De las repercusiones que en opinión de los autores tuvo el informe del comité de Constitución del 17 de agosto de 1789, para con Luis XVI

Hasta la peluca se le ha de haber erizado a Luis XVI cuando se enteró, aquél 17 de agosto, del informe que recitó ante la Asamblea Nacional el señor Bergasse, y tuvo, de seguro, que agarrarse fuertemente a la mesa para no irse de boca.

Los por él considerados tinterillos del Tercer Estado, le resultaron respondones. El bien sabía la significación y los efectos de aquella organización del Poder Judicial. Sus alcances serían de tal magnitud que tronaría al sistema feudal, o a lo que de éste quedaba, como un simple globo; al Parlamento se lo llevaba patas de cabra, y junto a él, en poco tiempo, tanto la nobleza como el clero terminarían en la mismísima calle de la amargura. El Rey era consciente de todo eso, como también lo era de que poco tiempo le quedaba para preparar sus maletas. En lo que definitivamente no quería ni pensar, era en la manera en que ese aprendiz de político, el tal Bergasse, le había dado una lección a él, el Rey de lo franceses. Su atrevimiento no había tenido límites al usarle cual estampita milagrosa, para ponerle en la vitrina y echándole flores dar a entender, a propios y extraños, que en todo ese asunto de la organización del Poder Judicial, la presencia real no era ajena. Luis XVI no sabía ya si reír o llorar. El supuso que entre los tres órdenes se iban a hacer pedazos, y su actuación la tenía reservada para fajarse con el maltrecho vencedor, pero menospreció a los amantes de la ley y a sus papelitos entintados llenos de capítulos, títulos, secciones, artículos e incisos, y ahora resultaba que esos papelillos escritos con montones de menudas letras, parecían tener mucha más fuerza de la que él, en un inicio, supuso. Ya no le cabía la menor duda de que sus compañeros de viaje le habían pillado cambiándole los boletos, y ellos viajarían en primera clase, y él, si bien le iba, en tercera.

Desde el 17 de agosto el Rey adquirió el semblante típico del buen jugador de pocker, simplemente borró de su rostro cualquier tipo de expresión que denotara sus sentimientos, y fue también a partir de la noche de ese, para él tétrico 17 de agosto, que sus sueños fueron invadidos por una singular pesadilla que ya jamás le abandonaría. El Rey soñaba con una enorme multitud de sus súbditos que entonaban, a coro, una extrañísima melodía en la que decían: Y tú que te creías, el Rey de todo el mundo; y tú que nunca fuiste, capaz de perdonar; que cruel y despiadado, de todos te reías; hoy mendigas cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está el orgullo? ¿A dónde está el coraje? ...

Aquella pesadilla le causaba tanta angustia, que no fueron pocas las noches en que terminó haciéndose pipi en la cama.

Razones de sobra tenía Luis XVI para tener pesadillas y despertarse orinado. Por primera vez, el Rey no había errado en sus presunciones, puesto que, en efecto, lo que ocurrió ese 17 de agosto en el seno de la Asamblea Nacional, resultaba, para sus objetivos, miras e intereses, muchísimo más devastador, dañino y perjudicial que la tan mentada Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, así como del cacareo de la supuesta Abolición de los Derechos y Privilegios Feudales, ya que ese informe del comité de Constitución sobre la organización del Poder Judicial, constituía un mortal golpe al corazón mismo de la organización feudal del reino: el Parlamento, indiscutible eje de equilibrio entre los tres órdenes y entre éstos y la Corona.

Desmantelar, inhabilitar o abolir al Parlamento, significaba el desmantelamiento, inhabilitación o abolición del sistema feudal en sí.

La tristeza del reyezuelo, por supuesto que no era producida por la finiquitación del feudalismo o el truene del Parlamento, ya que esto con anterioridad lo había previsto; lo que le obligaba a sumirse en la melancolía era el surgimiento, precisamente, del mentado Poder Judicial, el que emergía como un gigante ante el cual el Parlamento no pasaba de ser un enano acróbata. Luis XVI, como buen Borbón que era, conocía, tanto por la historia de sus antepasados, como por experiencia propia, las constantes jaquecas y molestias que a la Corona el Parlamento causaba, de ahí que compartiera las ideas expresadas por su antecesor, Luis XV, el Bienamado, cuando a raíz de su conflicto con los parlamentarios de Pau y Rennes, el 3 de marzo de 1766, en la llamada sesión de la flagelación del Parlamento de París, entre otras cosas expresó: Yo no toleraré que se forme en mi reino una asociación que hiciese degenerar en una confederación de resistencia el lazo natural de los mismos deberes y de las obligaciones comunes, ni que se introduzca en la monarquía un cuerpo imaginario que sólo podría perturbar la armonía. La magistratura no forma un cuerpo, ni un orden separado de los tres órdenes del reino: los magistrados son los oficiales encargados de librarme del deber, realmente propio de mi realeza, de rendir justicia a mis súbditos, función que les ata a mi persona y que les volverá siempre recomendables a mis ojos. Yo conozco la importancia de sus servicios: es entonces una ilusión que sólo tiende a estremecer la confianza por falsas alarmas, el hecho de imaginar un proyecto formado para aniquilar la magistratura y de suponerle enemigos cerca del trono; sus verdaderos enemigos son aquellos que en su propio seno, le hacen sostener un lenguaje opuesto a sus principios; que le hacen decir que todos los parlamentos no constituyen mas que un solo y mismo cuerpo, distribuido en varias clases; que este cuerpo, necesariamente indivisible, es la esencia de la monarquía, y que le sirve de base; que es la sede, el tribunal, el órgano de la Nación; que es el protector y el depositario esencial de su libertad, de sus intereses, de sus derechos; que responde a la Nación de ello, y sería criminal para con ella si la abandonase; que es contador de todas las partes del bien público, no solamente frente al Rey, sino también frente a la Nación; que, guardián respectivo, es juez entre el Rey y su pueblo, que mantiene el equilibrio del gobierno reprimiendo igualmente el exceso de libertad y el abuso de poder; que los parlamentos cooperan con el poder soberano en el establecimiento de las leyes; que pueden, algunas veces, por su solo esfuerzo, libertarse de una ley registrada y mirarle justamente como inexistente; que deben oponer una barrera infranqueable a las decisiones que atribuyen a la autoridad arbitraria y que llaman actos ilegales, así como a las órdenes que pretenden sorpresivas, y que, si de ello resulta una lucha de autoridad, es de su deber abandonar sus funciones y dimitir de sus oficios, sin que su dimisión deba ser por nadie recibida.

Emprender o erigir como principio novedades tan presurosas, es injuriar a la magistratura, desmentir su institución, traicionar sus intereses y desconocer las verdaderas leyes fundamentales del Estado; como si fuese permitido olvidar que sólo es en mi persona que reside el poder soberano cuyo carácter propio es el espíritu de consejo, de justicia y de razón; que de mi sólo es a quien deben mis cortes su existencia y autoridad; que la plenitud de esa autoridad, que no ejercen más que en mi nombre, permanece siempre en mi y que su uso nunca puede ser vuelto en mi contra; que a mi sólo es a quien pertenece el Poder Legislativo, sin ninguna dependencia y sin compartirlo con nadie; que es por mi sola autoridad que los oficiales de mis cortes proceden, no a la formación, sino al registro, a la publicación, a la ejecución de la ley, y que les es permitido mostrarme, lo que es deber de buenos y útiles consejeros; que el orden público, todo entero, emana de mi, y que los derechos y los intereses de la Nación, de los que se atreven a hacer un cuerpo separado del monarca, están, necesariamente, unidos a los míos y no descansan sino en mis manos ...

Si el Bienamado así se expresaba en relación al Parlamento, ¿cuál sería su sentir ante el informe del comité de Constitución para la organización del Poder Judicial? A Luis XVI le daban escalofríos tan sólo el pensar en eso. El Rey era consciente del papelito que iba a tener que representar de ahí para adelante. Su debilidad sería, día con día mayor, y salvo un milagro, su fin estaba, desde ese momento, sellado.

Al Capeto se le escurrieron las lágrimas y se le soltó un incontrolable moqueo. El, cuyo objetivo era alcanzar un esplendor y magnificencia aún mayores a la de su ilustre ancestro, el Rey sol, Luis XIV, quedaba como un alfeñique, como un muñeco de azucar. Su antecesor, Luis XV el Bienamado, que de todo tenía fama menos de bragado, resultaba un auténtico gallo ante la gallinezca actitud de Luis XVI. A sus pensamientos acudió la imagen del gallito inglés, y en ellos le miró con disimulo, le quitó las plumas, el pico y los pies y ... hasta ahí llego la cosa, porque nada más se trataba de puros pensamientos. Y así, pensando y repensando con su cara de buen jugador de pocker, las lágrimas escurriéndole por su inexpresivo rostro y el moqueo que no le dejaba, Luis XVI se quedó bien agarrado de la mesa ...

Volver al Indice

De las consecuencias que para el Parlamento atrajo, en opinión de los autores, el informe del comité de Constitución del 17 de agosto de 1789

Resultaba evidente que en un sistema como el feudal, constituido por una pluralidad de contratos privados basados en el derecho de sangre, y cuya vigencia se prolongaba durante muchísimo tiempo, puesto que no eran pocos los que se encontraban sujetos a cláusulas que permitían su transmisión hereditaria, la importancia, tanto en la elaboración de la justicia mediante la expedición, registro y ejecución de leyes y ordenanzas, como todo lo relativo a su administración e interpretación, adquiriera una singular dimensión a través de la cual la permanencia del sistema feudal era posible.

Desde su inicio, el feudalismo generó un doble concepto, tanto teórico como práctico, de la justicia. En líneas generales, el Rey era considerado como el manantial del que brotaba toda inspiración o categoría de justicia, pero debido a que, a consecuencia de los contratos privados establecidos con los diferentes miembros de la real familia, el monarca les otorgaba, en muchas ocasiones, la concesión de ejercer y administrar la justicia en los territorios (o feudos) que les eran transmitidos, surgió de ello el concepto de justicia señorial, en teoría subordinada a la justicia real, pero, en la práctica, y sobre todo con el paso de los siglos, terminó convirtiéndose en un concepto de justicia paralelo al del monarca, que en no pocas ocasiones produjo enormes fricciones cuando no espectaculares choques.

Ante este panorama, la función de los órganos e instituciones encargadas de la vigilancia, aplicación e interpretación de la justicia, cumplían un papel de vital trascendencia. De entre estos órganos e instituciones, el más importante, debido sobre todo a su composición representativa de los órdenes aceptados, lo fue, sin duda alguna, el Parlamento, al que ya, en varias ocasiones, nos hemos referido, pero sobre el cual resulta conveniente que abundemos más aquí.

Sobre la manera en que esta institución estaba conformada y las funciones que desarrollaba, una Ordenanza del año 1302 nos presenta, de manera general, varios puntos que mucho clarifican. No la incluimos textualmente porque debido a que está escrita en francés antiguo, existe el entendible inconveniente de que tanto muchas palabras, giros idiomáticos e incluso su estructura gramatical presenta, en lo general, cosas en completo desuso que quizá, al ser textualmente traducidas, en vez de clarificar confundan, por el contrario en demasía al lector. Por esta razón optamos por explicar, con nuestras propias palabras, los puntos de más relevancia.

