de la capital, la universidad y centros de postgrado, le dieron la experiencia necesaria para conocer en carne propia los problemas. Quien naciera en Roncesvalles el 20 de marzo de 1936 y que ya raya la cima de sus 70 años, cumple un proceso unificador, puntualiza los problemas y reivindicaciones del magisterio y en agotadoras pero fructíferas jornadas logra conquistas importantes de manera eficaz. Las detenciones a Carvajal caían como la lluvia. Despertar la conciencia nacional en torno al problema de la educación, darle un salto cualitativo a la organización, conseguir la ampliación de cobertura y partidas presupuestales hasta el punto que el primer magistrado de la nación declara el Plan de Emergencia Educativa justificando las protestas, fueron puntos del parte de victoria.

Y lo curioso ahora es que se encuentra con orden de captura por defender a profesores en la Universidad del Magdalena porque el rector pagó sus derechos cambiando la destinación de una partida para caer en un sonado peculado. No hay que temerle a la ley sino a quienes caprichosamente deciden aplicarla. Él no tiene como el fiscal general brujo de cabecera sino la desnuda razón legal que han decidido vestirla con infamias. Soñamos despiertos con que termine al fin su pesadilla y se haga justicia a esa injusticia.

Desde varios lugares del país se hará otra marcha inolvidable donde estaremos protestando todos los que sabemos de su integridad a toda prueba. Él está ahora como en los viejos tiempos sufriendo la persecución y el desafuero Ahora uno recuerda a Monstesquieu cuando afirma que una injusticia hecha a uno solo es una amenaza para todos.

Por Carlos Orlando Pardo, escritor.

 

 

 
El Informador 15-9-2006

 

Por deterioro de su estado de salud
Suspenden aseguramiento contra el rector Carlos Caicedo
 
 
El deterioro progresivo en la salud del rector de la Universidad del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar, obligó a que el Fiscal 12 Delegado de la Unidad Nacional Anticorrupción, Gabriel Ramón Jaimes Durán, suspendiera la medida de aseguramiento.

La suspensión de la privación de la libertad la comunicó el fiscal Jaimes Durán, mediante el oficio número 109 del pasado martes 5 de septiembre del 2006.

En el documento el Fiscal 12 Delegado de la Unidad Nacional Anticorrupción explica que la medida se toma mientras se mantengan las necesidades de atención médica especializada sólo atendibles mediante el manejo intrahospitalario, normativa fundamentada en el artículo 362- 3 del Código de Procedimiento Penal y Ley 600 del 2000.

Caicedo Omar había sido cobijado con dicha medida sin beneficio de excarcelación por el presunto delito de peculado por apropiación. Sin embargo, a pesar del levantamiento de la medida el proceso sigue.

Así mismo, el rector de la Universidad del Magdalena, ayer por la tarde fue dado de alta luego que los médicos que lo asisten clínicamente dictaminaran una notable mejoría de la afección cardiaca que conllevó a su reclusión en la Clínica La Milagrosa de Santa Marta la semana anterior.

Carlos Caicedo a la salida del centro asistencial fue recibido en medio de aplausos y con palabras de solidaridad por familiares, amigos y estudiantes del centro de educación superior que llegaron para darle apoyo.

“Confío en Dios y confío en que la lucha de la comunidad porque la verdad prevalezca y será superior a la injusticia, y al mal corazón.

Es un atropello que se está cometiendo contra un demócrata y contra un proyecto que pretende demostrar que no solamente lo público, lo eficiente, lo eficaz y con calidad es posible, sino también un proyecto transformador para construir del hombre en esta ciudad y en esta región, desafortunadamente a veces hay personas que son sacrificadas en el camino”.

Caicedo Omar fue detenido desde el pasado viernes 18 de agosto en momentos en que se iba a reunir con los periodistas locales para socializar el ‘Plan Estratégico - Santa Marta 2025’.

Desde esa fecha se encontraba recluido en las instalaciones del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de Santa Marta, mientras la Fiscalía resolvía el lugar de su reclusión.

El pasado lunes 28 del mismo mes, el rector de la Universidad presentó serios quebrantos de salud. Según el dictamen de los médicos que lo atendieron, registraba un dolor torácico sugestivo de angina de pecho (preinfarto) que obligaron su traslado de inmediato a la sala de urgencias de la Clínica La Milagrosa de esta capital.
 

