LA LABOR DE LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y DE LOS ABOGADOS DEFENSORES DE VÍCTIMAS O DE PERSONAS VINCULADAS A PROCESOS PENALES, ES LEGÍTIMA
La Asociación Colombiana de Abogados Defensores Eduardo Umaña Mendoza - ACADEUM -, rechaza las afirmaciones del señor Presidente de la República, Doctor Alvaro Uribe Vélez, el pasado lunes 9 de septiembre durante la ceremonia de posesión del nuevo Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana. Dichas afirmaciones fueron reiteradas el 11 de septiembre siguiente, con ocasión de la visita presidencial al Municipio de Chita, luego de la tragedia ocasionada por la explosión de un “caballo-bomba”.
Para ACADEUM, las aseveraciones del señor Presidente de la República, revisten especial gravedad en tanto que provienen de la persona que encarna la más alta dignidad constitucional, puesto que “simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”, según reza el artículo 188 de la Carta Fundamental. Además, el Presidente de la República ejerce simultáneamente como Jefe del Estado, Jefe del Gobierno, Suprema Autoridad Administrativa, así como la Comandancia Suprema de las Fuerzas Armadas.
Bajo tales responsabilidades constitucionales, las afirmaciones del Primer Mandatario no sólo quebrantan el deber de garantía que en materia de derechos humanos le competen, sino que contribuye al incremento del riesgo, de por sí alto, que tienen las personas y entidades dedicadas a la causa de los derechos humanos en Colombia.
El señalamiento presidencial a las ONG como presuntas auxiliares del terrorismo, sin aportar ninguna prueba, contrasta con la realidad de la labor legítima, legal y democrática que en el marco del Estado Social de Derecho y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, cumplen las organizaciones y personas que promueven el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en el país.
El señor Presidente estigmatiza además la labor profesional desempeñada por los abogados que, individual o colectivamente, asesoran a las víctimas de violaciones a los derechos humanos o a quienes ejercen la defensa penal de las personas vinculadas a procesos penales en el marco del conflicto armado, en flagrante desconocimiento de los derechos universales a la justicia y al debido proceso, éste último, constituido entre otros, por el derecho a la defensa.
Con fundamento en tales preceptos, ACADEUM reclama de manera especial, el respeto al libre ejercicio profesional de la Abogacía, demandando del Estado colombiano garantías para la defensa en todos los procesos judiciales y para el pleno respeto de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados establecidos por las Naciones Unidas y que enfatizan en la necesidad de no confundir al abogado con sus defendidos ni con sus causas, principio cuyo respeto es compromiso y obligación del Estado colombiano.
La universalidad de los derechos humanos sin instrumentaciones políticas, la condena a toda clase de terrorismo y violencia, la defensa de la democracia y las libertades, el reconocimiento nacional e internacional del papel de las organizaciones defensoras de derechos humanos, al igual que la interlocución lograda con grandes dificultades entre las ONG y el estado colombiano, son activos que no se pueden poner en riesgo por actitudes autoritarias y amenazadoras.
Por las anteriores razones, la Asociación Colombiana de Abogados Defensores Eduardo Umaña Mendoza, alerta a la comunidad nacional e internacional acerca de las graves consecuencias que puedan desencadenar las declaraciones del Señor Presidente de la República, y hace un llamado al diálogo sereno sobre la política de derechos humanos y las garantías debidas a las organizaciones y personas que contribuyen con su causa.
De manera especial, ACADEUM reclama garantía para el ejercicio profesional de los abogados en Colombia, en tanto sin ellos no puede haber justicia.
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
Bogotá, septiembre de 2003
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