Se señala como potestad del Rey, sujeta por esa Ordenanza a observación, que en tiempos de guerra el monarca convocara un Parlamento, y en tiempos de paz, dos. Como fechas para los respectivos inicios de sesiones, se usan como puntos de referencia importantes fiestas de la religión católica; así se ordena que el primer Parlamento se inicie en los octavos de Todos los Santos, esto es, durante los ocho días siguientes a la fiesta de Todos los Santos y, las sesiones del segundo Parlamento iniciarían a las tres semanas de Pascua. Se advierte que en las sesiones del Parlamento deben estar presentes el soberano o el presidente, y que están obligados a permanecer durante todo el periodo de sesiones, un barón y un prelado, diecinueve caballeros y laicos, así como diecisiete clérigos. Se menciona como funciones o actividades del Parlamento, la discusión y redacción de los artículos de ley, a cuyas sesiones deben asistir los senescales y los bailes. El senescal era un oficial feudal o real, jefe de justicia. Su función fue suspendida en el año de 1191, pero el nombre siguió en uso sobre todo en las regiones meridionales para designar a los oficiales reales que tenían atributos administrativos; con respecto a los bailes (Baillis, en francés antiguo), así se nombraban a los agentes reales encargados de funciones administrativas y judiciales. En un inicio con funciones temporales, desde el siglo XII se convirtieron en oficiales sedentarios establecidos en circunscripciones delimitadas llamadas bailiajes (Bailliages, en francés antiguo).

Además de la redacción y discusión de los artículos de ley, el presidente del Parlamento tenía como obligación el estructurar las consabidas órdenes del día en las que se especificaban los temas o asuntos a tratar, así como la división de temas que considerara conveniente. En lo relativo al procedimiento a seguir para el desahogo de los juicios, se especificaba que seis miembros del Parlamento, dos clérigos, dos laicos y dos notarios, debían discutir entre ellos la fundamentación de las demandas, determinando si procedían o no, y al mismo tiempo especificando a quiénes de entre los miembros del Parlamento correspondería el conocer de tal o cual juicio, encuesta o demanda. En sí era el Parlamento el que se responsabilizaba de ordenar alguna encuesta, esto es, la investigación judicial correspondiente a una demanda de juicio, y el o los encargados de llevarla a cabo, debían jurar en presencia de las partes, que su investigación la efectuarían de manera leal y, sobre todo, con toda reserva (en el documento se menciona en secreto).

Posteriormente, todas las investigaciones serían clasificadas y rubricadas, esto es, tituladas en rojo, por dos parlamentarios muy letrados, para ser presentadas ante el pleno del Parlamento y que ahí se acordara lo conducente en relación al fallo final de si procedían o no las demandas de juicio, notificándose a las partes lo que correspondiera, y en caso de que se concluyera que sí procedía el juicio, se notificaría a las partes en los términos a que se hubiese llegado en cada bailiaje o en cada senescalía.

El Parlamento, en cuanto institución de justicia del sistema feudal era tan importante y crucial, que por su conducto, la diversidad, característica esencial, como ya lo hemos expresado, del feudalismo, mantuvo en los juicios y en la elaboración y discusión de la ley el desarrollo del equilibrio que permitía la práctica y ejecución feudal en todo el reino.

Sin la existencia del Parlamento, el reino corría el inminente peligro de desmembrarse en una multitud de poderíos minúsculos, y la principal función del Parlamento en el estricto terreno de la justicia, fue la de auxiliar al Rey para el fortalecimiento de la unidad en la diversidad, frenando, al mismo tiempo, los desmedidos apetitos reales por volver absolutista el predominio del monarca.

Ahora bien, en el terreno propio de la política, el Parlamento adquirió particular importancia a raíz del arribo de la familia real de los Borbones al trono francés. En efecto, esa familia llega a la Corona francesa en la persona de Enrique IV, hijo de Antonio de Borbón y Juana de Albret, en 1589 al haber sido reconocido por Enrique III como su legítimo sucesor. La situación que enfrentaba Francia en ese tiempo, era algo más que crítica. La guerra religiosa entre católicos y protestantes la corroía en lo interno, y la guerra contra los españoles, la consumía en lo externo. Fue labor y logro de Enrique IV el firmar la paz de Vervins y decretar el Edicto de Nantes, con lo primero logró la paz exterior, y con lo segundo la paz religiosa. Su interés y trabajo en pos de la reestructuración y prosperidad del reino quedó fuera de duda, pero su sorpresivo asesinato a manos de Ravaillac, aunado a que su hijo, Luis XIII era un niño, trajo como consecuencia la necesidad de la Regencia de María de Medicis, y con ella la intervención del Parlamento para autorizarla; y de ahí para adelante, durante más de siglo y medio, el Parlamento intervendría durante dos ocasiones consecutivas para autorizar otras tantas Regencias; esto, aunado a los desastrosos efectos de las pésimas Regencias de María de Medicis y Ana de Austria y al desprestigio que las mismas acarrearon para con la institución real, crearon un verdadero estado de ingobernabilidad y caos, estableciendo las condiciones idóneas para que el Parlamento adquiriera, día con día, semana con semana, mes con mes, año con año y siglo con siglo, una cada vez más relevante importancia ya no sólo en el estricto terreno de la justicia, sino en el propio de la política. Este proceso de engrandecimiento político del Parlamento culminaría con el establecimiento del sistema de la polisinodia, al que ya nos hemos referido.

No es sino con la coyuntura creada con la convocación por Luis XVI a los Estados Generales, que se crearán condiciones para el rápido declive político del Parlamento, y la entronización de una institución de muchos más largos alcances y evidente poder: la Asamblea Nacional, misma que al adquirir el carácter de constituyente, se conformaría en la institución llamada a hacer desaparecer al Prlamento, y sería, precisamente a raíz del informe del comité de Constitución del 17 de agosto que se iniciaría el principio del fin del Parlamento tanto en su aspecto político como estrictamente jurídico.

Para el 3 de noviembre de 1789, en la sesión de la Asamblea Nacional se abordaría, a petición del asambleísta Alexandre de Lameth, la discusión relativa a la desaparición del Parlamento. Combatida torpemente por el asambleísta, que también era parlamentario, Freteau, la propuesta de Lameth fue brillantemente apoyada por Thouret con las siguientes palabras:

Si es cierto que el espíritu de cuerpo y de interés, que no es posible evitar, no pueden aliarse con el espíritu público; si es cierto que su poder debe comprometer la libertad necesaria para el establecimiento de los municipios, la moción del señor De Lameth tiene una relación muy directa con el orden del día: como cuerpo, por todos conceptos, la asamblea del cuerpo constituyente tiene el derecho de destruir los Parlamentos; como tribunales, ustedes no pueden encuadrarlos en la Constitución que deben hacer.

La Nación no ha acudido a la elección de sus miembros; todos llegaron a la magistratura por la herencia y la venalidad (compra de cargos públicos, NdA); todos son antiguos privilegiados que no creo estén ya convertidos: los cuerpos antiguos hacen una religión de sus máximas; siempre están atados a lo que ellos llaman sus derechos y su honor.

Nada puede impedirles a ustedes, tomar hoy una disposición provisional, prudente para ustedes y convincente para ellos mismos; se puede, si esto parece necesario, aumentar la competencia de las cámaras de receso. (Cámaras de un tribunal o corte que sesionan durante los periodos de receso, para juzgar los casos urgentes, NdA).

A fin de cuentas lo que proponía Thouret era no la abolición, sino el congelamiento del Parlamento, propuesta que fue aceptada en el decreto correspondiente:

La Asamblea Nacional decreta, en espera de la época poco lejana en que se ocupará de la nueva organización del Poder Judicial,

Que todos los Parlamentos continuarán en receso, y que los que hubiesen regresado, seguirán en receso; que las cámaras de receso continuarán o retomarán sus funciones, y conocerán todas las causas, instancias y procesos, no obstante todas las leyes o reglamentos contrarios a ello, hasta que se haya estatuido de otra manera al respecto.

2

Que el presidente se retirará e irá con el Rey para pedirle su sanción a este decreto y suplicarle mandar a expedir todas las cartas y órdenes necesarias para ello.

Volver al Indice

Del segundo informe del comité de Constitución sobre la organización del Poder Judicial

Por supuesto que el congelamiento del Parlamento no fue al pié de la letra acatado por los parlamentarios, quienes en franca rebeldía a la decisión de la Asamblea Nacional, continuaron en varias regiones de Francia actuando, haciendo con ello caso omiso del decreto del 3 de noviembre.

No debemos pasar por alto que las comunicaciones, y por lo tanto la transmisión de noticias, eran lentas y tardadas, más aún si destacamos el estado de efervescencia y agitación que se vivía en el país galo. Hubo, de hecho, muchísimos ciudadanos franceses que no se enteraron, sino hasta muchos meses después, de la trascendental medida que la Asamblea Nacional había tomado en relación al Parlamento, y también hubo, claro está, muchos parlamentarios que haciendo uso de cuanta maña y trampa pudieron, hicieron hasta lo imposible por ocultar la medida adoptada por la Asamblea Nacional.

No eran pocos los clérigos y nobles partícipes de la institución del Parlamento, que consideraban tanto a la propia Asamblea Nacional como a las medidas que tomaba como impasse transitorio forzado por las circunstancias de desconcierto y desorientación que constriñendo mentes y corazones, al tiempo que agitando furias y pasiones, conmovían a todo el reino. Considerando que sería imposible e insostenible para los asambleístas el continuar por mucho tiempo sobre el camino que se habían trazado, más temprano que tarde se verían obligados a volver sobre sus pasos retractándose de todo lo por ellos hecho. Tan aferrados se encontraban aquellos nobles y clérigos parlamentarios a lo que consideraban como inmutabilidad del antiguo régimen, que les resultaba imposible el suponer siquiera que pudiera existir una mejor opción u otra manera de concebir y organizar la justicia. Fueron pocos, realmente muy pocos los parlamentarios que claramente se percataban de la situación, estando plenamente conscientes de que ni los decretos, ni las medidas, ni la misma Asamblea Nacional, constituían algo transitorio que terminaría desbaratándose por sí mismo en un tiempo relativamente corto, sino que muy por el contrario, concebían aquel proceso en su justa dimensión como el nacimiento de una poderosa institución ya iniciado, y que en el corto, mediano y largo plazo, su crecimiento e influencia de poder irían en vertiginoso ascenso hasta hacer desaparecer todas las instituciones del antiguo régimen, incluyendo, claro está, al Parlamento mismo.

Ese pequeño núcleo de parlamentarios no se equivocaba, pero de la misma manera estaba por completo imposibilitado para intentar algo en contra de ese naciente poder, tanto por lo pequeño de su número como por la dispersión de sus miembros.

Los trabajos de la Asamblea Nacional en pos de la organización del Poder Judicial continuaron, y así, para el 22 de diciembre de 1789, el comité de Constitución presentaría, por medio de Thouret, su segundo informe relativo a ese tema. En el preámbulo de aquel informe, Thouret expresó:

El informe del señor Bergasse sobre la organización del Poder Judicial obtuvo los sufragios de la asamblea: el comité de Constitución, habiendo seguido los principios de este informe, llego a varios resultados diferentes, y se congratula de haber encontrado combinaciones más favorables aún para la libertad pública.