 

 

 

 

 

El Tiempo 28 Agosto

Disputa con el Gobernador habría provocado captura de rector de la Universidad de Magdalena

 
Los simpatizantes del rector Carlos Caicedo piden que no sea trasladado de Santa Marta a la cárcel de Sanabalarga (Atlántico).

Carlos Caicedo fue detenido por presuntas irregularidades, administrativas, tras una denuncia elevada por un funcionario cercano al gobernador Trino Luna.

Estudiantes, profesores y trabajadores se movilizaron ayer hasta el CTI de la Fiscalía, donde está recluido Caicedo desde el 18 de agosto pasado, acusado de irregularidades administrativas, para impedir su traslado a la cárcel de funcionarios públicos en Sabanalarga (Atlántico).

Fue la tercera manifestación a favor del rector. El martes, una marcha de 15.000 personas hizo esa petición. El viernes, cientos de estudiantes, velas en mano, se agolparon en las afueras del claustro San Juan Nepomuceno mientras el Consejo Superior se reunió para elegir al rector encargado.

Al final la escogida fue la vicerrectora académica, Carmen Yadira Romero, allegada a Caicedo, lo que calmó los ánimos. Pero la situación mantiene semiparalizada a la institución.

En la ciudad, el tema también genera tensión pues revive la disputa que sostienen desde hace tres años el gobernador y el rector por el manejo de la universidad.

El mandatario ha acusado a Caicedo de corrupción, de invertir millonarios recursos en obras faraónicas que encarecen las matrículas y de no permitir la fiscalización de su tarea.

Caicedo responde que Luna y un grupo de políticos lo que quieren es violar la autonomía universitaria y saciar apetitos burocráticos.
También señaló un presunto plan para asesinarlo.

Para completar, Luna nombró hace un año como presidente del Consejo Superior de la Unimag, a Pablo Beltrán, uno de los autores de la denuncia que tiene ahora en prisión al rector.

En el lío han terciado hasta periodistas. "Responsabilizamos públicamente a él, y nadie más que al señor Carlos Eduardo Caicedo Ómar si algo le llega a ocurrir al director de este periódico o a las instalaciones físicas de la empresa", dice en su editorial el periódico Hoy, Diario del Magdalena.

Aciertos y fallos en la rectoría de Caicedo


En los nueve años que Caicedo lleva en la Universidad los cambios han sido notables, dicen distintos sectores. Se acabaron los paros y se terminó una convención laboral que contemplaba salarios de dos millones de pesos para celadores y permitía primas triples a profesores, que subcontrataban para no asistir a clases.

Hoy, la universidad tiene más de 8.000 estudiantes, 28 grupos de investigación reconocidos por Colciencias (cinco en categoría A), una maestría propia y siete en convenio con la Universidad Nacional, además de 24 programas de pregrado.

El presupuesto de la Nación pasó de 6.000 a 21.000 millones de pesos y los recursos propios suman 10.000 millones. Y se han construido 70.000 metros cuadrados del proyecto 'Ciudad Universitaria'.

El caso que tiene a Caicedo tras las reja nació en una denuncia que interpuso hace dos años el delegado del gobernador, Pablo Beltrán, y el entonces contralor del departamento, Luis Sanjuán, por presuntas irregularidades en la conciliación del pago de más de 3.000 millones de pesos por las cesantías de 47 docentes.

El 16 de marzo de 2005, el Fiscal Delegado de la Unidad Nacional Anticorrupción, Germán Enrique Zamudio, había precluido el proceso a favor de Caicedo y Adalberto Carvajal Salcedo, abogado de la conciliación, hoy desaparecido. La providencia dice que no hubo menoscabo patrimonial.

Pero el enredo se revivió el 18 de agosto cuando el fiscal 12, Gabriel Jaimes Durán, ordenó la captura de Caicedo y Carvajal por peculado por apropiación. Nadie precisa los argumentos de la medida, pero en Santa Marta no deja de correr la voz de que es otro lance de una vieja disputa.

Caicedo completó nueve años al frente de la Universidad

Carlos Caicedo es un abogado samario y militó en la corriente de Renovación Socialista. Asumió el cargo de rector el 12 de junio de 1997, luego de la renuncia de Alfredo Correa de Andreis y justo cuando la universidad estaba en una profunda crisis financiera y académica.

