Los hechos: Versión simplificada

En nuestro país esta en grave peligro la actividad de los abogados laboralistas al servicio de los trabajadores y de las organizaciones sociales, sindicales y políticas que tienen que recurrir a ellos para defender sus intereses laborales. Se ha desatado una persecución por parte del Estado colombiano a los abogados que decente y pulcramente defienden los trabajadores, acabando así la posibilidad que los trabajadores de escasos recursos tengan acceso a la justicia, cuando los patronos o el Estado les viola sus mínimos derechos establecidos en la constitución o en la ley laboral. Además se cercena el derecho a la conciliación y a la transacción laboral, cuando un abogado en representación de sus poderdantes, logra un buen acuerdo para que le sean pagadas las acreencias a sus representados. Esta persecución a la justicia por parte del Estado colombiano la viene implementando con el llamamiento a investigaciones judiciales a varios abogados laboralistas de trabajadores, siendo el más reciente el caso del Dr. ADALBERTO CARVAJAL SALCEDO, quien se ha desempeñado como abogado asesor de nuestra organización sindical, desde hace mas de 10 años.

Nuestro abogado DR. ADALBERTO CARVAJAL SALCEDO, excelente persona, de calidad humana intachable, conducta y vocación inquebrantable de servir y luchar por los derechos de los trabajadores y de las organizaciones sociales, sindicales y populares en nuestro país, es victima de una persecución política por sus convicciones políticas y sociales, las que siempre ha defendido en favor de las clases mas necesitadas y se ha opuesto abiertamente a las políticas privatizadoras de las empresas del Estado.

En el año 1999 recibió poderes para representar a 47 trabajadores (profesores) de la Universidad de Magdalena, ubicada en Santa Marta, quienes reclamaron, con apego a la ley laboral colombiana, su derecho a las cesantías causadas por el cambio de régimen impuesto por los decretos 1444 de 1992 y 55 de 1994. La negligencia de los entes encargados de cumplir esta obligación, incluidas la contraloría y la gobernación, dejaron vencer los plazos para pagárselas, por lo que los profesores recurrieron a instaurar una demanda laboral ordinaria otorgándole poder al Dr. CARVAJAL.

Después de cuatro años de proceso jurídico, la deuda, de acuerdo con la ley, ascendía a la suma de 17 mil millones de pesos colombianos, incluyendo las sanciones por el no pago oportuno y las indexaciones legales contempladas en el Código Sustantivo del trabajo colombiano. El Dr. Adalberto advirtiendo que la universidad (entidad pública) no tendría los recursos para pagar esta elevada suma, reunió a los trabajadores y les propuso hacer una conciliación por 3.600 millones de pesos y así lograr que les cancelaran y no tener que seguir en interminables procesos que nunca llegarían a ser pagados. Los profesores aceptaron y efectivamente se llegó a ese arreglo, la universidad en el año 2003 canceló la totalidad del acuerdo beneficiándose sustancialmente.

El abogado EDGARDO JOSÉ BARRIOS MARTÍNEZ, asesor de la universidad no quería conciliar, sino dejar que la deuda siguiera creciendo y cuando supo de la conciliación tomó la decisión de denunciar al rector de la universidad, Dr. Carlos Caicedo y al Dr. Adalberto Carvajal. POR EL SUPUESTO DELITO DE PECULADO POR APROPIACIÓN

El caso llegó donde el fiscal 12 de la unidad especial de investigación de delitos contra el Estado, Dr. Germán Enrique Samudio Puerto quien después de un año de indagaciones precluyó el caso, dictaminando que el negocio se hizo conforme a derecho, resultando beneficiada la universidad. Por presiones políticas de alto nivel el caso fue reabierto y designaron al fiscal 12 Gabriel Ramón Jaimes Durán, quien sin profundizar conocimiento de causa, ordenó la captura para el Dr. Adalberto Carvajal y el rector de la universidad quien actualmente está detenido.

El Dr. Adalberto Carvajal esta preparando su defensa, cuando tenga las garantías procesales y el apoyo de las organizaciones  de masas, se presentará ante la Fiscalía para esclarecer los hechos y que se haga justicia. Es de anotar que el doctor Adalberto Carvajal tiene 70 años de edad y por ley no puede estar detenido en una cárcel. Su abogado defensor solicitó la suspensión de la medida de aseguramiento y el fiscal 12 la ratificó, aduciendo que el Dr. Adalberto Carvajal es un peligro para la sociedad.

Hacemos el llamado a todas las organizaciones y colegios de abogados, sindicatos, organizaciones sociales y políticas, para que se pronuncien en contra del atentado que se está llevando a cabo en Colombia, a la justicia y al derecho a ser laboralista al servicio de los trabajadores, impidiendo el litigio y la conciliación laboral, al penalizar los abogados que ejercen la profesión defendiendo los intereses y derechos laborales de los trabajadores. Nuestra organización lo ha declarado públicamente ABOGADO EMÉRITO por sus realizaciones, conocimientos y virtudes.

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