La reforma de los abusos en la administración de justicia, ofrece a los representantes de la Nación una gran tarea que cumplir. El comité examinó con mucho cuidado lo que se podía conservar de las instituciones antiguas, y piensa que en esta parte, así como en muchas otras, la regeneración debe ser completa.

Sería superfluo decir cuál ha sido la progresión de los abusos en el orden judicial; con qué imprudencia se ha corrompido la más santa de las instituciones; como el fisco, por no se sabe qué miserable cantidad de dinero, ha desnaturalizado y confundido esta parte del orden público, estableciendo bajo los más frívolos pretextos, tribunales de excepción que debían según ellos aplastar para siempre a los ciudadanos justiciables. Agreguemos que la indulgencia es un deber para con estos antiguos administradores que vivieron en ciertos tiempos poco ilustrados, o hacia los cuerpos que extendieron sus privilegios a costa de los individuos; un generoso olvido de tantas faltas es digno de la asamblea, y el inmenso trabajo que deberá emprender para arreglarlas, no espantará su coraje.

El comité, más o menos se limitó a las leyes constitucionales sobre la organización del Poder Judicial: los detalles serán determinados por reglamentos particulares, y a pesar de este cuidado, su obra abarca una gran extensión. Para facilitar su trabajo, se ha hecho un plan de una simpleza extrema. Primero presentará decretos generales sobre la administración de la justicia, sobre los tribunales y su composición; presentará luego la distribución y la gradación de estos mismos tribunales. Después de haber organizado a los cantones en el orden de la justicia distributiva por el establecimiento de los jueces de paz, pasará a la organización de los distritos y de los departamentos bajo la misma relación; llegará a la de las cortes superiores; de ahí se elevará a la corte suprema de revisión que, manteniendo la ejecución de la leyes y las formas del procedimiento, deberá reemplazar el consejo de las partes cuya composición había sido calculada para otros tiempos y otro régimen. Pero la asamblea no cumpliría en toda su extensión con las funciones de las que está encargada, si ella no asignase a la Nación los medios para castigar legalmente a los cuerpos administrativos y a los jueces que cayeran en la insubordinación, y si la pena legal no llegase sin tropiezo hasta los ministros prevaricadores. Es necesaria, entonces, una Alta Corte Nacional investida de un poder bastante grande para vengar por medio de formas apaciguadoras los atentados contra la Constitución. Esta Alta Corte Nacional cuya composición exige la más profunda atención, consolidará todo el edificio político. En efecto, la perfección del orden judicial está en que la justicia se encuentre, por así decirlo, al alcance de cada ciudadano; que el Rey, iluminado por el pueblo, no se equivoque más en la elección de los jueces; que la desobediencia a las leyes ya no quede impune, y que, desde el fondo de las campiñas hasta los peldaños del trono, el hombre imprudente y temerario que se atreva a faltar a sus deberes, sea reprimido o castigado por una fuerza constitucional e inevitable.

El comité sintió cuán importa devolver a la justicia ordinaria todo lo que se le ha quitado a favor de los tribunales de excepción: examinó escrupulosamente las diversas partes de su competencia queriendo restablecer el orden y seguir los principios, logró, después de penosos detalles, clasificar y poner en su lugar todo lo que a propósito se había desplazado mal, todo lo que se había confundido por ignorancia o por motivos menos excusables aún. Pero es tal la complicación de los asuntos de un gran reino, tal es su inmensa variedad, que los jueces de paz, los tribunales de distrito, los tribunales de departamento y las cortes superiores no podrán, sin graves inconvenientes, juzgar ciertos asuntos de una particular naturaleza. Entonces, el comité propone dar a las municipalidades el juicio de diversas materias de policía, el conservar las jurisdicciones sobre los temas del comercio por doquier en donde sean necesarios o útiles; en fin, el establecer en cada departamento un tribunal de administración que juzgará, según leyes precisas y formas determinadas, los asuntos contenciosos que pueden suscitarse en ocasión del impuesto o relativos a la administración.

Estas reflexiones generales se aplican a todas las partes del plan que será sometido a consideración de la asamblea. Existen otros que el comité le presentará posteriormente sobre los temas de policía, de administración y de comercio, así como sobre el establecimiento de los jurados en materia criminal; tal vez sea necesario que esta última institución, llamada por el patriotismo, sea pospuesta por la sabiduría para adquirir más estabilidad.

El comité suplica a la asamblea creer que no ha perdido de vista esta relación demasiado a menudo olvidada, entre las instituciones políticas y los medios pecuniarios de la ejecución. Calculó en diversas ocasiones, que el servicio entero de la justicia en el reino, no se elevará a los nueve o diez millones empleados hoy para cubrir los emolumentos de los tribunales actuales; de suerte que los derechos de los dominios estatales sobre la expedición de las actas judiciales reemplazadas por impuestos menos onerosos, y el financiamiento de las oficinas de la judicatura, una vez reembolsada, una administración perfecta de la justicia costaría menos a los ciudadanos que lo que les ha costado hasta ahora el régimen abusivo bajo el cual han vivido.

Volver al Indice

De los efectos que en opinión de los autores trajo para con el clero la organización del Poder Judicial

El considerado, a todo lo largo del periodo feudal como el más importante de los órdenes reconocidos, el orden clerical, sucumbiría, como era de esperar, ante la organización del Poder Judicial.

De hecho no podía ser otro el efecto, puesto que al acceder a la palestra de la Nación francesa una nueva interpretación de la justicia que desplazaba a la hasta entonces existente, lógico resultaba que todas las corporaciones, incluyendo al orden clerical, que hacían depender de ella su existencia, al faltarles sostén, acabaran derrumbándose.

Conviene aquí echar un brevísimo vistazo al orden clerical así como a las instituciones que le mantuvieron durante siglos en el pináculo de la veneración y admiración de los franceses.

Abordaremos tres instituciones fundamentales: A) Las inmunidades. B) Las parroquias. C) Su relación con la Corona a través de la Regalía. Pasaremos por alto lo relativo a los diezmos, esto es, al pago del diez por ciento de la cosecha o producción pecuaria del agricultor o granjero, y el óbolo, esto es, la aportación de bien mueble o inmueble a favor del clero.

En cuanto a las inmunidades del orden clerical, un diploma otorgado por Luis, llamado el Pío, en el año de 815 al abad de Adalard en relación al monasterio de Corbie, sirve de excelente ejemplo para que se comprenda en qué consistía la institución de la inmunidad. Veamos lo que se especificaba en una parte de ese documento:

En consecuencia, mandamos y ordenamos que ninguno de nuestros fieles o cualquiera en virtud de un poder judicial, o ninguno de nuestros fieles tanto presentes como por venir, se atreva a penetrar en las iglesias, lugares, tierras y todas posesiones del susodicho monasterio que este posee justa y legalmente en la hora actual, en un cualquier pagues (circunscripción territorial rural, antecedente del vocablo país, NdA), o territorio bajo el control de nuestro imperio o cuya divina piedad querrá acrecentar en el porvenir los derechos del susodicho monasterio, para oír causas judiciales, exigir multas e impuestos, solicitar albergue, tomar las fianzas a los hombres tanto ingenuos (hombre que nació y permanece libre, en oposición al affranchi, término usado para referirse al nacido siervo que obtenía su libertad por concesión o gracia de su amo o dueño, NdA), como siervos que habitan en la tierra de dicho monasterio, requerir impuestos o prestaciones, ahora o después, o no tener la audacia de hacer nada de lo mencionado; y todo lo que el fisco pudiera quitar de los bienes del susodicho monasterio, lo cedemos en totalidad a cambio de una remuneración eterna, al susodicho monasterio, con el fin de que este sirva siempre para acrecentar los óbolos de los pobres servidores de Dios que están ahí al servicio de Cristo, de suplicar sin cesar la misericordia del Señor en nuestro favor, en la de nuestra esposa, de nuestros descendientes para la estabilidad de todo el imperio que nos fue concedido por Dios y que debemos conservar.

En cuanto a las parroquias, lo especificado en algunos párrafos de una carta del arzobispo de Bourges, correspondiente al año de 1151, ejemplifica a la perfección esa institución: Yo, Pedro, por misericordia de Dios arzobispo de Bourges, quiero que sea confiada a la memoria de los fieles tanto presentes como por venir que, Archembaund de Bourbon, después de haber edificado una villa franca llamada Limeaux, me suplicó humildemente establecer una iglesia parroquial teniendo bautisterio y cementerio; nosotros, accediendo a su solicitud, ahí hemos establecido una iglesia, hemos bendecido el cementerio por el crisma (aceite mezclado de bálsamo, usado en algunas ceremonias tanto de la religión católica como ortodoxa, NdA), hemos concedido el crisma y el aceite a la dicha iglesia para celebrar el santo sacramento del bautizo. En fin, hemos dado esta iglesia a los monjes de Sauvigny para que la posean a perpetuidad, de tal manera que testimonien según la costumbre parroquial de las iglesias, sumisión y obediencia a su santa madre la iglesia de Bourges, y que entreguen a nosotros y a nuestros sucesores los sínodos, albergues, procuraciones y otros derechos parroquiales. Para los sínodos entregarán en la semana de Pentecostés, veinte dinares de la moneda de Sauvigny y, a la fiesta de San Lucas, veinte dinares de la misma moneda, y cada tres años entregarán diez sous (antigua moneda francesa que podía ser de oro, cobre o bronce, cuyo valor era un veintavo de libra, antigua unidad monetaria en Francia, NdA), en la fiesta de San Andrés. El capellán que servirá la dicha iglesia será nombrado por la elección canóniga de los monjes y por nuestra confirmación; y tendrá la mitad de las oblaciones y de los demás beneficios de un monje, y el capellán percibirá una mitad de los derechos sinodales y de albergue, quedándose los monjes con la otra mitad. Si ocurriera que los monjes adquiriesen ahí tierra o diezmos, serán de su propiedad; el capellán no tendrá ninguna parte de ella, a menos de que los monjes se la den. En fin, como este territorio se encuentra en los límites de la parroquia de La Franchise, es concedido que Hugues Brun, sacerdote parroquial, tenga, durante su vida, el cuarto de los beneficios de la nueva iglesia, a saber, la mitad de la parte que es remitida al capellán. Pero después de su muerte, ningún capellán de la iglesia de La Franchise podrá reclamar o requerir algo a la iglesia establecida en Limeaux.