El gobernador departamental en ese momento era Jorge Caballero Caballero. Hoy, la universidad presenta importantes logros, especialmente en eficiencia, que la ubican como una de las mejores de la Costa.

 

El Universal 20 Agosto 2006

En cumplimiento de una orden de captura proferida por un Fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción, 15 miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, capturaron en la noche del viernes al rector de la Universidad del Magdalena, Carlos Caicedo Omar.

De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por la Fiscalía General de la Nación, la captura del Rector obedeció a la decisión de un Fiscal Anticorrupción de Bogotá, quien definió su situación jurídica dictándole, además, medida de aseguramiento sin el beneficio de excarcelación.

El rector Caicedo Omar, fue trasladado hasta las instalaciones del CTI en Santa Marta y luego por razones de seguridad conducido hasta el Batallón de Infantería Mecanizado No. 5 “José María Córdova”, donde quedó bajo custodia de los agentes del CTI que llegaron especialmente desde Bogotá para adelantar la diligencia judicial.

La captura del Rector de la Universidad del Magdalena se produjo momentos antes de una reunión que el funcionario tenía previsto realizar con representantes de los medios de comunicación.

La aprehensión de Carlos Caicedo se produjo después de que en numerosas oportunidades debiera rendir indagatoria ante la Fiscalía General de la Nación, por una serie de denuncias instauradas en su contra por situaciones relacionadas con el desempeño de su función al frente de la universidad.

Algunas de las denuncias se relacionan con presuntos malos manejos de los recursos al interior de la Universidad del Magdalena, razón por la cual fueron iniciados varios procesos penales en su contra.

La captura de Caicedo Omar se produjo en atención al proceso número 1402 que adelanta la Fiscalía 12 de la Unidad Nacional Anticorrupción, cuyo despacho le resolvió la situación jurídica profiriéndole medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación, según lo informó desde Bogotá la Oficina de Prensa de la Fiscalía General de la Nación.

LAS DENUNCIAS

Los procesos que cursan en varios despachos judiciales contra Caicedo Omar se relacionan con las denuncias formuladas por el representante del Gobernador ante el Consejo Superior de la Universidad, Pablo Beltrán, sobre el manejo de los recursos que amparados bajo la figura de la autonomía universitaria, no tuvieron una adecuada vigilancia por parte de los organismos de control.

Por todas esas denuncias se realizó un control excepcional por parte de la Contraloría General de la República, que arrojó los siguientes resultados:

Que los recursos millonarios que ingresan a la Universidad del Magdalena son utilizados hasta para financiar “fiestas y parrandas vallenatas”.

El informe final que dio a conocer en esa oportunidad el organismo de control bajo la responsabilidad de Soraya Vargas Pulido, contralora delegada para el Sector Social, determinó abrir 12 investigaciones para establecer responsabilidad fiscal y el presunto detrimento en los recursos de la Universidad del Magdalena, en varios contratos suscritos por el rector Carlos Caicedo Omar.

Así mismo, en los contratos que se refieren a las transacciones para el pago de $3.600 millones de cesantías a docentes, en unas conciliaciones realizadas con el abogado Adalberto Carvajal.

También son objeto de investigaciones el despido de funcionarios con fuero y su posterior reintegro y la celebración y ejecución de un contrato de arrendamiento para el Instituto de Postrados.

Los objetivos de la auditoría consistieron en examinar los aspectos relacionados con el comportamiento y manejo presupuestal de los años comprendidos entre 1999 a 2003, haciendo énfasis en los gastos de las tres últimas vigencias y en determinar los niveles de eficiencia, equidad y eficacia alcanzados en el desarrollo de la gestión del periodo 1997-2003.

Se evaluaron, además, la contratación administrativa adelantada entre los años 1999 y 2003, las quejas relacionadas con la gestión y el manejo de recursos por parte de la actual administración.

 

 

SEMANA.COM Agosto 2006

 

El miércoles en Santa Marta más de 15.000 personas, entre estudiantes, docentes y ciudadanos participaron en una marcha de respaldo al rector, Carlos Caicedo Omar, quien se encuentra detenido en las instalaciones del CTI de la Fiscalía acusado del delito de peculado por apropiación.