En lo que se refiere a la Regalía, en cuanto institución garante de los derechos y obligaciones que se desprendían de las relaciones entre el clero y la Corona, el siguiente párrafo de una decisión administrativa tomada por el Parlamento en el año de 1267, sobre el arzobispado de Sens, es bastante ilustrativa:

Fue concedido de toda antigüedad por privilegio real al arzobispo de Sens que, en tiempo de la Regalía de Sens, el señor Rey, en el arzobispado de Sens no recibiría anualmente por concepto de taille (impuesto directo en Francia hasta 1789, del que estaban exentos el clero y la nobleza, pagado tan sólo por los plebeyos, NdA), mas que sesenta libras. El arzobispo de Sens, después del consentimiento y con la confirmación del Rey, libertó su dominio de St. Julien de Salice y ciertos otros, que debían pagar este taille proporcionalmente a sus medios, aumentados, sin embargo, en los dichos dominios libertados y para esta razón, ciertos impuestos que redituaban bien al arzobispo, según sus declaraciones, tanto como la proporción de taille correspondiente a los dichos impuestos. Como los dominios de Nally y Villefolle y ciertos hombres de cuerpo del arzobispado que habitan en Sens se quedaban solos para el pago del taille, puesto que los otros dominios del arzobispado habían sido libertados, y como los guardias de la Regalía forzaban a los hombres de estos dos dominios y los demás de Sens a pagar la totalidad de la suma de sesenta libras (...) después de haber oído la argumentación de unos y de otros, y tomando en cuenta que en los dominios libertados durante la vacancia de la sede, el señor Rey recibe los derechos equivalentes o superiores a la porción del taille susodicho que les incumbía, fue decidido y pronunciado por los hombres de los susodichos dominios y los otros de Sens serían solamente obligados a la parte que les corresponde del dicho taille, deducción hecha de la porción de taille que podía incumbir o incumbía a los otros dominios libertados y que no estaban obligados a pagar en lugar de los demás.

Históricamente, el orden clerical perdió mucho de su poder y presencia en los últimos cinco siglos de su existencia. En efecto, desde el siglo XIV, cuando a consecuencia de un jaloneo entre el monarca francés y el Papa en turno, el primero, como ya lo hemos señalado, convocó a los Estados Generales para obtener de éstos su apoyo en tal conflicto, la presencia del orden clerical empezó a eclipsarse. Siguieron después, durante los siglos XV y XVI, los conflictos inter-religiosos propios del movimiento conocido con el nombre de Reforma, mismos que trajeron en Francia efectos de destrucción de muy gran alcance, hundiendo aún más al ya de por sí maltrecho orden clerical. El asesinato colectivo de los calvinistas llamados hugonotes, durante la trágica noche de San Bartolomé, terminó enlodando el poco respeto que aún retenía el clero francés, sumergiéndole en el descrédito total. Aquella matanza, realizada bajo las bendiciones y oraciones de los curas católicos, fue un acto tan execrable y abominable que no podía tener perdón. A toda aquella locura siguieron los voraces apetitos de poder por parte de un importante sector de la clericalla, cuya pretensión consistía en elevar al trono de Francia, como sucesor de Enrique III, al cardenal Carlos de Borbón, y en esa aventura que terminaría con el asesinato del cardenal, el orden clerical acabó dilapidando las moronas de sus en otra hora muy respetables presencia y poderío. Al arribo de la familia real de los Borbones al trono de Francia, el orden clerical, que no era ya ni la sombra de lo que había sido, mantenía una poca fuerza que devenía mucho más de la ignorancia y atraso en que se encontraba empantanada una considerable parte de la población francesa, paralizada por los prejuicios y las supersticiones, que por logros propios del orden clerical. La táctica de desesperado apego al poder real, le atrajo la imagen de lambisconería y oportunismo que aún más descrédito acarrearían a su ya debilitada imagen. El orden clerical buscaba desesperadamente mantenerse, sin importarle que para ello se viera obligado a lamer, prácticamente, los pies del soberano en turno; sin embargo, no obstante que tal bajeza le permitió durante los siglos XVII y XVIII mantenerse en cuanto a orden reconocido y privilegiado, su existencia como tal pendía de un hilo cada vez más delgado. Los conflictos en su interior, a los que ya nos hemos referido, del jaloneo entre jansenistas y jesuitas, aunque reviviría en algo su intranscendente existencia en cuanto orden, no lo haría lo suficiente como para inyectarle un segundo aire, y el orden clerical continuó vegetando en espera de su ya inminente extinción. Para agosto de 1789, sería sentado, ante la Asamblea Nacional, en el banquillo de los acusados. Primero, la supresión del diezmo en cuanto privilegio de recaudación, puso claramente de manifiesto que su época de gloria, durante la cual conformó un orden prácticamente intocable, había quedado en el pasado; luego, para el día 28 del mismo mes vendría la conformación del comité sobre asuntos eclesiásticos, cuya tarea sería revisar sus goces y privilegios, y para el mes de febrero de 1790, durante los días 11, 12 y 13, la Asamblea Nacional abordaría, en extensas y agotadoras jornadas, la supresión de los votos y órdenes monásticas, lo que equivalía al desmantelamiento del clero en cuanto orden reconocido.

En la sesión del 11 de febrero, la discusión inició con lo expresado por el señor Treillard, quien en nombre del comité eclesiástico pronunció un extenso informe sobre el tema, puntualizando:

La repartición viciada de sus ingresos, la organización no menos viciada de varios establecimientos, la negligencia desgraciadamente tan común en la selección de sus titulares, las pretensiones excesivas de algunos ministros del culto, han, desde hace tiempo, provocado justas reclamaciones, y la Nación espera, con impaciencia, el instante feliz en donde el mérito sea el único título para alcanzar esos puestos, en donde los salarios estarán en proporción con los servicios, en donde sabios reglamentos elevarán límites inmutables entre las dos jurisdicciones y prevendrán para siempre estos debates escandalosos que tantas veces han hecho gemir a la razón y han desolado a nuestra patria.

Por supuesto que la propuesta de establecer salarios a los ministros del culto católico conllevaba, por sí sola, una novísima concepción, desacralizándole al reducir a sus portavoces como simples prestadores de servicios, a raíz de los cuales y en justa retribución, la Nación les pagaría un salario. Igualmente, obvia el señalar que mediante esta nueva interpretación de las relaciones que habría de mantener el clero con la Nación francesa, quedaba al descubierto el interés por ordenar los bienes clericales bajo la potestad exclusiva de la Nación, asunto éste de supremo interés máxime si se toma en cuenta la crítica situación financiera por la que Francia atravesaba en aquellos años.

A raíz de los debates demasiado generales que se suscitaron después de la lectura del informe, la asamblea prefirió adoptar un modo de discusión basado sobre tres preguntas:

1

¿Se abolirán las órdenes religiosas?

2

¿Qué suerte correrán los religiosos que no querrán quedarse en las casas y hábitos de su orden?

3

¿Qué suerte correrán los religiosos que sí querrán continuar en las casas y con los hábitos de su orden?

El primer orador fue el duque de la Rochefoucauld, quien entre otras cosas manifestó:

Señores, hace ya tiempo que la opinión pública en Francia ha decidido sobre la pregunta sometida en este momento a nuestras deliberaciones; hace ya tiempo que pide la supresión de las órdenes religiosas. Cuando ustedes pusieron los bienes eclesiásticos a disposición de la Nación, ustedes oyeron en su derredor un aplauso universal; cuando ustedes suspendieron provisionalmente la emisión de los votos, desde el fondo de los claustros y de en medio del mundo se han elevado hacia ustedes voces de agradecimiento; al suprimir las órdenes religiosas no harán mas que acabar una obra cuyo plan ha sido trazado ya en sus decretos anteriores, y para los cuales ustedes han recibido agradecimientos de los hombres, la verdadera sanción de las leyes. Continuó su exposición afirmando que era incontestable el que las órdenes religiosas rindieron servicios a la sociedad en la agricultura, en las artes, en la religión, pero que todo había ya cambiado y que la religión ya no necesitaba más que virtudes activas y prácticas, mismas que desplegaba el clero secular en el servicio del culto, y que en las letras los clérigos ya no podían ser más profusos que las ciencias naturales y en la agricultura sus aportaciones eran cosa del pasado, puesto que ya sólo podían ser perfeccionadas. Así, en su opinión, si se dividían los vastos dominios eclesiásticos entre muchos padres de familia, bien se haría, para que los trabajaran en beneficio de sus hijos.

El abad Gigorio se pronunció en contra de la completa abolición de los establecimientos religiosos, ya que para él, las ciencias y la agricultura podían ser conservadas tal y como se encontraban, y los monjes serían útiles en ese terreno. En cuanto a las letras, afirmaba que las abadías de St Germain des Prés y de Santa Geneviève eran muy importantes al estar en ellas muchos distinguidos sabios.

El señor Petron de Villeneuve dijo, en resumen, que para él los monjes eran nocivos individualmente, y que como cuerpo eran francamente peligrosos, por lo que su abolición haría un bien inestimable a la Nación al devolver hombres a la libertad, ciudadanos a la sociedad, brazos a la agricultura y a las artes.

El señor Dedeley d´Ager, expresó que no se debían conservar las órdenes religiosas, argumentando que su posición se debía a que su régimen se encontraba en oposición con los Derechos del Hombre y porque ninguna ventaja compensaba tal contradicción.

El señor Coyla, General de la Orden de St. Lázaro se manifestó en contra de la supresión, alegando que con ello se buscaba tan sólo exaltar el patrioterismo al ligar la destrucción de las órdenes religiosas a la regeneración del Estado.

Examinemos, decía, el efecto de esta regeneración comenzando por la capital, la ciudad de París, en donde ha habido ya tantas pérdidas que deberían ustedes ahorrarle aún más; sin embargo, ustedes pretenden alejar de ella a cien mil personas ligadas al ministerio del culto, ustedes quieren privarle hoy de las comunidades religiosas y de la multitud de consumidores que estas comunidades encierran; ustedes quitan en general a las campiñas, consumidores útiles. Se dice que los bienes de los religiosos no harán más que cambiar de manos, pero las manos de los capitalistas no son ni generosas ni bienhechoras. Se nos muestra la fortuna pública regenerada por propiedades celestiales; la edad de oro va a renacer, la felicidad pública va a elevarse sobre las ruinas del clero ... ¡Pero si no fuese esto más que un sueño! Al pedir la famosa declaración de los beneficios, ustedes han querido conocer los recursos que el clero puede ofrecer; y bien, ustedes habrán acabado sus operaciones antes de que se hayan apropiado sus primeras bases. Después de haber tomado sobre los establecimientos religiosos los cuatrocientos millones que destinarán al Estado, ¿les quedará con qué pagarles pensiones a los monjes? Ustedes tomarán sobre el clero, pero se tendrá que mantener a cuarenta mil curas, cuarenta mil vicarios, pues aunque reduzcan su número, los individuos quedan, y para zafarse de ellos, no los van a mandar a la linterna (expresión popular referente al ahorcamiento, NdA). Les quedarían los gastos del culto, los pobres, los mayordomos de parroquia, los sacristanes, los canónigos, ¿podrán subvenir a todas sus necesidades? ¡No! Su operación es entonces antipolítica.

El señor Barnave expresó:

Las órdenes religiosas son contrarias al orden público, sometidas a jefes independientes, están fuera de la sociedad; son contrarias a la sociedad, obligadas a deberes que la naturaleza no ha prescrito, que la naturaleza reprueba, ¿no son llevadas por la naturaleza misma a vicios? Es un gran mal político.

Para la sesión del día 12 de febrero, el señor Garat, el primogénito, intervino y armó la de Dios es Cristo cuando pronunció: Juro que nunca he podido concebir que Dios amase retomar de los hombres los dones que le hizo a la especie humana, y que fuese una manera de complacerle el que se sacrificase la libertad que de él se recibió. Yo juro ..., pero no pudo continuar debido a que tanto abades como obispos gritaban, una y otra vez: ¡Blasfemo! ¡Blasfemo! ¡Blasfemo! El tumulto creció a tal punto que se temió lo peor, pero finalmente los clérigos presentaron una moción y el presidente de la asamblea contestó a aquellas auténticas miradas que mataban, que la religión católica, apostólica y romana era la religión nacional. Tan inoportuna medida para calmar los ánimos de unos, exaltó, a contraparte, los de los otros. Por supuesto que nadie se esperaba aquella moción atribuida al obispo de Nancy, y la cual fue sabiamente sopesada como una auténtica provocación cuya única finalidad era la de distraer la atención de los asambleístas para desviar el curso de los debates e impedir lo que era ya un hecho: la aprobación del decreto mediante el cual se suprimían los votos y las órdenes monásticas.

El señor Charles de Tameth fue a quien le tocó el honor de responder a aquella auténtica provocación:

No me elevo contra la moción del obispo de Nancy; pero me elevo tanto cuanto este en mi, contra la intención del apóstol que la hizo. Para nivelar esta intervención sólo recordaré una circunstancia, no haré más que una comparación que veo importante. Cuando se trato entre nosotros de abolir estos órdenes políticos cuya existencia era un insulto para la razón y para el pueblo, cuando hemos atacado estos ordenes injustos, contrarios a la felicidad de la Nación, se dijo que queríamos atentar contra el poder real; hoy, que hablamos de abolir las órdenes monásticas, gritan que atacamos a la religión. Es aquí el asilo de todos los poderes, el santuario de todas las autoridades, si la religión podía estar en peligro, es aquí que encontraría a sus verdaderos defensores. Sigo con mi comparación. En esta circunstancia, en donde no se trata ya de destruir los órdenes, sino los desórdenes religiosos: ¡cuando se trata de viles intereses temporales y de dinero, nos vienen a hablar de la divinidad! Se trata de la supresión de las órdenes religiosas; y bien, si se les puede recordar su institución primitiva, nadie se elevará contra ellas, pero sí para salvar una opulencia tan ridícula a los ojos de la razón, tan contraria al espíritu del evangelio, la inquietud de los pueblos sobre nuestros sentimientos religiosos, si hacemos nacer por una moción indecente a la orden del día, y muy insidiosa, los medios de atacar la confianza tan legítimamente debida a esta asamblea, si se tiene el proyecto absurdo y criminal de armar el fanatismo para defender los abusos ... (aplausos de un lado, gritos del otro; vivas y porras mezcladas con injurias e insultos, NdA), ... si nunca esta intención ha podido ser concebida, si pudo no ser vista, ¡lo reclamo a la patria! Me veo obligado a profetizar a su autor, que no tendrá el éxito que promete. Se quiere destruir por el fanatismo la obra de la razón y de la justicia y esos esfuerzos culpables serán inútiles.

Finalmente, el abad de Montesquieu que gozaba de la estima y la confianza de la asamblea, terminó con aquel embrollo al tener ya preparado un decreto que fue aumentado por algunas disposiciones del señor Bernave y por algunas enmiendas de los señores Thouret y Mirabeau. De esto nació el famoso decreto del 13 de febrero de 1790, mediante el cual se puso fin a los votos y órdenes monásticas, desarticulando, de hecho, al clero en cuanto orden privilegiado.

En aquel histórico decreto se especificaba:

La Asamblea Nacional decreta, como artículo constitucional, que la ley ya no reconocerá votos monásticos solemnes de personas de uno y otro sexo; declara en consecuencia que las órdenes y congregaciones regulares en las que se efectúan tales votos, son y permanecerán suprimidas en Francia, sin que puedan, de manera semejante, ser establecidas en el porvenir.

Volver al Indice

Del tercer informe del comité de Constitución sobre la organización del Poder Judicial

Para el 24 de marzo de 1790, el comité de Constitución presentaría, a través del señor Thouret, su tercer informe relativo a la organización del Poder Judicial. He aquí el texto de ese documento:

Señores.

La materia de la que acaban de abrir la discusión ofrece un gran interés para sus deliberaciones: el Poder Judicial es el de los poderes públicos cuyo habitual ejercicio tendrá la mayor influencia sobre la felicidad de los particulares, sobre el progreso del espíritu público, sobre el mantenimiento del orden político y sobre la estabilidad de la Constitución. Después de lo que ustedes han hecho, nuestro deber se ha vuelto más imperioso sobre lo que les queda por hacer: es cuando se ha llegado a la mitad de una larga y difícil tarea que el coraje y la vigilancia deben reanimarse para alcanzar la meta.

El deseo de Francia se ha hecho oír: la reforma de la justicia y de los tribunales es una de sus primeras necesidades, y la confianza pública en el éxito de la regeneración va a acrecentarse o a debilitarse dependiendo si el Poder Judicial está bien o mal organizado.

Esta materia, que en el primer vistazo presenta un campo tan vasto, se reduce sin embargo, por el análisis, a algunos puntos principales cuya decisión acortaría mucho el trabajo.

El comité les ha propuesto, por el primer título de su proyecto, el decretar las máximas constitucionales por las cuales el Poder Judicial debe ser definido, organizado y ejercido; el motivo que le ha llevado a ello es el mismo que les ha determinado colocar a la cabeza de la Constitución el título De los derechos del hombre y del ciudadano. El ejercicio del Poder Judicial ha sido tan extrañamente desnaturalizado en Francia, que se ha vuelto necesario no solamente indagar sus verdaderos principios, sino tenerles presente sin cesar en todos los espíritus, y preservar, en el porvenir, a los jueces, los administradores y la misma Nación, de las falsas opiniones de que ella ha sido víctima hasta ahora. Al decretar, en primer momento, las máximas constitucionales, ustedes llenarán este gran tema de utilidad pública, y ustedes adquirirán para sí mismos un medio seguro de reconocer, gracias a la discusión, las proposiciones que deben admitir o que podrán examinar de aquellas que no merecen ni siquiera su estudio.

El más curioso y el más dañino de todos los abusos que han corrompido el ejercicio del Poder Judicial, era que órdenes y simples particulares poseyeran patrimonialmente, como se decía, el derecho de hacer rendir la justicia en su nombre; que otros particulares pudiesen adquirir a título de herencia o de compra el derecho de juzgar a sus conciudadanos, y que los justiciables fueran obligados a pagar a los jueces para obtener una acta de justicia. El comité les propone con los cinco primeros artículos del título primero de su proyecto, consagrar como máximas inalterables que la justicia sólo pueda ser impartida en nombre del Rey; que los jueces deban ser elegidos por los justiciables e instituidos por el Rey; que ningún oficio de judicatura pueda ser venal, y que la justicia sea impartida gratuitamente.

El segundo abuso que ha desnaturalizado al Poder Judicial en Francia, era la confusión establecida en las manos de sus depositarios, de las funciones que les son propias con las funciones incompatibles e incomunicables de los demás poderes públicos: émulo del Poder Legislativo, revisaba, modificaba o rechazaba las leyes; rival del poder administrativo, perturbaba sus operaciones, detenía su accionar e inquietaba a sus agentes.

No examinemos cuáles fueron en el nacimiento de este desorden político, las circunstancias que hicieron tolerar su introducción, ni si fue sabia decisión o no dar a los derechos de la Nación otra salvaguarda contra la autoridad arbitraria del gobierno, sólo la autoridad aristocrática de las corporaciones judiciales, cuyo interés debía ser alternativamente, unas veces elevarse en nombre del pueblo por encima del gobierno, y otras veces unirse al gobierno contra la libertad del pueblo; ya no busquemos verificar, por el equilibrio de los bienes y de los males públicos, lo que esa falsa especulación produjo, si la violación de los verdaderos principios ha sido comprada por una compensación suficiente de ventajas reales; digamos que un desorden tal es intolerable en una buena Constitución, y que la nuestra hace desaparecer para el porvenir los motivos que han podido hacerlo soportar anteriormente; digamos que una Nación que ejerce el Poder Legislativo por medio de un cuerpo permanente de representantes, no puede dejar a los tribunales ejecutores de sus leyes y sometidos a su autoridad, la facultad de revisar estas leyes; digamos, en fin, que cuando esta Nación elige a sus administradores, los ministros de la justicia distributiva no deben inmiscuirse en la administración cuyo cuidado no se les ha confiado. El comité ha registrado estos principios en los artículos 6, 7, 8 y 9 del título primero de su proyecto: establecen la entera subordinación de las cortes de justicia al Poder Legislativo, y separan muy explícitamente el Poder Judicial del poder administrativo.

El tercer abuso que deshonraba la justicia en Francia, era la mancha de los privilegios, cuya invasión se había extendido hasta en su santuario. Había tribunales privilegiados y formas privilegiadas de procedimiento para ciertas clases de litigantes privilegiados; se distinguía en materia penal un delito privilegiado de un delito común; defensores privilegiados de las causas ajenas poseían el derecho exclusivo de litigar para los mismos a quienes no era necesaria su ayuda; pues es bien notable que ninguna ley en Francia ha consagrado el derecho natural de cada ciudadano de defenderse el mismo en materia civil, cuando la ley penal lo privaba de un defensor para la protección de su vida; en fin, el igual derecho de todos los justiciables de ser juzgados a su turno, sin preferencias personales, era violado por la más desoladora arbitrariedad; un presidente que no podía ser forzado a otorgar la audiencia, un secretario del que no se podían exigir actas, eran los amos para hacer que los casos no se juzgaran mas que cuando el interés por obtener el juicio había muerto por un retraso demasiado largo.

Una sabia organización del Poder Judicial debe volver imposible en el porvenir todas estas injusticias que destruyen la igualdad civil de los ciudadanos, en la parte de la administración pública en donde esta igualdad debe ser la más inviolable. No se trata aquí de simples reformas en legislación, sino de puntos realmente constitucionales. El comité ha reunido en los artículos 12, 13, 14, 15 y 16 del título primero de su proyecto, las disposiciones que le han parecido necesarias para aniquilar los privilegios en materia de jurisdicción, las distracciones de recursos, las trabas a la libertad de la defensa personal y toda preferencia arbitraria en la impartición de la justicia.

Todas las máximas encerradas en este primer título del proyecto son las bases necesarias de una buena constitución del Poder Judicial; nos han parecido de una verdad absoluta, e independientemente del partido que querrán adoptar luego sobre el nombre, la composición y la distribución de los tribunales. La forma de los instrumentos por medio de los cuales el Poder Judicial puede ser ejercido es variable hasta cierto punto; pero los principios que fijan su naturaleza para volverle propio a los fines que debe llenar en la organización social, son eternos e inmutables. Yo creo, señores, que ustedes deben comenzar por proclamar estos principios saludables que los guiarán en la prosecución de su trabajo, que esclarecerán a los justiciables sobre sus derechos, a los jueces sobre sus deberes, y que volverán sensibles a la Nación entera las mínimas desviaciones que amenazarían un día alterar, en esta parte, la pureza de la Constitución.

Cuando esta primera tarea sea concluida, ya habrán dado un gran paso y el orden natural del trabajo les llevará a determinar el sistema general de la organización de los tribunales, lo que incluye, sobre todo, su clasificación y la gradación de sus poderes. El comité les ha presentado, por el título segundo de su proyecto, un plan sobre el cual ustedes no podrán pronunciarse más que decidiendo todo lo que debe ser visto como siendo realmente la esencia del orden judicial: se le puede dividir en tres grandes partes, muy susceptibles de ser tratadas separadamente, al abocarse primero a la constitución de los tribunales de primera instancia, pasando luego a la de los tribunales superiores que juzgarán por apelación, y acabando por la de varias partes del servicio judicial que pueden exigir formas aparte y juicios particulares.