 

Indignación en Santa Marta por la detención del rector de la Universidad del Magdalena. Denuncian maniobras políticas del Gobernador.

Usualmente, poner de acuerdo a decenas de profesores y miles de estudiantes es una proeza. Pero así ocurre en la Universidad de Magdalena, gracias a la gestión de su rector, Carlos Caicedo Omar. Durante sus nueve años al frente de la institución educativa, ha liderado una transformación sin precedentes. Por eso causó estupor el arresto de Caicedo por orden de la Fiscalía 12 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública. Es acusado de haber conciliado y pagado irregularmente unas cesantías a 47 empleados que sus antecesores habían dejado en el aire. Para varios sectores sociales y académicos, la medida es una retaliación de los políticos, que están molestos porque Caicedo no les ha dejado meter las manos en la universidad.

Cuando Caicedo asumió el cargo, en 1997, la universidad tenía las puertas cerradas. Era el fondo de la crisis tras décadas de desgreño. Era tan pesada la carga y tan oscuro el camino, que el Icfes aconsejó que a cada estudiante le dieran tres millones de pesos y la cerraran definitivamente. Pero Caicedo se la jugó toda para acabar con un déficit de 27.000 millones de pesos y hacer viable financieramente la institución educativa. Propuso sanearla reduciendo la planta de personal a la mitad y con el reto de volverla atractiva académicamente. Redujo la nómina y denunció las convenciones colectivas. Entre estas cayó la de los barrenderos, que les permitía sólo barrer máximo 12 metros diarios. En poco tiempo se vieron los resultados de la reestructuración: la universidad comenzó a pagar los salarios y en 2003 el déficit había desaparecido; la población estudiantil había pasado de 2.400 a más de 9.000 estudiantes, de nueve programas pasó a 27, y de un presupuesto de 6.000 millones pasó a cerca de 40.000 millones de pesos anuales.

A pesar de haber arrancado con pie derecho, quedaban cosas por resolver. En 1998 comenzó un proceso de conciliación para pagar las cesantías a un grupo de 47 empleados que reclamaban 17.000 millones de pesos. Después de cuatro años de negociaciones, el rector logró disminuir las pretensiones a 3.600 millones. Los términos de la conciliación fueron revisados y aprobados por la Procuraduría y el Tribunal Contencioso y los pagos fueron depositados en los fondos de pensiones.

Pero en 2003 la situación cambió en la campaña para la Gobernación de Magdalena. El candidato único, Trino Luna Correa, manifestó que su primer acto de gobierno sería sacar de la rectoría a Caicedo. Aunque Caicedo quiso renunciar un mes antes de las elecciones, estudiantes, profesores y funcionarios se dieron a la tarea de recoger más de 11.000 firmas para que no lo hiciera, y así evitaron su retiro.

En 2004, una vez posesionado Luna, la Gobernación y la Contraloría Departamental denunciaron a Caicedo por el tema de los cesantías ante la Procuraduría y la Fiscalía. La Procuraduría no encontró mérito para sancionarlo y el fiscal que inicialmente calificó el proceso no sólo no encontró irregularidades, sino que dijo que había una persecución contra el rector que calificó de "politiquera y rastrera".

Sin embargo, el fiscal fue trasladado y su reemplazo reabrió el proceso y dijo que Caicedo había pagado de manera irregular las cesantías . Y ordenó su detención.

Estudiantes y docentes consultados por SEMANA creen que lo ocurrido contra el rector tiene un claro tinte político. "Imagínese, dice un estudiante, en el año 1997 cada político tenía un cupo de recomendados". Otros estudiantes creen que se trata de una estrategia del Gobernador y sienten amenazada la universidad, porque en reiterados actos Luna se ha manifestado en contra del bienestar que hoy disfrutan. Como prueba de su respaldo al rector, el miércoles pasado 15.000 personas marcharon para exigir la libertad de Caicedo. Un hecho sin precedentes en la historia reciente de Santa Marta

 

Unimag miércoles, 23 agosto 2006

  Autor: Universidad del Magdalena

El Vicepresidente de la República, los líderes cívicos y la comunidad universitaria expresaron sus manifestaciones de solidaridad con el rector de la Universidad del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar, retenido desde el viernes por la noche en atención a un requerimiento de la Fiscalía.