Lo que el comité les ha propuesto trae como consecuencia la necesaria destrucción de todos los tribunales existentes, para reemplazarlos creando establecimientos nuevos. Ahí surge esta primera pregunta: ¿es posible regenerar a fondo el orden judicial o se podría dejar subsistir en el nuevo edificio varias partes del antiguo?

La necesidad de la regeneración absoluta es incontestable, no solamente la Constitución no será completa si no abraza todas las partes que deben esencialmente componerla; pero estará viciada, incoherente y sin solidez si todas estas partes no concuerdan; ahora bien, no hay nada que concuerde menos con los principios de la Constitución actual como aquellos sobre los cuales el antiguo orden judicial fue establecido.

Ustedes tienen por principio que todo poder público que no es necesario, es por esto mismo peligroso y dañino. Los tribunales, depositarios de uno de los poderes públicos cuya influencia es la más activa, se han multiplicado por el establecimiento de las jurisdicciones de excepción y de privilegio a un punto que no ha tenido y que no tiene todavía ejemplo alguno en otra Nación. Los inseparables abusos de esta excesiva multiplicación de los tribunales, ha excitado desde hace largo tiempo las quejas de toda Francia; entonces ustedes no pueden conservar los tribunales de excepción y menos aún los de privilegio.

Es otra máxima constitucional que todo poder público está establecido para el interés de aquellos a quienes su ejercicio es necesario; de ahí sigue que los tribunales deben estar compuestos y distribuidos de la manera más favorable al interés de los justiciables. Después de la supresión de las justicias señoriales, ya decretada, y la de las jurisdicciones de excepción, que es indispensable decretar, la mayoría de los tribunales ordinarios no se encuentran ni distribuidos de manera conveniente para satisfacer la necesidad de su servicio entre los justiciables, ni para quedar bien con el nuevo orden político al que deben pertenecer; no pueden entonces ser conservados en su estado actual; y en cuanto a las cortes superiores que se llamaban soberanas, su composición, calculada más para el brillo que para la bondad real del servicio, más para someter a la autoridad de estas cortes de inmensos territorios que para poner el ejercicio de esta autoridad al alcance de los que la necesitan, más para excitar el interés, los prejuicios y el espíritu de cuerpo, que para recordar a los tribunales el lugar que ocupan en el orden de los poderes públicos y del que no pueden salir sin herir la armonía política; esta composición, digo yo, viciada en sus principios, opresiva por sus efectos, y que era tolerable sólo bajo una sola relación que ya no se reproducirá, marchitaría y comprometería a la Constitución actual si ella pudiese ocupar un lugar.

Si recorremos los otros principios sobre los cuales nuestra Constitución se establece, estaremos cada vez más convencidos que se reúnen todos para exigir la entera renovación de nuestros tribunales.

Todos los poderes, hemos dicho en la Declaración de los derechos, emanan esencialmente de la Nación, y son confiados por ella. No hay ninguno que actúe más directa, más habitualmente sobre los ciudadanos que el Poder Judicial: los depositarios de este poder son entonces aquellos, sobre cuya selección la Nación tiene el más grande interés de influir; sin embargo no hay en uno solo de los tribunales actuales, un solo juez a la promoción de quien ella haya participado; todos los que nos juzgan han adquirido o por sucesión o por compra este terrible poder de juzgarnos. Además de que esta intromisión violó el derecho imprescriptible de la Nación, ¿quién nos contestará que en el número de los que han tratado al Poder Judicial como un comercio no habrá quien continuará mirando como una propiedad este carácter público que no establece entre ellos y nosotros mas que la relación del deber que los liga y los consagra al servicio de la Nación? Y si este error fatal de que la cosa pública ha tantas veces sufrido y de que tantos ciudadanos han sido víctimas, no es destruido hasta su raíz, ¿quién nos protegerá contra la desdicha de ver perpetuarse sus habituales efectos? Los artículos de la Declaración de los derechos son los faros que ustedes han elevado para iluminar la ruta que debían recorrer, entonces ustedes ya no podrían, sin una inconsecuencia molesta, mantener a los jueces que las suertes de la herencia y el comercio de los oficios han colocado en los tribunales por medio del más inconstitucional de todos los títulos, mientras no sean purificados por la elección libre de los justiciables. No temamos que el escrutinio popular prive la cosa pública del servicio de estas personas valiosas cuya capacidad anteriormente probada en los tribunales actuales, no ha sido empañada en estos últimos tiempos por una conducta equívoca o por profesar abiertamente sentimientos antipatrióticos; más de un ejemplo ha probado que el pueblo no es tan fácil de engañar sobre sus verdaderos intereses como algunas veces se busca hacerlo creer, y aunque sea cierto que las elecciones pueden no dar siempre las mejores selecciones, es cierto al mismo tiempo que la Nación no podrá hacerse tanto daño al ejercer su derecho de escoger, que el que le ha sido hecho mientras ha estado privada de ello, y sobre todo, desde hace quince años por la abusiva facilidad de la administración de las compañías, y por la funesta despreocupación de la cancillería.

Todos los ciudadanos, hemos dicho en la Declaración de los derechos, son igualmente admisibles a todas las distinciones, plazas y empleos públicos, según su capacidad y sin otra diferenciación que la de sus virtudes y talentos. ¡Con qué fuerza este fundamental principio de toda buena Constitución no se eleva contra aquellos de estos tribunales que no se encuentran actualmente compuestos mas que de clérigos y de nobles, porque estos tribunales, teniendo ya un cierto número de plazas asignadas a los eclesiásticos, han una vez más llegado al olvido de los principios hasta hacerse una ley por medio de acuerdos jurídicos secretos, pero reconocidos y ejecutados, de no admitir en su seno, para ejercer oficios que ennoblecen a la mayoría, nada más que en el segundo grado, sólo a ciudadanos nobles o recién arribados a la nobleza! Así, estos tribunales, prefiriendo la nobleza a la capacidad para una función pública, en la que la capacidad es esencial y la nobleza muy indiferente, han sacrificado los derechos de sus conciudadanos, la justicia debida al verdadero mérito, y de ahí el bien real del servicio a una inexcusable vanidad de cuerpo. ¿Puede la Constitución conservar estos tribunales proscritos de antemano por las máximas sobre las cuales ella está establecida? ¿No violan por su composición, el dogma imprescriptible de la igualdad civil? ¿Son ellos otra cosa que corporaciones de antiguos privilegiados? ¿Encuentra ahí el mayor número de ciudadanos, a alguno de sus iguales? Conservan estas confederaciones de individuos de las dos clases que querían aquí formar órdenes; ellos no cesarán de testificar por el hecho, contra la abolición de los órdenes y de provocar su insurrección.

Agreguemos que la seguridad de la Constitución estriba en que ya no subsista ningún retoño vivaz del tronco inconstitucional que ha abatido y que reemplaza; consideremos que el espíritu público, que debe nacer de la regeneración para asegurarle el éxito, no tiene enemigo más poderoso que el espíritu de cuerpo, y que no hay cuerpo cuyo espíritu y audacia sean más de temer que estas corporaciones judiciales que han erigido en principio todos los sistemas favorables a su dominación, que no perdonarán a la misma Nación retomar sobre ellas la autoridad de la que han gozado, y que no perderán jamás ni el recuerdo de lo que han sido ni el deseo de recobrar lo que se les ha quitado. Digamos en fin, sin temor, puesto que la verdad y el interés de la patria lo piden, que si la nación debe honrarse de la virtud de algunos magistrados buenos patriotas, una infinidad de hechos, desgraciadamente indiscutibles, anuncia que el mayor número resiste aún a mostrarse ciudadano, y que en general el espíritu de las grandes corporaciones judiciales, es un espíritu enemigo de la regeneración; lo que ha sucedido en Rouen, en Metz, en Dijon, en Toulouse, en Bordeaux, y sobre todo en Rennes, proporciona una prueba deslumbrante de ello que dispensa nombrar otras.

Concluyamos que es necesario recomponer constitucionalmente a todos nuestros tribunales, cuyo estado actual es inconciliable con el espíritu y los principios de nuestra Constitución regenerada.

Pero, ¿sobre qué bases organizarán ustedes el nuevo orden judicial? Es este el segundo punto que se ofrece a vuestro examen.

Una buena administración de la justicia parece ligada principalmente a las tres condiciones siguientes: primero, que los tribunales no sean más numerosos de lo que exija la necesidad real del servicio; segundo, que sin embargo estén bastante cercanos a los justiciables para que el gasto y la incomodidad de los desplazamientos no priven a ningún ciudadano del derecho de hacerse impartir justicia; y, tercero, que, excepto en los casos en que la facultad de apelación es por la modicidad del objeto más una agravación que una fuente de ingresos, haya siempre dos grados de jurisdicción pero, jamás más de dos.

Aboquémonos primero a la composición del primer grado; es ésta la que representa menos puntos escabrosos. El comité les propone un juez de paz por cantón y un solo tribunal real por distrito.

El establecimiento de los jueces de paz es generalmente deseado; está solicitado por la gran mayoría de nuestros cuadernos: es uno de los bienes más grandes que pueden ser hechos a los útiles habitantes de las campiñas. La competencia de estos jueces debe ser limitada a las cosas de convención muy simples y del más pequeño valor, y a las cosas de hecho que no pueden ser bien juzgadas mas que por el hombre de los campos que verifica en el lugar mismo el objeto del litigio, y que encuentra en su experiencia reglas de decisiones más seguras que la ciencia de las formas y de las leyes no puede proveer a los tribunales sobre estas materias.

El comité propone que los jueces de paz puedan juzgar sin apelación hasta el valor de cincuenta libras, porque un demandante no ha ganado nada realmente, ni siquiera ha ganado una causa cuando demanda por apelación la justicia por un tan pequeño interés, si calcula lo que le ha costado en pérdida de tiempo, en gastos de desplazamiento y en falsos gastos del proceso. Yo sé bien que cincuenta libras pueden constituir para el infortunio de varios ciudadanos, un objeto importante, pero estos ciudadanos son aquellos que es preciso defender de la tentación de jugar una lotería que les arruinaría por completo si pierden, y que no les haría ganar nada si no pierden. Para decidir sanamente si la apelación debe ser o no permitida, no deben considerar lo que el objeto del proceso puede relativamente valer para el que demanda, sino lo que vale en sí mismo, y si pudiese, sin encontrarse absorbido, soportar el derecho inevitable que resentiría por el efecto corrosivo de una apelación.

Hay que apartar de las funciones de los jueces de paz lo embarazoso de las formas y la intervención de los practicantes, porque la principal utilidad de esta institución no se vería cumplida si no procura una justicia muy simple, muy expeditiva, exenta de gastos y cuya equidad natural dirige la marcha en vez de los reglamentos quisquillosos del arte de juzgar. Es preciso que en cada cantón, todo hombre de bien, amigo de la justicia y del orden, que tiene la experiencia de los usos, de las costumbres, y del carácter de los habitantes, tenga por esto solo, todos los conocimientos suficientes para llegar a ser, en su turno, juez de paz.

El comité ha propuesto que los jueces de paz conozcan de todas las causas personales hasta el valor de cien libras, a cargo de la apelación, y determinó varios casos en los cuales le ha parecido necesario que estos jueces fuesen competentes a algún valor que las demandas puedan elevarse: estos casos son los que proveen los procesos mas frecuentes entre los habitantes de las campiñas, aquellos para quienes el medio de decisión más seguro está en la inspección de la cosa contenciosa, aquellos, en fin, que los tribunales no juzgan ellos mismos, sino hasta después de haber solicitado las luces y el juicio previo de los expertos. Esta competencia, necesaria en el espíritu de la institución de los jueces de paz es, por otra parte, sin inconveniente, porque pocos de estos procesos excederán el valor de cien libras, porque los habitantes de las campiñas son siempre mejores jueces en estas materias que los hombres de ley, y porque, en caso de injusticia manifiesta, sus juicios serán reformables.

En fin, la apelación de las sentencias de los jueces de paz, llevándose y terminándose sucintamente en el tribunal real de distrito, le pareció a su comité que todo estaba realizado para que esta clase de minuciosos procesos, que son la plaga de las campiñas, de ahora en adelante, expeditos con esa simpleza y dulzura de régimen que conviene a un pueblo razonable y a un gobierno popular y bienhechor.

La competencia del tribunal real de distrito comienza en donde termina la de los jueces de paz; y completa el sistema del primer grado de jurisdicción en la clasificación ordinaria.

El plan del comité sólo ofrece tres puntos esenciales a su examen: el número de los tribunales de distrito, el número de los jueces en cada tribunal y la tasa de la competencia en primer y último recurso hasta el valor de doscientas cincuenta libras.

Es el número de tribunales de primera instancia que se trata de fijar con sabiduría. Sólo son necesarios para lo estricto, no poniendo, sin embargo, la necesidad de demandar al nivel de las primeras necesidades de la vida; pues si quisieran satisfacerlo con esta holgura y comodidad que provocan el gusto y avivan la tentación, ustedes cubrirían de tribunales el reino; cada cantón, cada ciudad, e incluso cada burgo tendría el suyo; pero, ¿entonces no sería evidente que el espíritu de su constitución, en vez de reprimir el furor de demandar como una de las plagas más destructoras de la prosperidad de las familias, tendería al contrario a favorecerla? Un solo tribunal debe bastar en cada distrito ya que se considere la medida común de territorio sobre el que los distritos deberán ser distribuidos, o bien que se tome la tasa común de la población que debe encerrar; y si el principio general de la composición de los distritos hubiese sido descuidado en la división de los departamentos, de manera tal que varios excediesen en mucho la proporción común, entonces parecería prudente proveer al servicio suficiente de la justicia, un aumento de jueces en el tribunal de distrito, en vez de la multiplicación de los tribunales en el mismo distrito.

En cuanto al número de los jueces en cada tribunal, importa aún más calcularla severamente, que su superabundancia no agregue nada a la bondad del servicio, y que, tomando en cuenta la gran cantidad de los tribunales de distrito, las mínimas reducciones en sus gastos presenten una fuente de economía considerable.

Al examinar cuán ha sido desigualmente hecha la subdivisión de los departamentos en distritos, puesto que el número de distritos varía de tres hasta nueve, aunque los departamentos estén más o menos iguales en superficie, parece difícil conservar un número igual de cinco jueces en cada tribunal de distrito. Esta igualdad numérica de los jueces estaba establecida en base a la suposición de que los distritos serían más o menos iguales en territorio y en población. Ustedes verán, señores, si no fuese ahora más conveniente determinar que los tribunales de distrito no sean compuestos de cinco jueces y de un procurador del Rey mas que en los departamentos en donde los distritos estén por debajo del número fijado, y que en los departamentos donde hay seis distritos o más, no habrá mas que tres jueces y un procurador del Rey en cada tribunal. Este número parece realmente suficiente para la necesidad del servicio, al obligar a esos tribunales a dar tantas audiencias por semana como la expedición de los asuntos lo exigiese, y al autorizar el auxilio de los asesores tomados como suplementarios entre los hombres de ley, en los casos de enfermedad o de ausencia legítima de uno de los jueces. Esta disposición, que proporcionaría de mejor manera la fuerza de los tribunales en la extensión de sus competencias, aseguraría también una mejor composición de ellos, al dejar lugar sólo para los más excelentes sujetos; produciría además una economía importante sobre el gasto anual de la justicia.

En cuanto a la competencia en primera y última instancia a atribuir a los tribunales de distrito, no podría haber dificultad seria mas que para saber si la tasa de esta competencia no debería ser aumentada por arriba de doscientas cincuenta libras. Las consideraciones antes expuestas para motivar la ultima instancia de los jueces de paz hasta cincuenta libras, reciben aquí una nueva aplicación, al destacar además que, en los tribunales de distrito, siendo el primer grado de la justicia regulada, sean llevados los más minuciosos asuntos entre los ciudadanos que se encuentren en menor posibilidad de sufragar los gastos del proceso; que estos tribunales, obligados a seguir la exactitud de las formas, no serían accesibles las vías a ellos sólo bajo la dirección de los oficiales ministeriales, y que las aplicaciones serán llevadas a cortes superiores más alejadas, siempre menos expeditivas y alrededor de las cuales los gastos inevitables primero, y luego, demasiado ordinariamente, las ocasiones de gastos superfluos se multiplican.

Verifiquen la situación del demandante que demandó por apelación en una corte superior, o incluso en un tribunal de primera instancia, para una propiedad de diez libras de ingreso o de doscientas cincuenta libras de capital: si perdió su causa, vea si no ha perdido dos o tres veces el valor del objeto de su demanda; y si gano el juicio, vea si es cierto que gana realmente el valor de la propiedad que le es adjudicada. Ustedes, entonces, protegerán el interés particular al rechazar la apelación en todos los casos en que por la modicidad del objeto en litigio, su ventaja sólo es ilusoria cuando no ruinosa, y más le den amplitud a esta base de la nueva organización judicial, más les será fácil simplificar su sistema general.

Me detengo aquí, señores, porque las consideraciones que ulteriormente se presentan, estando en relación con la constitución de la justicia por apelación, entran en una nueva rama de la discusión; me conducirían demasiado lejos en este instante y además serían prematuras. Me he propuesto, al abrir la discusión, presentarles únicamente un panorama general, en primer lugar sobre el orden que me parece el más útil a seguir en el transcurso de esta discusión, en segundo lugar, sobre las opiniones que determinaron las primeras partes del proyecto que les he sometido, y que deben ser también las primeras a tomar en consideración.

Pienso que es ventajoso comenzar por decretar explícitamente los principios constitutivos del Poder Judicial; he expresado las razones de éstos, y si les parecen determinantes, cada uno de los artículos que componen el primer título del proyecto debe ser deliberado y objeto de un decreto.

Podrán pasar inmediatamente después a la organización de los tribunales que formarán el primer grado de jurisdicción; ustedes verificaron cada una de las disposiciones que el comité les ha presentado, y de las que acabo de exponer los principales motivos sobre el establecimiento de los jueces de paz, y de los tribunales de distrito.

La constitución del grado superior de jurisdicción para el desahogo de las apelaciones, y las de las otras partes necesarias para completar el sistema judicial, vendrán a colocarse sucesivamente en el orden del trabajo; cada una de estas partes ofrece consideraciones particulares que sería inútil, digamos, incluso nocivo a la bondad y rapidez de vuestras deliberaciones el querer abarcar todas a la vez. Yo solicitaría, pero con la reserva más grande, la indulgencia de la asamblea para presentarle nuevos desarrollos cuando el progreso de la discusión haya podido volverles útiles.

Volver al Indice

De los efectos que en opinión de los autores trajo la organización del Poder Judicial para con el orden nobiliario

El último orden en pié, el nobiliario, fue por igual afectado debido a la organización del Poder Judicial.

En el nuevo orden de administración de justicia que poco a poco iba configurándose, los nobles no tan sólo ya no tenían papel que desempeñar, sino incluso su misma existencia se convertía en una contradicción que ofendía al nuevo criterio que de la justicia se estaba formando en el seno mismo de la Asamblea Nacional constituyente.

La era de oro de la nobleza había, definitivamente, quedado en el pasado, en el recuerdo de la guerra de la fronda, en el estratégico uso que del Parlamento hicieron durante todo el siglo XVII y buena parte del XVIII y en la utilización del jansenismo como elemento de presión sobre el monarca.

El orden nobiliario no pudo, debido en mucho al cúmulo de sentimientos disgregacionistas, antisociales y muy propensos al solipsismo que en exceso pululaban en su seno, aprovechar las oportunidades que se le presentaron para ocupar, desplazando al Rey, la cabeza de Francia. La polisinodia, sin duda alguna su más elaborado y acabado proyecto, fue incapaz de agrupar al orden nobiliario en su conjunto.

De la vieja estructura nobiliaria que ubicaba en primer término al duque, después al marques, al conde, al vizconde, al barón y al caballero, para finales del siglo XVIII tan sólo representaba un recuerdo, una referencia de los inmemorables tiempos del bajo imperio. Mucha, muchísima agua había corrido bajo los puentes desde aquellos antiquísimos tiempos. Ya los duques no eran los vasallos del emperador, ni tenían como vasallos a los condes; ya los marqueses no eran realmente encargados de proteger las fronteras o marcas del reino. El divorcio total, cuasi absoluto entre el orden nobiliario y la Corona hacía ya mucho tiempo que se había producido. El Rey y el orden nobiliario para el siglo XVIII ya no transitaban por el mismo camino; sus senderos y destinos desde tiempo atrás se habían bifurcado. La Corona, empeñada en conformar un orden administrativo propio, muy alejado de la idea original de los contratos privados basados en el derecho de sangre, se empeñaba en conformarlo sin tener ya en cuenta la ley de las viejas costumbres; y los nobles, salvo algunas excepciones, les importaba un comino el retomar el antiquísimo juramento de fidelidad y desempeñarse con oficio en sus respectivas tareas ayudando al Rey y al reino en mantener la cohesión y la unidad en la diversidad. A la inmensa mayoría del orden nobiliario tan sólo le importaba el continuar, hasta la eternidad si ello era posible, aprovechando sus particulares beneficios e inmunidades adquiridas muchos siglos atrás, y en pos de tal objetivo besarían, si ello resultaba necesario, el trasero del monarca en turno.

El minoritario sector del orden nobiliario, cuyos deseos y objetivos en mucho rebasaban el primitivismo acomodaticio de la mayoría de la nobleza, ya para fines del siglo XVIII se habían percatado de que en ese orden nada se podía ya hacer, que perdían miserablemente el tiempo buscando reanimar lo que ya estaba muerto: el sentimiento de búsqueda, de innovación, de cambio. Para finales del siglo XVIII esos pequeños sectores pensantes del orden nobiliario habían ya optado por abandonar aquel mausoleo cuya rancia atmósfera les impedía respirar. Una parte de ellos se inclinó por laborar al lado del monarca en cuanto Rey con pretensiones proabsolutistas; otra parte, la más numerosa sin duda, se inclinó a favor del monarquismo constitucionalista agregándose a la fortísima presencia que esta idea tenía en el seno mismo de la Asamblea Nacional; y otros, los menos, optaron por unir sus fuerzas a los republicanos en sus diversas variantes y campos de acción. Casi nadie de los pertenecientes a aquel sector nobiliario pensante, continuó en el seno de su antiguo orden, y los nobles, aquella punta de barbajanes iletrados, ociosos, de perniciosas y raras costumbres, que se creían y se pensaban soñados porque el tatarabuelo del tatarabuelo de su tatarabuelo algo bueno o positivo había hecho, se quedaron solos, abandonados a su suerte; en su lasciva lujuria, su poltronería exasperante, sus inicuos sentimientos de grandeza, su miserable vida inútil sustentada en un título que ya no decía a nadie nada ...