La Vicepresidencia de la República reconoce la buena labor desarrollada por el doctor Carlos Eduardo Caicedo Omar al frente de la Universidad del Magdalena. Según el abogado de la defensa las autoridades debieron respetar su investidura de servidor público.

El acto censurado por quienes desde cerca conocen la gestión adelantada por el doctor Caicedo Omar al frente de la principal institución de educación superior del Magdalena, despertó la solidaridad de todos quienes además de deplorar esta afrenta solicitan su libertad de inmediato para que siga consolidando su proceso de Refundación de la Universidad del Magdalena.

“Lamento inmensamente lo que le ha ocurrido al doctor Caicedo, espero que las cosas le salgan bien. Él ha hecho una labor fantástica en la Universidad , revivió un muerto y hoy la tiene como una de las mejores universidades públicas del país y sobretodo, es la mejor universidad pública de la región Caribe colombiana”, dijo el vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón.

El Vicepresidente como la comunidad universitaria y demás personas que creen en el proceso de Refundación de la Universidad , esperan que este escollo sea resuelto de la manera más favorable posible. “Eso ya está en manos de la justicia y ella lo sabrá resolver”, sostuvieron.

“Soy solidario con el señor Rector por que conozco su obra en la Universidad y he visto como logró lo que pocos han podido, que es revivir un muerto. Entiendo perfectamente ese dolor, por que no es fácil lo que está pasando”, precisó el vicepresidente Santos Calderón.

Por su parte el alcalde de Santa Marta, José Francisco Zúñiga Riascos, consideró que la Universidad es un apoyo para las administraciones, máxime ahora cuando conjuntamente con los gremios y la comunidad ha iniciado un proceso para consolidar el desarrollo integral de la ciudad contemplado en ‘El Plan Estratégico, Santa Marta 2025.

“Lamentable lo que viene sucediendo, le deseo la mejor de la suerte. El rector Caicedo Omar, es una persona que le ha servido mucho a la Universidad , que ha hecho una gran labor al frente de ella. Estoy seguro que el rector sabrá demostrar que es inocente de lo que se le está imputando”, expresó.

A su turno la representante a la Cámara por el Magdalena, Karely Lara Vence, dijo que es preocupante lo ocurrido con la retención preventiva del rector de la Universidad del Magdalena, “el doctor Caicedo Omar, es una persona que ha hecho las cosas de una u otra manera; la Universidad está ahí, la estamos viendo” .

El dirigente comunal y padre de familia Carlos Forero, no sólo deploró el hecho sino que solicitó de las autoridades colombianas actuar conforme a los mandatos judiciales porque de la manera como actuó se violaron todos los preceptos de ley.

“Conozco la trayectoria de la Universidad desde cuando llegue a Santa Marta. Esto era un muladar así como la conocí en su peor momento, ahora la veo en su cumbre. Vengo a decirle a los padres de familias que nosotros somos lo dueños de esta universidad porque somos los que pagamos”, conceptuó y solicitó a la comunidad universitaria salir a las calles, a las emisoras y denunciar que se trata de un problema político y no judicial.

Acto Ilegal

El abogado Pablo Elías González, consideró que la medida de la Fiscalía 12 de la Unidad Nacional de Delitos contra la Administración Pública , es ilegal por cuanto el rector es un servidor público y primero de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal debieron solicitar su suspensión del cargo para hacer efectiva la medida.

Reconoció que el proceso había precluido con el cierre de la investigación y el viernes por la noche, después de haberse cerrado el despacho judicial, en forma intempestiva y sin dar a conocer a la defensa que ha estado pendiente de la decisión, toman la determinación de dictarle medida de aseguramiento y resolución de acusación.

”Sacan la medida por fuera de la hora judicial y sin dar oportunidad a que la defensa se entere y pueda solicitar los recursos por la medida correspondiente. También lo hicieron un fin de semana para evitar que se tuviera la posibilidad de recurrir a las medidas de defensa que normalmente se pueda utilizar como el habeas corpus porque en este caso siendo él un servidor público no podía la Fiscalía tomar la determinación de privarlo de la libertad, sin antes solicitar la suspensión del cargo”, sostuvo el jurista
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