En la sesión del 19 de junio de 1790, durante el atardecer, varias diputaciones ofrecieron sus respectivos homenajes a la Asamblea Nacional, pidiendo y obteniendo el prestar ahí su juramento cívico. Los vencedores de la Bastilla fueron objeto de un decreto adoptado de inmediato, en donde, de hecho, fueron declarados los primeros héroes de la revolución, y como tal se les concedieron uniformes, armamento completo y su lugar oficial dentro del próximo aniversario de tan simbólica fecha. Una diputación realmente universal se presentó ante la asamblea. Eran americanos, ingleses, prusianos, sicilianos, holandeses, rusos, polacos, alemanes, suecos, italianos, españoles, brabanzones y liejeses de Bélgica, avignoneses, suizos, ginebrinos, árabes, caldeos, etc., etc. Un prusiano, el barón de Cloots, a nombre de aquella singular comitiva expuso un emotivo discurso en el que, entre otras cosas, dijo:

... la trompeta que sonó en la resurrección de un gran pueblo, retumbó en el mundo entero, y cantos de alegría de un coro de veinticinco millones de hombres libres habían despertado a pueblos sepultados en una larga esclavitud ...

La respuesta de la asamblea no se hizo esperar en boca de su presidente, quien, enternecido señaló:

Señores, ustedes vienen a demostrar hoy al universo entero que los progresos que hace una Nación en la filosofía y en el conocimiento de los derechos del hombre, pertenece igualmente a todas las naciones ... Francia se honrará con su presencia en la fiesta cívica cuya asamblea acaba de ordenar los preparativos, pero como premio de este favor, se cree en su derecho de exigirles un testimonio rebosante de reconocimiento.

Después de la augusta ceremonia, regresen a los lugares que les han visto nacer; ¡digan a sus monarcas, digan a sus administradores, sea cual sea el nombre que puedan llevar, que si son celosos de hacer pasar su memoria a la más remota posteridad, díganles que no tienen más que seguir el ejemplo de Luis XVI, el restaurador de la libertad francesa!

Los aplausos atronaron, y entonces un árabe abrió la boca y habló pronunciando un discurso, y cuando hubo terminado, no obstante que de los ahí presentes no hubo nadie que entendiera ni papa de lo que dijo, ello no fue obstáculo para que el presidente de la asamblea, emocionado, le contestara diciéndole que Arabia había dado clases de filosofía a Europa, y que era ella la que, habiendo conservado el depósito de las ciencias exactas, expandió en el resto del mundo los conocimientos sublimes de todas las partes de las matemáticas.

Hoy, terminó diciendo, Francia, queriendo saldar la deuda de Europa, les da clases de libertad y les exhorta a propagarlas en su patria.

Quién sabe si el árabe entendía el francés, quién sabe si supo lo que el presidente de la asamblea le dijo, pero eso a nadie le importaba, y el árabe se quedó con cara de signo de interrogación quizá buscando descifrar lo que había dicho el presidente.

Luego, el señor Alejandro de Lameth, propuso que todos los símbolos y monumentos públicos, símbolos de la servidumbre, fuesen destruidos antes del 14 de julio.

La inmensa mayoría de los asambleístas mostró, mediante prolongados aplausos, su acuerdo con aquella propuesta; tan sólo del lado derecho de la tribuna se alzaron débiles voces de protesta que pidieron, solicitaron casi suplicando, el aplazamiento de la moción presentada.

El señor Gourdan se adhirió a la moción, e instantes después el señor Lambel, asambleísta de Ville-Franche, tomó la palabra para dejar como auténticos ice cream a los pocos asambleístas que pedían el aplazamiento, al decir:

... hoy es la tumba de la vanidad y de todos los monumentos del orgullo. No hay que derribar tan sólo las estatuas, pido que primero sea prohibido a cualquier persona el usar los títulos de duque, conde, marques, barón, y que la asamblea decrete además la abolición de la nobleza hereditaria ...

Los aplausos, hurras, vivas, le impiden desarrollar con amplitud su moción, y los señores De Lameth y De Lafayette, lo apoyan.

El marques de Foncieult objeta diciendo que el título en sí no es mas que una recompensa por un servicio prestado a la Corona. La Fayette vuelve a intervenir para señalar que no obstante eso, de ahí para adelante ya no tiene que haber mas que ciudadanos. El señor de Noailles, uno de los impulsores, como ya lo hemos visto, de la abolición del régimen feudal en la noche del 4 de agosto de 1789, aprueba la suspensión de los títulos nobiliarios y suplica que la asamblea declare que ya no se deba usar la librea, siendo ese un símbolo de degradación para quien la lleve. El asambleísta Le Pelletier de Saint Fargeau, solicita que además de los decretos que son consecuencia necesaria de los principios constitucionales de libertad civil, se necesita agregar uno que estipule que ningún ciudadano pueda llevar otro apellido que el apellido propio de su familia, pues los nombres compuestos con algún lugar, pertenecían, en sí, al sistema feudal, y se usaba el nombre de un lugar porque se era el señor de éste. Termina señalando que al reconocer él ese principio, ¡obedeciéndole yo mismo, firmo mi moción: Louis Michel le Pelletier!

El abad Moury, un conservador ilustrado, se apresura en defender los monumentos y estatuas señalando que la asamblea era digna de elogios en cuanto al regreso a los nombres propios, pero que incluso los romanos conocían las órdenes de caballeros, y que los romanos fama tenían de haber sido un pueblo libre; pero lo realmente interesante de su intervención fue que puso, como comúnmente se dice, el dedo en la llaga al haber expresado una gran verdad:

En Francia, dijo, la nobleza es constitucional; si ya no hay nobleza, ya no hay monarquía.

Y eso, en efecto, era cierto, puesto que teóricamente el Rey representaba el manantial del que devenía la ramificación nobiliaria. Así, la abolición de la nobleza conllevaba implícitamente a la abolición de su fuente, esto es, de la monarquía. Lo único posible para la Asamblea Nacional, si ésta quería guardar las formas, sería el promulgar la derogación de los contratos privados de cuyas cláusulas se derivaban los títulos nobiliarios, logrando así, medianamente, respetar la figura real, puesto que de lo contrario, aboliendo la nobleza, ¿qué futuro le esperaba a Luis XVI?

El señor Mathieu de Montmorency, intervino diciendo que no iba a refutar el discurso del abad Moury, sino que iba a hacer otra proposición: que todos los emblemas y escudos fueran abolidos, que todos los franceses no llevaran, desde ese momento, mas que las mismas banderas, las de la libertad, las cuales ya se encontraban confundidas con las de Francia.

Varios oradores se sucedieron en la tribuna, y hubo aplausos y murmullos de desaprobación. Una parte de los asambleístas, ubicados al lado derecho de la tribuna, pedían siempre aplazar cuanta propuesta o moción se presentase, pero la mayoría decidió que se tenía que llegar a una deliberación. El señor Chapellier redactó, en base al diluvio de mociones y propuestas, un decreto, al que se le agregó la prohibición de los títulos de grandeza, alteza y eminencia.

Entre todas las enmiendas propuestas, la del señor Lavie, no dejó de llamar la atención:

Hijo de refugiado, señaló, propongo que en lugar de los emblemas de la servidumbre que deben ser destruidos, se agregue la revocación de la prohibición del Edicto de Nantes.

No olvidemos que en 1598, Enrique IV promulgó el Edicto de Nantes, mediante el cual se otorgaba libertad de culto a los llamados protestantes, y que en el año de 1685, fue revocado por Luis XIV.

Finalmente los decretos propuestos fueron sometidos a votación, y por supuesto que eso ocasionó berrinches y mentadas de los que proponiendo siempre que todo se pospusiera, veían como les comían el mandado sus contrincantes. El asunto se volvió bastante ríspido cuando grupitos de los asambleístas ubicados a la derecha de la tribuna se parapetaban con el evidente fin de asaltar la tribuna. Otros, enojadísimos, prefirieron abandonar la sesión, pero la mayoría, dispuesta a lo que viniera, apuró al presidente para que pusiera a votación, sin miedo, los decretos propuestos, siendo aprobados por la abrumadora mayoría, y los superminoritarios quedan con un auténtico palmo de narices sin poder impedir lo ya inevitable: la pérdida de los títulos y privilegios nobiliarios.

Después, una agrupación de ciudadanos parisinos se introdujo en el recinto y entregó una placa de bronce rematada con una corona de roble en la que estaba grabado el juramento hecho por los asambleístas en la sesión del juego de pelota el 20 de junio de 1789. La euforia y la alegría se instalaron en la sala. Finalmente, el presidente declaró:

La Asamblea Nacional había prometido solemnemente el año pasado no separarse hasta que la Constitución no fuera enteramente decretada; este juramento lo sostiene y lo sostendrá, ¡yo lo renuevo en su nombre!

Ustedes no nos deben ningún agradecimiento, señores, la Asamblea Nacional no ha hecho más que cumplir; pero es a ustedes, es a los ciudadanos de París, ¡qué digo!, es a todos los franceses que debe su existencia, y a la opinión pública su fuerza. Sostenida por la energía y el coraje que animan la mayor parte de los habitantes del reino, triunfará de todos sus enemigos, y verá pronto el término de sus operaciones. Su finalidad será cumplida; Francia será feliz, y el monumento que va a elevar será el altar alrededor del que se unirán todos los amigos de la libertad.

Y así acabó aquella memorable jornada del 19 de junio de 1790, en la que Luis XVI se vio obligado a tomar parte sancionando los siguientes decretos:

Primer decreto. La Asamblea Nacional decreta que la nobleza hereditaria está para siempre abolida en Francia; que en consecuencia los títulos de marqués, caballero, escudero, conde, vizconde, don, príncipe, barón, vidame (personaje que en la edad media representaba temporalmente al obispo y comandaba sus tropas, NdA), noble, duque, y todos los demás títulos parecidos, no serán ni tomados por nadie ni dados a nadie; que todo ciudadano francés tomará el verdadero nombre de su familia; que no podrá tampoco llevar ni hacer llevar librea, ni tener escudos; que el incienso sólo será quemado en los templos para honrar la divinidad y no será ofrecido a nadie; que los títulos de monseñor y misseñores no serán dados a ningún cuerpo de individuos, así como los títulos de excelencia, alteza, eminencia, grandeza ...

Sin que bajo el pretexto del presente decreto, ningún ciudadano pueda permitirse atentar contra los monumentos colocados en los templos, conventos, títulos y otros informes interesando a las familias o a las propiedades, ni a las decoraciones de ningún lugar público o particular; y sin que la ejecución de las disposiciones relativas a las libreas y a los escudos colocados sobre los coches pueda ser acatada ni exigida por nadie antes del 14 de julio para los ciudadanos que viven en París y antes de tres meses para los que habitan las provincias.